Los DDHH en el Litoral argentino

¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡

La impunidad no tiene fecha de vencimiento

Por Beatriz Pfeiffer
El 24 de mayo de 1977 era secuestrada en la ciudad de Rafaela, Silvia Suppo. Junto con su hermano, Hugo Suppo y su compañero Jorge Destéfani.
En junio de 2000, se iniciaba en el juzgado Nº1 de Santa Fe una causa para que se investigue la desaparición de Reinaldo Hattemer, la muerte de Rubén Carignano, el secuestro de Jorge Destéfani y de los hermanos Silvia y Hugo Suppo.
El 5 de octubre de 2009, Silvia Suppo declaró como testigo en la denominada "causa Brusa", donde relató todos los tormentos vividos durante su cautiverio en Santa Fe en mayo de 1977.
El 29 de marzo de 2010, Silvia Suppo era salvajemente asesinada.
Hoy a 34 años de cometidos los más aberrantes y salvajes delitos contra Silvia y sus compañeros, a 11 años de iniciada la causa que investiga esos delitos de lesa humanidad, a 14 meses del asesinato de Silvia Suppo, ningún represor se encuentra detenido por los delitos cometidos contra Silvia en la dictadura militar y no se ha tomado ninguna medida investigativa que pueda determinar si el asesinato fue un crimen político por encargo.
En la causa que investiga la muerte de Silvia Suppo hubo varios planteos de competencia, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó "Que en tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia S. Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal". Por esta razón, la causa finalmente quedó radicada en la justicia federal de Santa Fe.
Pero el Sr. juez federal Rodríguez no tomó ninguna medida de investigación en la causa que llegó a sus manos y velozmente, remitió el expediente al tribunal oral para su elevación a juicio oral, dividiendo el expediente en dos partes: autores materiales y autores intelectuales ¿Qué ventajas ofrece dividir la investigación de un mismo hecho en dos partes? ¿El expediente de los autores intelectuales acumulará pruebas, víctimas y polvo en la causa Hattemer?
¿Por qué tanto apuro, en una causa donde los imputados confesaron su participación? ¿Los imputados están apurados por ser condenados a cadena perpetua?
Mientras la justicia se apresura por elevar a juicio una causa que no cuenta con ningún antecedente investigativo dentro del fuero federal, nos preguntamos ¿Cómo mataron a Silvia Suppo? Sabemos de que murió, pero no sabemos como. El relato que los imputados ofrecen a la justicia, no coincide con la escena del crimen, escena que recordemos se encontraba limpia de todo rastro o prueba.
Las posibles complicidades de la policía de Rafaela, que no cuidó la escena del crimen, que no entregó el video de la estación de colectivos, que llamó ilegalmente a declarar a el remisero, que trasladó a los imputados hasta la terminal ¿se investigarán en la causa de los autores materiales o en la de los intelectuales?
¿En qué causa se investigarán a los posibles cómplices ¿ ¿La justicia sòlo juzga a los confesos?
"La impunidad en nuestra provincia ya tiene feo olor, tiene gusanos horribles que inundan cualquier intento de memoria y verdad"
Hoy es de vital urgencia deshacernos de la impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar zonas horribles de impunidad, sacar la basura, limpiar, transparentar, investigar y esclarecer.
Es por todo esto que queremos recordar que en mayo de 1977: El Vicealmirante Jorge Alberto Desimoni, se ocupaba de gobernar ilegalmente nuestra provincia (máxima autoridad política). El capitán Domingo Morales, era jefe de inteligencia del ejército. Héctor Romeo Colombini y Eduardo Ramos, administraban las torturas en la casita (centro clandestino de detención, donde Silvia Suppo fue torturada y violada) Juan Calixto Perizotti, era el jefe de la G.I.R. y fue el responsable de enviar a Silvia a realizarse un aborto durante su detención ilegal.
María Eva Aebi y Oscar Farina (personal de la G.I.R.) fueron los que trasladaron y custodiaron a Silvia antes, durante y después de que fuera sometida a un aborto. Porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a todos los genocidas. Esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo.
H.I.J.O.S. Santa Fe.
Fuente: Rosario 12.


SANTA FE › PARA ABOGADOS DE LA FAMILIA SUPPO "NO SE PUEDE DESCARTAR" HIPOTESIS DEL CRIMEN POLITICO
La pesquisa que debe profundizarse
Los abogados querellantes advirtieron que el desdoblamiento de la investigación ordenada por el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez va a contrapelo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Lucila Puyol, abogada que representa a los hijos de Suppo.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe La querella impugnó ayer la resolución del juez federal Reinaldo Rodríguez que elevó al Tribunal Oral de Santa Fe una parte de la causa por el asesinato de Silvia Suppo -para que sean juzgados los dos trapitos detenidos por el homicidio, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres sin profundizar la pesquisa de un supuesto crimen por encargo. Rodríguez desdobló el expediente: cerró la investigación sobre los presuntos autores materiales y dejó abierta la posibilidad de indagar en el futuro si también hubo autores ideológicos. La maniobra es idéntica a la que hizo el año pasado su antecesor en la causa, el juez de Rafaela, Alejandro Mognaschi, contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consagró la competencia federal porque "no se puede descartar" la hipótesis del crimen político y es causal de "nulidad absoluta", plantearon los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, que representan a los hijos de Suppo. "No es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sean no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo", advirtieron. En un escrito de siete carillas al que tuvo acceso Rosario/12, los abogados querellantes advirtieron que el desdoblamiento de la investigación va a contrapelo del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que radicó la causa en el Juzgado Federal Nº1 a cargo del doctor Rodríguez. "El 29 de marzo, la Corte dictó una resolución trascendental para la presente causa, que resulta obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales inferiores y para todas las partes de este proceso. Expresamente indica: `Que en tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia S. Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal'", recordaron los querellantes. Por lo tanto, "de modo alguno puede eximirse a Cóceres y Sosa de esta investigación ordenada por la Corte". Y mucho menos, si el juez Rodríguez repite lo que ya había hecho el juez Mognaschi, y fue cuestionado "por esta querella" y "por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", a la que Mognaschi también rechazó como parte querellante en el proceso. "No es posible que si la Corte ordenó profundizar la pesquisa sobre los responsables del homicidio de Silvia, el primer acto de la justicia federal sean no continuar la investigación respecto de los únicos dos procesados y detenidos en la causa. Esta contradicción con lo dispuesto por la Corte constituye una causal de nulidad absoluta y un agravio que justifica el recurso extraordinario ante el mismo tribunal supremo", plantearon Puyol y Munné. "La sentencia de la Corte -recordaron- hizo lugar al requerimiento de esta querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó las posturas opuestas sostenidas por Mognaschi que ya habían sido revocadas por la Cámara de Apelaciones de Rafaela. No es admisible que se impongan los criterios rechazados de un juez provincial contra lo decidido por el más alto tribunal, por la vía de darle valor a aquellas decisiones propias de ese criterio rechazado que Mognaschi impulsó sin aguardar la decisión de la Corte sobre el tema". Además -plantearon los abogados "debe ponderarse suficientemente que la competencia federal decidida por la Corte, lo es en la medida que se impulse una imputación de un delito cometido para obstruir la acción de la justicia federal, respecto de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura". Porque de lo contrario, "la competencia para juzgar" el homicidio de Suppo sería la justicia ordinaria, como ya lo advirtió la Cámara Penal de Rafaela. "Ese es el criterio fijado por la Corte respecto de la desaparición de Jorge Julio López, y que se volvió a aplicar respecto de la investigación que debe desarrollarse sobre el homicidio de Silvia Suppo. Y así lo analizó la Cámara de Rafaela". "Un Tribunal Oral Federal no puede juzgar a dos imputados por un homicidio de competencia ordinaria provincial". Porque "esto determinaría también la nulidad absoluta de un juicio oral en sede federal contra Cóceres y Sosa sin imputación del tipo de delito que determina la competencia de excepción federal y que resulta propio de la justicia ordinaria. Un juicio nulo contra estos dos imputados del homicidio de Silvia Suppo, configuraría una grave situación de impunidad que desmentiría las funciones principales que debe brindar el servicio de justicia federal", agregaron. "De modo que el cumplimiento de lo ordenado por la Corte, requiere desarrollar la investigación respecto de Cóceres, Sosa y todo otro responsable del homicidio de Silvia Suppo, sobre la posibilidad de haber sido un crimen cometido para obstruir la acción de la justicia federal respecto de los crímenes de lesa humanidad, declarando nulos los actos opuestos a tal orden como el cierre de la instrucción respecto de Cóceres y Sosa y su elevación a juicio", concluyeron los abogados querellantes.
Fuente: Rosario 12, sabado




 Los organismos de Derechos Humanos conformarán la Mesa por el Juicio y Castigo


Harguindeguy es uno de los seis imputados en la Causa Area Concordia.
Los organismos de Derechos Humanos de la provincia confluirán en un espacio llamado Mesa por el Juicio y Castigo, cuya intención es trabajar en conjunto para que el proceso que comenzará en julio próximo contra los responsables por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos “no pase desapercibido ni en nuestra sociedad ni en el país entero”, indicaron. La primera reunión está prevista para el próximo martes a las 20 en el salón de Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), ubicado en San Martín 1.248 de Paraná. La organizaciones que integran la Comisión Provincial de la Memoria son: Afader, La Solapa, Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de La Paz; Colectivo de DD.HH. de ayer y de hoy; Comisión Provincial por la Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; Familiares y Amigos de Desaparecidos y ex Detenidos de Nogoyá; Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú; Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Comisión Provincial por la Memoria Rosario del Tala, según informó Uno.
El 27 de julio Albano Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone y otros cuatro imputados más, serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Paraná por su accionar durante la última dictadura cívico-militar en Entre Ríos.
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Nelson Gómez será coordinador del organismo Concordia:

Comenzó a funcionar una comisión para "fortalecer" los juicios contra la dictadura militar


Rubén Bonelli, de Derechos Humanos de la Provincia, encabezó la reunión.
En Concordia se realizó una nueva reunión de la Comisión municipal por la Memoria, creada a los efectos de promover diversas acciones referidas a la lucha contra la impunidad del terrorismo de estado y que este año tiene la particularidad de los juicios que por primera vez se realizan en Entre Ríos. En la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos se convocaron familiares de detenidos-desaparecidos, ex presos políticos y militantes de derechos humanos. Delinearon acciones de cara a los juicios contra represores a realizarse en Paraná y donde se tratará la desaparición de ciudadanos concordienses. En la reunión realizada este jueves se avanzó en un organigrama de la Comisión, ya creada por decreto municipal rubricado por el Intendente Gustavo Bordet, pero con renovados impulsos al calor de los juicios contra represores en Entre Ríos, que tendrán por primera vez dicha instancia a fines de julio del corriente año. Participó el delegado en Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Rubén Bonelli.
Se designó como responsable coordinador de la Comisión a Nelson Gómez, así como a responsables de distintas áreas para el impulso de iniciativas que acompañen y fortalezcan el proceso de los juicios que se iniciará formalmente el próximo 27 de julio, en los tribunales federales de Paraná. De tal manera se designaron responsables de Prensa, Relaciones Institucionales, Archivo, Cultura y Educación, Actas, entre otros.
Entre las iniciativas a desarrollarse se destaca una eventual reunión a realizarse entre miembros de esa Comisión y el gobernador Urribarri, durante los primeros días de junio.
Antes, el 2 del próximo mes se realizará una nueva reunión en Derechos Humanos, para la cuál se cursarán invitaciones a representantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales que “se sientan convocadas a ser parte de un gran movimiento de fortalecimiento de los juicios y para que haya genocidas presos en Entre Ríos” indicaron los organizadores a Diario Río Uruguay.
Los juicios
El Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. Uno de los seis imputados es Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior durante el último gobierno militar. Según informaron desde el tribunal, está previsto que el debate se realice en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y que las audiencias se realicen tres veces por semana. La causa incluye la desaparición forzada de Julio Solaga y Sixto Salazar ocurrida en Concordia en 1976.
Harguindeguy, junto a Ramón Genaro Díaz Bessone –comandante del Segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de setiembre de 1975 hasta octubre de 1976– será juzgado por dos causas acumuladas: una es la que investiga el secuestro y torturas que sufrieron 18 estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay en julio de 1976, a manos de la delegación de esa ciudad de la Policía Federal, que dependía del por entonces ministro del Interior.
Además será enjuiciado por el delito de desaparición forzada de persona del que fueron víctimas los militantes concordienses Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar, y por la detención ilegal y privación ilegítima de la libertad de Solaga, Zalasar y Juan José Durantini, quien desde el retorno de la democracia se dedicó al periodismo.
Además de Harguindeguy y Díaz Bessone enfrentará al tribunal, por la causa de Concordia, el ex jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 de Concordia, Naldo Miguel Dasso. Y por la causa de Concepción: Francisco Crescenzo, oficial de la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal; Juan Miguel Valentino, jefe de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, entre diciembre de 1974 y diciembre de 1976; y Julio César Rodríguez, suboficial de la Policía Federal uruguayense en 1976.
El decreto firmado este lunes por Lilia Carnero como presidenta del Tribual Oral, dispone que las audiencias se realicen desde el miércoles 27 de julio a las 10, en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones ubicada en calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, que fue elegida porque posee mayor capacidad y podrá albergar a procesados, testigos, prensa y público en general. Además, se dispuso que los debates serán los miércoles, jueves y viernes y serán transmitidos por un sistema de televisión que permitirá que también sean vistos por una pantalla que estará instalada en la sala del Tribunal de calle Urquiza 868.
El Tribunal decidió que el juicio se realizará en Paraná a pesar del pedido de la querella, que había solicitado que se hiciera en Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la instrucción. Sin embargo, se tuvo en cuenta la opinión de la Fiscalía que propuso que el escenario sea la capital provincial, porque las víctimas no son todas de Concepción, por razones de seguridad y para evitar el traslado del expediente. Los gastos del movilidad de los testigos estarán cubiertos por el Tribunal.
Está previsto que durante el desarrollo de las audiencias declaren alrededor de 110 testigos, 70 de los cuales fueron propuestos por las partes acusadoras. Por esta razón se estima que la sentencia se dictará no antes de cuatro meses después del 27 de julio.
Por otra parte, se dispuso que se realicen inspecciones oculares en los centros clandestinos de detención donde se ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, como la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y un grupo de regimientos de la costa del Uruguay.
Los jueces que tendrán a su cargo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos serán Lilia Carnero, Roberto López Arango y un tercero que deberá nombrar el Consejo de la Magistratura. Como fiscales actuarán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.
La querella será representada por la abogada uruguayense María Isabel Cacciopolli, apoderada de las víctimas César Manuel Román, Carlos Atilio Martínez, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Carlos Horacio Valente, y los familiares de los desaparecidos Solaga y Zalasar: María Estela Solaga de Moreno y Sandra Zalasar.
Fuente: Analisis
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