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Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



sábado, 31 de julio de 2010

BAJO el DESEMPLEO en ARGENTINA

Nunca hubo tanta gente trabajando

La tasa del desempleo, en un país que llegó a superar el 20 por ciento de desocupación, es uno de los indicadores más importantes en Argentina. Adrián Simioni.

00:01 , por Adrián Simioni ..
El desempleo cayó casi un punto y la industria subió 10%
La tasa del desempleo, en un país que llegó a superar el 20 por ciento de desocupación, es uno de los indicadores más importantes en Argentina. Pero no siempre se pone el ojo en la tasa de empleo, que mide qué proporción de la población total está ocupada, sea por cuenta propia o asalariada.

Y lo que muestra hoy es que nunca hubo tanta gente trabajando como en estos dos últimos años. En el primer trimestre, 42,2 por ciento de los habitantes de los 31 conglomerados más grandes del país estaba ocupado. Está en los máximos niveles desde que en 1974 comenzaron las mediciones. Y tal vez cuando se conozcan los datos del segundo trimestre -del que ayer la Presidenta anticipó sólo una nueva caída del desempleo- se verá una pequeña mejora adicional. Es una gran noticia. Esto no implica ignorar la mitad medio vacía del vaso: muchos ocupados son asalariados en negro y otros apenas sobreviven con changas.

Pero si se mira el vaso medio lleno, por delante no aparece un precipicio, sino un desafío: mejorar la calidad del empleo o, lo que es lo mismo, la productividad del trabajo.

Con esta tasa de empleo, la economía no podrá crecer incorporando desempleados dispuestos a trabajar por nada. Ese recurso está al límite. El único modo de crecer ahora es que cada empleo produzca más y mejor. Y para eso se necesitan inversiones en cada puesto laboral. Promoverlas sabiamente es la clave.

Nunca hubo tanta gente trabajando
Empleo | La tasa del desempleo, en un país que llegó a superar el 20 por ciento de desocupación, es uno de los indicadores más importantes en Argentina. Adrián Simioni.

El desempleo cayó casi un punto y la industria subió 10%
Cristina Fernández anticipó que en el segundo trimestre la desocupación fue de 7,9 por ciento.

Buenos Aires. El nivel de desempleo cayó al 7,9 por ciento en el segundo trimestre del año, mientras que la actividad industrial creció un 10,1 por ciento en la primera mitad de 2010.

Así lo adelantó ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó que la desocupación se redujo en 0,9 puntos porcentuales en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2009, cuando había alcanzado el 8,8 por ciento.

La mandataria comentó también, en relación con el primer trimestre, que la desocupación fue del 8,3 por ciento y el indicador del segundo cuarto del año se retrotrajo en 0,4 puntos porcentuales.

La Presidenta adelantó además que la actividad industrial tuvo un crecimiento del 10,1 por ciento en el primer semestre del año, comparado con el mismo período de 2009.

La jefa del Estado anticipó también que, en junio, la industria creció un 9,8 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.

"En este segundo trimestre de 2010, el índice de desempleo fue de 7,9 contra 8,8 por ciento de igual período del año pasado y contra 8,3 por ciento del trimestre anterior", destacó Fernández. La jefa del Estado atribuyó la mejora "al crecimiento vigoroso" de la economía.

Con esta baja en el nivel de desempleo, Argentina vuelve a los guarismos más bajos en dos décadas, que se registraron a fines de 2008 (7,3 por ciento en el cuarto trimestre de ese año), antes de que impactara en todo el mundo la crisis económica internacional.

De hecho, el contexto regional en América latina es bastante similar. En general, todos los países del área están con bajos niveles de desocupación.

En Chile, por ejemplo, en el bimestre marzo-mayo, el desempleo alcanzó al 8,8 por ciento.

En Brasil, cuyos datos no son estrictamente comparables porque su relevamiento se limita a la media docena de conglomerados urbanos más importantes de ese país, la desocupación alcanzó el siete por ciento en junio. En febrero, en Uruguay se registró una tasa de 7,5 por ciento. Y en México, el desempleo oficial fue en julio de apenas 5,5 por ciento.

En Córdoba, los traccionadores del empleo han sido, sobre todo, la industria automotriz y la construcción.

Con todo, sobre el conglomerado automotor se ciernen algunas dudas. Las terminales, para seguir elevando el ritmo, enfrentan la necesidad de importar cada vez más autopartes, dado que el autopartismo está trabajando al tope de su capacidad. Pero el Gobierno nacional ve con preocupación creciente el déficit comercial que esas importaciones implica. En estos momentos hay negociaciones para encontrar una vía por la cual las autopartistas puedan sortear el cuello de botella que afronta la provisión de autopartes nacionales.

En cuanto a la construcción, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción informó ayer que en mayo el sector aumentó su plantel de empleo en blanco en 0,44 por ciento, lo que implica 11.400 nuevos empleos registrados en todo el país. Según el instituto, estos datos son consistentes con el aumento de la actividad sectorial: en los primeros cinco meses del año, la construcción creció 10 por ciento. El salario promedio en el sector fue, en mayo, 31,4 por ciento superior al de mayo de 2009.

Una sombra para el mercado laboral cordobés está en la industria frigorífica, afectada por la pérdida de mercados de exportación como resultado de las erráticas políticas nacionales en la materia y por la fuerte alza del precio del ganado. En estos momentos, se calcula que en los frigoríficos cordobeses uno de cada cinco empleos está con jornada laboral reducida.

CRISTINA FERNANDEZ y los DESAPARECIDOS

|Jueves, 29 de julio de 2010
La Presidenta anunció la recuperación de los restos de dos desaparecidos
La identidad como consigna
Cristina Kirchner arengó a los familiares de desaparecidos a dejar su sangre en el Equipo de Antropología para poder identificar a las víctimas del terrorismo de Estado. En marzo se inaugurará un edificio en la ESMA donde se guardarán las muestras.
Por Adrián Pérez

La Presidenta estuvo junto a Luis Fondebrider, del EAAF, y Eric Domergue, hermano del joven desaparecido.La presidenta Cristina Fernández anunció oficialmente en Casa Rosada que los restos de dos jóvenes desaparecidos en Rosario durante la dictadura militar pertenecían al francés Yves Marie Alaini Domergue y a la mexicana Cristina Cialceta Marull, ambos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en mayo pasado. Estamos reconociendo la “identidad y calidad de la sociedad argentina” que está siendo “interpelada todos los días”, remarcó la Presidenta, al mismo tiempo que invitó a “todo aquel que haya tenido un familiar desaparecido” a que haga la consulta para realizarse los exámenes necesarios y así poder determinar la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. “No se puede vivir toda la vida sin saber quién es uno”, enfatizó, al referirse también a la recuperación de 101 jóvenes apropiados.

En el acto organizado en el Salón de los Científicos, Cristina Fernández estuvo acompañada por funcionarios nacionales; el titular del EAAF, Luis Fondebrider, y Eric Domergue, hermano del joven secuestrado y desaparecido junto a su compañera, a fines de septiembre de 1976, por una patrulla del Batallón 121 de Rosario. Del anuncio participaron, también, los alumnos de la Escuela Media Nº 425 de Melincué (Santa Fe), acompañados por la profesora Juliana Cagrandi, quien le contó a Página/12 algunos detalles que llevaron a la identificación de la pareja. Según la licenciada en Ciencias Políticas, la investigación comenzó en 2003, cuando desde el Area de Formación Etica y Ciudadana de la escuela, “le presentamos un informe a Estela de Carlotto para que se lo entregue a Madres”.

El documento surgió de un trabajo que los alumnos realizaron, junto a la docente, con el objetivo de rescatar desde un marco teórico los valores de justicia, memoria y verdad. Desde lo humano “quisimos entender” que en esta búsqueda “había un familiar intentando saber dónde estaban los restos de ese ser querido”. Todo comenzó con una nota publicada en el periódico Voces de Melinkhue, que difundía la existencia de dos cuerpos NN enterrados cerca del cementerio local. A partir del artículo, y después de que sus alumnos estudiaran sobre terrorismo de Estado en Argentina, Cagrandi se comunicó con Jorge Basuino, un viejo empleado del Poder Judicial santafesino que guardaba consigo un expediente iniciado en 1976 por violación a los derechos humanos. A partir del acceso a los archivos, los chicos quedaron “muy conmovidos”. “Entonces, decidimos elaborar un informe que explicaba dónde se habían encontrado los restos”, señala Cagrandi y confiesa que los restos “mostraban rasgos de haber recibido disparos y tortura”, que se trataban de “un hombre y una mujer” y que presentaban las huellas digitales quemadas.

En marzo de 2008, la docente se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, de donde viajaron al pueblo en noviembre de ese año. “Entonces, solicité que se reabriera la causa”, apunta la politóloga. “La secretaría inició un expediente que fue presentado ante la jueza de Instrucción Elizabet Mangini y ella envió un oficio de no innovar a la comuna para preservar los restos hasta que el EAAF llegara a Melincué”, afirma. El equipo de antropólogos arribó al pueblo en septiembre de 2009 para exhumar los cadáveres, que fueron identificados en mayo. “Aunque sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, nunca pensé que esto iba a tomar tanta envergadura”, admite la docente y sostiene, a su vez, que hablar de derechos humanos “no debe ser una mala palabra si orientamos a los jóvenes responsablemente”.

Tal como adelantó Página/12 en su edición del lunes, Fondebrider remarcó que gracias al proyecto Iniciativa para la Identificación de Desaparecidos, “pudieron hacerse 120 identificaciones en dos años de trabajo”, y adelantó que en marzo de 2011 se inaugurará un edificio en la ESMA llamado Iniciativa, donde se guardará una copia de las muestras de sangre que los familiares “han donado con mucha confianza”. Por su parte, Eric subrayó que su hermano fue “el fiel reflejo de la juventud revolucionaria” que “peleaba por un mundo mejor” y en ello “se le fue la vida”. Un aplauso cerrado selló sus palabras. Por último, Cristina Fernández reconoció la labor de la docente y los estudiantes de Melincué que “rompieron con ese relato de la juventud estúpida a la que no le interesa nada”. El anuncio comenzó con una proyección de imágenes sobre la infancia de Yves Domergue y continuó con una poesía, escrita por su hermano Eric, en la voz del actor Jean-Pierre Noher.

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ARGENTINA : FFAA y Derechos Humanos

30 de abril de 2010
Fuerzas Armadas y organismos de derechos humanos, una relación impuesta
El texto que se publica es el adelanto del libro La construcción de la Nación Argentina. El rol de las Fuerzas Armadas, donde escriben desde la ministra Nilda Garré hasta José Pablo Feinmann, Hilda Sábato, Torcuato Di Tella, Norberto Galasso, Martín Balza, Eduardo Basualdo y Marcelo Saín, entre otros. Los 33 trabajos fueron presentados en un seminario organizado por el Ministerio de Defensa. El viernes 7 será presentado en la Feria del Libro.
Por Horacio Verbitsky *
La relación de los organismos defensores de los derechos humanos con las Fuerzas Armadas no ha sido voluntaria sino impuesta por las más terribles circunstancias: el secuestro por parte de personal militar de miles de jóvenes que nunca reaparecieron con vida. Este es el caso del origen del CELS, fundado en 1979 por Emilio Fermín Mignone y Augusto Conte. Ambos eran padres de jóvenes detenidos-desaparecidos por la práctica represiva de la última dictadura y debieron hacer un proceso personal que los llevó a un compromiso absoluto y a una reflexión en profundidad, que se extendió por el lapso que les quedaba de vida y que fue asumido por quienes los sobrevivimos. Ese camino lo recorrieron junto con sus compañeras de toda la vida, Angélica Sosa de Mignone y Laura Jordán de Conte, en compañía de los demás fundadores del CELS víctimas de la misma o similar tragedia, como Carmen Lapacó, Boris Pasik, Alfredo Galleti y José F. Westerkamp.

Durante los largos años de la dictadura, la tarea del CELS abarcó tanto las gestiones ante quienes detentaban el poder como la denuncia nacional e internacional de sus crímenes y la documentación detallada de cada caso. Esta actividad resultó fundamental como apoyo para el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país en septiembre de 1979 con el fin de investigar la de-saparición forzada de personas y sus responsables. Pero, además, permitió llegar a una reconstrucción de la estructura y la lógica del Estado terrorista de asombrosa precisión, como se vería después.

Mignone y Conte habían sido dirigentes políticos relevantes en la época previa al terrorismo de Estado y eran conscientes de la fragilidad de la vida democrática en el país antes del golpe de 1976. Por ello, con el colapso del último ciclo militar, el CELS participó en la tentativa de construir una democracia más sólida en comparación con ese período. Con esos fines, junto con los otros organismos de derechos humanos, aportó materiales que nutrieron a la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984 y de la Cámara Federal, que a partir de abril de 1985 juzgó a las tres primeras juntas militares. El CELS se planteó entonces hacer realidad la consigna que dio título al informe de la CONADEP y para ello se propuso incidir en la transformación de las Fuerzas Armadas y su forma de inserción en el aparato estatal. Por un lado exigió la separación de sus filas de quienes cometieron delitos de lesa humanidad, cuyo castigo procuró en los expedientes judiciales en que los abogados del CELS representaron a las víctimas y sus familiares. Pero al mismo tiempo planteó un cambio imprescindible en la formación de las nuevas promociones de oficiales y suboficiales.

Impugnaciones a los ascensos militares
Con estos objetivos, una de las tareas iniciales que asumió el CELS fue estudiar las listas de ascensos para sugerir a las autoridades políticas la no promoción de determinadas personas que tenían antecedentes de graves violaciones a los derechos humanos. El complejo mecanismo de ascenso de militares a los grados superiores articula a las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad civil. La aprobación o desaprobación de los ascensos militares es una decisión política de designación de funcionarios públicos.

Una práctica de la Comisión de Acuerdos a partir de 1993 es requerir información sobre el listado de militares propuestos para ascender al archivo de la ex CONADEP de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al CELS y a la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH). La Comisión solicita a estas instituciones que le remitan toda la información que posean sobre el desempeño de dichos militares. Los organismos de derechos humanos han participado de sesiones y audiencias públicas y han logrado que la Comisión de Acuerdos cite a declarar a testigos y produzca su propia prueba. Asimismo, el Ministerio de Defensa incorporó la práctica de adjuntar a las propuestas enviadas al Senado el legajo militar de los miembros propuestos. Esta información ha resultado de cabal importancia frente a la inexistencia de documentación oficial. De esta manera, el mecanismo de impugnación de ascensos militares se ha complejizado gracias a la participación de la sociedad civil y a las reformas tanto del reglamento del Senado en lo ateniente a la difusión y participación pública como de la información enviada por Defensa.

La posibilidad de impugnar los ascensos militares depende tanto de que exista un mecanismo institucional, como de la calidad y tipo de información con que se cuenta. Las limitaciones para recabar dicha información han estado determinadas por la clandestinidad y negación propias del terrorismo de Estado. De ahí la importancia de las acciones que han realizado los organismos de derechos humanos y las medidas posteriores para enfrentar los crímenes en el orden judicial, administrativo y político. Los organismos produjeron documentación sobre los crímenes en base a las denuncias de las víctimas. Durante muchos años, estos testimonios y archivos fueron la única información disponible. Y sin duda fue sobre la base de la información recabada por las organizaciones de derechos humanos que se construyó el relato de lo que era el terrorismo de Estado, del repudio a la dictadura y, con posterioridad, de la valoración de la democracia.

Las impugnaciones llevadas adelante por el CELS contrastaban con la actitud de gobernantes elegidos por el voto popular que no se decidían a ejercer la conducción de las instituciones armadas que la Constitución Nacional confiere al poder legalmente constituido. Los años ’80 pusieron de relieve la carencia de una política hacia las Fuerzas Armadas que separara de las filas castrenses a los oficiales consustanciados con prácticas de terrorismo de Estado. También mostraron un gobierno presionado por sucesivos levantamientos militares, que pactó con los sectores que pugnaban para poner fin a la posibilidad de hacer justicia por los crímenes de la dictadura. Además, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso realizaban consultas formales a los organismos de derechos humanos. Sólo algunos asesores parlamentarios lo hacían de manera informal. Sin embargo, como la prensa publicaba listados totales o parciales de los oficiales cuyos ascensos estaban en estudio, las organizaciones tomaban conocimiento de los nombres propuestos y enviaban los cuestionamientos al Congreso. Estas notas eran acompañadas de material documental, por lo general párrafos de testimonios o testimonios completos de sobrevivientes, artículos periodísticos y copias de documentos judiciales en caso de que estuvieran comprometidos con alguna causa. La debilidad del control sobre los uniformados y la inexistencia de una voluntad política por parte del gobierno para exigir autocrítica y cambios institucionales fue la característica central de esos años. Mientras que la CONADEP generaba pruebas para el esclarecimiento de los crímenes a través del juicio a los comandantes de las juntas militares, el gobierno radical esperaba que las Fuerzas Armadas realizaran su propia “depuración”. Esto no sucedió.

La tarea de monitoreo de los ascensos militares fue necesaria pero incompleta, porque una parte fundamental de los procedimientos represivos fue mantener en el anonimato a sus autores, aun al precio de colocar bajo sospecha a las instituciones militares en su conjunto. Los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones de civiles pero también de militares (como los hermanos Federico y Jorge Mittelbach y José Luis D’Andrea Mohr) permitieron un conocimiento extenso pero parcial del mapa represivo. Algunos ascendieron por decisión de un liderazgo político que no asumió la tragedia argentina en toda su dimensión y procuró conciliaciones inaceptables. Otros porque consiguieron pasar inadvertidos. Aun así, los grandes debates de opinión pública que varios de esos casos motivaron fueron de gran utilidad para que porciones cada vez mayores de la sociedad asumieran esta problemática que alguna vez fue exclusividad de las personas directamente afectadas e incluso dieron lugar al repudio de lo sucedido por parte de las nuevas conducciones castrenses.

Debates y confesiones
Uno de esos debates tuvo lugar en la década de los ’90, cuando los procesos de ascensos militares muestran una mayor complejidad. Un cambio sustancial se produjo a partir de los acontecimientos desencadenados por el tratamiento de los pliegos de ascensos de dos conocidos represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías. El 28 de diciembre de 1993 publiqué en el diario Página/12 la información brindada por las víctimas y los familiares sobre la actuación de ambos. El gobierno de Carlos Menem los respaldó, pero cuando reconocieron en su descargo ante la Comisión de Acuerdos del Senado los métodos que utilizó la Armada para torturar, desaparecer y asesinar, se logró el freno de los ascensos. El caso desató un intenso debate en la opinión pública, que se prolongó hasta 1995, cuando el ex torturador Adolfo Scilingo, en reacción frente a lo que calificó como la “injusta” situación de los marinos Rolón y Pernías, declaró públicamente sobre la metodología sistemática de la Armada de arrojar prisioneros vivos al Río de la Plata. Scilingo confesó que ese método atroz había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo aprobó por considerarlo “una forma cristiana y poco violenta” de muerte. Al regreso de cada misión, los capellanes calmaban el escrúpulo de los participantes con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo, pasando por alto que en la teología católica ésa no es una tarea de los hombres en el mundo sino de Dios en el Día del Juicio.

Este hecho promovió que el 25 de abril de 1995 el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Martín Balza, hiciera pública una autocrítica con relación a los crímenes de la dictadura, proseguida por otra similar del jefe del Estado Mayor de la Armada, Enrique Molina Pico. El caso de Rolón y Pernías, a casi diez años de vigencia del régimen constitucional, demostró que era posible frenar la carrera de los represores sin recibir como respuesta una sublevación militar y sin dañar con ello a las instituciones castrenses, sino todo lo contrario.

El agujero negro de la última dictadura necesitaba medidas de separación categóricas de una etapa histórica con respecto a otra. Era imprescindible librar del peso de las responsabilidades de quienes habían conducido las Fuerzas Armadas en ese período a quienes comenzaban la carrera militar. Actualmente quedan muy pocas personas en actividad que lo hayan estado en ese momento. Durante la dictadura eran muy jóvenes, recién egresaban de sus estudios militares. Este hecho implica tomar conciencia de la distancia cronológica que separa una época de otra.

Los pedidos de hábeas data
Además de la tarea de análisis de los pliegos de ascenso militar, que se ha continuado hasta el presente, el CELS también ha respondido a pedidos originados en las Fuerzas Armadas. A comienzos de esta década, en marzo de 2001, 663 oficiales del Ejército interpusieron solicitudes de hábeas data donde requerían conocer qué información poseían la Secretaría de Derechos Humanos y los organismos acerca de ellos. El CELS aclaró que la ley 23.326 (de Protección de Datos Personales, comúnmente llamada Ley de Hábeas Data) no resultaba aplicable a la institución por no constituir un banco de datos destinado a dar informes. Sin embargo, fue la única organización que contestó, dentro de sus posibilidades, a ese requerimiento, porque comprendió que efectuar esa solicitud implicaba un paso adelante en el respeto a los procedimientos del Estado de Derecho y constituía un derecho de integración de los ciudadanos soldados en la democracia. Hubo otras entidades que lo rechazaron como si se tratara de la misma realidad de la década de los años ’70.

El CELS entregó la información recabada, de la cual se desprendía que menos del 1,5 por ciento del total de los militares que presentaron los pedidos estaban incriminados por graves violaciones a los derechos humanos: sólo nueve oficiales. Sin embargo, dentro de este porcentaje se encontraba el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, debido a su responsabilidad por el fusilamiento de un grupo de detenidos políticos en 1976 en la provincia del Chaco, conocida como “Masacre de Margarita Belén”.

Por otro lado, esa tarea permitió que el CELS descubriera que Brinzoni había encomendado preparar los pedidos de hábeas data a un abogado que era uno de los máximos dirigentes del partido neonazi “Nuevo Triunfo”, Juan Enrique Torres Bande. Ese hallazgo no formaba parte del propósito inicial, pero contribuyó a reflexiones como: ¿Qué quieren de sí mismas las Fuerzas Armadas? y ¿cómo se insertan en una realidad nacional que va a ser durante muchos años de subordinación al poder civil y de democracia?

El CELS también participó en forma activa en el proceso que condujo a la nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 1996 luego de la confesión del capitán Scilingo, su presidente, Emilio Mignone, consiguió que la Justicia declarara el derecho de los familiares de las víctimas a conocer lo sucedido a partir de la desaparición de sus seres queridos, por más que las leyes de impunidad impidieran castigar a sus responsables. Los juicios por la verdad se extendieron así a todo el país. Cuando el gobierno del presidente Carlos Menem y su Corte Suprema de Justicia adicta intentaron cerrar este proceso, el CELS patrocinó a su directiva Carmen Lapacó ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y consiguió que no se paralizaran esos juicios. También aportamos documentos y testimonios al proceso iniciado en España por el fiscal Carlos Castresana y el juez Baltasar Garzón, que redundó en la solicitud de extradición de un centenar y medio de represores. En 1998, año del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Justicia española también detuvo en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Devuelto a Chile, el Senado lo privó de su inmunidad y comenzó una causa judicial en la que fue procesado y que no concluyó por su muerte. Esto reactivó en la Argentina las causas por el saqueo de bienes y la apropiación de bebés de las personas detenidas desaparecidas, delitos que no habían perdonado las leyes de impunidad. En 2000, ex miembros de las Fuerzas Armadas argentinas habían sido condenados en Italia, Francia y Estados Unidos, y había procesos abiertos en Alemania y España. Los juicios por la verdad se habían extendido a todo el país y medio centenar de altos mandos estaban bajo arresto por saqueo de bienes y apropiación de bebés. El CELS consideró que no quedaban razones jurídicas, éticas, políticas, nacionales ni internacionales para que subsistieran las leyes de impunidad y ese año solicitó su nulidad a la Justicia en un caso paradigmático. Dos ex policías federales estaban detenidos por la apropiación de una criatura, hija de detenidos desaparecidos, pero no era posible procesarlos por el secuestro, tortura y ejecución clandestina de sus padres. Con la autorización de las Abuelas de Plaza de Mayo que llevaban el caso, el CELS se presentó en esa causa. Faltaba un año para el 25º aniversario del golpe de 1976 y era previsible que la intensa movilización social equilibrara las presiones de los poderes fácticos y permitiera a los tribunales fallar de acuerdo a derecho. Así fue, y en marzo de 2001 el juez federal Gabriel Cavallo fue el primero en declarar nulas esas leyes. Lo siguieron otros magistrados en el resto del país, varias cámaras federales y el Procurador General en un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia. Ese era el cuadro de situación en mayo de 2003 cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, el primero que no se opuso a ese proceso impulsado desde la sociedad civil. En 2005 la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de Cavallo.

Defensa Nacional y Seguridad Interior
Por supuesto, los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, reactivados entonces, son una forma imprescindible para permitir esa escisión, esa distancia entre dos etapas, pero no son la única. Afortunadamente, tanto en el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández de Kirchner, como específicamente en el Ministerio de Defensa dirigido por Nilda Garré, hay conciencia respecto de este hecho. Asimismo, que se haya delimitado claramente la diferencia entre defensa nacional y seguridad interior, por obra de distintas fuerzas políticas que coincidieron en el Parlamento para sancionar las Leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, implica que la confusión entre estos conceptos sea patrimonio del pasado. Estas leyes plasmaron un marco normativo que buscaba “privilegiar la defensa nacional como ámbito exclusivo de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, reformular sus misiones y funciones institucionales, y desarticular el conjunto de prerrogativas legales e institucionales que detentaban en materia de seguridad interior”.

Sin embargo, la ausencia de reglamentación de estas leyes otorgaba un margen para diversos proyectos que intentaban avanzar sobre la distinción entre seguridad interior y defensa. Un caso notable fue el de la realización de actividades de inteligencia interna en la Base Naval Almirante Zar en Trelew, provincia de Chubut, que involucró a altos funcionarios de la Armada, denunciado por el CELS en 2006. Este hecho promovió la reglamentación del Sistema de Inteligencia de la Defensa y del segundo párrafo del artículo 16º de la Ley de Inteligencia Nacional, que colocó definitivamente bajo la órbita del Ministerio de Defensa las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La sanción de la normativa que rige la diferencia entre roles de defensa y de seguridad interior planteó un nuevo ámbito de trabajo para el CELS. La sistemática intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de política interior durante gran parte del siglo XX tuvo un alto costo en materia de violaciones a los derechos humanos y un legado de cultura autoritaria que penetró las instituciones del Estado. Por esta razón, se planteó un trabajo constante destinado a monitorear el cumplimiento de las normas que vedan cualquier rol militar en cuestiones de seguridad o política interior. Este trabajo se volvió particularmente importante a partir de la segunda mitad de la década del 1990 y cobró fuerza luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Los cuestionamientos más serios a la normativa sostuvieron que era ineficaz para enfrentar las denominadas “nuevas amenazas” tanto a nivel global como regional. Estas fueron definidas como el conjunto de riesgos y situaciones conflictivas no derivadas de los conflictos interestatales, limítrofes-territoriales o de competencias por el dominio estratégico. Esta “nueva agenda” incluiría desde el narcotráfico hasta el terrorismo, tomando también problemas de naturaleza social, política o ambiental. El impacto de este cambio de paradigma a nivel local llevó a que algunos sectores propusieran involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones de contención de la crisis social. La propuesta de rever los límites de defensa y seguridad estuvo ligada a los intentos de otorgarle a las Fuerzas Armadas un rol de interlocutores políticos. Pretensión que se acrecentó entre los años 2001 y 2003 a medida que los juicios por violaciones a los derechos humanos tomaron un nuevo impulso y los sectores más conservadores de las Fuerzas trataron de recuperar un rol que asegurara la impunidad de los responsables.

El Partido Militar
La utilización de concepciones laxas y ambiguas de seguridad y de defensa y la asignación de tareas sociales para las Fuerzas Armadas en democracia conllevan un alto riesgo de violación de derechos fundamentales y pueden alterar la subordinación al poder civil. En términos generales, porque la capacitación, la lógica de acción y de eficacia de las Fuerzas Armadas es la opuesta a la que se necesita en seguridad. La indiferenciación de estas dos concepciones era para los militares argentinos la conclusión normal de un proceso que abarcó prácticamente sesenta años del siglo XX. A diferencia de lo sucedido en otros países de la región, los sectores económicos y sociales dominantes fueron incapaces de transformar su hegemonía y su prestigio social en poder político por medios democráticos. Esta incapacidad de las clases dominantes argentinas coincidió con el agotamiento del proceso de liberalismo político de fines del siglo XIX y con el fin de enfrentamiento con la Iglesia católica iniciado en 1884 por su resistencia a la secularización de la sociedad.

A comienzos del siglo XX, ese liberalismo que exaltó los valores del laicismo y el constitucionalismo liberal y confrontó por ello con el antiguo régimen se encontró sin discurso para enfrentarse con las nuevas tendencias mundiales y con la gran crisis que se manifestó con la fallida revolución bolchevique de 1905 y la exitosa de 1917. Convergieron entonces la incapacidad de esa clase para expresarse democráticamente dentro de un sistema institucional y el rechazo que, por razones dogmáticas, la Iglesia católica aún conservaba hacia la concepción de soberanía popular, que se oponía a aquella del origen divino del poder. Por un lado, sectores económicos que no podían llegar al poder por la vía electoral y, por el otro, un discurso de legitimación y justificación que derivó en una visión paranoica, perfeccionada más adelante por la doctrina contrarrevolucionaria francesa que ha tenido una influencia enorme en la Argentina, superior a la alcanzada en la mayoría de los lugares del mundo.

La Argentina vivió la formación de un nacional catolicismo que no produjo una guerra civil como la española de 1936-1939, pero que marcó a fuego nuestra vida política social y cultural. Entre 1930 y 1990, hubo más gobiernos originados en las botas que en los votos, por lo menos un golpe militar por década y golpes dentro de cada golpe. Esto ocurrió a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas y su constitución en Partido Militar por parte de los sectores dominantes y la jerarquía católica y se reforzó después del golpe de 1955 con un adoctrinamiento intensivo de las Fuerzas Armadas. Esa doctrina, forjada en la guerra de Argelia por el Ejército y la inteligencia franceses, fue rechazada en ese país por la jerarquía católica conducida por el arzobispo francés y obispo castrense cardenal Maurice Feltin, ya que consideraba anticristiana la tortura y el asesinato de oponentes políticos. En cambio, en la Argentina esa doctrina fue introducida por el presidente del Episcopado y obispo castrense Antonio Caggiano y continuada por quien lo sucedido en ambos cargos, el arzobispo de Paraná, Adolfo Servando Tortolo.

La democratización de las Fuerzas Armadas
El remedio a estas consecuencias es el camino en el que la Argentina está empeñada en este momento: el de promover reformas institucionales con sentido democrático en el ámbito castrense y el de respetar el rol militar pero con definiciones precisas sobre cuál es su función, bajo la conducción del poder civil. Es por ello que otro eje de trabajo para el CELS es la demanda de un rol activo por parte de las instituciones gubernamentales encargadas del control sobre las Fuerzas y la concreción de reformas institucionales con sentido democrático. El CELS se ha pronunciado a favor de realizar dichas reformas en temas como educación, mecanismos de evaluación de cargos y libertad religiosa, y ha puesto especial énfasis en los mecanismos de aplicación de sanciones, procedimientos de la justicia militar y tribunales de honor.

También el CELS tuvo una posición clara frente a dos episodios que han sido muy conmocionantes en los últimos años. Uno fue la propuesta realizada al ex presidente Néstor Kirchner de retirar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone del Colegio Militar de la Nación. Si bien hubo quienes recibieron esa propuesta en forma negativa, su intención era en beneficio de las Fuerzas Armadas, porque ese acto simbólico revestía una carga poderosa para marcar el deslinde entre un pasado inadmisible y un presente que debía ser distinto.

El otro episodio fue la construcción del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos humanos donde funcionaba la ESMA. El CELS fue el único organismo de derechos humanos que propuso que de esas diecisiete hectáreas y cuarenta edificios sólo se tomaran el Edificio Central, las columnas y el altillo donde funcionaron los sectores conocidos como “Capucha” y “Capuchita”. En el resto del espacio, se consideró que se debía dar continuidad a las actividades navales. La idea rectora de esta propuesta era que, de este modo, la Armada de hoy le rendiría homenaje a las víctimas de la Armada de ayer, y esto no sólo sería una reivindicación para las víctimas de la dictadura sino que también implicaría un proceso formativo para los integrantes presentes y futuros de la Fuerza. Han pasado seis años de ese debate. Tal vez, si hoy se replanteara esa discusión, la posición del CELS ya no quedaría en rotunda minoría, porque parece haberse fortalecido la comprensión de la necesidad que los ciudadanos soldados sean incorporados a la sociedad de una manera distinta y que sus instituciones puedan librarse de ese peso heredado.

El indeclinable trabajo de los organismos defensores de los derechos humanos y el pueblo argentino ha logrado que la impunidad y el olvido no tengan ya lugar en nuestro país. Nos sentimos orgullosos de contribuir a juzgar las responsabilidades del pasado porque esto permite enfrentar el desafío de construir instituciones militares para la democracia. Pero esa democratizacion también implica, fundamentalmente, afirmar los derechos del presente y el futuro para quienes hoy integran las Fuerzas Armadas de la Nación.

* CELS. Periodista y escritor. Este texto está extractado del publicado en el libro La construcción de la Nación Argentina. Fueron eliminadas las notas al pie.

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CHINA y ARGENTINA

Miércoles, 14 de julio de 2010
Cristina Kirchner y su par de China, Hu Jintao, se comprometieron a incrementar las relaciones comerciales
Socios a la sombra de la Gran Muralla
Los presidentes cerraron diversos acuerdos, los más importantes en el área de transportes. CFK planteó que las exportaciones argentinas deben incluir productos con valor agregado. Una comisión especial analizará la suspensión china a la compra del aceite de soja.
Por Fernando Cibeira

Cristina Kirchner, junto a Hu Jintao, en el Gran Palacio del Pueblo, ubicado a un costado de la plaza de Tiananmen.Desde Beijing

En el día más trascendente de su visita a China, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con su par Hu Jintao, con quien firmó una serie de acuerdos y una declaración conjunta que promete incrementar las relaciones comerciales “aún más”. Los acuerdos más trascendentes tienen que ver con el área de transportes e implican negocios por unos 9500 millones de dólares. Básicamente, se trata de la renovación de líneas de trenes y de formaciones de subte que Argentina hará con China, financiada por los propios bancos chinos a plazos y tasas muy convenientes. “Ha sido una muy buena jornada”, sintetizó la Presidenta luego de la cena de honor que le ofreció Hu Jintao en el Salón Oeste del Gran Palacio del Pueblo. Respecto de los temas que quedan pendientes, como la suspensión china a la compra del aceite de soja argentino o la pretensión nacional de incorporar productos de mayor valor agregado a sus exportaciones, se resolvió que se discutan en una comisión especial que comenzará a reunirse a partir de mañana aquí en Beijing.

Como casi todo en la capital china, el Gran Palacio del Pueblo tiene dimensiones impactantes. Fue construido en 1959 y en verdad es la sede de la Asamblea Popular, el Legislativo chino, pero Hu Jintao recibe allí a los mandatarios extranjeros. Está ubicado en un costado de la histórica plaza de Tiananmen, justo en diagonal al retrato de Mao que indica el ingreso a la magnífica Ciudad Prohibida, la sede imperial de las dinastías Ming y Qing.

En el hall central del Gran Palacio había espacio para la orquesta militar que tocó los himnos, para las tropas a las que Cristina Kirchner y Hu Jintao pasaron revista, para toda la comitiva argentina, para la prensa que cubría el evento y sobraba espacio como para otra ceremonia igual. Tras la recepción, los presidentes pasaron al encuentro propiamente dicho, en un salón contiguo. En una larga mesa, los mandatarios se sentaron frente a frente en el centro, con los ministros y funcionarios a sus costados. Fue posible seguir los primeros cinco minutos del encuentro.

Hu Jintao comenzó agradeciendo la visita de la presidenta argentina y ella aseguró mantener un gran recuerdo de su viaje de 2004, cuando acompañó como primera dama al entonces presidente Néstor Kirchner. El mandatario chino consideró que, desde que llegó a la Casa Rosada, la Presidenta siempre le había otorgado una “alta prioridad” al vínculo con su país. “Es una gran amiga nuestra”, afirmó.

En plan de devolver gentilezas, Cristina Kirchner calificó como “altísimo honor” ser recibida en China, dándole a la potencia asiática –dijo– el lugar que le corresponde en la agenda internacional. Una vez más, la Presidenta le pidió disculpas por la suspensión del viaje, originalmente pautado para agosto, por –según definió ayer– “problemas de carácter interno”. En enero, la Presidenta no quiso dejar a Julio Cobos una semana al frente del Poder Ejecutivo en plena disputa del Gobierno con el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, y con la oposición por el uso de las reservas para el pago de la deuda. A medida que le llegaba la traducción, Hu Jintao movía la cabeza afirmativamente, aceptando las palabras de Cristina Kirchner. Fueron necesarias varias explicaciones y un fino trabajo diplomático para reprogramar la visita en unos pocos meses.

La reunión se extendió por más de una hora. Los presidentes reaparecieron para la firma de acuerdos en otro salón que tenía en común con los otros algún cuadro o tapiz representando la Gran Muralla, el gran paisaje nacional. Según el área a que correspondieran los acuerdos, iban llamando a los ministros y secretarios para que firmaran. Julio De Vido pasó más de un sofocón tratando de entender las indicaciones del personal de protocolo chino y se terminó sentando cada vez en una silla diferente.

La visita terminó con una cena de la que también formaron parte los alrededor de 70 empresarios que participan de la misión comercial que busca poner un pie en el fabuloso mercado chino. “Este es un día histórico, a partir de ahora Argentina va a ser el principal socio de China”, aseguró antes de mostrar su invitación para ingresar un súper optimista Franco Macri, pionero en eso de apuntarle al mercado asiático.

Y si el tema de la soja no fue motivo de conversación directa entre los presidentes, lo fue de manera indirecta cuando se juntaron en la mesa principal. Cristina Kirchner quiso saber si lo que había sobre el pescado que le habían servido era harina de trigo. El presidente chino le respondió que era harina de soja, un producto muy habitual entre los budistas. Le explicó que, como son vegetarianos, los budistas saborizan la harina de soja para darle distintos gustos a la misma comida, como por ejemplo ponerle gusto a carne o a pollo.


Comisionados

Por la noche, ya de vuelta en el hotel y de buen humor, la Presidenta hizo su evaluación del día junto al canciller Héctor Timerman. Por la mañana se sabía que había habido una reunión de la que participaron Timerman, la ministra de Producción, Débora Giorgi, y los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, y de Industria, Eduardo Bianchi, con funcionarios chinos, en las que analizarían los últimos tironeos surgidos en el vínculo bilateral. Pero el contenido del encuentro se mantuvo en estricta reserva. Cristina Kirchner comunicó la conformación de una comisión en la que estarán Bianchi y un representante de la Cancillería para analizar “no un tema en particular sino la totalidad de la relación”, según explicó.

La Presidenta planteó como un tema de interés principal –“y todos lo recibieron con agrado”– que Argentina mejore el valor agregado de los productos que exporta a China. Más del 80 por ciento de las ventas al gigante asiático son cuatro productos de escasa o nula manufactura, como los granos de soja. En cambio, casi la totalidad de las ventas chinas a la Argentina son productos de altísimo valor agregado. “Ellos lo entienden y vamos a charlar”, dijo la Presidenta.

No hizo una aclaración puntual, pero se dio por supuesto que allí también se analizará el entredicho surgido a partir de que el año pasado Argentina aplicara 18 medidas antidumping a productos chinos. Como respuesta, China paralizó este año la compra de aceite de soja, un producto que importaba por 2 mil millones de dólares anuales y ahora empezó a adquirir en otros mercados, como Brasil y Estados Unidos. En el Gobierno buscaron que la visita no quedara empañada por este conflicto –por cierto circunstancial y limitado–, aunque la verdad es que todavía no pudo encontrar su cauce. No obstante, en la comitiva imaginaban que la solución llegaría en el corto plazo.

Fuera de lo comercial, la Presidenta destacó la fina sintonía política que ambos países alcanzaron en los últimos tiempos. Al comenzar la reunión, los presidentes repitieron un ritual tradicional del vínculo bilateral: Hu Jintao reivindicó los derechos argentinos en las islas Malvinas y Cristina Kirchner la existencia de “una sola China”, que tiene que ver con las pretensiones separatistas de Taiwan. Pero más allá de estas señales de confianza mutua, también insistieron en la necesidad de reformar el FMI y de regular el sistema financiero internacional, posturas que pesan en los principales foros internacionales como el G-20 o la Ronda de Doha.

La Presidenta contó que Hu Jintao también adelantó la intención de China de acelerar su acercamiento a la región, a través de la Unasur y del Mercosur. “Como conozco al señor de la Unasur, voy a hacer uso de eso”, bromeó. “A ver si me escucha alguno de la oposición –cerró– y después dice que estoy tratando de utilizar influencias.”

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CHILE : NO HABRA PERDON PARA GENOCIDAS

.Lunes 26 de Julio de 2010..
El presidente de Chile rechazó peticiones de las iglesias Católica y evangélicas de clemencia para violadores a derechos humanos.

. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó ayer la petición de las iglesias Católica y evangélicas de indultar a los violadores de derechos humanos y anticipó que sólo perdonará a reos comunes, pero en forma muy restrictiva y caso por caso.

Piñera, anunció ayer que descartó la idea de disponer un indulto generalizado y aclaró que sí concederá perdones particulares, pero aseguró que "quedarán excluidos" de esos beneficios quienes cometieron delitos "especialmente graves", como los de lesa humanidad.

"No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general", afirmó el mandatario, días después de que las iglesias Católica y evangélicas presentaran propuestas para liberar a presos con ocasión del Bicentenario de la independencia del país.

El mandatario derechista señaló que dictará indultos aislados, que analizará en cada caso en forma "prudente y restrictiva" para atender las "consideraciones de carácter humanitario" que le plantearon las iglesias. No obstante, subrayó que "quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros actos de igual gravedad".

La iniciativa de las iglesias había causado un cerrado rechazo entre dirigentes de organizaciones de familiares de víctimas de la última dictadura, abogados de derechos humanos y líderes políticos opositores.

"Estas propuestas siguen generando tensiones y divisiones ente los chilenos, y muchas veces han reabierto viejas heridas y rencores del pasado", señaló el presidente, sólo cuatro días después de recibir el documento elaborado por la Conferencia Episcopal de Chile (CECH).

El texto de la Iglesia Católica incluía a violadores de derechos humanos durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet Ugarte entre el 11 de setiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La jerarquía de la Iglesia dijo que buscaba que no faltara ningún chileno a la "mesa del Bicentenario".

Las asociaciones de víctimas de la dictadura habían rechazado que el indulto pudiera beneficiar a alguno de los 64 encarcelados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen, cuando unas 3.200 personas murieron y 28 mil sufrieron torturas o prisión política.

Piñera confirmó que haría uso de su facultad presidencial de decretar un indulto, aunque precisó que éste no será general. Para ello se atenderán factores como "la avanzada edad, enfermedades terminales y otras razones humanitarias".

Sin embargo, de ese beneficio se excluirá a los condenados por los delitos ya citados, y también a los reincidentes, señaló el mandatario durante esta inesperada comparecencia, anunciada sólo una hora antes a la prensa. Piñera descartó decretar un indulto general al argumentar que en la última década ya se adoptaron tres medidas de este tipo, en los años 2000, 2003 y 2004, todos bajo los gobiernos de la Concertación Partidos por la Democracia, de centroizquierda (1990-2010).

El presidente reiteró además los compromisos de su Gobierno, enfocados en "combatir la delincuencia y el narcotráfico, proteger a las víctimas y resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y promover una cultura de respeto a los derechos humanos".

Piñera anunció también una serie de medidas para mejorar la situación de los presos en Chile, cuyo sistema carcelario, con una población penal que supera los 53 mil reclusos, es objeto de críticas por parte de organismos internacionales.

El abogado Roberto Garretón celebró la decisión de Piñera porque de esta forma, dijo, "no se rompe el proceso de reconciliación que hubo en el país con el dictado de sentencias que condenan a violadores de derechos humanos".
...

COLOMBIA :¿GUERRA o PETARDOS?

Viernes, 30 de julio de 2010
OPINION
Guerra de baja intensidad
Por Modesto Emilio Guerrero *
Aunque los resultados de la reunión de cancilleres de la Unasur pondrán paños fríos, las condiciones que llevaron al embrollo y sus peligros potenciales seguirán latiendo en la perspectiva abierta por esta intentona.

Ni Washington ni Uribe (foto) cuentan a su favor con las condiciones internacionales o nacionales propiciatorias para legitimar un ataque a escala, sea invasión o guerra abierta. No estamos en el escenario de Santo Domingo en 1965 o en el Lejano Oriente de Irán y Corea del Norte.

Esto no anula ni impide los “accidentes” que puedan precipitar una situación bélica. Por ello acuden a las nuevas técnicas de guerra, llamadas de “baja intensidad” o de “cuarta generación”, que incluyen la eliminación física del presidente venezolano.

De algo similar a la asonada contra Venezuela sólo se tiene memoria: de 1961, cuando Rómulo Betancourt propuso la expulsión de Cuba de la OEA; de 1964, para legitimar la invasión a República Dominicana; para legitimar el golpe en Chile, o situaciones bélicas consumadas como las de Malvinas.

Nadie gasta más de 600 millones de dólares cada año en el armamento de un gobierno, sin registrar la ayuda secreta, para hacer desarrollar el turismo tropical.

La dinámica se completa con las siete bases militares norteamericanas en Colombia; las activadas en Panamá el último año; la segunda base que estarían desarrollando en Honduras y las plataformas militares reactivadas en Aruba, Bonaire y Curaçao, frente a las costas venezolanas, además de los ejercicios militares en Perú, Paraguay y las costas “pacíficas” de Chile; otro hecho clave fue el golpe de Estado en Honduras; las recientes maniobras militares en Puerto Rico; la ocupación militar de Haití aprovechando un desastre natural; la flota de 42 buques militares instalados en Costa Rica y las declaraciones pro-estadounidenses de sus socios en el llamado “cordón del Pacífico” (Chile, Perú, Panamá, Costa Rica y México).

Juan Manuel Santos quiere sentarse en la Casa de Nariño: eso no sería posible si su amigo mete al país en un estado de guerra. Su rol como presidente no será el mismo que como ministro ejecutor de la “Seguridad Democrática”. Como lo han dicho ellos mismos, el objetivo actual es reinsertarse en la subregión, comenzando por el mercado venezolano.

Unasur adquirió un peso subregional con capacidad de calmar fuegos, como lo demostró con la rebelión de la medialuna boliviana. Una prueba de ello es el ataque de Uribe y José Serra al presidente Lula, conscientes del peso de Brasil en el juego hemisférico.

La derecha venezolana resultó la mejor aliada del gobierno colombiano dentro de Venezuela, base social de un eventual ataque.

Allí nacen las condiciones de esta guerra, lo demás lo veremos.

* Autor de Quién inventó a Chávez.

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HOMENAJE a JORGE CEPERNIC

Sábado, 31 de julio de 2010
Don Jorge
Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania

Se nos murió don Jorge. Ya han pasado dos semanas. Quise dejar pasar todos estos días antes de escribir esto. Leer todo lo que en estos días se escribió sobre él. Y entonces, sí, dedicarle estas páginas a quien lo mereció. Don Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz en aquellos años cruciales donde se iba a definir el futuro de los que buscábamos otra Argentina. Don Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz elegido por su pueblo. Pero gobernador por pocos meses. Una historia argentina.

Fue en el año 1970 que lo conocí. Viajé a Santa Cruz para iniciar la investigación de las huelgas rurales de los años 1920-22. Los fusilamientos de los peones de campo por parte del Ejército argentino durante la presidencia de Yrigoyen eran un tema del cual no se hablaba. “De eso no se habla”, era la respuesta casi obligada ante la pregunta: “¿Qué pasó en estas tierras en aquellos años?”. A don Jorge me lo presentó el doctor Paradelo, hijo de quien había sido gobernador santacruceño en el año ’58. Me dijo: “Don Jorge Cepernic, santacruceño hasta la médula de los huesos, hombre del campo y la ciudad, él te va a relatar toda la verdad”.

Y fue así. Me recibió como a alguien que hubiera esperado muchos años. Se maravilló de que a uno de Buenos Aires le interesara revisar la historia patagónica. Y se puso a mi disposición. “Le voy a presentar a todos los que viven todavía de esa época”, me dijo. Y, con tiempo, me preparó un programa de viajes por el interior de la provincia. El mismo me iba a llevar en su autito Fiat 600. Y lo hizo. Anduvimos kilómetros y kilómetros en ese ratoncito con motor, saltando por esos caminos llovidos de piedras. Pero don Jorge no se inmutaba. Nos deteníamos ante las estancias y me contaba la historia de sus propietarios y cuáles habían sido sus comportamientos durante las huelgas rurales. Entrábamos y me presentaba desde el patrón hasta el último peón. Siempre había alguien que daba datos sobre sobrevivientes de aquellos hechos y dónde vivían.

Mientras viajábamos me relataba que él tenía seis años cuando se iniciaron las huelgas y que su padre –croata que llegó a los 18 años a la Patagonia– tenía un negocio de verduras y frutas, y que siempre ayudó a los perseguidos por la represión del Ejército. Y que él vio cuando trajeron –durante la primera huelga– a los caídos en El Cerrito, en un enfrentamiento con la policía, y los velaron en el local de la Sociedad Obrera. También así conoció a Antonio Soto, el líder del movimiento.

En ese viaje me di cuenta de la amplitud de ese hombre. Cómo comprendía el porqué de las huelgas y que lo que exigían era muy poco. Además, para él, siempre fue inexplicable la orden dada por el presidente Yrigoyen al teniente coronel Varela, con la pena de muerte por “subversión” a quien se resistiera a la orden de volver al trabajo.

“Yo conocí a esas peonadas, gente silenciosa y de trabajo. Aguantadora pero con fuerza para decir basta cuándo la explotación llegaba a no respetar la dignidad humana”, me decía don Jorge mientras guiaba su autito en esas distancias interminables.

A don Jorge lo saludaba todo el mundo. Un hombre de trabajo con su “campito”, como él llamaba a su estanzuela cerca del El Calafate, y su casa sencillamente patagónica de Río Gallegos.

Ese hombre, años después de nuestro encuentro, fue elegido gobernador de Santa Cruz en las elecciones de 1973 –aquellos comicios nacionales en que se consagró presidente a Cámpora– con amplia mayoría. Es que todo el mundo lo conocía a don Jorge: honrado, humilde, hombre de la tierra que siempre había vivido en su provincia, que salió a la protesta cuando vio injusticia en su sociedad y que hablaba de su paisaje, del que me dijo varias veces: “A esto hay que convertirlo en un paraíso real para la gente”. Don Jorge.

Mientras tanto habían salido ya mis dos primeros tomos sobre la huelga patagónica y los cineastas Olivera y Ayala, no bien los leyeron, decidieron filmar la verdad histórica de esa innoble injusticia que había ahogado en sangre la protesta de los desposeídos. Así nacieron los planes del film La Patagonia rebelde. Y aquí se inicia un capítulo que lo dice todo de una sociedad: el miedo de los funcionarios “responsables”, el mirar para otro lado y el ejercicio del poder para prohibir. “Se prohíbe” y se acabó. Como dijo meses después el mayor censor de la historia argentina, Manuel Paulino Tato. Hombre de misa diaria.

Pero vayamos al comienzo del drama. Gobernador, Don Jorge; presidente, Cámpora; interventor de la censura cinematográfica, Getino –el valiente de La hora de los hornos–. No hubo ningún problema. Getino aprobó el guión sin pestañear y viajamos a Santa Cruz para filmar en los lugares históricos.

El gobernador, don Jorge Cepernic, nos recibió con los brazos abiertos. El banco de la provincia nos dio un préstamo y el gobernador dio permiso de filmar en todo el territorio provincial y, justamente, en los lugares históricos. Más todavía, don Jorge nos puso a disposición a los cadetes de la escuela de policía para que hicieran de “extras” en el film representando el papel de los soldados.

Pero nada iba a ser fácil. Cuando miembros del Ejército se enteraron del proyecto, comenzaron a moverse. A través de informantes supieron que el final del film iba a ser la escena donde las prostitutas de San Julián rechazaron a los soldados fusiladores, después de la matanza de peones. Todo menos esa escena iban a permitir los militares.

Ya había renunciado Cámpora. Se había producido la presidencia de Lastiri –quien había procedido a prohibir mi primer libro, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. El ambiente venía mal. Pero asumió Perón.

En medio de la filmación, en una estancia cercana a Puerto Santa Cruz, un mediodía vemos aparecer un automóvil. De él baja el propio gobernador, don Jorge Cepernic. Me busca a mí, con quien era el único del grupo filmador que tenía amistad. Me lleva aparte y me dice: “Me acaban de llamar de Casa de Gobierno preguntándome quién dio permiso para filmar tu libro en el territorio de esta provincia”. Me miró largo, en silencio. Comprendí. Pero me dio esperanzas. Agregó: “Te pido que les digas a Olivera y a los actores que traten de filmar lo más rápido posible y terminar cuanto antes. Yo, mientras tanto, voy a ganar tiempo haciéndome el que no entiendo”. Don Jorge era así. Arriesgaba su cargo de gobernador por ser fiel a la verdad histórica.

No voy a olvidar más a ese gobernador caminando de nuevo hasta su auto para regresar a Río Gallegos, y me dije: “Un gobernador recorre kilómetros para avisar a un amigo de los peligros que hay. No me vino a decir: ‘Acábenla ya mismo con eso’. No, me dijo sólo que nos apurarámos”. La actitud de un verdadero Hijo del Pueblo.

La escena se iba a repetir. Cuando filmábamos, dos semanas después, cerca de Lago Argentino, en la estancia La Primavera, las últimas tomas de exteriores, el gobernador Cepernic se tomó el avión para venir y volver a decirnos que el problema se había agravado y que había mucha indignación entre los oficiales del Ejército. Pero en ningún momento nos pidió o exigió que nos fuéramos ya y que no lo comprometiéramos más.

Sí, el film pudo estrenarse con un éxito increíble, a salas llenas, después de meses enteros de no permitirse la exhibición. En ese ínterin muere Perón y el mismo día nuestro film obtiene el Oso de Plata del Festival de Berlín. Este último factor ayudó para que el film no fuera prohibido de inmediato. Comienza uno de los períodos más nefastos de nuestra vida política: el régimen de López Rega y sus Tres A. El gobierno de Jorge Cepernic es intervenido por la presidenta Isabel Perón y con la aprobación del Congreso de la Nación, y reemplazado por el funcionario Augusto Saffores, en el mismo momento en que Cepernic se proponía expropiar uno de los más grandes latifundios de esa provincia, de capitales británicos. Es que Cepernic nunca podía olvidar que Roca, justamente el genocida de los pueblos originarios, durante su segunda presidencia había otorgado –por la concesión Grünbein– 2.500.000 héctareas de Santa Cruz a 137 estancieros ingleses.

A don Jorge se le quitó la gobernación. Una de las medidas más injustas de nuestra historia política. Esa decisión se tomó también contra los gobernadores de otras cuatro provincias que se proponían cumplir con lo prometido en las elecciones.

Después, su fidelidad a sus ideales iba a ser pagada cara por don Jorge. La dictadura de la desaparición de personas lo hará detener y pasará más de cinco años de prisión en la cárcel militar de Magdalena. La humillación más absoluta. Cuando le preguntó al coronel jefe de la prisión por qué lo tenían tanto tiempo preso, le contestó el uniformado: “Porque usted permitió la filmación de La Patagonia rebelde en su provincia”. Pecado mortal. Denunciar la verdad de nuestra historia, en nuestro país, era ser subversivo contra el orden establecido.

Luego de casi seis años de cárcel, debió cumplir prisión domiciliaria en su casa de La Josefina”, su “campito”, como lo llamaba él. Allí continuó la humillación ya que allí convivían, para vigilarlo, cuatro policías por turno a los cuales la esposa de don Jorge –la inolvidable y eterna compañera de él, Sofía Vicic– debía cocinarles y servirles la comida. Hasta que don Jorge, en esos actos siempre frescos e insurgentes de él, se escapó por una ventana, fue a la comisaría más cercana y dijo: “Aquí me quedo, ni mi mujer ni mis hijos tienen que sufrir esta humillación en mi casa con esa guardia permanente”.

Cuando hace pocos meses filmamos mi regreso a los lugares donde cuarenta años antes había hecho la investigación de las huelgas patagónicas, grabamos mi última entrevista con don Jorge. Siempre el mismo. Con ganas de poder alguna vez cumplir con sus ideales de justicia social en su querida tierra patagónica. La nostalgia de todo lo vivido nos cubrió de emoción. Me despedí con el abrazo reconocido que se da a los hombres honrados, a los hombres de la generosidad.

La calle de Río Gallegos donde vivieron mis padres y nació mi hermano mayor se llama Roca, el nombre del genocida. Ojalá que alguna vez se llame Jorge Cepernic: un santacruceño de ley que sufrió todas las humillaciones y que quería hacer de toda esa tierra un ejemplo para un país justo, sin niños con hambre, sin villas miseria, sin violencias. Ojalá existan en el futuro hombres como él con el coraje civil de hacerlo. Se lo merece. Fue, lo repito, un verdadero Hijo del Pueblo.

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sábado, 17 de julio de 2010

ATILIO BORON : Marines en Costa Rica.

Portada :: América Latina y Caribe


17-07-2010

¿Por qué desembarcan los marines en Costa Rica?

Atilio A. Boron
Rebelión




(Un buen baño de mierda a los prisioneros de Abu Ghraib es lo que utilizan los marines para enseñar democracia en Iraq. Ahora se instalan en Costa Rica para hacer lo propio con los latinoamericanos)
Foto: http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/02/gallery_abu_ghraib?slide=3&slideView=8
¿Por qué desembarcan los marines en Costa Rica?
Con los votos del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1 de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines. Si bien la multiplicidad de versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso costarricense y para la cual exigió la mayor discreción. Lo que se comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano, condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla - estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.




(Las mujeres enroladas en los marines también enseñan democracia)
Foto:http://www.wired.com/science/discoveries/multimedia/2008/02/gallery_abu_ghraib?slide=2&slideView=9
A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington -a falta de otros, como los que brindara el terremoto en... Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos. Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca. [1]
Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras, desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las autoridades, las policías y los jueces locales y estatales que hacen posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales, que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa) para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios del capital financiero. Por otra parte, la debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz. [2] Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio? ¿No fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con el celeste imperio? Para impulsar esa adicción entre los chinos, británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong, bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada por la proliferación de “estados fallidos” -carcomidos por la corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas: desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios imperiales?
El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1 de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica) es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas estadounidenses salgan de Costa Rica a finales de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente cero. Además, la experiencia internacional enseña que tanto en Europa como en Japón las tropas que Estados Unidos estacionó allí después de la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años, extendidos luego con el pretexto de la Guerra Fría, ya llevan en esas locaciones más de 65 sin que sus jefes den las menores muestras de aburrimiento o deseos de regresar a casa. En Okinawa, la repulsa generalizada de la población local contra los ocupantes yankis -que, amparados en su inmunidad, matan, violan y roban a su antojo- no fue suficiente para forzar el desmantelamiento de la base estadounidense. De paso, este incidente subraya la valentía y eficacia del gobierno de Rafael Correa que sí logró la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta. Y en caso de que hubiera un clamor popular exigiendo reeditar tan insólita ocurrencia en Costa Rica, un par de operaciones criminales de esas que la CIA sabe montar muy bien harían que ese pedido se revirtiese instantáneamente, sobre todo con un gobierno como el de Laura Chinchilla que se desvive por demostrar su incondicional sumisión a los dictados del imperio.
Al igual que lo establecido en el Tratado Obama-Uribe mediante el cual Colombia cede inicialmente el uso de siete bases militares a Estados Unidos, en el caso que nos ocupa el personal militar de este país gozará de total inmunidad ante la justicia costarricense, y sus integrantes podrán entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad, circular por todo el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos y armamentos de combate. Con esta decisión la soberanía de Costa Rica no sólo es humillada sino que llega a los límites del ridículo para un país que, en 1948, abolió sus fuerzas armadas y que, en gran medida gracias a eso, pudo desarrollar una política social de avanzada en el deprimente contexto regional centroamericano porque el gendarme oligárquico había sido desbandado. En lo que hace al armamento, la autorización del Congreso permite el ingreso de guardacostas y pequeños navíos pero también de otros como el portaaviones de última generación MakinIsland, botado en agosto del 2006 y dotado de capacidad para albergar a 102 oficiales y 1.449 marines, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks. Aparte de eso la legislación aprobada extiende su permiso para naves como el USS Freedom, botado en el 2008, con capacidad para combatir a submarinos e internarse en aguas poco profundas. El permiso se extiende también a otros navíos, tipo catamarán, un buque hospital y vehículos varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra. Armamentos y pertrechos que, en síntesis, de poco y nada sirvan para combatir al narcotráfico, en el dudoso caso de que esa sea la voluntad de los ocupantes. Es más que evidente que su objetivo es otro.
Esta iniciativa del gobierno estadounidense hay que situarla en el contexto de la creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido, hasta ahora, la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado Obama-Uribe, la de facto ocupación militar de Haití, la construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, el golpe de Estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude electoral que elevó a Porfirio Lobo a la presidencia, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo cual se le agrega ahora el desembarco de los marines en Costa Rica. Por supuesto, todo lo anterior articulado con el mantenimiento del bloqueo y acoso a la Revolución Cubana y el permanente hostigamiento a Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano internacional el desembarco de los marines estadounidenses en Costa Rica debe ser interpretado en el marco de la inminente guerra contra Irán y la grotesca provocación a Corea del Norte, sobre cuyas gravísimas consecuencias hace tiempo viene advirtiendo en sus Reflexiones el Comandante Fidel Castro Ruz.
En conclusión, el imperio avanza en la militarización de la región y en los preparativos para una aventura militar de proporciones globales. Si la agresión a Irán finalmente llegara a consumarse, como autorizarían a pronosticar los aprontamientos vistos en estos últimos días, la gravísima situación internacional resultante impulsaría a los Estados Unidos a procurar garantizar a cualquier precio el control absoluto y sin fisuras de lo que sus estrategas geopolíticos denominan la gran isla americana, un enorme continente que se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego, separado tanto de la masa terrestre eurasiática como de África y que según ellos desempeña un papel fundamental para la seguridad nacional estadounidense. Esa es la razón de fondo por la cual se ha venido produciendo, preventivamente, la desorbitada militarización de la política exterior estadounidense. Es ridículo que se pretenda convencer a nuestros pueblos de que la veintena de bases militares establecidas en Centro y Sudamérica y en el Caribe, a las que ahora se suma el desembarco en Costa Rica, y la activación de la Cuarta Flota tienen por objetivo combatir al narcotráfico. Cómo enseña la experiencia, a éste no se le combate con una estrategia militar sino con una política social, que Estados Unidos no aplica dentro de sus fronteras ni permite que se haga afuera gracias a la enorme influencia que el FMI y el Banco Mundial tienen sobre países vulnerables y endeudados. La experiencia antes de Colombia y ahora de México (¡con sus más 26.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón declarase su “guerra al narcotráfico”!) atestiguan que la solución al problema no pasa por los marines, portaviones, submarinos y helicópteros artillados sino por la creación de una sociedad justa y solidaria, algo que es incompatible con la lógica del capitalismo y repugnante para los intereses fundamentales del imperio. En síntesis: el desembarco de los marines en Costa Rica tiene por objetivo reforzar la dominación estadounidense en la región, derrocar por diversos métodos a los gobiernos considerados “enemigos” (Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador), debilitar aún más a los vacilantes y ambivalentes gobiernos de “centro-izquierda” y fortalecer a la derecha que se ha hecho fuerte en el litoral del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y México), reordenando de ese modo el “patio trasero” del imperio para así tener las manos libres y la retaguardia asegurada para salir a reafirmar la prepotencia imperial guerreando en otras latitudes.
[1] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pg. 73.
[2] Cf. El Lado Oscuro, op. Cit. , p. 72.
www.atilioboron.com
rCR

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CUBA y el PLAN CONDOR

Portada :: Cuba
17-07-2010



La Operación Cóndor contra Cuba
Los planes de Kissinger (I)


José Luis Méndez Méndez
Cubadebate




El 8 de julio, el sobreviviente argentino José Luis Bertazzo, declaró en el juicio que se sigue en Buenos Aires, Argentina contra un grupo de represores, ejecutores de 65 delitos de lesa humanidad ocurridos durante el primer año de la última dictadura militar, en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde se instaló la Operación Cóndor en Argentina. Allí fueron llevadas decenas de personas, que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en un poco más de seis meses, entre mayo y noviembre de 1976.

Tenía 17 años cuando el 23 de agosto de 1976 fue secuestrado y llevado a Orletti, donde fue torturado y permaneció 45 días, hasta ser liberado en los primeros días del mes de octubre. Compartió cautiverio con los chilenos Patricio Biedma y Mario René Espinoza Barahona, quienes le confiaron que dos jóvenes diplomáticos de la Embajada de Cuba, habían sido torturados allí.

Mujeres y hombres argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, y los dos cubanos fueron víctimas de esa internacional del crimen, que se fundó oficialmente en la llamada Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, organizada entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de 1975, en Santiago, Chile, por el coronel Manuel Contreras, quien estaba al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aunque ya se habían producido con anterioridad operaciones conjuntas allende las fronteras de los países miembros.

En los siguientes años, los sicarios de la Operación Cóndor también secuestraron y asesinaron a ciudadanos argentinos, que laboraron en la Embajada y en la Oficina Comercial de Cuba en Buenos Aires y a sus familiares.

Cuba fue uno de los objetivos de la Operación Cóndor, en la estrategia de represión diseñada por la administración norteamericana para América Latina en la década de los años setenta y con sobrados fundamentos se demuestra en documentos desclasificados.

Uno de ellos, con fecha 8 de junio de 1976, se revela que el entonces Secretario de Estado norteamericano Henrry Kissinger, se reunió, para coordinar acciones, con el dictador chileno Augusto Pinochet, en su despacho en Santiago de Chile. Analizaron el mapa del Cono Sur, la extensión del fascismo en el área, que con el golpe militar en Argentina en marzo de ese año, lo había fortalecido. Se sentían complacidos, pero no satisfechos.

En la amistosa reunión, el llamado “tema Cuba” apareció, cuando Kissinger dijo: “Nosotros creíamos que Angola podría convertirse en el Vietnam de Cuba. Esto podría haber ocurrido si Cuba hubiera comenzado a tener 20 caídos en combate por semana. Cuba no podría haberse mantenido por mucho tiempo. Nosotros teníamos las fuerzas para ello…”.

Pinochet le respondió: “Yo he estado siempre en contra del comunismo. Durante la guerra de Vietnam yo me reuní con algunos de sus militares y les dejé claro mi anticomunismo y les dije que esperaba que ellos pudieran derrotarlo”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Carvajal, dando muestras de un desconocimiento total, quiso sumar a Kissinger a sus planes de agresión contra Perú. Carvajal sin pestañar dijo: “Hay una influencia cubana masiva en Perú. Hay muchos cubanos allí. Los peruanos pueden ser empujados. ¿Y qué va a pasar con los miles de soldados cubanos actualmente en África, cuando ya no se les necesite allí?

Carvajal en otro comentario afirmó, que ya había más de 5000 soldados cubanos en Perú.

A Kissinger se le iluminaron los ojos al responder: “Si hay tropas cubanas involucradas en un ataque peruano, entonces el problema es fácil. Nosotros no vamos a permitir una fuerza militar cubana de 5000 cubanos en Perú.

Añadió: “Esto cambia la situación y el asunto resulta fácil entonces. Nosotros no le vamos a permitir a Cuba otra aventura militar, una guerra entre Perú y Chile sería un asunto complicado pero una guerra entre Cuba y Chile u otros, no nos sería indiferente.”

Ya la Operación Cóndor, había estado actuando en contra de Cuba en Perú antes de esta reunión, donde es indudable, que se tomaron acuerdos, en base a informaciones totalmente falsas y que se gestaban como pretexto revanchista, para lograr una confrontación entre Cuba y Chile, con el prometido apoyo de Estados Unidos.

El secretario de Estado norteamericano, estaba interesado en abrir un nuevo frente contra Cuba en América Latina y el dictador chileno, le estaba dando los motivos necesarios.

El 23 de junio de 1975, terroristas anticubanos asesinan en el puerto de Chimbote, Perú al ingeniero de pesca cubano Pedro Rangel Genis, quien laboraba en ese país. El 2 de enero de 1976, nuevamente un almacén de la Flota Pesquera de Cuba, en el mismo puerto peruano, es incendiado, causa daños por más de 50 mil dólares. El 21 de abril del mismo año, terroristas atacan con disparos a la residencia del Cónsul de Cuba en Lima.

Las pruebas de que en junio de 1976, Kissinger y Pinochet, acordaron repeler “la amenaza” cubana en Perú, están confirmadas en las agresiones, que en 1977 se produjeron en ese país. El 21 de febrero, la residencia de un funcionario cubano es tiroteada. El 25 de julio de ese año, el barco mercante cubano Río Jobabo, era hundido en el puerto de El Callao en Perú, que ocasiona daños considerables. Tres meses después otro barco mercante cubano, el Río Damují, es hundido en el mismo puerto peruano.

Los terroristas anticubanos asentados en Miami, desde antes del golpe de estado militar en Chile, se habían sumado a los grupos fascistas como la organización Patria y Libertad, que intentaban derrocar al gobierno de la Unidad Popular e inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, se sumaron a los grupos de exterminio, que creó la DINA, chilena para asesinar a sus opositores políticos.

Fuente:http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/07/16/la-operacion-condor-contra-cuba-los-planes-de-kissinger-i/





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MATRIMONIO IGUALITARIO en ARGENTINA

Viernes, 16 de julio de 2010
Voto a voto
Los 33 a favor:

- Frente para la Victoria: José Pampuro, Eric Calcagno (Buenos Aires), Elena Corregido (Chaco), Pedro Guastavino, Blanca Osuna (Entre Ríos), Liliana Fellner (Jujuy), Marcelo Fuentes, Nanci Parrilli (Neuquén), Marcelo Guinle (Chubut), Ada Maza, Teresita Quintela (La Rioja), Eduardo Torres (Misiones), Miguel Pichetto (Río Negro), Nicolás Fernández, Jorge Banicevich (Santa Cruz), Beatriz Rojkes (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Ana Corradi (Santiago), Daniel Filmus (Capital), Mario Colazo (Tierra del Fuego).

- Aliados FpV: María Díaz, José Martínez (Tierra del Fuego).

- UCR: Gerardo Morales (Jujuy), Ernesto Sanz (Mendoza), Alfredo Martínez (Santa Cruz), Eugenio Nito Artaza (Corrientes), Oscar Castillo (Catamarca).

- Otros opositores: Samuel Cabanchik, María Eugenia Estenssoro (Capital), Luis Juez, Norma Morandini (Córdoba), Rubén Giustiniani, Roxana Latorre (Santa Fe).

Los 27 en contra:

- Frente para la Victoria: Adriana Bortolozzi, José Mayans (Formosa), Rodolfo Bermejo (Mendoza), César Gioja (San Juan), Guillermo Jenefes (Jujuy), Luis Viana (Misiones), Daniel Pérsico (San Luis) José Mayans (Formosa).

- UCR: José Cano (Tucumán), Blanca Monllau (Catamarca), Roy Nikisch (Chaco), José Roldán (Corrientes), Mario Cimadevilla (Chubut), Ramón Mestre (Córdoba), Arturo Vera (Entre Ríos), Luis Petcoff Naidenoff (Formosa), Juan Carlos Marino (La Pampa), Laura Montero (Mendoza), Pablo Verani (Río Negro).

- Otros opositores: Josefina Meabe (Corrientes), María Higonet, Carlos Verna (La Pampa), Sonia Escudero, Agustín Pérez Alsina (Salta), Roberto Basualdo (San Juan), Liliana Negre de Alonso (San Luis), Horacio Lores (Neuquén), Hilda González de Duhalde (Buenos Aires).

Abstenciones:

María Bongiorno (Río Negro), Fabián Biancalani (Chaco), Graciela Di Perna (Chubut).

Ausentes:

- FpV: Ada Iturrez de Cappellini (Santiago del Estero), Marina Riofrío (San Juan), Elida Vigo (Misiones), Sergio Mansilla (Tucumán).

- Opositores: Carlos Reutemann (Santa Fe), Juan Carlos Romero (Salta), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Emilio Rached (Santiago), Carlos Menem (La Rioja).
FUENTE:
Oficina de prensa del Senado.16/07/2010.-

EMIR SADER: neoliberalismo.

Sábado, 17 de julio de 2010
Opinión
Tesis equivocadas
Por Emir Sader *
La crisis actual significó el fin del neoliberalismo, de la hegemonía norteamericana y conducirá al fin del capitalismo.

- La mayor equivocación de esta visión es considerar que un modelo, una hegemonía o un sistema social termina sin que sea derrumbado y sustituido por otro cuando el Sur del mundo –u otro bloque– proponga alternativas y sea capaz de construirlas. El neoliberalismo no ha terminado, se modera con grados de apoyo estatal.

Se puede y se debe cambiar el mundo sin tomar el poder.

- El proyecto de transformaciones profundas de la sociedad “por la base” sin que desemboque en la alteración de la relaciones de poder, no conduce a ningún proceso real de transformaciones de las sociedades latinoamericanas. Por el contrario, los movimientos sociales –como los bolivianos– que transformaron su fuerza social en fuerza política son los que protagonizan procesos reales de cambio en el mundo.

El Estado nacional se convirtió en un elemento conservador.

- Los gobiernos progresistas de América latina se están valiendo del Estado sea para regular la economía, para inducir el crecimiento económico, para desarrollar políticas sociales, entre otras funciones. Son los gobiernos neoliberales los que desdeñan al Estado y transforman sus funciones en mínimas, dejando espacio abierto para el mercado. Los procesos de integración regional y de alianzas en el Sur del mundo tienen también a los Estados como protagonistas indispensables.

La política se tornó intrascendente.

- Falsa afirmación. Los gobiernos progresistas de América latina rescataron el papel de la política y del Estado. Si no hubieran hecho eso, no podrían reaccionar como lo hacen ante la crisis.

En nuestras sociedades hay millones de “inaptos para el empleo”.

- Esta afirmación, originalmente de Fernando Henrique Cardoso, buscaba justificaciones para los gobiernos oligárquicos: que gobernarán siempre sólo para una parte de la sociedad, excluyendo a los más pobres, ahora bajo el pretexto de un supuesto “desempleo tecnológico” que prescindiría de gran parte de los trabajadores. Los gobiernos progresistas asocian el reimpulso al desarrollo económico con la elevación constante del empleo formal y el aumento del poder adquisitivo de los salarios.

Los movimientos sociales deberían mantener su autonomía con relación a la política.

- Los movimientos sociales que obedezcan a esa visión abandonarán la lucha por la construcción de hegemonías alternativas, aislándose, cuando no desapareciendo de la escena política, cuando se pasa de la fase de resistencia a la de construcción de alternativas. Hay que recordar que movimientos como los indígenas de Bolivia formaron un partido –el MAS–, lucharon y eligieron a su principal líder como presidente de la República. En otros países, los movimientos sociales participan en bloques de fuerzas de apoyo a los gobiernos progresistas manteniendo su autonomía, pero participando directamente en la lucha por la construcción de una nueva hegemonía política.

Sólo se sale del neoliberalismo a través del socialismo.

- Hay quienes afirman que como el capitalismo ha llegado a su límite con el modelo neoliberal –sea por la mercantilización general de las sociedades, sea por la hegemonía del capital financiero–, sólo se saldría de él con el socialismo. No se tienen en cuenta las regresiones en los factores de la construcción del socialismo, del Estado, de la política, de las soluciones colectivas, del mundo del trabajo, entre otros. Las transformaciones introducidas por el neoliberalismo –entre ellas, la fragmentación social y el “modo de vida norteamericano” como forma dominante de sociabilidad– representan obstáculos que sólo podrán ser vencidos en una larga y profunda lucha política e ideológica, para volver a colocar el socialismo a la orden del día.

La alternativa a los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay sólo está a la izquierda y no a la derecha.

- El fracaso de los intentos de construcción de alternativas radicales a la izquierda de esos gobiernos confirma que la polarización política se da entre los gobiernos progresistas y las fuerzas de derecha. Esta situación ha llevado a que frecuentemente sectores situados a la izquierda de esos gobiernos tengan objetiva e incluso conscientemente que aliarse con el bloque de derecha, terminando por definirse sin equidistancia de ambos bloques, viendo al bloque progresista como enemigo fundamental.

Los actuales procesos de integración son de naturaleza capitalista.

- Esa visión descalifica todos los procesos de integración regional, porque no se realizarían mediante una ruptura con el mercado capitalista internacional, porque representarían integraciones en el marco de sociedades capitalistas. Se incluirían no sólo Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, sino también Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador. Se deja de comprender la importancia de la creación de espacios de intercambio alternativos a los tratados de libre comercio. No se entiende la importancia de la lucha por un mundo multipolar, debilitando la unipolaridad imperial norteamericana. No se entiende cómo el ALBA promueve formas de intercambio alternativas al mercado, a las reglas de la OMC, en la dirección de lo que se llama “comercio justo”, solidario, de complementariedad y no de competencia.

Existe una izquierda buena y una izquierda mala.

- Quien sostenga esta posición quiere dividir a la izquierda, intenta cooptar a sus sectores más moderados y aislar a los más radicales. La izquierda es antineoliberal y no está a favor de los TLC, privilegia las políticas sociales y rechaza los ajustes fiscales con los matices que tiene cada uno de los gobiernos progresistas.

El período actual es de retroceso en América latina.

- Algunos sectores, con criterios desvinculados de la realidad concreta, difunden visiones pesimistas, desalentadoras, de América latina. A veces usan el criterio de la posición que ocupan los movimientos sociales en cada país con relación a la constitución de los gobiernos para definir si hay avances o no, en vez de definir la naturaleza de esos movimientos en función de la posición que tienen en relación con esos gobiernos. Subordinan lo social a lo político, sin darse cuenta de los extraordinarios avances del continente, mayores si se comparan con la década anterior y con el marco internacional profundamente marcado por el predominio conservador. Es un pesimismo producto del aislamiento social, de quien está al margen de las formas concretas por las cuales avanza la historia en el continente.

En elecciones como la uruguaya, brasileña y argentina, para la izquierda da lo mismo quién gane.

- Se dice eso como si la victoria de Lacalle o de Mujica representaran la misma cosa, o como si el retorno de los “tucanes” o la victoria de Dilma Yousseff tuviera el mismo sentido, como si la sustitución de los Kirchner por Duhalde, Reutemann, Cobos o algún otro prócer de la derecha argentina significaran lo mismo para el país. Consideran que se trataría de “contradicciones interburguesas”, sin mayor incidencia, desconociendo el alineamiento de las principales fuerzas políticas y sociales de cada uno de los dos campos, pero sobre todo las posiciones de profundización y extensión de los procesos de integración regional o de los TLC, de prioridad de las políticas sociales o de ajuste fiscal, del papel del Estado, de la actitud con relación a las luchas sociales, al monopolio de los medios privados, al capital financiero entre otros temas, que diferencian claramente a los dos campos.

El nacionalismo latinoamericano contemporáneo es de carácter burgués.

- Desde que comenzaron a resurgir ideologías nacionalistas en América latina con Hugo Chávez, hubo gente que se apresuró a compararlo con Perón, a descalificarlo como “nacionalismo burgués” o simplemente como nacionalismo que nada tenía que ver con la lucha anticapitalista, etcétera. Usaron aquí también clichés sin hacer análisis concretos de las situaciones concretas. El nacionalismo de gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador –que recuperan para el país los recursos naturales fundamentales de que disponen– es parte integrante de la plataforma antineoliberal y anticapitalista de esos países. Cada fenómeno adquiere naturaleza distinta, según el contexto en que está inserta cada reivindicación, conforme cada gobierno asume un carácter diferente. En el caso del actual nacionalismo, en América latina está promoviendo, además de lo anterior, procesos de integración regional que le dan un carácter no sólo nacional sino latinoamericanista.

* Secretario general de Clacso.

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lunes, 12 de julio de 2010

JUICIOS por CRIMENES de LESA HUMANIDAD

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El país|Jueves, 8 de julio de 2010
779 acusados, 464 detenidos
Hasta el momento hay 779 militares y civiles acusados por delitos de lesa humanidad. Según un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos ya se enjuiciaron 123 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas mientras que 13 fueron absueltos. Los detenidos suman 464 y más de la mitad, el 55 por ciento, permanece en unidades penitenciarias. El 39 por ciento está en su domicilio, el 4 por ciento en unidades de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento en hospitales y el extranjero.

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RODOLFO WALSH

Compañeros

Lo que sucede en Colombia, México, Perú, Honduras, no son hechos aislados que no nos competan o que no nos afecten directamente a todos los latinoamericanos, según creen algunos compatriotas. La ausencia de información en varios medios de nuestro país resulta alarmante, también lo es la deformación de las noticias que recibimos de parte de algunos de ellos. Si en estos momentos estuviera Rodolfo Walsh entenderíamos mejor el alcance de lo que parecen ser "fogatas aisladas".
EEUU hace años que prepara para América Latina su “guerra de baja intensidad”, el proyecto meticulosamente elaborado tiene un alcance que abarca hasta el año 2.015. Lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en México, Perú, Honduras y en Bolivia, no son hechos casuales.
¿Por qué mencioné a Walsh?. Porque si me guío por opiniones vertidas en el diario Clarín o en el canal de TV. C5N y otros, parece ser que aún existen argentinos que ignoran (o pretenden ignorar) cómo deben informar a la población. Walsh debería ser emulado por estos señores. Para aquellos que no recuerdan quién era el compañero montonero Rodolfo Walsh les haré una breve reseña, tan breve como lo fue su vuelo libertario.
Era narrador, cronista y dramaturgo argentino, nacido en la provincia de Río Negro. Ejerció el periodismo y figura entre los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976-1983 ( presidida sucesivamente por Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo F. Galtieri) aunque sí se tiene constancia de su muerte, ocurrida el 25 de abril de 1977, cuando un pelotón especializado pretendió detenerlo en plena calle de Buenos Aires. Sus agresores le mataron allí mismo, aunque su cuerpo nunca ha aparecido. Walsh se dedicó a la denuncia social y a la investigación de casos escandalosos y criminales de la vida política y sindical de nuestro país, siempre en relación con diversos matices del realismo social y psicológico (“Operación masacre”; “¿Quién mató a Rosendo García?” y “El caso Satanowski”, entre otros).
Su muerte fue otra de las demostraciones de los planes previamente concebidos por el país del Norte, junto a la colaboración que en su momento prestaron algunos militares franceses. Me refiero al Plan Cóndor (entre otros); ahora avistamos algunos de los alcances de los planes Colombia, México, Perú, Honduras, Chile... Planes meticulosamente elaborados, con un alcance hasta el año 2015.
El día 17 de septiembre de 2008 relató todo esto, con magnífica precisión, una entrevistada de la señora Mona, ex locutora de Radio Nacional de capital federal. ¿Por qué me refiero a todo ésto en este momento? Quizá porque a mí me enseñaron que si veía una serpiente venenosa cerca tenía dos opciones: o le cortaba la cabeza o me alejaba de ella.
Quiero cerrar esta nota algo atípica con una frase de Bertolt Brecht: “ Mi general, el hombre es muy útil. Sabe robar, sabe matar. Pero tiene un defecto: sabe pensar”. Un fuerte abrazo.


Glasy