VIVA CRISTINA FERNANDEZ de KIRCHNER NOBEL de la PAZ 2013 ¡¡¡

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Te permitirá estar bien informado y podras sacar tus propias conclusiones , sobre lo que pasa en Argentina y los paises de America.



Nuestra linea editorial es la defensa estratégica de los Derechos Humanos, la Democracia popular y la Justicia Social.



Buscamos que durante este siglo XXI, concretemos la Revolución Cultural que soñaron nuestros compañer@s y familiares desaparecidos y asesinados , por todas la dictaduras y tiranias a los largo de America.



Nos mueve, la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparacion Integral para con las victimas de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los pueblos de America.



Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



martes, 6 de noviembre de 2012

DE LA SOTA CON LA FUNDACION MEDITERRANEA

¡¡¡ VIVA  CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER NOBEL DE LA PAZ  2013 ¡¡


DE LA SOTA CON LA FUNDACION MEDITERRANEA

 

EL GOBERNADOR de los MONOPOLIOS PRIVADOS NEOLIBERALES de CORDOBA, ESTUVO en el ENCUENTRO con la  FUNDACION MEDITERRANEA y CRITICO A CRISTINA y al EXITOSO PROGRAMA NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO  que  SACO a la  ARGENTINA del POZO DONDE la HUNDIO al MENEMISMO.

NO HABLO del PRIMER DESAPARECIDO en  DEMOCRACIA , el COMPAÑERO FACUNDO RIVERA ALEGRE, TAMPOCO del DEUDA de la  PROVINCIA y de la  MALA ADMINISTRACION que  LLEVA ADELANTE SU MAL GOBIERNO.

DEBIO RECONOCER la  POLITICA de DDHH que  PRESTIGIA al PAIS y de la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO COMO POLITICAS CORRECTA del GOBIERNO de CRISTINA.

CRITICO AL DOCTOR HONORIS CAUSA de la  UNC, ERNESTO LACLAU, CUANDO el NO TIENE NINGUNA AUTOCRITICA al NEOLIBERALISMO MENEMISTA QUE PRACTICA DESDE SIEMPRE.

FUE UNA VERDADERA DESILUSIÓN, PORQUE PERSISTE en las  POLITICAS ERRONEAS que se  PRACTICAN en  EUROPA y que  FRACASAN….AUMENTANDO LA POBREZA y la  DESUNION DE LOS PUEBLOS.

JOSE MANUEL DE LA SOTA SIGUE CON MACRI, DUHALDE, MOYANO y los NEOLIBERALES QUE FUNDIERON AL PAIS…..

NOSOTROS SEGUIMOS CON CRISTINA, NESTOR y el PROYECTO NACIONAL, POPULAR y DEMOCRATICO QUE TRIUNFA EN AMERICA LATINA.

Lic. CECILIO MANUEL SALGUERO

CORDOBA

ARGENTINA

7/11/2012

martes, 30 de octubre de 2012

CORDOBA: LEY 10048/12

¡¡¡ VIVA CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER NOBEL DE LA PAZ  2013 ¡¡


 

 

 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

 

 

 

 

12º REUNIÓN

 

2º SESIÓN ESPECIAL

 

     24 de marzo de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA


 

 

 

 


 

 

 

S U M A R I O

 

1.- Izamiento de la Bandera Nacional

 

2.- A) 24 de Marzo de 1976. Golpe de Estado. Repudio. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Actividades conmemorativas. Adhesión. Proyectos de resolución compatibilizados (8753, 8759 y 8788/L/12) de la legisladora Fernández, de los legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar y de la legisladora Marta Juárez, respectivamente. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …

 

B) Campaña “Servilletas por la Identidad”, creada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (8761/L/12) del legislador Brouwer de Koning. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …

 

C) Libro “Resistir por la vida – Memoria de una resistencia”, de Enrique Asbert. Interés Legislativo. Proyecto de declaración (8781/L/12) del legislador Carlos Alesandri. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba …

 

3.- Subsidio honorífico: “Reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura”. Creación. Proyecto de ley (8673/L/12) del legislador Alesandri, con despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y en particular …

 

 

En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de marzo de 2012, siendo la hora 12 y 26:

 

 

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores, solicito que ocupen sus bancas para dar inicio a la sesión y a las barras que por favor obren con respeto, ya que se trata de una sesión que sin lugar a dudas tiene características más que especiales y sentimientos profundos que involucran a mucha gente.

       Por favor, nos respetemos entre todos, tengamos tolerancia y nos entendamos. (Aplausos).

       Quiero agradecer que en esta sesión especial convocada por un motivo y objetivo que hace a nuestra Argentina, contemos con la presencia de ministros del Gobierno  la Provincia de Córdoba y de organismos de los derechos humanos, además de hacerles saber a ustedes que desde este Poder Legislativo estamos dándole el profundo agradecimiento por la presencia de todos los presentes.

       Hemos entendido que la convocatoria a que nos instaban las Cámaras de la Nación era importante porque tiene en sí misma la idea de tener en claro lo que ha pasado hace no muchos años en nuestra historia, de mantener viva  la memoria, de entender que la justicia y la verdad son elementos fundamentales para construir e ir reforzando esta democracia que todos tenemos que saber defender con tolerancia y respeto.

       Quiero comunicarles que desde esta Legislatura hemos convocado a los Concejos Deliberantes de nuestra Provincia a sesionar con este mismo objetivo y en este mismo día, para que, con simpleza pero con toda la fuerza de todos los cordobeses y de muchos argentinos, recordemos lo que nos pasó, transitarlo, revivirlo y pensar que con justicia y con verdad podemos construir un país mejor, trabajando juntos aun con disidencias y opiniones encontradas, pero sintiendo fundamentalmente que vivir en democracia es lo mejor que le puede pasar a nuestra Argentina. (Aplausos).

       Con la presencia de 62 señoras y señores legisladores, declaro abierta la 2º sesión especial del 134º Periodo Legislativo, convocada con el objeto de conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

       Voy a invitar a los presidentes de bloque a izar nuestra enseña patria en el mástil del recinto y a los demás señores y público presente a ponerse de pie.

 

-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, los presidentes de bloque, legisladores Sergio Busso, Roberto Birri, Luis Brouwer de Koning, Liliana Olivero y Aurelio García Elorrio proceden a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

 

 

-2-

A) 24 DE MARZO DE 1976. GOLPE DE ESTADO. REPUDIO. DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS. ADHESIÓN.

B) CAMPAÑA “SERVILLETAS POR LA IDENTIDAD”, CREADA POR LA ASOCIACIÓN ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, FILIAL CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.

C) LIBRO “RESISTIR POR LA VIDA – MEMORIA DE UNA RESISTENCIA”, DE ENRIQUE ASBERT. INTERÉS LEGISLATIVO.

 

Tratamiento conjunto.

 

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento en conjunto a los proyectos 8753, 8759, 8761, 8781 y 8788/L/12 del Orden del Día.

       Les recuerdo que se ha resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria que cada bloque cuenta con diez minutos en el uso de la palabra para el tratamiento en conjunto de estos proyectos.

Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.

 

Sra. Juárez.- Señora presidenta: hoy no es un día de festejo, no tenemos nada que conmemorar, con mucho respeto lo digo. Es un día de dolor por muchos argentinos que no están aquí, nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos en todo el país.

       Desde aquí, desde esta humilde banca, donde los ciudadanos que me votaron lograron que pudiera estar, estoy para seguir defendiendo los derechos humanos, pero los derechos humanos que no se negocian con nadie. La bandera de nuestros desaparecidos no puede ser negociada; la bandera de nuestros derechos humanos la conseguimos en la calle, desde que empezaron a desaparecer nuestros compañeros y hasta el día de hoy; felicitamos a nuestras compañeras madres y abuelas de nuestros compañeros -con mucho respeto “nuestras viejas madres”- que aún hoy prosiguen su lucha y terminarán sus vidas peleando por un país diferente.

       Fuimos una generación privilegiada porque pudimos desarrollar nuestra política de cambiar esta Argentina. No logramos hacerlo por el terror del genocidio, no logramos  llevar adelante la bandera. En esa época todos éramos iguales, no había de un color o de otro, todos trabajábamos en conjunto, y así también todos nuestros muertos nunca tuvieron un sueño de tal o cual organización, ni siquiera hijo, pariente o tío; todos nuestros muertos eran de todos.

       Desde esta banca, y también con mi bloque, respetamos todo lo que se lleve adelante; pero hay cosas que no se pueden permitir porque la lucha por los derechos humanos, el castigo a los genocidas y todos los beneficios que pueden haberse obtenido o no, haberlos compartido o no, es la lucha del pueblo.

       Nadie nos regaló nada. Entonces, con mucho respeto, quiero decir que, como nadie nos regaló nada, tampoco queremos que se nos utilice; mucho dolor causa que en propagandas televisivas se use “la noche de los lápices” para el boleto gratuito. También, con respeto, quiero decir que a todos aquellos que en una época dijeron “si las madres hubieran cuidado sus hijos no hubiera pasado nada”, y ahora gobiernan les pedimos, no de buena forma sino exigiendo, dejen de usar la bandera de los derechos humanos porque es la bandera de nuestro pueblo. Para todos, a todo nivel: a esta bandera la podemos llevar adelante los viejos, los de mediana edad y los pibes de hoy que, con mucha fuerza, salen a defender lo que nosotros llevamos adelante siempre.

       Señora presidenta: quería agregar que me sentía contenta de que, a través de las Comisiones de Derechos Humanos y de la lucha de nuestro pueblo, se hubiera conseguido una reparación histórica, eso merecen nuestros ex presos, ¡no un subsidio por pobreza!

       Señora presidenta: muchas gracias y, como siempre, digo: “Queridos compañeros desaparecidos, ¡presente ahora y siempre! (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Matar.

 

Sr. Matar.- Gracias, señora presidenta.

       Con muchísimo respeto tenemos que decir que hoy, sin lugar a dudas, todos sentimos orgullo de estar sesionando en esta sesión especial de la Unicameral cordobesa.

       Señora presidenta, señores legisladores: hay una cita que dice que “los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo”. Debe ser una obligación para esta Legislatura tener siempre presente esta fecha, y también debe ser una obligación del ciudadano mantener su memoria fresca para que no olvidemos el horror de esa época ya pasada –gracias a Dios- en la Argentina, etapa en la que se llevó adelante el más siniestro plan para instalar la dictadura militar y un sistema económico que favoreciera a grupos afines a ellos en desmedro del resto del pueblo argentino.

       Ese plan consistía, nada más ni nada menos, que en ejecutar a decenas de miles de luchadores gremiales y sociales, trabajadores, intelectuales, políticos y todo lo que entorpeciera al brutal régimen y a sus socios civiles. Es que ser joven, tener ideales y pensar distinto al poder de facto era un delito en la Argentina de esos tiempos.

       Pero no sólo bastaba con hacer desaparecer a la gente, se quedaban con sus bienes y, lo más atroz, se apropiaban de sus hijos y se los repartían como si fueran un simple botín de guerra.

       Señora presidenta: nuestro respeto a estas luchadoras, a ellas que, en 1977, en plena dictadura militar, llamaron la atención del mundo entero con sus rondas de los jueves en Plaza de Mayo y que, a pesar de ser mujeres, tuvieron los cojones para enfrentar a estos monstruos poderosos que no eran como ahora, que quieren parecer ancianos seniles. A las Madres, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a la CONADEP, el reconocimiento de todos nosotros por todo lo que hicieron para que conozcamos la verdad.

       Pero estos delincuentes, que trabajaban en contra de la democracia, no actuaban solos sino que tenían socios, había grupos económicos que usufructuaban con la represión que se había desatado; hace unos días, en un verdadero acto de justicia, se produjo el fallo que condena a militares y civiles, y ordena investigar a una empresa privada, “Loma Negra”, como instigadora del asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno.

       Estos “salteadores nocturnos”, como los llamaba don Arturo Illia –los llamó así el día que lo fueron a sacar a los empujones de su despacho cuando lo derrocaron-, también –como si fuera poco- socializaron la deuda externa privada a costa del pueblo argentino y en beneficio de esos grandes grupos.

       Desde el radicalismo adherimos a esta conmemoración porque estamos convencidos de que la recuperación del pasado sólo tiene sentido para dar respuesta al presente, razón por la cual bregamos por el ejercicio de la memoria colectiva, ejercicio que debemos emprender con auténtico espíritu constructivo y profundo ánimo de justicia. En este sentido, voy a citar a Raúl Alfonsín, quien en el prefacio de su obra “Memoria Política” hace referencia a un pasaje del Génesis en que un ángel le advierte a Lot: ¡“Sálvate! ¡No mires hacia atrás ni te detengas! ¡En ello te va la vida!”. La mujer de Lot, queriendo ver el exterminio de Sodoma y Gomorra, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Qué la llevó a mirar hacia atrás? Algunos podrán responder que fue la curiosidad; en todo caso, era una curiosidad para observar con odio y rencor el fin de sus enemigos.

Concluye diciendo el ex Presidente: “Yo creo que es necesario mirar hacia el pasado con ojos que contribuyan a la convivencia”. Hoy, nosotros decimos: convivencia, claro está, pero una convivencia fundada en la justicia que jamás pueda significar olvido, señora presidenta; por el contrario, presupone verdad como condición necesaria para alcanzar la paz como bien supremo.

Ese ejercicio de la memoria me retrotrae a mi adolescencia en Río Tercero. Yo concluí el sexto grado de la escuela primaria cuando los delincuentes que habían asaltado el poder en 1976 comenzaban a planear su huída, procurando hacerlo lo más impunemente posible, al extremo de remitir al juicio de Dios y de la historia los excesos que habían cometido; es decir, lisa y llanamente se estaban “autoamnistiando”. Pero la apertura de la democracia hacía presagiar un incipiente amanecer luego de esa larguísima noche. Así las cosas, comenzamos a transitar un camino que era desconocido para mi, al igual que para muchos jóvenes: el de la militancia política, y ahí descubrimos el valor que tiene la libertad, algo que a una generación entera se le había cercenado.

Nosotros crecimos en paralelo a la democracia, al informe de la CONADEP, llamado luego “Nunca Más”, y al juicio a las Juntas,  que nos acercaba al horror del pasado reciente. Los radicales lo sufrimos, pero también los sufrieron los peronistas, los socialistas y los comunistas, ya que muchos correligionarios, compañeros y camaradas fueron víctimas del terrorismo. Algunos brutalmente asesinados como Mario Amaya y Sergio Karacachof, brillantes cuadros del radicalismo, o como Jorge Diez, Ana Maria Villanueva y Carlos Oliva, que eran militantes de la juventud universitaria peronista. Muchos otros aún desaparecidos; algunos lograron sobrevivir como el actual presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Don Hipólito Solari Yrigoyen,  quien fuera víctima del terrorismo de Estado en democracia con las Tres A de López Rega, y luego en la dictadura de Videla también Atilio López, quien no logró sobrevivir.

En este contexto crecimos y nos ilusionamos con la militancia, convenciéndonos de aquella expresión con la que el fiscal Strassera cerrara la requisitoria del juicio a las juntas: ¡Nunca Más!

Para terminar, señora presidenta, a modo de reflexión, hoy decimos que las grandes calamidades siempre nos aleccionan y, sin lugar a dudas, el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período de la dictadura nos deja una enseñanza para los tiempos: la de comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los derechos de la criatura humana, sólo ella.

Así, con el compromiso de todos, señora presidenta, podemos estar seguros de que nunca más volveremos a vivir ese horror, nunca más.

Muchas gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.

 

Sr. De Loredo.- Muchas gracias, señora presidenta.

       Desde el bloque del radicalismo nos parece oportuno acompañar sentidamente este homenaje al golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976. Nos parece que es una oportunidad para reiterar una serie de conceptos que deben ser repetidos tantas veces como sea necesario para que, finalmente, queden guardados en la memoria de una sociedad.

       Seguramente, no es nada nuevo coincidir en que el rol del Estado, en lo que refiere a la postura que toma tras los acontecimientos sucedidos a partir del golpe, sea el de transitar el camino “de la verdad, de la justicia y de la memoria”. Pero sería bueno repetir, por lo menos, consistente y prolijamente, cada uno de estos conceptos.

“La verdad”: formo parte de un partido que seguramente tiene una visión crítica del balance histórico, de la violencia armada y de la izquierda revolucionaria, pero nos resulta tremendamente inaceptable que esa postura crítica a esos episodios pueda significar, de manera alguna, una justificación al terrorismo de Estado, como si se tratara de un juego de reacciones recíprocas por violencia recíproca.

       Nos parece un argumento tremendamente descabellado, siquiera, pretender justificar en el accionar delictivo de las personas y de los individuos la reacción clandestina criminal del Estado. Lo que hubo en la Argentina fue terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado supone, entre otras cosas, el quebrantamiento de los preceptos constitucionales y republicanos por parte de aquellos que tienen la obligación de velar por su cumplimiento.

       El terrorismo de Estado significó, en Argentina, la toma del poder democrático por parte de las Fuerzas Armadas a través de la fuerza; la aplicación de un plan sistemático de violencia, tortura, secuestro, apropiación y sustitución de identidad que terminó convirtiendo a los jerarcas militares en los dueños y señores de la vida de los argentinos. Esa es la verdad de lo que ocurrió a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

       “La justicia”: como otro de los objetivos en las políticas públicas del Estado, consiste, concretamente, en encontrar a los responsables, en identificarlos, en dirimir las culpabilidades y las jerarquías de las culpabilidades, en conocer a los responsables y en darlos a conocer.

       Señora presidenta: ninguno de los militares juzgados en el juicio a las Juntas, ni de los militares juzgados posteriormente, ni de los que hoy transitan los Tribunales Federales de la Justicia de la Nación ha sido ni va a ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso; ninguno ha sido ni va a ser juzgado por comisiones especiales ni sacado del juzgado natural designado por ley anterior al hecho del proceso; ninguno va a ser privado de su defensa en juicio de su persona ni de sus bienes; ninguno va a ser arrestado si no es por orden escrita emanada de autoridad competente; ninguno va a ser obligado a testimoniar en su contra; a ninguno se le violará su correspondencia privada, su domicilio, su correspondencia epistolar si no es por una orden escrita, que justifique las razones, emanadas de un juez y nunca de un jefe militar; a ninguno se le aplicó ni se le aplicará la pena de muerte por causas políticas abolida en el año 1852; a ninguno se le aplicarán tormentos y torturas, ni estarán depositados en cárceles, y, en su caso, serán sanas y limpias, y procurarán la rehabilitación del reo. Esto significa, simplemente, que no se le van a aplicar torturas, violaciones, homicidios ni simulacros de fusilamientos, ni operaciones de simulacro de combate, ni sustituciones de identidad, ni apropiación de sus hijos, ni confiscación de sus bienes, sino que estarán a la orden de un juez de la Nación que tendrá la responsabilidad de velar por su integridad física, que no padezca ningún tormento, siendo responsable del alojamiento carcelario de los detenidos; en definitiva, se le aplicarán todas las garantías constitucionales, las mismas que ellos negaron a sus  detenidos desaparecidos.

       La memoria, señora presidenta, como tercer paso de la política pública del Estado, es la férrea decisión de lograr que este triste episodio de la historia argentina sirva como ejemplo para las generaciones futuras y para que el olvido no sea caldo de cultivo para la repetición de la tremenda tragedia que vivió el pueblo de la Nación.

       Formo parte de un partido que acepta su historia sin beneficio de inventario, señora presidenta, con sus aciertos y errores, que tiene una responsabilidad ética de aceptar los logros vengan de quien vengan, sean de quien fueren. Es por eso que en este momento queremos, de alguna manera, formular un agradecimiento y reivindicación a una serie de políticas que fueron implementadas durante los gobiernos que presidieron Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

       Queremos agradecer y reivindicar la decisión tomada el 14 de junio de 2005 de abolir y anular para siempre las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitieron la reapertura de los juicios a los militares tras 20 años de parálisis de los mismos; queremos agradecer y reivindicar las políticas reparatorias destinadas a las personas y familiares de los que estuvieron detenidos clandestinamente;  agradecer y reivindicar la sanción de la Ley 26.521, del 21 de octubre de 2009, que prorrogó por dos años el período dispuesto para solicitar la indemnización patrimonial; agradecer y reivindicar la Ley 25.914, que establece los beneficios para aquellas personas que hayan sido víctimas de sustitución de identidad; agradecer y reivindicar la sanción de la Ley 26.564, que amplió los beneficiarios de las indemnizaciones por los atropellos padecidos por el Estado, que se fechó ya desde el año 1955; agradecer y reivindicar la creación del Museo de la Memoria en donde era la ex escuela de mecánica de la armada ESMA; agradecer y reivindicar la creación del Centro Cultural de la Memoria Oraldo Conti; agradecer y reivindicar la creación del Archivo Nacional de la Memoria; agradecer y reivindicar la creación del Centro de Asistencia de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos; agradecer y reivindicar el simbólico acto de haber descolgado los cuadros de Videla y Bignone; agradecer y reivindicar la jerarquización del Banco Nacional de Datos Genéticos; agradecer y reivindicar la función del Ministerio de Ciencia y Tecnología para tratar de repatriar la fuga de cerebros que padecimos en el ’76; agradecer y reivindicar la existencia de más de 500 causas en funcionamiento; agradecer y reivindicar hechos concretos, señora presidenta. Desde el radicalismo los agradecemos y los reivindicamos.

       Pero debo confesarle que nuestro análisis no sería completo ni mucho menos sincero si, paralelamente a esos hechos de reivindicación, no manifestáramos la profunda preocupación que nos embarga a los radicales. Nos preocupa seriamente la reinvención de la historia; nos preocupa seriamente la utilización política de los derechos humanos.

       Néstor Carlos Kirchner jamás realizó un solo acto en defensa de los detenidos durante la dictadura militar, ni tampoco lo hizo recién venida la democracia cuando gobernaba Río Gallegos o la Provincia de Santa Cruz; no ofreció ninguna misa en conmemoración del 24 de marzo, y hasta llegó a prohibir que dichas conmemoraciones se realizaran en edificios públicos en la Provincia de Santa Cruz. La rigurosidad de los hechos dan cuenta que no se conoce un solo Habeas Corpus que haya presentado el ex Presidente desde su estudio jurídico; en cambio, si se conoce la votación por la negativa en el Parlamento de la Provincia de Santa Cruz del proyecto de Argentino “Cococho” Álvarez, del FREPASO, que proponía que se incorpore en la currícula escolar del secundario instrucciones para que los jóvenes conozcan acerca de lo que había acontecido y padecido la Argentina en la década del ’70. El bloque que votó por la negativa aquel proyecto lo integraba Cristina Fernández de Kirchner y Carlos “Chino” Zanini, y entre las explicaciones entendían que se incomodaba a las familias militares que habitaban en la Provincia.

       Señora presidenta: la pregunta, en definitiva, es la falta de compromiso previo…

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador, le pediría, sin tener la menor intención de cercenar el uso de la palabra, si pude ir cerrando su alocución, por lo convenido y porque hay más gente que desea hacer uso de la palabra.

       Muchísimas gracias y le pido disculpas por la interrupción.

       Continúa en el uso de la palabra legislador De Loredo.

 

Sr. De Loredo.- Voy a tratar de redondear lo más rápido que se pueda.

       La pregunta que formulaba era si la falta de compromiso previo de alguna manera echa por tierra los logros objetivos y concretos que después vinieron; si es oportunismo o si es simplemente un reconocimiento tardío. En verdad, la respuesta que nos damos es que a esta altura es simplemente una anécdota porque lo que importa son los pasos concretos y los avances sustanciosos y definitivos que se propiciaron en la materia. Pero no vamos a reivindicar, desde nuestro partido, que permanentemente se diga desde el Gobierno –como se dijo en marzo de 2004– que este fue el único Gobierno que vino a reparar y a contemplar el reclamo de los derechos humanos, desconociendo, ni más ni menos, el juicio a las Juntas que lograra condenar a los más altos funcionarios y jerarcas militares, hecho que no tiene parangón en la historia internacional de los Estados que han sometido a sus sociedades a esas dictaduras.

¿Dónde están? Esa es la pregunta a formular para ponderar la entidad política, internacional y jurídica del Juicio a las Juntas. ¿Dónde están los juicios a los jerarcas militares del musolinismo y del franquismo? ¿Dónde están los juicios a lo militares de las dictaduras de Pinochet, en Chile; de Somoza, en Nicaragua; de Duvalier, en Haití; de Stroessner, en Paraguay, de Meza, en Bolivia? No se conoce, no los busquen, no existen. No hay paralelo en la historia contemporánea ni pasada en el contexto internacional de un juicio donde se haya aplicado el rigor de la ley y haya juzgado en un momento histórico en donde se miraba hacia atrás y se veían gobiernos democráticos permanentemente interrumpidos por el uso de la fuerza, y de ninguna manera se sabía si lo que ya era costumbre volvería a suceder y un nuevo golpe de Estado tiraría todo por la borda. Se tomaban las decisiones con el coraje de no medir especulaciones. Esto fue lo que también formó parte de la historia, y nos preocupa la reinvención de la misma.

Pero le confieso, señora presidenta, que lo que más nos preocupa es la utilización política de los derechos humanos, las organizaciones de los derechos humanos deben preservarse del fogoneo de la política, están para cuidar derechos universales que nos atañen a todos los argentinos y no para utilizarse en campañas electorales ni en tribunas de ningún gobierno de turno.

Señora presidenta, nos preocupa el discurso del Gobierno nacional cuando encuentra en cada disidente a las posturas de un gobierno un cómplice de la dictadura; nos preocupa –y lo digo también como joven– y me preocupa terriblemente como generación que de pronto empecemos a ver que la gran masa de jóvenes, que lamentablemente se debaten entre la indiferencia y la política, empiecen a sugerir livianos comentarios de crítica a nuestras Madres y Abuelas de Plazo de Mayo. No se puede apropiar de los símbolos…

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: no me obligue a tener que cambiar el ritmo; por favor, le pido que vaya terminando porque todavía queda un orador de su bloque.

       Se lo agradezco profundamente por todos los presentes.

 

Sr. De Loredo.- Finalmente, señora presidenta, este es nuestro aporte a este episodio tan caro para la historia argentina. El mensaje que desde el radicalismo queremos trasmitir es el siguiente: aceptamos la historia con sus errores y sus aciertos, reivindicamos y agradecemos los logros concretos y los pasos firmes, pero queremos preservar del prestigio futuro -que no sé cuál será, podrá ser bueno o malo- y de quienes nos gobiernen en la Provincia, en el país o donde fuera, una bandera que es la de la Patria y supera las diferencias y las posturas partidarias.

       Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

 

Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: en este Día de la Memoria el bloque de la Unión Cívica Radical, haciendo partícipe a toda la Legislatura, quiere dar su apoyo a un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo, Filial Córdoba, cuyo objetivo es alentar la recuperación de la historia y de la identidad de los niños apropiados ilegítimamente durante la última dictadura.

       Nuestro apoyo es a la campaña denominada “Servilletas por la Identidad”, servilletas que serán repartidas gratuitamente en distintos bares y restaurantes de la ciudad y de la Provincia adonde concurren fundamentalmente jóvenes nacidos entre los años 1975 y 1980, en las que dice: “Si tenés dudas de tu identidad acercate a Abuelas”.

       Conocer la verdad es una condición que hace a la dignidad de la persona o a su autodeterminación, algo a lo que refiere el artículo 7º de la Convención de los Derechos del Niño -con rango constitucional en la actualidad-, al disponer en su inciso 1): “El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a su nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8º, inciso 1) dice: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y la relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. En su inciso 2) dice: “Cuando un niño sea privado ilegítimamente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a reestablecer rápidamente su identidad”.

       Los niños apropiados fueron sustraídos de un sistema de parentesco e incluidos violentamente en otro que reniega de lo instituido por los padres. Entendida la familia como el ámbito donde se desarrolla la persona y que desempeña un papel fundamental en la transmisión de cultura asume importancia vital la formación de la identidad en ese ámbito, en tanto está relacionada con la transmisión de valores y tradiciones y con la inserción en un grupo humano amplio que tiene carácter biológico y cultural.

       En ese sentido, el informe de la CONADEP, entregado al Presidente de la Nación en septiembre de 1984, expresó: “Cuando un niño es arrancado de su familia legítima para insertarlo en otro medio familiar elegido según una concepción ideológica de lo que conviene a su salvación, se está cometiendo una usurpación de roles”. Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto decidieron la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone

un botín de guerra; despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares, los niños desaparecidos constituyen –y constituirán por largo tiempo- una profunda herida en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable, a lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento.

       El tránsito democrático permitió, asimismo, afirmar los paradigmas en materia de filiación, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que exige la aplicación de los principios de verdad biológica y transparencia, lo que impone que la persona tiene derecho a conocer su origen y, en caso que hubiese cambios en su situación familiar, tiene derecho a conocer el origen y evolución de esas relaciones familiares.

       La idea que prima en el derecho humanitario es que permitir el acceso a la narrativa personal posibilita responderse a: ¿quién soy? Y afirmarse en las raíces que otorgan estima y autodeterminación.

       Frente a la búsqueda de sus hijos o nietos, Abuelas  se convierte en protagonista clave de la última década de la historia. En el presente no podemos hablar de identidad  sin reconocer el trabajo y la lucha que llevan adelante, desde los años ’70, tanto en fueros nacionales como internacionales, que se refleja nítidamente en la dimensión cualitativa, en lo doctrinario y jurisprudencial que adquirió la temática de la identidad.

       La sanción de la Ley 23.511 crea, en 1987, el Banco Nacional de Datos Genéticos, a fin de obtener y almacenar información genética que facilita la terminación y esclarecimiento de los conflictos relativos a la filiación. El Banco Nacional de Datos Genéticos funcionará en el Servicio de Inmunología del Hospital Durán, dependiente de la Municipalidad de Buenos Aires.

       Sonia Torres, una de las Abuelas tan queridas en nuestra Provincia por esta lucha, en una entrevista supo expresar: “En Córdoba hubo 22 embarazadas; 22 casos de chicos apropiados que estamos buscando. No a todas las hicieron parir en Córdoba porque Menéndez tenía el dominio de 10 provincias, y un pacto de sangre porque hizo participar a todos y nadie se animaba a hablar. Era un tipo que imponía respeto y le tenían mucho miedo. Nadie se quebró para decirnos donde está Silvina –su hija-, una de las pocas que dio a luz acá; el resto no sabemos donde pudieron haber parido y donde fueron entregados los chicos o adonde se han ido esas familias”.

       Entre los niños recuperados en la última década por la Organización, conocemos la historia del nieto número 98 recuperado, cuyo origen es en la Provincia de Córdoba. Su historia es la de un doble desaparecido, de madre militante peronista, secuestrada en octubre del año 1979 y desaparecida; ninguno de los familiares supo que estaba embarazada en el momento de su detención. El niño nació en cautiverio, en el Hospital Militar Campo de Mayo, y encaró su propia búsqueda de la identidad a partir de la sospecha.

       Las Abuelas de Plaza de Mayo en el presente pueden hablar de una historia y de la búsqueda que le precede, y los testimonios de los niños recuperados, sin excepción, permiten que apreciemos la importancia que cobran los lazos del origen en la historia personal.

       La iniciativa de Abuelas merece el apoyo de toda la ciudadanía por tratarse de un tema trascendente a la construcción del Estado, el Gobierno en su conjunto debe facilitar todos los medios a nuestro alcance y bregar por la recuperación de historias familiares y por la identidad.

       Por estos motivos, señora presidenta, y por los que serán expuestos, solicitamos a todos nuestros pares el impulso en su conjunto para que aprobemos por unanimidad este proyecto.

       Muchas gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: quiero contar a esta Cámara que desde que la Izquierda logró una representación en la Legislatura de Córdoba, siempre hemos jurado por la memoria de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos.

       Desde entonces, allá por el 2001, en cada oportunidad en que el voto popular nos ha permitido retener esta banca de Izquierda, hemos optado por la misma fórmula, porque esta fórmula representa para nosotros un compromiso y el de miles y miles de luchadores que durante muchos años bregaron por la memoria, la verdad, la justicia y en contra de la impunidad.

       Hoy, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, desde nuestra bancada, queremos aprovechar este repudio al genocidio del año ’76, queremos recuperar esa memoria de aquellos luchadores; a través de sus luchas y reclamos nos sentimos identificados. Por eso nuestro compromiso, hoy 24 de marzo, como todos los años.

       También creemos que a pesar de haber sentado en el banquillo de los acusados -producto de nuestra lucha- a los principales genocidas como Menéndez y Videla, la impunidad sigue vigente. Miles de genocidas, militares y civiles aún están en libertad. Las causas no han sido unificadas y siguen sin abrirse justamente los archivos de la dictadura. Por eso, este 24 de marzo nos vamos a movilizar en todo el país en contra de esta impunidad.

       También vemos que los trabajadores y los sectores populares viven momentos difíciles, muy difíciles, el aparato represivo sigue intacto. Hay cinco mil luchadores sociales y sindicales que están procesados por luchar.

       La reciente promulgación de la llamada “Ley Antiterrorista”, que pretendíamos que el miércoles pasado esta Cámara se pronunciara por su anulación, y la posible modificación del Código de Faltas, completamente inconstitucional en nuestra Provincia, apuntan a reforzar la represión a quienes reclaman.

       Aún hoy se utiliza la Gendarmería para espiar a los luchadores a través de ese conocido “Proyecto X”.

       Reprimieron a los trabajadores estatales en Santa Cruz, a los pueblos originarios, a los ex combatientes y a tantos otros.

       Los pueblos de Catamarca y de La Rioja, que luchan contra la megaminería en defensa de su territorio, de sus recursos naturales, han sido las primeras víctimas de esta repudiada Ley Antiterrorista.

       Por eso y contra esta impunidad, también vamos a marchar esta tarde. Queremos aprovechar para decir, señora presidenta: señores legisladores no podemos despegar la lucha que llevaron adelante nuestros compañeros detenidos desparecidos de la que hoy están llevando adelante los trabajadores y los sectores populares.

       Entonces, creemos que en orden de estas tareas que están planteadas, es más necesario que nunca movilizarnos este 24 de marzo. Es por ello que vamos a marchar en todo el país, y por supuesto en Córdoba también, para gritar muy fuerte: “cárcel a los asesinos de ayer y de hoy, tanto militares como civiles, en contra de la Ley Antiterrorista y el espionaje oficial, por el desprocesamiento de todos los luchadores, por el juicio y la condena de todos los asesinos de Mariano Ferreyra, por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de la masacre de Once, por un salario igual a la canasta familiar, para acabar con la mega minería, los tarifazos y los impuestazos”. (Aplausos).

       Ante esa memoria de nuestros compañeros desaparecidos –que en particular tengo algunos que quisiera mencionar pero no lo hago para no dejar afuera a otros-, en su nombre, queremos repetir una vez más que nos comprometemos a seguir diciendo “¡Presente!” en la lucha hasta conseguir esos sueños, los sueños de ellos que son los nuestros, por una Argentina socialista y liberada, por una segunda y definitiva independencia contra la opresión imperialista y la explotación capitalista. (Aplausos).

       Por último, señora presidenta y señores legisladores, en este camino –muchos lo saben- estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en cada plaza, y en cada calle de este país; por la memoria, la verdad, la justicia y en contra del ajuste, el saqueo, el espionaje y la represión, por la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos: ¡presente! (Aplausos).

 

-Manifestaciones y cánticos en las barras.

 

Sra. Presidenta (Pregno).-Chicos, por favor…

       Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

 

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, adhiero plenamente a su convocatoria a esta sesión especial y a las palabras del decreto pertinente cuando dice: “…aquella infausta fecha en 1976 marcara el inicio de la más sangrienta dictadura de las que hubo en nuestra Patria. En cada proyecto se menciona invariablemente la necesidad de mantener viva la memoria para hechos que como estos nunca más se repitan”.

       Señora presidenta, solo quiero agregar a sus palabra lo siguiente: el Estado no está para matar a la gente sino para  garantizar el bien común; el Estado no está para hacer desaparecer personas, está para cuidarlas; el Estado no está para aplicar técnicas nazis como se aplicó en los primeros años del año ‘76, como fue la técnica de “Nacht und Nebel” o “Noche y Niebla”, donde el desaparecido no está muerto, el desaparecido no está vivo; el Estado no está para tirar a personas desde aviones al agua.

       Vergüenza me da que cuando uno recorre el mundo la gente invariablemente pregunta si eso fue cierto y uno tiene que decirles que sí, que fue cierto, que en la República Argentina se tiraba gente adormecida desde los aviones al mar.

Decía, el Estado no está para secuestrar y torturar; el Estado no está para fusilar. No hay, señora presidenta, forma de no juzgar estos hechos, que no son sólo imprescriptibles por el jus cogens; sino porque ninguna sociedad que no juzgue tiene la mínima posibilidad de salir adelante.

       Quiero agregar, señora presidenta, ateniéndome al tiempo que generosamente usted me acordó, que es uno de los acontecimientos que no miré a la distancia. Ingresé a la Universidad Nacional de Córdoba en marzo de 1972 y me recibí de abogado el 15 de octubre de 1975, durante el gobierno justicialista pero mi diploma me lo entregó en marzo un interventor militar. Mi primera defensa penal, en abril o mayo de ese año, fue de una prima, correo del ERP, española como su madre, para quien desesperadamente me solicitaron mi primer servicio profesional. O sea que he vivido, desde el lugar donde me tocó vivir, la historia que hoy recordamos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Borello.

 

Sr. Borello.- Señora presidenta: han pasado treinta y seis años desde aquel 24 de marzo, trágica fecha convertida hoy en un icono que nos sirve para mantener viva la memoria, para reflexionar, para consolidar el aprendizaje y maduración que hemos tenido como pueblo en todos estos años de continuidad democrática.

       Hoy los argentinos valoramos a la democracia como el único instrumento con el que nuestro pueblo puede ejercer su soberanía. No se nos ocurre otra forma para solucionar los problemas que enfrentamos como sociedad.

       Cada uno de nosotros es parte de construcciones políticas que tienen matices e ideologías distintas, hasta absolutamente contrapuestas, pero todos tenemos algo en común: la libertad y el derecho de expresar nuestras ideas y convicciones, justamente lo que no tuvieron quienes en aquellos años trágicos intentaron hacerlo. Ese intento, en muchos casos, generó terribles consecuencias; una compensación económica no subsanará, seguramente, la desintegración de familias, los derechos aniquilados ni el horror vivido, pero será un reconocimiento de la sociedad cordobesa a quienes perdieron su libertad por el solo hecho de manifestar sus ideas políticas.     De esta forma, anticipo mi voto positivo al proyecto de ley que se tratará hoy en este recinto.

       Finalmente, quiero rendir un humilde homenaje, desde el bloque Consenso Córdoba, a todas las víctimas de aquellos años nefastos vividos en nuestra querida República Argentina. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

 

Sra. Fernández.- Señora presidenta: en nombre del bloque de Unión por Córdoba agradecemos la presencia de miembros de la Comisión de la Memoria y también agradecemos al compañero Asbert por su libro “Resistir por la Vida”. Gracias Quique por este libro que todos tenemos aquí.

       Escuchaba atentamente a los legisladores preopinantes y venimos con toda la disposición  para honrar a los 30.000 compañeros que dieron la vida por una patria más justa, más libre, más soberana, más inclusiva, por una Argentina socialmente justa, por una Argentina donde se respete la Constitución y los derechos constitucionales. Por todo esto dieron la vida muchos compañeros. A todos ellos les debemos, de alguna manera, estar sentados en estas bancas.

       Recién me encontré con Leo, un joven presente en este recinto, que nació en 1985, y pensé que muchos de los que estamos sentados acá –por no decir la mayoría- nacimos antes de 1983, antes de que se iniciara este proceso democrático y, por lo tanto, tenemos resabios de una dictadura nefasta y de años tremendamente violentos que tuvieron como único objetivo implantar determinadas medidas económicas para que resultara el saqueo y favorecer económicamente a determinados grupos concentrados, que son responsables civiles y que utilizaron a las Fuerzas Armadas, las que dejaron de cumplir con lo que les obliga la Constitución para levantar un fusil en contra de un compatriota, en consecuencia, devienen en traidores a la Patria.

       Reflexionábamos en nuestro bloque acerca de la memoria, la verdad y la justicia y, francamente, el ejercicio de la memoria sigue resultando necesario, no sólo porque es una función del cerebro sino para no volver para atrás ni ver para atrás y convertirnos en sencillas estatuas de sal; queremos mirar para atrás para poder mirar para adelante, para restituir derechos, para construir un presente y un futuro mucho mejor, porque ése es el mandato de la continuidad histórica, al que estamos obligados como peronistas; por continuidad y por conciencia histórica. Por ser herederos de las montoneras federales, por ser herederos de la resistencia peronista, por ser herederos de los fusilados en José León Suárez, por ser herederos de los 30.000 desaparecidos, por ser herederos de los combatientes de Malvinas, por sentirnos herederos también de los que cayeron asesinados, fusilados el 19 y el 20 de diciembre de 2001, es que estamos acá honrando todos los sueños y proyectos por los que lucharon nuestros compañeros, por todas las luchas que se vienen dando desde hace 200 años en esta Patria, para que estemos sentados acá sin reproches, francamente, señora presidenta, sin “macareos”.

       Dcen que la memoria es una función del cerebro que se da en el hipocampo –una parte del cerebro- y que el Alzheimer ataca, justamente, ahí. Rodolfo Walsh decía que las clases dominantes buscan apropiarse de la memoria, porque cuando lo hacen se terminan apropiando de todas las otras cosas. Se apropian de la memoria para que los pueblos no puedan reconocerse, no puedan encontrar su rostro, su verdadera identidad.

Por eso hacemos memoria, no por resentimiento, no por odio sino sencillamente por justicia, para honrar a los caídos, y en tremendo agradecimiento a las luchas de estos 200 años y a la terrible lucha que debieron dar los compañeros caídos, los últimos 30.000 compañeros desaparecidos.

       Por ello, el ejercicio de la memoria sigue siendo válido en todas las legislaturas provinciales, en todos los congresos y en todos los concejos deliberantes, porque lo primero que hizo el golpe, la Junta Militar en 1976, fue instaurar un Estatuto de la Junta que reemplazaba a la Constitución Nacional y, paradójicamente, los que nada habían leído de la Constitución salieron a defenderla cuando muchos otros, habiéndola leído, no la pudieron defender o no supieron hacerlo, o quizás no se dio la correlación de fuerzas, no lo sé.

       Las razones de la dictadura suponían la implantación de un modelo de vaciamiento y saqueo del patrimonio nacional. La OIT de aquellos años señala que durante el proceso militar el salario de los trabajadores se redujo en un 30 por ciento y el Índice de Pobreza, que estaba en un 5 por ciento, ascendió a casi un 27 por ciento en el año 1982. O sea, el proceso militar suponía hambre y pobreza, además de sangre,  terror, secuestros, campos de concentración y avasallamiento de los derechos constitucionales, como bien decía el correligionario y colega Rodrigo De Loredo, a quien agradecemos por haber recordado lo hecho desde el 2003 en materia de derechos humanos.

       En nombre de Unión por Córdoba venimos a decir que las Leyes de Punto Final, del año 1986, de Obediencia Debida, de 1987, y los indultos realizados en los años 1989  y 1990 fueron leyes de impunidad,  errores que fueron saldados con la Ley 25.779, que declara la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, recién en el año 2003. (Aplausos). Por todas estas razones es que se iniciaron los juicios a los genocidas.

Por conciencia histórica y sintiéndonos herederos de la memoria, es que no vamos a aceptar, señora presidenta, que se diga que por el solo hecho de seguir trabajando en la restitución de derechos que alguna vez nos fueron arrancados, los derechos humanos no se compran, que no se manchan, como si reconocer la lucha de miles y miles de compañeros significara, no un acto de reconocimiento honorífico sino de indignidad. A esos tantos anónimos que tiene la historia; a esos tantos argentinos que fueron mucho más argentinos que nosotros y que no le pidieron nada  a cambio a esta Patria, estamos obligados a reconocerlos y a trabajar para restituirles, aunque más no sea en algo, determinados honores.

       Afuera, mientras estaba con unos compañeros, paradójicamente me encontré con un “bisnieto”, del Plan CONINTES, de no más de 20 años y que no se siente beneficiario del boleto educativo gratuito, quien me dijo que había visto la Noche de los Lápices y sabe quienes son Claudia Falcone y Pablo Díaz.

Los pibes de 18 ó 19 años hoy no ven como imposible ingresar a la Universidad, cuando en la década de 1990 muy pocos podían hacerlo; eso es restitución de derechos. Cuando muchos dicen que miramos hacia el pasado, les decimos que miramos hacia el futuro sin rencores y restituyendo lo que alguna vez nos quitaron.

       No es odio, señor presidente, como decía la compañera Evita, es justicia (Aplausos).

       Señora presidenta; entre los años 1955 a 1976 el pueblo argentino desarrolló una fuerte cultura épica. Actualmente, no soportan ver que este pueblo se está organizando, está recuperando su memoria y la capacidad de defender sus derechos para nunca más perderlos. Eso es lo maravilloso de este pueblo y no hay que tenerle miedo. No hay que tratar a los jóvenes como si tuvieran un ADN de soberbia porque tienen derecho a conocer su pasado, para reconocerse en el espejo y saber adónde van; tienen derecho a saber que son parte de una continuidad histórica; tienen derecho a saber que son los herederos de Claudia Falcón y de Pablo Díaz, caídos en la Noche de los Lápices. Esa es la reivindicación que venimos a hacer. (Aplausos).

       También, señora presidenta, queremos juicio y castigo a los responsables civiles, porque ¿saben qué?: creo que la Junta Militar del ’76 al ’83 sacó cerca de 3000 decretos y 700 leyes, entre ellas, la de de Entidades Financieras –que permitía la privatización de la banca– y la de Radiodifusión -una vez venida la democracia a la censura la implementaban determinados grupos monopólicos.

       Es necesario tener memoria para saber a qué tipo de leyes nos oponíamos cuando tantos compañeros dieron la vida por la libertad, la verdadera libertad de prensa y no de empresa. Después, pareciera ser que, cuando llegó el momento, en este proceso democrático, de echar por tierra esos terribles recuerdos y comenzar de nuevo, se olvidaron.

       En fin, señora presidenta, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, por conciencia histórica, venimos a decir: ¡gloria a nuestros caídos en la resistencia peronista!, ¡gloria a los 30 mil compañeros desaparecidos que lucharon por una Patria más justa, más libre y más soberana, y a todos aquellos compañeros y compatriotas que dieron la vida por esta Patria sin pedirle nada a cambio! ¡Viva el General Perón! ¡Viva la compañera Evita! ¡Vivan los 30 mil desaparecidos! ¡Vivan los compañeros que cayeron en la Noche de los Lápices! ¡Viva la Patria! (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.

 

Sr. Pihen.- Gracias, señora presidenta.

       En el marco de esta jornada de conmemoración profunda, de compromiso profundo, simplemente queremos expresar algún matiz que proviene de nuestro origen, claramente identificado con el Movimiento Obrero Organizado.

       Queremos decir que, como primer punto, en nombre de la CGT Córdoba vamos a repetir lo que ésta ha hecho público hoy: “A 36 años del golpe cívico militar que interrumpió violentamente la vida institucional argentina, desde la CGT Córdoba reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia como los únicos valores y herramientas que nos fortalecen y nos previenen del avasallamiento de nuestros derechos.

       No olvidamos que el golpe del ’76 tuvo, entre sus principales objetivos, la misión de desarticular al Movimiento Obrero Organizado para la implementación del plan económico neoliberal que desguasó a nuestro país, y que fue en la vida de sus hombres y mujeres tanto como en la intervención de sus instituciones que concentró su aparato del terror.

       A 36 años de aquella triste jornada, la CGT Córdoba rinde un sentido homenaje a los compañeros que dieron su vida por la vigencia de la democracia y de la justicia social”.

       En segundo lugar, queremos decir que en nuestro concepto de memoria, verdad y justicia compartimos, agradecemos y mencionamos expresamente que tampoco vamos a olvidar el ’55 y los bombardeos, el ’60 y el Plan CONINTES, el ’66 y el golpe militar con todas sus consecuencias y secuelas, porque nuestra memoria arranca con los primeros fusilados en  José León Suárez. Arranca con los primeros trabajadores que esbozaron la resistencia peronista que luego expresan -después del 24 de marzo del ’76- al sector de los trabajadores que, como está reconocido unánimemente, es el sector que más víctimas aportó en este nefasto proceso.

       Sin perjuicio de ello, queremos explicitar, bajo la forma de homenaje, tres casos concretos, que son ni más ni menos iguales que cualquiera de los que todos conocemos o de los que se publicitan permanentemente.

       En primer lugar, queremos recordar y rendir homenaje a quien fuera el Vicegobernador de nuestra Provincia, al compañero Atilio López. Él representaba a los intereses de los trabajadores en el mismo lugar que usted ocupa hoy, señora presidenta y prefiguró con su muerte lo que luego pasaría desde el 24 de marzo de 1976.

       Como somos un poco más pedestres, un poco más humildes, también queremos señalar dos puntos de memoria en el día de hoy. El primero es para quien era presidente de la Cámara de Diputados el 24 de marzo del ’76, que fue preso, estuvo desaparecido varios meses, fue juzgado y condenado a tres años y nueve meses de prisión, el compañero Oscar Eduardo Valdéz  (aplausos) que está presente aquí.

       Por último –y reiterando que no hacemos memoria selectiva, simplemente señalamos algunos ejemplos que nos parece que nos sirven a todos, como todos los ejemplos que en cada una de las intervenciones se han señalado–, también recordamos a un laburante de esta Casa, a un empleado legislativo que en la mañana del 24 de abril del ’76 -un mes después del golpe-, encontró su tarjeta de asistencia, que marcaba aquí como empleado de esta Casa, cruzada con una cruz roja y a la noche fue llevado de su casa y nunca más apareció, se llamaba Edelmiro Cruz Bustos. (Aplausos). Lo queremos recordar porque también, anónimamente y humildemente, está con nosotros hoy –sentada allí– Irma Baudilia Baudraco, que era la esposa del compañero Edelmiro Cruz Bustos. (Aplausos).

       Por supuesto, adherimos en su totalidad al espíritu de esta conmemoración, y permítannos que desde el Movimiento Obrero de Córdoba traigamos a colación estos tres puntuales recuerdos, que no hacen más que darle encarnadura concreta a nuestro pedido compartido de memoria, de verdad y de justicia.

       Gracias, señora presidenta.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: solicito que se incorpore al Diario de Sesiones, como hacemos siempre, nuestra declaración que ahora entrego a Secretaria.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.

 

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA OLIVERO

El 24 de Marzo, Colón y Cañada: 18.00 hs.

MARCHEMOS CON EL FRENTE DE IZQUIERDA

Este 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe militar contrarrevolucionario de 1976, el frente de Izquierda y de los Trabajadores, junto a miles de luchadores, estará nuevamente en las calles.

       Vamos a reclamar, en primer lugar, cárcel común y efectiva para los militares genocidas y sus cómplices civiles a quienes los gobiernos posteriores a 1983 intentaron salvar en estos años con la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos. Y a denunciar que cada año que pasa, se hace más evidente el verdadero carácter reaccionario del gobierno Kirchnerista.

       El genocidio de 1976, perpetrado al servicio de los grandes capitalistas y el imperialismo, tuvo como víctimas a la clase obrera y a los explotados, y a todos los luchadores y militantes de las organizaciones combativas y de la izquierda.

       Pero la clase social que impuso la dictadura hoy sigue dominando los designios del país. Y el gobierno K, que usurpa la bandera de los ‘Derechos Humanos’, gobierna para esos mismos intereses. Durante casi una década rescataron al andamiaje neoliberal impuesto durante los noventa: los privatizadores de la energía y el transporte, el pago de la deuda externa usuraria, la megaminería en manos de pulpos imperialistas.

Hoy, el sostenimiento de esos intereses lleva al país a una nueva crisis social y política que el Kirchnerismo pretenderá trasladar a los trabajadores y al pueblo. El crimen de 51 trabajadoras y trabajadores en Once y los más de 700 heridos, pese a las denuncias del Cuerpo de Delegados del Sarmiento y demás compañeros trabajadores, ha puesto al rojo vivo el fracaso de este ‘modelo’ al servicio de los Roggio, Cirigliano y otros.

       En la campaña electoral, los candidatos del Frente de Izquierda denunciaron que el Kirchnerismo se preparaba para hacer un ajuste contra el pueblo. Para asegurarlo, el Gobierno quiere forzar la regimentación de los sindicatos, con el concurso de la burocracia sindical. Al mismo tiempo, impuso –con el apoyo del ‘progresismo’ de Sabbatella y Heller– la llamada “Ley Antiterrorista” que fuera en todos sus términos la aplicación del Código Penal a los que luchan, como ya lo han comenzado a hacer contra los que enfrentan la megaminería y las represiones avaladas por el Gobierno nacional en Tinogasta y Andalgalá.

       En los últimos dos años hubo 14 asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado o a través de la “tercerización” de las patotas. En el Ingenio Ledesma –en complicidad con los golpistas empresarios Blaquier– y en el Parque Indoamericano, en Bariloche contra la represión policial, en Formosa contra la comunidad Qom que reclamaba pos sus tierras en manos de la burguesía sojera.

       El vil asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira por parte de una patota sindical que se reivindicaba Kirchnerista, se cometió con la necesaria participación de miembros de la Policía Federal –quienes liberaron el terreno para que se cometa el crimen–, y de los empresarios del ferrocarril privatizado, en el marco de una histórica lucha de los trabajadores contra las tercerizaciones.

       Hace cuatro meses nuestros compañeros de la Interna de Kraft, con el apoyo del FIT y otras organizaciones, denunciaban penalmente a la Gendarmería por el espionaje y la infiltración en la histórica lucha de Kraft, contra la mayoría de los miembros de esa interna antiburocrática y combativa, sus trabajadores y dirigentes políticos que habían participado solidariamente de las acciones de lucha. Tres meses después, la Ministra Nilda Garré salió a defender el accionar ilegal de sus subordinados. La misma Ministra atacó durante la semana pasada a los cortes y las protestas sociales por “extorsivas”, mencionando a referentes de políticos para criminalizarlos, en un lenguaje similar al utilizado durante las gestiones de De la Rúa –de la que la Ministra fue funcionaria– y Duhalde. Las más de 5.000 causas penales contra los luchadores obreros y populares –entre los que se encuentran cientos de militantes del Frente de Izquierda– están signadas por el espionaje, la infiltración y testigos de las mismas fuerzas represivas, como lo hemos visto en la escandalosa detención de nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, hecha en base a “inteligencia” de la Policía Federal.

       Desde que asumieron los Kirchner, en mayo de 2003, más de 1.800 personas, en su mayoría jóvenes pobres, fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado con el llamada “gatillo fácil”.

       Más temprano que tarde, los señalamientos del Frente de Izquierda se hicieron realidad, como también la necesidad de imponer un programa de los trabajadores y anticapitalista para enfrentar a la crisis del “modelo oficial”. De cara a esa crisis, los Macri, por un lado, o los Binner, por el otro, no tienen un programa diferente al del gobierno: ajuste, impuestasos y ataque a los que se movilizan en defensa de sus reivindicaciones.

       Este 24 de marzo la Plaza debe ser de los que luchan y no de los que quieren utilizar la memoria para mantener el mismo orden social que vinieron a defender los genocidas, legalizando la represión y el espionaje.

       Este 24, te invitamos a marchar en la columna del Frente de Izquierda: cárcel a los asesinos de ayer y de hoy y sus cómplices civiles. Contra la ley antiterrorista y el espionaje oficial; por el desprocesamiento de todos los luchadores; por el juicio y la condena a todos los asesinos de Mariano Ferreyra; por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de la masacre de Once: comisión investigadora independiente, que se vaya TBA y por la reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de sus trabajadores y usuarios; por un salario igual al de la canasta familiar, por paritarios electos en asamblea, por el fin de las tercerizaciones; por la recuperación de nuestros sindicatos contra la burocracia y sus patotas; para acabar con la minería a cielo abierto; contra los tarifazos e impuestazos.

       ¡Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión!

       ¡30.000 compañeras y compañeros desaparecidos: PRESENTES!

       Frente de Izquierda y de los trabajadores.

       Partido Obrero - Partido de los Trabajadores Socialistas - Izquierda Socialista.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración los proyectos 8753, 8759 y 8788/L/12 compatibilizados; y los expedientes 8761 y 8781/L/12.

       Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 

–Se vota y aprueban.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.

 

PROYECTO DE RESOLUCION – 08753/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

RESUELVE:

 

Adherir al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia instaurado por la Ley 25.633, que se conmemorará el próximo 24 de marzo de 2012 con motivo de cumplirse el 36º aniversario del golpe de Estado militar y del genocidio en que derivó, ratificando el repudio a la última dictadura, enarbolando la Memoria y la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos; expresando nuestro recuerdo y pesar a los 30.000 desaparecidos, a las víctimas y sus familiares con la esperanza que Nunca Más, se repitan golpes militares.

 

Nadia Fernández.

 

FUNDAMENTOS

 

El golpe al gobierno producido por la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976, inauguró la etapa más sangrienta de la historia Argentina, pues comenzó el mayor genocidio de la historia nacional. A partir de este día los militares mantuvieron la ilegitimidad de un gobierno de facto y pusieron en marcha un verdadero plan organizado de exterminio.

Al cumplirse este año, un nuevo aniversario (36º) de la interrupción del orden constitucional, se hace necesario fortificar las bases democráticas de nuestro país expresando conjuntamente nuestro más enérgico repudio contra todo tipo de gobierno autoritario y dictatorial.

El golpe de estado arrasó los cimientos democráticos de la República, pues quienes tomaron el poder pusieron en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, y desarticularon las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario; todo ello con el objetivo de someter a la población mediante el terrorismo de Estado para instaurar terror y así imponer el “orden”.

Las expresiones más concretas y significativas de ese trágico y nefasto período de represión clandestina fueron la detención, secuestro, tortura y ejecución de más de 30.000 personas por estar en desacuerdo con el régimen impuesto.

Se llevaron a cabo innumerables hechos de privación ilegítima de la libertad y violación de los derechos humanos; se avasallaron el derecho a la vida, a la identidad, a la filiación y a la defensa en juicio. Las modalidades de la represión, incluyeron el secuestro y la detención de personas en centros clandestinos y en la mayoría de los casos la ejecución. Bebés nacidos en cautiverio apropiados y privados de su filiación, familiares y amigos torturados, privados de su libertad y asesinados.

Además, miles de compatriotas fueron perseguidos y debieron exiliarse en países de América o Europa, se prohibió la actividad de los partidos políticos, se disolvieron las Cámaras Legislativas, los Concejos Deliberantes, se intervinieron las Provincias, la CGT y con ello diversos sindicatos, se persiguió también al periodismo y se clausuraron medios de comunicación; así todas las instituciones democráticas fueron amordazadas.

Sin lugar a duda esto ha dejado heridas imborrables en la sociedad, y un fiel reflejo de éstas, es la lucha constante de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por identificar y ayudar a hijos y nitos de desaparecidos.

Debemos trabajar por el esclarecimiento y juzgamiento de todos los responsables de tanta masacre para que la Argentina crezca en su camino hacia la democracia adulta y madura que todos deseamos.

En ese sentido destacamos el enorme aporte del Gobierno Nacional, desde la Presidencia de Néstor Kirchner y la actual de Cristina Fernández, más el protagonismo del Poder Judicial, por lo cual hoy están siendo juzgados o prontos a juzgar todos los responsables civiles y militares, e incluso sus cómplices, en centenares de causas que responden a distintos delitos y de variada gravedad, que denota la capacidad de las instituciones de brindar Justicia.

La Justicia existe en nuestro país, y está reparando años de enorme dolor y pérdida de vidas humanas, de luchadores sociales, políticos, de trabajadores y estudiantes. De personas comunes y corrientes, pero también de militantes que creyeron siempre en otra Argentina, en otro mundo posible.

Por ello, también debemos reflexionar acerca de esos tiempos oscuros para nuestro país y mantener la historia viva en nuestra memoria colectiva, esto nos ayudará a reconocer la importancia de vivir en un país en el que se permite la libre expresión, donde podemos manifestar nuestras opiniones sin ser vigilados, y sin temer a una futura represión.

La Memoria para los cordobeses –al igual que para el resto de nuestros compatriotas- tiene que ver con la posibilidad de que la experiencia trágica de los años del oscurantismo, del Terrorismo de Estado que vivimos, no se repitan.

Para ello deberemos reconstruir la Memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro sin gobiernos autoritarios en donde todos los ciudadanos podamos vivir con dignidad y se respeten nuestros derechos fundamentales.

Por todo ello, pido a los Sres. Legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

 

Nadia Fernández.

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08759/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

Su adhesión al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, con motivo de conmemorarse el 36º  aniversario del golpe militar ocurrido el 24 de marzo de 1976.

 

Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh, María Matar.

 

FUNDAMENTOS

 

El 24 de marzo de 1976, hace 36 años, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró la etapa mas negra de la historia argentina: una dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a través de una Junta Militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas.

Recordar este periodo oscuro de nuestro país, debe ser una obligación para cada argentino, ya que el ejercicio permanente de la memoria, nos llevara a no cometer los mismos errores, por que los pueblos que no tienen memoria vuelven a cometer las mismas equivocaciones.

Es un deber ineludible para cada ciudadano tener siempre presente, a toda una generación de luchadores sociales y gremiales, intelectuales, políticos, que fueron presa del más atroz y artero plan de aniquilación de personas: la desaparición de las mismas.

Asimismo, también no debemos olvidar, a aquellos grupos económicos, cuyo accionar del aparato represivo, les servia para realizar grandes negociados, e incluso licuar sus deudas.

Y por último, los desvaríos de un general temulento, que para desviar la atención de los problemas reales del país, se imagino que los Estados Unidos, por devolución de favores argentinos hechos en Centro America, nos iban a apoyar en la guerra de Malvinas. Otra generación de jóvenes soldados argentinos, que fueron a llevados una guerra suicida.

Por todo lo expuesto, y por los motivos que oportunamente se darán al momento del tratamiento de este proyecto de declaración, es que solicitamos la aprobación del mismo.

 

Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh, María Matar.

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08788/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

Su más enérgico repudio al golpe de estado ocurrido en nuestro país el 24 de Marzo de 1976 y manifiesta su adhesión a las actividades que se realizarán en conmemoración al Día Nacional por la Memoria por la Verdad y la Justicia.

 

Marta Juárez.

 

FUNDAMENTOS

 

La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. Argentina es sacudida y violentada por la última dictadura militar y por todas las dictaduras implantadas en América Latina impuestas a través de la Doctrina de Seguridad Nacional por los EE.UU. Los golpes militares y sus mecanismos del terror, metodologías que llevaron al asesinato, torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del país, y los miles de exiliados dispersos en el mundo, están en nuestra memoria........”

Fragmento de la Carta de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

El 24 de marzo de 1976 el país soporto una vez más, como desde 1930 la interrupción del orden constitucional por parte de las Fuerzas Armadas. La última dictadura militar, sin duda la más cruel en nuestra historia, instruyo la metodología de la desaparición forzada de personas y el robo de menores para imponer el terror en la población, con su secuela de miles de compatriotas muertos, exiliados, detenidos y desaparecidos

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.

El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron tristemente conocidos como “desaparecidos” y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar.

La larga lucha de los organismos de DDHH y el pueblo por las banderas de memoria, verdad y justicia tuvo sin dudas grandes hitos; siendo las masivas movilizaciones populares cada 24 de marzo y los juicios contra los genocidas prueba de ello.

A 36 años del golpe de Estado, la sociedad sigue exigiendo el Juicio y Castigo a los Genocidas y a sus Cómplices. Es fundamental que la Justicia avance en el juzgamiento de los militares, policías y civiles responsables de aplicar el terrorismo de Estado.

Por otra parte, continúa la batalla por la Restitución de la identidad de más de los 500 niños que nacieron en los campos de concentración de la dictadura, o fueron robados de sus familias cuando sus padres fueron secuestrados,

Todavía hoy hay grandes esfuerzos por desmantelar del aparato represivo estatal, sostenido por quienes aún hoy siguen cumpliendo funciones dentro de las fuerzas de seguridad pública y privadas. Las fuerzas públicas siguen ejerciendo, en democracia, prácticas de abuso de autoridad, torturas y asesinatos extrajudiciales con una alarmante impunidad.

La defensa irrestricta de los derechos humanos no debe solo quedar en el pedido de Memoria, Verdad y Justicia, sino que además se debe ser una bandera irrenunciable el luchar por los derechos que hoy siguen ausentes en miles de compatriotas como la salud, la educación y el trabajo digno.

El 24 de Marzo de cada año debe ser un momento de reflexión sobre el pasado oscuro y doloroso que nos toco sufrir, pero también debe llamar a la reflexión sobre los derechos humanos que hoy brillan por su ausencia en vastos sectores de nuestra población, sobre todo las más vulnerables.

 

Marta Juárez.

 

 

PROYECTOS DE DECLARACION COMPATIBILIZADOS – 08753, 8759 Y 8788/L/12

TEXTO DEFINITIVO

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

   Adherir al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia  instaurado por la Ley Nacional Nº 25.633, repudiando al golpe de estado del 24 de marzo 1976 y acompañando a las actividades de conmemoración.

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08761/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

De Interés Legislativo la campaña “Servilletas por la Identidad”, creada y promovida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo - filial Córdoba, con el objetivo principal de alentar la recuperación de la historia y la identidad de los niños apropiados ilegítimamente durante la última dictadura militar.

 

Luis Brouwer de Koning.

 

FUNDAMENTOS

 

Conocer la verdad personal es una condición que hace a la dignidad de la persona, a su autodeterminación. A ello refiere el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en la actualidad con rango constitucional, al disponer en el artículo 7.1: El niño tiene derecho, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres. En el art. 8: 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Los niños apropiados fueron sustraídos de un sistema de parentesco e incluidos violentamente en otro que reniega de lo instituido por los padres.  Entendida la familia como el ámbito donde se desarrolla la persona y desempeña un papel fundamental en la transmisión de cultura, asume importancia vital la formación de la identidad en este ámbito. En tanto está relacionada con la transmisión de valores y tradiciones, con la inserción en un grupo humano amplio que tiene carácter biológico y cultural.

En este sentido, el Informe de la CONADEP, entregado al Presidente de la Nación en septiembre de 1984, expresaría: “Cuando un niño es arrancado de su familia legítima para insertarlo en otro medio familiar elegido según una concepción ideológica de “lo que conviene a su salvación” se está cometiendo una pérfida usurpación de roles. Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto, decidieron la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra. Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento”.

El tránsito democrático permitió, asimismo, afirmar los paradigmas en materia de filiación, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que exigen la aplicación de los principios de verdad biológica y transparencia, los que imponen que la persona tiene derecho a conocer su origen, y en caso que hubiere cambios en su situación familiar, tiene derecho a acceder a conocer el origen y evolución de esas relaciones familiares. La idea que prima en el derecho humanitario es que permitir el acceso a la narrativa personal posibilita responderse al quién soy, y afirmarse en raíces que otorgan estima y autodeterminación.

Frente a la búsqueda de sus hijos y nietos, Abuelas se convierten en protagonistas claves de las últimas décadas de la historia Argentina. En el presente no podemos hablar de identidad sin desconocer el trabajo y la lucha que llevan adelante desde los años setenta. Tanto en fueros nacionales como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y  jurisprudencial adquirió la temática de la identidad. La sanción de la Ley 23.511 crea en 1987 el Banco Nacional de datos Genéticos (BNDG), a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. El BNDG funcionará en adelante en el servicio de inmunología del Hospital “Carlos A. Durand”, dependiente de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, bajo responsabilidad y Dirección Técnica del Jefe de dicha unidad y prestará sus servicios en forma gratuita.

Sonia Torres una de las Abuelas tan queridas en nuestra Provincia por esta lucha, supo expresar en una entrevista que “(…) En Córdoba hubo 22 embarazadas, 22 los casos de chicos apropiados que estamos buscando. A no todas las hicieron parir en Córdoba, ya que Menéndez tenía el dominio de 10 provincias, y un pacto de sangre, porque hizo participar a todos y nadie se anima hablar. Era un tipo que imponía mucho respeto y le tenían mucho miedo. Nadie se quebró para decirnos donde está Silvina (su hija), una de las pocas que dio luz acá. Pero el resto no sabemos dónde puede haber parido, donde fueron entregados los chicos o a dónde se ha ido esa familia.”

Entre los niños recuperados en la última década por la organización, conocemos la historia del nieto número 98 recuperado, cuyo origen es la provincia de Córdoba. Su historia es la de un doble desaparecido. De madre militante peronista, secuestrada en octubre de 1979 y desaparecida. Ninguno de sus familiares supo que estaba embarazada al momento de la detención. El hijo nace en cautiverio, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero encaró su propia búsqueda por la identidad a partir de una sospecha. Las Abuelas de Plaza de Mayo en el presente pueden hablar de “una historia” y de la búsqueda que le precede... Y los testimonios de los niños recuperados, sin excepción, permiten que apreciemos la importancia que cobran los lazos de origen en la historia personal.

La iniciativa de Abuelas de Córdoba merece el apoyo de toda la ciudadanía. Por tratarse de un tema trascendente a la construcción del Estado, el Gobierno en su conjunto debe facilitar todos los medios a nuestro alcance y bregar por la recuperación de historias familiares y por la Identidad.

Por estos motivos, y los que serán expuestos en oportunidad del tratamiento, solicitamos a nuestros pares el impulso conjunto y por unanimidad del presente Proyecto.

 

Luis Brouwer de Koning.

 

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08761/L/12 – TEXTO DEFINITIVO

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

 

       De Interés Legislativo la campaña “Servilletas por la Identidad”, creada y promovida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo -filial Córdoba-, con el objetivo principal de alentar la recuperación de la historia y la identidad de los niños apropiados ilegítimamente durante la última dictadura militar.

 

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08781/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

De Interés Legislativo al libro “Resistir por la vida – Memoria de una resistencia” en el que su autor, el Legislador (MC) Enrique Asbert, relata con crudeza y con estilo sus vivencias de preso político de la última dictadura.

 

Carlos Alesandri.

 

FUNDAMENTOS

 

El compañero Kike Asbert fue un militante de la Gloriosa Jotapé de los años 70’. Su militancia compromiso le valieron la detención, la cárcel y la tortura durante los años de la dictadura genocida. Sobrevivió a las mazmorras y hoy puede contar aquellos años de horror. Primero, en calidad de testigo, en los juicios por delitos de lesa humanidad que desde hace unos pocos años se comenzaron a ventilar en Córdoba. Y ahora, con una admirable capacidad para combinar la crudeza del relato con un estilo literario que invita a continuar con la lectura, nos cuenta sus vivencias de aquellos años oscuros.

Conocemos a Kike desde hace muchos años y nos alegró reencontrarnos como pares en la Legislatura del período pasado. Los militantes del campo nacional y popular, y especialmente los peronistas, fuimos parte de una generación que desde marzo del ’76 sufrió la persecución, la cárcel, el exilio, la desaparición forzada y la muerte. Que Asbert pueda contar sus experiencias durante esa negra etapa de la historia argentina, seguramente es un hecho liberador para él, y para nosotros un testimonio invalorable, de los tantos que hoy mantienen viva la memoria.

Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

 

Carlos Alesandri.

 

 

PROYECTO DE DECLARACION – 08781/L/12 – TEXTO DEFINITIVO

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

DECLARA:

 

       De Interés Legislativo el libro “Resistir por la vida - Memoria de una resistencia” en el que su autor, el Legislador (MC) Enrique Asbert, relata con crudeza y con estilo sus vivencias de preso político de la última dictadura militar.

 

 

 

-3-

SUBSIDIO HONORÍFICO: “REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS POLÍTICOS DE LA DICTADURA”. CREACIÓN.

 

 

Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación vamos a dar tratamiento al proyecto de ley 8673/L/12, por el cual se crea el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a Ex Presos Políticos de la Dictadura”. Este proyecto cuenta con despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, y de Legislación General.

       Les quiero solicitar a las señoras y señores legisladores que se respete el tiempo acordado para cada bloque en la exposición con respecto a este proyecto. Les pido que traten de hacer el máximo esfuerzo respetando los tiempos acordados porque somos justamente nosotros quienes estamos mostrando que en esta democracia cuando nos ponemos de acuerdo, hacemos las cosas como las pautamos.

       Muchísimas gracias.

       Tiene la palabra el legislador Alesandri.

 

Sr. Alesandri.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: primeramente, quiero agradecer la presencia de los representantes de las distintas Organizaciones de los Derechos Humanos que hoy nos acompañan en esta sesión especial del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Entre los invitados especiales se encuentra la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Graciela Chayep; el Ministro de Transporte, Dante Fortunato Heredia; el presidente de la Mutual del Círculo de Legisladores, Néstor Harrington; el Vicepresidente de la Mutual del Círculo de Legisladores, compañero Oscar Valdéz; Delegado Regional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querido compañero y amigo, Enrique Asbert; el doctor Hugo Vaca Narvaja; Servicio de Paz y Justicia –SERPAJ–; ex presos políticos; y demás integrantes de los distintos organismos de Derechos Humanos.

También quiero agradecer a los presidentes de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, compañero Germán Buttarelli, y de Legislación General, compañero Carlos Gutiérrez –que son las comisiones que han despachado el presente proyecto– por permitirme hacer uso de la palabra en primer término.

Señora presidenta: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 8673/L/12, en el que comparto autoría con todos los miembros del bloque de Unión por Córdoba, por el que se propicia  la creación del subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”, que cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.

Estamos reunidos en esta sesión especial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que ha sido instituido por la Ley Nacional 25.633, en conmemoración de las víctimas del proceso iniciado el fatídico 24 de marzo de 1976. Mucho se ha dicho ya sobre la importancia de esta fecha para la construcción de nuestra memoria colectiva, de nuestra historia y de nuestra identidad.

Quiero comenzar recordando algunos de los muchos antecedentes legislativos que se han tratado durante nuestro Gobierno, porque me parece que nos pueden ayudar a ubicarnos y a tomar conciencia acerca del contexto en el que estamos dando tratamiento a este proyecto.

       El año pasado, en la sesión del día 23 de marzo, dimos aprobación al proyecto de ley por el que se reconoce “Sitio Histórico de la Memoria” a un paraje ubicado en un camino rural que separa la Pedanía Los Surgentes de la de Cruz Alta. Allí, el 17 de octubre de 1976, fueron encontrados los cuerpos sin vida de siete jóvenes que tenían entre 20 y 25 años, militantes de la Juventud Peronista, procedentes de las ciudades de Rosario y San Nicolás de los Arroyos, que presentaban claros signos de haber sido salvajemente torturados y asesinados por el terrorismo de Estado.

       El legislador Passerini, autor de la iniciativa junto con todo nuestro bloque, mencionó entre los antecedentes del proyecto el trabajo de investigación llevado adelante por los alumnos de tercer año del colegio secundario de Los Surgentes y que se denominó “Lazos de Identidad”, que permitió recrear valiosos testimonios de aquel trágico episodio, y destacó el compromiso de esos jóvenes de un pequeño pueblo del Departamento Marcos Juárez con la búsqueda de la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica colectiva.

       Ese mismo día, el legislador Busso nos invitó al acto del día 24 en el que se designó al hospital del sudeste de la ciudad -ubicado en el barrio José Ignacio Díaz- con el nombre de Florencio Díaz, recordado dirigente sindical y militante asesinado en el año 1976.

       También quiero recordar que en el año 2008, en esta misma fecha, rendimos un homenaje a Emi D’Ambra, haciéndolo extensivo en su persona a todas las mujeres luchadoras por los derechos humanos. En aquella oportunidad, nos decía que si se sabe la verdad y se recupera la memoria la justicia es imprescindible. Nos instaba a hacer fuerzas para que la justicia llegara y se pudieran culminar los juicios pendientes en nuestra Provincia; sólo allí –nos decía- se habrán cumplido los tres hitos que nos recuerdan este día: memoria, verdad y justicia.

       No ha transcurrido mucho tiempo desde aquel día, hoy hace cuatro años y, sin embargo, la sensación que se tiene es como que ha pasado mucho tiempo y mucha agua debajo del puente. La Justicia llegó, algunos de los juicios de los que ella hablaba han tenido sentencia y otros se encuentran muy avanzados.

       Hago estas breves referencias porque son ejemplos que nos ayudan a comprender cuánto ha avanzado nuestra sociedad en el ejercicio de la memoria, en la búsqueda de la verdad y en la construcción del camino de la justicia. Hoy estamos tratando un proyecto que se refiere a otro tipo de justicia, se trata de un reconocimiento honorífico para aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas durante la última dictadura militar, y decimos que es principalmente un reconocimiento porque, además de ser víctimas de la actuación irracional de la dictadura, son héroes populares, dirigentes y militantes de agrupaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas que lucharon para que hoy podamos estar viviendo en una sociedad con más justicia social, con más libertad, con más democracia, como aquellos jóvenes estudiantes de la Noche de los Lápices, que fueron cobardemente secuestrados, torturados y desaparecidos por defender el boleto estudiantil, este boleto que hoy es una realidad en nuestra Provincia, que no deja de ser un tardío homenaje para aquellos luchadores. (Aplausos).

       También hoy tenemos entre tantos otros -y en un párrafo aparte- a un luchador, sentado en este recinto, el querido compañero “Quique” Asbert, que hasta hace poco tiempo atrás era colega en esta Casa. A instancias de él le agregamos a la Comisión de Solidaridad la justificación de todas las acciones que tiene la sociedad moderna, contemplar esa visión universal de lo que significan los derechos humanos y, a través de una disposición de esta Casa, la Comisión de Solidaridad pasó a llamarse “Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos”.

       Entre las declaraciones que aprobamos hoy está la que declara de interés legislativo el libro que es de autoría de nuestro querido compañero: “Resistir por la Vida, Memoria de una Resistencia”. En él nos relata con crudeza y con estilo sus vivencias de preso político de la última dictadura; él es uno de los incansables militantes de la causa por los Derechos Humanos. Ha contribuido como testigo en los juicios por la represión de la última dictadura en la búsqueda de la verdad, y hoy nos ayuda, con esta obra, a mantener viva la memoria colectiva.

       Querido compañero, vaya para usted mi reconocimiento por tantos años de militancia, de resistencia, de compromiso y solidaridad por todos aquellos que sufrieron el terrorismo de Estado. (Aplausos).

       Sintetizo en su figura a los miles y miles de compañeros que también actuaron y actúan con el mismo compromiso. A esos luchadores les tocó el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país, el cual ejecutó un proyecto planificado dirigido a destruir toda forma de participación popular y el exterminio de una generación. También les tocó esperar mucho tiempo para que la historia fuera poniendo las cosas en su lugar; la historia que vamos haciendo los hombres con lo que nos vienen dando y con lo que podemos aportar.

       Con la llegada de la democracia se inició un largísimo camino que todavía estamos recorriendo, que fue particularmente construido por la incansable lucha de las organizaciones de derechos humanos: primero, juicio a las juntas militares, luego las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, más tarde los indultos, después la derogación de aquellas Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Finalmente la declaración de nulidad de dichas leyes y la reapertura de todas las causas paralizadas, algunas de las cuales ya cuentan con sentencia.

       Pasaron 30 años, en Córdoba nuestro Gobierno ha venido desarrollando una política de Estado que, en sintonía con la realizada por el Gobierno nacional, tiende a recuperar la memoria, a no olvidar lo sucedido durante la dictadura como garantía necesaria de que no volverá a ocurrir; a reivindicar a nuestros luchadores perseguidos y reprimidos por los personeros del horror y a mitigar en la medida de lo posible las funestas consecuencias del accionar de quienes usurparon el Estado con el golpe de 1976.

       En este sentido, hemos sancionado la Ley 9286 de la Memoria, que crea el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria; y con la Ley 9320 hemos modificado la Ley de Jubilaciones de la Provincia para permitir que puedan acceder a la jubilación los cesanteados por causas políticas.

       Hemos eximido del pago de tributos a los organismos de derechos humanos en trámite tendiente a la recuperación de la identidad de hijos y nietos de desaparecidos.

       Hemos colaborado intensamente con el Equipo Argentino de Antropología Forense, instituto reconocido a nivel nacional e internacional por la responsabilidad, seriedad y eficiencia de su trabajo, entre tantas acciones.

También quiero mencionar el Programa de Protección de Testigos en las causas por violaciones a los derechos humanos que se ha implementado en nuestra Provincia, y que fue especialmente destacado por los organismos de derechos humanos que participaron en las reuniones de comisiones.

En síntesis, en este contexto histórico y cultural, tanto nacional como provincial, que intentaba describir con las referencias recién citadas es que llegamos a la presentación del presente proyecto de ley. Hemos encontrado dos antecedentes de características similares que se encuentran vigentes en otras provincias.

En este punto, debo recordar que nuestra Legislatura, en su anterior composición, aprobó el 25 de agosto de 2010 la Resolución 2297/10, impulsada por las legisladoras Adela Coria y Liliana Olivero. Dicha resolución insta a los señores diputados nacionales por Córdoba el pronto y favorable tratamiento del proyecto de ley por el que se crea un régimen reparatorio para ex detenidos políticos y víctimas del terrorismo de Estado.

Volviendo al proyecto que estoy fundamentando, quiero decir que fue tratado en reuniones conjuntas de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General. Tuve la oportunidad de participar en la reunión realizada el 14 de marzo, con la presencia de representantes de distintas agrupaciones de derechos humanos. Allí estuvieron Antonio Alcázar y Sara Waissman, de la Agrupación Ex Presos Políticos de Córdoba; Sonia Torres y Estela Barnes, de Abuelas Córdoba; Hugo Sarmiento y Juan Guruceta, de ex CONINTES; y representantes de la Asociación Hijos de Desaparecidos y de la Comisión Provincial de la Memoria, entre otros.

En dicha oportunidad, pudimos escuchar los aportes y observaciones que tenían sobre el proyecto; algunos puntos pudieron ser tenidos en cuenta y otros lamentablemente no.

Sabemos que muchos compañeros sufrieron de distinta manera las consecuencias del accionar represivo de la dictadura y que es muy difícil poder establecer distinciones en una materia tan sensible.

Ya nos ha tocado pasar por situaciones similares en el tratamiento de otros proyectos de ley, pero de alguna manera tratamos de buscar un parámetro que sirva para asignar este reconocimiento que es importante y que implica un gran esfuerzo de nuestro Gobierno para todos aquellos compañeros que puedan acreditar concluyentemente que son ex presos políticos de nuestra Provincia y que no cuentan con ingresos personales superiores al monto del subsidio establecido por la presente ley.

Entrando al análisis del texto del despacho, el artículo 2º establece que la reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura consiste en el pago de una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

El artículo 3º establece que para acceder al subsidio honorífico instituido por la presente ley el ciudadano debe reunir los siguientes requisitos: a) haber sido o permanecido detenido por causas políticas por un lapso no inferior a un año entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; b) tener domicilio real en  la Provincia de Córdoba al momento de la detención y acreditar residencia en la misma por un periodo continuo no inferior a los 10 años, anteriores, posteriores o concomitantes a dicho momento, conforme lo establezca la reglamentación; c) no tener ingresos mensuales superiores al monto del subsidio instituido en la presente ley devenidos de empleos públicos o privados, actividad formal o informal, jubilación, pensión o cualquier tipo de prestación nacional, provincial o municipal. En este artículo se suprimió el inciso c) del proyecto original que exigía haber sido detenido en la  Provincia de Córdoba, y se agregó un periodo mínimo de detención de un año para acceder al subsidio.

Por otra parte, se ha agregado al texto del despacho el inciso c) que tiene como objetivo encuadrar en el presente subsidio a aquellos ciudadanos que no han podido reinsertarse laboralmente o que, habiéndolo hecho, poseen ingresos inferiores al monto establecido en el artículo 2º.

En cuanto al requisito de la residencia prevista en el proyecto, se agregó que los diez años pueden contarse antes, durante o después de la detención y no se exige continuidad, pero aclarando que al mismo momento de la detención el ciudadano tenía que estar domiciliado en nuestra Provincia.

También se eliminó, a instancias de las propias organizaciones de derechos humanos, el inciso d) obrante en el proyecto, el cual preveía que la solicitud debía ser aprobada por la Comisión Provincial de la Memoria.

En el artículo 4º se incluye la posibilidad de que la autoridad de aplicación en situaciones excepcionales pueda extender el presente reconocimiento en aquellos casos que no se cumpla exactamente con los requisitos previstos en el artículo 3º.

El artículo 5º hace extensivo el reconocimiento a las personas que hubieran sido víctimas del denominado “Plan CONINTES”, porque también son merecedores del respeto y reconocimiento por haber tenido una actitud de lucha y compromiso en la causa de la liberación nacional y de la instauración de la democracia sin proscripciones.

En el artículo 7º se reglamenta la documentación que debe presentar el solicitante a los fines de acreditar los requisitos exigidos por la ley. El inciso b) de dicho articulo exige la declaración jurada en la que conste que no se encuentra percibiendo prestación nacional, provincial o municipal derivada de la misma condición, entendiéndose por tal cualquier pensión no contributiva meritoria por igual causa a la considerada en la presente ley.

Por el artículo 10 se establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.

El artículo 11 recoge una inquietud planteada por las agrupaciones en el sentido de poder contar con la cobertura de la APROSS, por lo que se establece la posibilidad de afiliación voluntaria con el respectivo descuento.

El artículo 12 establece que el Ministerio de Desarrollo Social será el encargado de liquidar el presente subsidio con fondos afectados al área de su competencia.

Por último, quiero manifestar que se agregaron dos observaciones más que fueron planteadas en el trabajo en comisiones; una, prevista en el artículo 14, que fija un reducido plazo de 30 días para la reglamentación de la presente ley, y otra, en el artículo 15, por la que se establece que cualquier duda en la interpretación de la presente norma deberá resolverse a favor de los derechos instituidos por la misma.

Señora presidenta, señoras y señores legisladores, creemos que con este proyecto de ley estamos poniendo seguramente de manera insuficiente, pero acorde a nuestras posibilidades, un poco de justicia allí donde hubo tanto

dolor, contemplando la situación de aquellos compañeros que perdieron el trabajo como consecuencia del arresto y que, en muchos casos, como resultado de las condiciones de detención no han podido reinsertarse plenamente en la vida social o laboral. De manera que este subsidio viene a mitigar, en alguna medida, los efectos del daño producido por el terrorismo de Estado, cuyas secuelas se siguen proyectando en el tiempo.

Otras leyes han contemplado distintas situaciones; por ejemplo, la Ley Nacional 24.043, que consideró la imposibilidad de obtener recursos durante la detención y lo tradujo en un monto por día de detención.

Nosotros hoy nos ocupamos de aquellos compañeros que, a más de treinta años de aquéllos, todavía no pueden contar con una tranquilidad económica que les permita transitar las últimas etapas de la vida con dignidad, que se merecen. Hay una justicia que se viene realizando a través de la búsqueda de la verdad y, en ese sentido, nuestro país ostenta en Sudamérica una distinción honrosa: Argentina es el país que más lejos ha ido, tanto en la revisión como en el castigo al terrorismo de Estado.

Hay otra justicia, que tiene que ver con devolverles a nuestros ciudadanos aquello que se les ha quitado; ciudadanos que han visto seriamente afectado su proceso de construcción de vidas. Nuestro país tiene incorporada a la Constitución Convenios Internacionales de Derechos Humanos que prevén la necesidad de reparar los efectos del terrorismo de Estado.

En cumplimiento de esos compromisos hoy nos estamos ocupando de los compañeros que más lo necesitan, y al hacerlo no sólo honramos nuestras Constituciones Nacional y Provincial y sus pactos incorporados, sino sobre todo honramos nuestra memoria histórica y la de tantos compatriotas que dejaron –cuántos-, no su vida, sus mejores años para que hoy nosotros estemos viviendo en democracia.

Este reconocimiento es una nueva demostración del compromiso asumido por nuestro Gobierno en la defensa de los Derechos Humanos, y que se ha configurado en una de las políticas de Estado del mismo.

       Señora presidenta, señores legisladores: en este día que tantos recuerdos sacó de nuestro espíritu por los compañeros caídos, por los compañeros perseguidos, por los compañeros desaparecidos, por los compañeros torturados y vejados en las cárceles de la dictadura, por el “Nunca Más” que instalamos apenas reordenados nuestros principios democráticos, por la memoria, por la verdad y por la justicia, por todos los motivos expresados en nombre del bloque de Unión por Córdoba, adelantamos el voto positivo al presente proyecto y les solicito a mis colegas de los demás bloques parlamentarios que nos acompañen en la sanción de esta norma.

       Muchas gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.

 

Sr. Clavijo.- Señora presidenta: veníamos preparados para otra sesión. Incluso, personalmente venía preparado para disfrutar de la emoción de encontrarme y compartir con compañeros y compañeras de muchos años y de muchas cosas, que deberían estar en las gradas y que hasta hace un rato estaban afuera reclamando y protestando por lo que vamos a tratar hoy.

       Cuando hablamos de una acto de reparación, estamos hablando de un acto que nos debería hacer sentir un poquito menos en deuda, un poquito más cercanos al sufrimiento que han vivido miles de compañeras y compañeros de nuestra Provincia y del país, no sólo durante su detención en los años de dictadura sino durante los años de democracia en que muchos sintieron que seguían solos en esta lucha por la verdad y la justicia.

       Quiero decir que si bien hoy estamos citados para el tratamiento específico de este proyecto de ley, el 24 de marzo es también -a partir del Decreto 25.633, de agosto de 2002, del entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner- el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y quiero recordar dos párrafos del extenso discurso que el ex Presidente hiciera en el Colegio Militar de la Nación.

       Dijo el ex Presidente: “… debe ser ésta una jornada de duelo y homenaje a las víctimas y también una jornada para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina que se abrió un día como hoy de 1976 con el golpe militar, que fue el camino y el instrumento del terrorismo de Estado, la más cruenta de las experiencias antidemocráticas que nuestra Patria haya padecido…”, y dijo también: “… que nunca constituyeron episodios protagonizados sólo por militares. Sectores de la sociedad, de la prensa, de la iglesia, de la clase política argentina, ciertos sectores de la ciudadanía tuvieron también su parte cada vez que se subvertía el orden constitucional aun cuando muchos todavía no lo hayan reconocido.”

       Es esta entonces una jornada de duelo y homenaje a las víctimas, pero también una jornada para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina: el terrorismo de Estado, la más cruenta de las experiencias antidemocráticas que nuestra Patria haya padecido, al decir del ex Presidente.

       Eso es absolutamente correcto porque quien viola los derechos humanos siempre es el Estado, se trate de una dictadura genocida o de gobiernos democráticos elegidos por el voto popular.

       Digo esto porque, así como es una torpeza decir que en Córdoba la dictadura se inició con la sedición policial de febrero de 1974, también sería igualmente una torpeza decir que el terrorismo de Estado se inició en nuestra Provincia recién a partir del 24 de marzo de 1976.

       ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque estamos en Córdoba, porque es una jornada para la reflexión crítica de nuestras grandes tragedias y porque vamos a aprobar o a tratar un proyecto de ley que queremos sea de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en nuestra Provincia.

       Fíjense qué particular es esto que estamos tratando: un proyecto de ley que tiene por fecha de inicio para el reconocimiento de esa reparación el 24 de marzo de 1976, pero que en el fondo y gracias a los cambios sugeridos por los organismos y aceptados por parte de la totalidad de los legisladores presentes en la comisión, deja abierta la posibilidad de abarcar a quienes fueron perseguidos y represaliados antes del 24 de marzo de 1976, y lo que ocurrió antes de esa fecha en nuestra Provincia fue la sedición policial de febrero de 1974 y la posterior intervención federal de la Provincia.

       No pretendo que empecemos a discutir para atrás. Todos sabemos que atrás no hay coincidencias y que la única manera de avanzar es encontrando causas comunes que estén por encima de nuestras diferencias, como es el caso de un proyecto de ley de reparación histórica, pero también sabemos que la única manera de juntar pasados distintos es no imponer ni renuncias ni olvidos, y ser fieles a la difusión de los hechos sucedidos para el conocimiento de las nuevas generaciones.

       Fíjense cómo será de paradójico lo que estamos tratando, que también vamos a aprobar un proyecto de declaración y vamos a rendir un homenaje al compañero Aubert, que fue detenido en el año 1975.

       Vuelvo a decir, formalmente, que a partir del 24 de marzo de fondo la ley permite incorporar a los que ya estaban detenidos con anterioridad por el agregado de una palabra.

       La pregunta es: ¿por qué así, por qué como con vergüenza? Porque hay que dejar en claro que aún hoy, a 36 años del golpe militar, hay temas en la Provincia de Córdoba de los que es mejor no hablar.

       En nuestra Provincia, el 6 de febrero de 1974 era desalojado por la fuerza el Gobierno constitucional del Gobernador Obregón Cano, elegido por el voto popular con más del 50 por ciento de los votos; la cabeza visible de la rebelión fue el jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba coronel Antonio Domingo Navarro. La sedición demandó la intervención federal de la Provincia por parte del Gobierno nacional, igualmente elegido en elecciones democráticas por más del 70 por ciento de los votos, nombrando como interventor al brigadier Lacabanne.

       El 9 de octubre de 1974, nuestro Sindicato de Luz y Fuerza fue asaltado por tropas policiales al mando del jefe de Policía, García Rey, respaldado por el interventor brigadier Lacabanne. Montando un grotesco espectáculo que justificara semejante acción, presentaron por todos los medios de comunicación –especialmente la televisión- ametralladoras, granadas y otras armas de guerra que en el operativo policial habrían hallado en la oficina del secretario general del Sindicato, compañero Agustín Tosco. Detuvieron a varios compañeros que se encontraban en el local sindical, cuatro de los cuales estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso entre seis y ocho años. Ese personaje sombrío y gris que fue el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma ordenó el procesamiento de todos los miembros del Consejo Directivo de nuestro Sindicato, disponiendo la orden de captura de Agustín Tosco, Felipe Alberti y otros compañeros que no pudieron detener en el asalto al gremio.

       Simultáneamente la EPEC, que también fue intervenida por los sediciosos de febrero, dispuso el 18 de octubre de 1974, -tan sólo 9 días después del asalto al Sindicato-, la revocación de todos los mandatos de los integrantes del Consejo Directivo, y armó un expediente vergonzoso con el que cesantearon al secretario general del Sindicato, compañero Agustín Tosco, por abandono de servicio.

       Todo lo relatado ocurrió en el tiempo record de un mes y 10 días, aparentando una seudo legalidad de decretos, resoluciones y expedientes tan avergonzantes como mentirosos.

       Desde entonces, el compañero Tosco se vio obligado  a pasar a la clandestinidad y en esa situación falleció el 5 de noviembre de 1975, víctima de una grave enfermedad contraída seguramente por las graves condiciones de los 15 años de persecución policíaca y por no haberse podido hacerse atender debidamente por los mismos motivos.

       Agustín Tosco no temía a la cárcel. Había sufrido entre otras presiones la de su traslado al penal de Santa Rosa de La Pampa y luego a Rawson.

       Su clandestinidad devenía de la conciencia de luchar por su propia vida, tal como lo expresó mediante un escrito al juez federal que fue publicado como solicitada, y del que cito textualmente el siguiente párrafo: “Todos los miembros del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba no hemos cometido ningún delito; tenemos nuestra conciencia limpia y templado nuestro espíritu de representantes obreros y democráticos. Reclamamos, eso sí, mínimas garantías para que seamos juzgados en vida y poder así desenmascarar la farsa urdida para avasallar nuestros derechos y nuestro Sindicato”.

       El compañero Agustín Tosco, perseguido hasta el día de su muerte; cuatro compañeros detenidos a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso; cuatro compañeros desaparecidos, uno de ellos antes del 24 de marzo de 1976, y compañeros que debieron dejar la Provincia en el año 1975  –como expuso uno de ellos en la reunión de la comisión-  para poder salvar sus vidas.

       Eso pasó en Córdoba y también fue terrorismo de Estado, y también estos hechos, junto a otros tantos que ocurrieron, necesitan reparación con la misma dignidad con que hoy esta ley reconoce derechos -o pretende reconocer- que les fueron negados durante años a tantos compañeros.

       La memoria colectiva de nuestro pueblo sólo la concebimos como producto de la verdad histórica –como lo han dicho varios legisladores que han hablado antes-, base ésta para aplicar la justicia que condene a los responsables del terrorismo de Estado y para la reparación integral de las víctimas de ese accionar.

Sólo luchamos contra el autoritarismo comprometiéndonos con la tolerancia, la convivencia, la coexistencia dentro de las contradicciones inevitables que implica vivir en una sociedad, sin exigir renunciamientos ni olvidos.

Sé que estos temas son complejos, sé que debemos hacer un esfuerzo para que el corazón no esté por encima de la razón, y sé también que, a diferencia del resto del cuerpo, las heridas del corazón nunca cicatrizan, y lo único que podemos hacer es que nuevos afectos, nuevas experiencias, el calor de los compañeros y la justicia vayan cubriendo de vida esas heridas.

Justicia es condena y reparación; condena a quien violó, quitó, negó o se apropió desde el Estado de derechos y de la vida de otros; y reparación para las víctimas.

No estamos aquí para hacer justicia, no es nuestra función ni es este el lugar. Apenas estamos intentando reparar, en nombre de una de las instituciones del Estado, algunos derechos mínimos e indispensables que de otra manera continuarían siendo negados; pero no estamos haciendo justicia.

El gran “Tato” Bores dijo, en uno de sus tantos monólogos: “pobre de la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados”, y la mayoría de los que estamos aquí nos hemos sentido, durante muchos años, parte de esa generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Pero la lucha incansable de los organismos de derechos humanos y la voluntad política del Gobierno nacional hicieron que hoy, en el país y en nuestra Provincia, tengamos jueces que se encuentran varios pasos por delante de las legislaciones y las especulaciones políticas.

Recientemente terminó el juicio por los asesinatos cometidos en la UP1, allí se encontraban, entre otros, los que fueron detenidos con anterioridad al golpe de 1976.

Este año comenzarán en Córdoba juicios por secuestros y asesinatos cometidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Como dije al principio, esta es una jornada de duelo y homenaje a las víctimas, pero también una jornada para la reflexión crítica sobre la gran tragedia argentina.

       Por eso, es nuestra obligación recordar también hoy a los 29 presos políticos de la Cárcel Penitenciaria de Barrio San Martín, asesinados en1976, que estaban detenidos antes del golpe del 24 de marzo; y a los demás presos sobrevivientes, gracias a los cuales pudo conocerse el horror de su aislamiento y la cruel y cobarde práctica de la “Ley de Fugas”; el secuestro y asesinato de la familia Pujadas -los padres y hermanos de Mariano Pujadas arrojados a un pozo y dinamitados-; el asesinato de nueve estudiantes, cinco de ellos de nacionalidad boliviana, uno peruano y dos argentinos, también arrojados a pozos y ametrallados; y a los más de cien desaparecidos antes del golpe de 1976, entre ellos, nuestro compañero del Sindicato de Luz y Fuerza Alberto Caffaratti, secuestrado a la salida del trabajo, el 15 de enero de 1976, y el profesor y ex Ministro del Interior, doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja,  arrancado de su hogar el 10 de marzo de 1976 por las mismas bandas del autodenominado “Comando Libertadores de América”.

       La única forma de que avancemos como sociedad es juntando nuestros pasados y encontrando causas comunes que superen tanta tragedia, y la única forma de lograrlo es con verdad y justicia, sin exigir renunciamientos ni olvidos.

       Lo que voy a decir a continuación no lo he consultado con la totalidad de los miembros del bloque, pero creería que van a apoyarme.

No queremos votar en contra de una ley de reparación histórica, queremos que en Córdoba haya una ley de reparación histórica.

Creo que las leyes deben venir a resolver los problemas y no a crearlos, y, si bien esta ley se ha tratado –como manifestara el legislador Alesandri-, quiero decir que las modificaciones introducidas a última hora están creando una  ley cuyo universo de excluidos es mayor que la cantidad de beneficiarios. Reitero que no queremos votar en contra de una ley de reparación histórica, no queremos votar en contra y salir a hacer política con este tema delante de los medios porque es un tema que llega al corazón de todos los que estamos acá, pero para esto necesitamos un gesto -yo sé que es complejo- y ese gesto es que el bloque de Unión por Córdoba devuelva este proyecto a comisión, nos juntemos nuevamente con los organismos de derechos humanos y discutamos otra vez una ley de reparación histórica que sea una “verdadera reparación histórica” que contemple a todos. No podemos estar discutiendo una ley de estas características en función de una partida presupuestaria o de los recursos económicos que haya para repartir, como es la sensación que, quizá equivocadamente, muchos de nosotros tenemos.

       También quiero decir, a través suyo al legislador Alesandri, que los dirigentes de los organismos de derechos humanos a los que él hizo referencia, hasta hace un rato estaban afuera rechazando esta ley, y todos conocemos el paño. Hagan las consultas que tengan que hacer pero, a mi humilde entender, si no revemos este tema y esta ley se aprueba como está, el tema termina esta tarde en el escenario de La Perla y en la marcha de los organismos de derechos humanos, y creo que le van a estar haciendo pagar al Gobernador de la Provincia un costo absolutamente innecesario.

       Reitero -y si hace falta lo hago moción-: solicitamos al bloque de la mayoría de Unión por Córdoba que devuelva este proyecto a comisión y convoque nuevamente a los organismos de derechos humanos y lo discutamos otra vez.

       Muchas gracias.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Por ser una moción de orden, debo poner en consideración de inmediato la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento, formulada por el legislador Clavijo.

       Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 

-Se vota y rechaza.

 

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.

       Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: en verdad, yo tampoco esperaba llegar a esta sesión especial después de hablar de los 36 años del golpe contrarrevolucionario del ’76, y que después de 29 años de recuperado el orden constitucional, los compañeros sobrevivientes, los ex presos políticos hoy no puedan estar en este recinto. Hoy, además e ser el día en que se pelea en contra de la impunidad de ayer y hoy, deberíamos poder decir que es un día en que se avanza un poco, después de tantos años de tormentos, torturas, daños físicos y psicológicos que sufrieron los compañeros, y que, como dijo el legislador Alesandri, vienen haciendo una huella en esta Legislatura.

       Junto con la ex legisladora Adela Coria acompañábamos todos los miércoles a la Asociación de ex Presos a la oficina del ex legislador Passerini, planteándole esta urgencia, esta necesidad de que estos compañeros pudiesen tener una reparación integral, un reconocimiento, aunque, personalmente, considero que después de tanta tortura, de tanto exilio interno y externo, es difícil lograr la reparación a ese daño. Pero esos compañeros elaboraron el proyecto, nos plantearon que Córdoba tenía que avanzar, como la Provincia de Buenos Aires con la Ley 14.042, en un proyecto que los contuviese a todos. Lamentablemente, porque no se dio en aquel momento el Presidente del bloque de Unión por Córdoba, el ex legislador Daniel Passerini, planteaba que ya estaba, prácticamente, para la firma el despacho igual al de la 14.042, cambiándole Provincia de Córdoba en lugar de Provincia de Buenos Aires.

       Los compañeros siguieron haciendo el camino hasta que lograron introducir un expediente a principios de año; supuestamente en ese expediente se intentaba hacer dos cosas: en primer lugar, plantear la universalidad de este subsidio honorífico, pero, por otro lado, apelar fuerte al concepto de preso político en el espíritu de este proyecto. Y digo que lamentablemente hoy no solamente no están acá sino que han sido sorprendidos porque en las reuniones en que ellos participaron haciendo algunas propuestas sobre modificaciones, más que tenerlas en cuenta para avanzar en un proyecto reparador se encontraron con un proyecto más limitativo aún, más parcial aún; esto realmente los llenó de bronca porque no esperaban que se diese como resultado el despacho que hemos tenido en el día de la fecha.

       Personalmente, al legislador Presidente de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, quien me atendió por teléfono el día jueves, le transmití la preocupación y la necesidad de tener, en todo caso, un despacho para habilitar reuniones, para poder contar con un proyecto realmente reparador, con algunas objeciones que se hicieron, no solamente por parte de los ex presos políticos sino también las que hicimos algunos legisladores. Pero realmente fue “silencio de radio”, señora presidenta.

       Creo que queda claro un aspecto que han remarcado –me alegra que lo digan otra vez en esta sesión y he tratado de tomar nota de las palabras textuales- : “sabemos que este proyecto es insuficiente y que tiene que ver con la medida de las posibilidades”. Cuando uno habla de “la medida de las posibilidades” enseguida empieza a pensar “significan recursos económicos”. Entonces, si el Gobierno de turno tiene pensado avanzar en un proyecto reparador, efectivamente tenemos que contar con recursos. Porque no quisiera que pase con esta ley lo que, lamentablemente, está pasando con los compañeros trabajadores de la cultura, que tienen una ley de reconocimiento artístico y hace varios meses que no cobran.

       Nosotros vamos a tomar el primer proyecto que tuvimos en nuestro poder hace una semana y media, elaborado por el legislador Alesandri, porque si lo comparamos con el actual (que incluso estaba acompañado con fundamentos), es mejor que el que se intenta votar hoy. Sin embargo, queremos revisar algunas cuestiones relacionadas con el texto en tratamiento.

En primer lugar, vemos que se exige un mínimo de detención de un año; respecto a esto decimos que tanto el daño como la vejación y la pérdida total y absoluta de derechos no deben medirse o valorarse según el tiempo durante el que fueron sufridas. Me pregunto y les pregunto: ¿cuánto tiempo, subjetivamente, es un día en la vida de un preso político? Lo que estamos rescatando en este proyecto es la condición de preso político, que justamente no está dada por el tiempo de detención sino por la gravedad que implica encarcelar aunque sólo sea por un día a alguien que lucha por sus reclamos, que defiende sus ideas y que tiene la libertad de expresarlas; ese contenido no está expresado en el articulado del expediente que estamos discutiendo en este momento.

       Tomamos la Ley 14.042, de la Provincia de Buenos Aires, que no tiene ningún piso y establece requisitos mucho más sencillos que han permitido darle un criterio de universalidad que este proyecto no contiene. Para nosotros esto es una cuestión ética, es una cuestión de principios que se refleja, efectivamente, en las medidas políticas y no en las económicas y presupuestarias, para las que también tenemos propuestas.

       En segundo lugar, nos preguntamos: ¿por qué los compañeros que fueron detenidos y liberados antes del 24 de marzo de 1976 no pueden cobrarlo?, ¿cuál es el motivo? Más allá de las lecturas históricas diferentes que puedan darse en los distintos bloques partidarios, lo que debemos expresar es si hubo presos políticos o no, si hubo agresiones, daños, torturas y persecuciones a los trabajadores, jóvenes, que participaron de aquellas gestas previas al 24 de marzo y también sufrieron vejaciones. Muchos estuvieron un año o un año y medio presos pero no están comprendidos porque posiblemente fueron liberados en el mes de enero o de febrero del ‘76, o sea que estos compañeros y compañeras quedan afuera porque se considera preso político a los detenidos desde el 24 de marzo de 1976 y con un año de detención.

       Esto es lo que pretende imponer el oficialismo, que hubo un antes y un después del 24 de marzo, y nosotros creemos que efectivamente no es así porque sí hubo un navarrazo, sí existió Lacabanne, no es un invento de nuestras cabezas ni de las cabezas de los presos que tuvieron que pasar por vejámenes, por la cárcel, por los campos de concentración, por los grupos paramilitares y parapoliciales previos al 24 de marzo de 1976. Porque hubo perseguidos y detenidos entendemos que efectivamente debe comprenderse a los compañeros que en aquel momento, incluso perseguidos por la Triple A o los comandos de organización de los cuales todavía tienen algunos vivos –y no voy a decir “sobrevivientes” sino algunos vivos, con cargos importantes- por eso creemos, y haciéndonos eco de la solicitud de los compañeros que trabajaron inicialmente el proyecto, insistimos en el 6 de noviembre del año 1974, en que se declara el estado de sitio con las obvias pérdidas de libertades individuales.

       Ahora queremos señalar el otro tema: la situación de las familias que no acceden a este subsidio porque el ex preso falleció. Estoy hablando de hace poco, no que falleció en la cárcel, que también deberían analizar ese tema; estoy hablando de quienes no solamente fueron perseguidos, de quienes no solamente no tuvieron atención sanitaria, quienes han sido excluidos durante estos 29 años de democracia o de régimen constitucional –como a mí me gusta decirle-, de haber pasado por la cárcel, de haber recibido la tortura, la picana eléctrica, la persecución, fallecen y sus familias  -que reciben de modo directo ese daño por la muerte y la no comprensión de esos compañeros en este proyecto- quedan excluidas; es decir, cuando uno intenta o pretende reparar el pasado, tenemos que mirar el pasado; no podemos mirarlo con un solo ojo, tenemos que repasarlo y tenerlo en nuestra memoria de manera completa. Por eso creemos que este es un agravio para esos compañeros, esas familias que hoy no se sienten comprendidas en esta reparación después de tantos años.

       Estamos convencidos, y se dijo en las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, que el problema es de plata, es económico, es de Presupuesto. Ahora, la verdad es que si nosotros pensamos en la necesidad de reparar, de reivindicar a todos estos compañeros, le proponemos al Gobierno que juntemos  fondos, y le vamos a decir de dónde: metiendo, por ejemplo, un impuesto a los grandes capitalistas –que tenemos muchos en la Provincia- que hicieron negocios –no ahora, aunque también los hacen- en la dictadura militar, incluso robándole las pertenencias a nuestros compañeros fusilados, detenidos,  desaparecidos. Y tenemos muchos casos, también en otras provincias, como los Blaquier.

Entonces, no hay justificativo para no ir al fondo con esta reparación histórica integral. Se pueden juntar esos recursos, efectivamente, pero hay que tocar intereses.

Por eso decimos que hay un hilo conductor entre aquella dictadura que derrotamos a través de la lucha de madres, familiares y trabajadores con esta “formalidad democrática” que vivimos hoy, pero hay que empezar a tocar esos intereses si de verdad queremos reivindicar a estos sobrevivientes de la tortura física y psíquica de la cárcel, pero también de la tortura de la espera durante 29 años.

Además, creemos que si no hay justicia para todos, no hay justicia, es una justicia emparchada, así como vemos que de tantos represores hay muy pocos condenados ni cumpliendo la condena en la cárcel común y efectiva. Falta mucho y es una pena, se nos mueren estos cretinos de viejitos, en su casa,  sin poder hacer justicia como pedimos junto a nuestros compañeros.

Como también expresaba el legislador Santiago Clavijo, qué pena estar discutiendo esto hoy de esta manera, sin las gradas llenas, sin los compañeros aplaudiendo, que traían las imágenes de los compañeros asesinados, incluidos los de la UP1 (Unidad Penitenciaria Nº 1).

El legislador también se refería a un gesto; yo le pido más que un gesto a Unión por Córdoba, en virtud de que tiene la mayoría automática en esta Cámara y, además,  el puente directo con el Gobernador de la Provincia de Córdoba, o sea, el Ejecutivo. Si quieren reparación para todos después de 29 años tardíos; si quieren reivindicar el concepto de preso político; si tienen en su cabeza el concepto de universalidad; si no tiene que influir el tiempo ni la situación económica; si es que no pretenden con esto lavarse la cara el 24 de marzo e insistir fuertemente y resaltar el concepto de preso político, desde el bloque de Frente de Izquierda le vamos a plantear algunos cambios.

Para que tome nota del despacho que tenemos en tratamiento proponemos la eliminación del inciso a) del artículo 3º con respecto al año de la detención, y plantear la amplitud de la fecha desde el 6 de noviembre del ’74 al 10 de diciembre del ’83, tomando como referencia la Ley 14.042, muy importante y que se acerca mucho más al espíritu de lo que los compañeros presos esperan.

       Con respecto al artículo 3º, planteamos eliminar el inciso c) porque entendemos que también se pierde este criterio de subsidio honorífico o de reparación cuando lo acotamos a un aspecto económico, haciéndonos acordar a una pensión graciable o de indigencia que termina con el concepto reparatorio.

       En el artículo 6º vamos a hacernos eco del agregado no solamente “de fallecimiento” –cuando habla en caso de fallecimiento- sino que también planteamos se sume la frase “o haber fallecido”. Eso también fue planteado en la reunión conjunta para que este proyecto, si de verdad pretende reparar, ayude a la familia de unos diez compañeros que hace muy poco tiempo han fallecido en condiciones de total desamparo.

       En el artículo 7º planteamos eliminar el inciso c) porque discrimina un acto reparador universal -que efectivamente se liga con el inciso c) del artículo 3º-, además de plantear la modificación del inciso e) de acuerdo a la Ley 14.042 en el sentido de viabilizar de una manera más rápida la tarea de demostrar la residencia en la Provincia de Córdoba, ya que muchos de ustedes saben que por la persecución era imposible brindar los verdaderos domicilios. En el caso de la Ley 14.042, que incorpora la presencia de testigos, se puede llegar a concretar este trámite que acá se plantea a modo de certificado expedido por el Juzgado Federal Electoral.

       El artículo 9º plantea recurrir a la Ley 6658 de Procedimiento Administrativo, pero hoy, en una reunión informal con el presidente de la Asociación de ex Presos, se volvió a plantear el tema al legislador Alesandri, diciendo que ellos consideraban que este artículo 9º debía ser eliminado porque se puede llegar a garantizar plenamente en los artículos subsiguientes que han sido agregados y que tienen que ver con los números 13, 14 y 15. Tal como lo hicieron en la primera reunión, los compañeros volvieron a plantear la necesidad de anular por completo este artículo.

       Insistimos, por si ha quedado alguna duda, que planteamos la eliminación dentro del artículo 3º del término “de un año de detención”. Creemos que de todos los planteos que acabamos de hacer este es el que mejor expone la exclusión de la mayoría de estos compañeros que hoy podrían llegar a ser beneficiarios de este proyecto, y por este artículo quedarían fuera del mismo.

       Creemos que es importante seguir insistiendo y gastando saliva, seguir peleando por la reparación. Señora presidenta, le digo sinceramente, apelo a la voluntad de la mayoría que tiene esta Cámara para que a 29 años realmente podamos ser reparadores de tanta injusticia que recibieron nuestros compañeros.

       Muchas gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

 

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: como lo sostuviera en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a apoyar la iniciativa del Poder Ejecutivo en general; no así buena parte de su postulación.

       Y vamos a apoyar en general pensando en todas aquellas personas que fueron victimizadas, revictimizadas; todas aquellas personas que porque sólo tenían una militancia política, terminaron en una prisión; por aquellas personas, que porque sólo tenían inquietudes intelectuales terminaron en una prisión; por todos aquellos jóvenes que se reunían llenos de entusiasmo hacia el futuro y que terminaron en una prisión; por todas aquellas personas que realizaban actividades solidarias y fueron víctimas de una inmensa caza de brujas que se instaló en la República Argentina; por todas aquellas personas que fueron dañadas espiritual y psicológicamente con esas detenciones y, como bien contempla el proyecto, después no pudieron encontrar un lugar en esta sociedad. Por todas esas personas voy a votar con las dos manos el proyecto del oficialismo, señora presidenta.

       Pero hay dos cosas que no voy a votar: primero, no pueden beneficiarse de este proyecto aquellas personas que tomaron las armas contra las instituciones democráticas; no pueden beneficiarse con este proyecto las personas que atacaron gravísimamente a la democracia argentina. Me estoy refiriendo a las organizaciones armadas ERP, FAR, Montoneros, Triple A, etcétera; todos aquellos grupos que no me lo contaron, los vi, los vi con mis propios ojos; vi la magnitud de la soberbia armada; la vi, señora presidenta. Entonces, vi el daño irreparable que le hicieron a la democracia argentina. No me puedo olvidar del 25 de mayo de 1973 fue mi primer contacto real con este movimiento de masas que es el peronismo; desde el ’66 al ’73 habíamos vivido un proceso de dictadura, mi primer contacto con la democracia recuperada fue ese día. Vivía con mi familia en barrio General Paz, en la parte más cercana al centro; a las ocho de la noche de ese día camiones viejos, ómnibus desvencijados, carros, toda la seccional quinta, la sexta, el fondo de la seccional doce, bajaban en son de alegría hacia el centro de la ciudad de Córdoba: el peronismo había ganado las elecciones el 25 de mayo de 1973, y ahí pude ver este fenómeno, que los historiadores algún día explicaran, que era el peronismo en la República Argentina.

       Ese fenómeno -que lo tengo grabado en mi recuerdo- empezó a esfumarse de a poco. ¿Por qué? Porque cuatro días después, el 29 de mayo, las FAR liberan al secuestrado empresario Enrique Fridman, gerente de la empresa mecánica Lanín; el 2 de junio las FAR liberan al secuestrado empresario Oscar Castel, gerente de la empresa Coca Cola; el 4 de junio asesinan –siempre las FAR- al dirigente gremial peronista Pascual Almada; el 6 de junio de 1973 el ERP hace un ataque armado contra la sede del Comando Radioeléctrico de la localidad de Merlo.

El 6 de junio de 1973 el ERP secuestra extorsivamente al señor Carlos Lockwood –rescate: 2.300.000 dólares.

El 9 de junio de 1973, ERP, copamiento de una estación de radiodifusión de Avellaneda, Buenos Aires.

El 13 de junio de 1973, ERP, copamiento de la empresa SCAC, con robo de armas.

El 15 de junio de 1973, ERP, copamiento del domicilio familiar de un ejecutivo de la empresa DALMINE SIDERCA, en Campana. La casa es minada y volada.

El 18 de junio de 1973, ERP, secuestro extorsivo de un ejecutivo de la empresa FIRESTONE, en Lomas de Zamora –rescate: 1.000.000 de dólares.

El 18 de junio de 1973, ERP, copamiento de la empresa INCOMET.

El 19 de junio de 1973, ERP asalta a una patrulla policial con robo de armas y un policía herido.

20 de junio de 1973, Montoneros y FAR, versus grupos armados de dentro del peronismo, 500 muertos en Ezeiza.

20 de junio de 1973, ERP, ataque al Destacamento General Güemes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Esto no era Beirut, esto no era Irak; esto era la República Argentina, señora presidenta.

20 de junio de 1973, ERP, ataque e incendio del domicilio del empresario Blois, Provincia de Buenos Aires.

25 de junio de 1973, ERP, asesinato del diputado mandato cumplido Alberto Armesto.

25 de junio de 1973, ERP, atentados con explosivos en los domicilios de ejecutivos de la empresa FIAT.

25 de junio de 1973, FAR, secuestro extorsivo del comerciante José Sigüeza.

26 de junio de 1973, Montoneros, secuestro extorsivo y liberación de Liliana Aerin y Mirta Rubin, previo pago de rescate.

26 de junio de 1973, FAR, secuestro extorsivo del empresario Alberto Mazzarella.

28 de junio de 1973, ERP, asalto a la Universidad Católica de Córdoba, robo de máquinas de escribir y microscopios.

12 de julio de 1973, Montoneros, secuestro extorsivo del ejecutivo Carlos Pulenta –rescate: 920.000 dólares.

13 de junio de 1973, por presión ejercida por Perón, renuncian el Presidente Cámpora y el vice Solano Lima. Viene Perón en persona a tratar de organizar esta democracia.

La primera respuesta a la decisión de Perón de hacerse cargo del poder: FAR, atentado con explosivos al Pabellón Universitario de Córdoba.

1 de agosto de 1973, Montoneros, atentado con explosivos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

5 de agosto de 1973, ERP, asesinato del oficial inspector Tomagnini, en Tucumán.

25 de agosto de 1973, Montoneros emite una proclama contra el gobierno democrático peronista, incitando a la toma revolucionaria del poder.

A los Montoneros que nos enseñan democracia: tienen que leer un poco de historia.

Repito: 25 de agosto de 1973 Montoneros emite una proclama contra el gobierno constitucional –Perón venía en camino hacia el poder-, incitando a la toma revolucionaria del poder. El foquismo, señora presidenta.

6 de septiembre de 1973, ERP, ataque y copamiento del Comando de Sanidad del Ejército –Perón venía en camino, señora presidenta-, con el objeto de robar armamento existente. En el ataque a la guardia combaten y son heridos de gravedad varios oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, y también hay muertos.

11 de septiembre de 1973 –para que recuerden los más jóvenes, gobierno democrático de la República Argentina-, atentado con explosivos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.  Montoneros, señora presidenta.

El 23 de septiembre de 1973, gana Perón con el 62 por ciento de los votos, señora presidenta. Aclamación popular al gobierno democrático del General Perón. Ese mismo día, Montoneros asesina al Teniente Primero Fernando Cativa Tolosa (Mar del Plata).

Dos días después, Montoneros, asesinato del Secretario General de la C.G.T. Matan a Rucci con “Operación Traviata”. ¿Saben por qué se llamó de esa manera?: Porque le pegaron 22 balazos, como los agujeros de las galletitas que se vendían en aquel momento; esto significaba la soberbia armada en su máxima amplitud. No pretenderán que hagamos un reconocimiento público a quienes fueron enemigos viscerales del sistema democrático, señora presidenta.

       El 27 de septiembre ocurrieron atentados con explosivos por parte de las FAR en las Escuelas Uno y Dos de Mar del Plata. El mismo día también hubo atentados con explosivos de Montoneros en la Facultad de Odontología, Farmacia y Bioquímica. Esto ocurría en nuestro país, no en Beirut .Además, en la citada fecha hubo un atentado con explosivos en la Facultad de Derecho de la UBA.

       Pasando al mes de octubre de 1973, vemos que vino lo que tenía que venir: aparecieron las Tres A; el sistema democrático no podía contener semejante locura, lo que dio lugar a que surgiera más violencia. El 19 de octubre de dicho año hubo un atentado de Montoneros con explosivos al Colegio Nacional Nº 2 de Rosario. No quedaba zona del país en donde no se sembrara la violencia entre los jóvenes.

       El 9 de noviembre de 1973, el ERP secuestró en forma extorsiva al dirigente gremial peronista Pedro Saucedo. El 10 de noviembre, atentaron con explosivos en el domicilio del rector de la Universidad Nacional de Rosario. También en dicho mes se secuestró al gerente general del Banco de Londres, señor Anderson. El 24 de noviembre, el grupo Montoneros atentó con explosivos en el Colegio Nacional General Belgrano, de Merlo. Los jóvenes argentinos iban familiarizándose con la violencia; atentaban con explosivos en colegios, señora presidenta. El mismo mes ocurrió el secuestro del presidente de la empresa ESSO, señor Samuelson.

       Entrando al año 1974, ocurrió, en primer lugar, un atentado incendiario en el domicilio del ejecutivo Bargut. También vemos que una formación de 240 guerrilleros del ERP atacaron el Regimiento de Artillería de Azul; esta era una de las unidades del Ejército Argentino de mayor armamento, el cual era buscado por los guerrilleros. Esto ya está en los libros de historia. ¿Eso era democracia? No lo era. Era foquismo, guevarismo y violencia. Lo único que querían era el poder absolutamente por la boca del fusil, señora presienta. Por eso nos negamos a que esta Legislatura de manera alguna vaya a dar un reconocimiento a estas personas.

       Hay que hacer docencia para adelante. No puede ser que con sabiduría estemos poniendo en prisión a los que desde el Estado destruyeron todas las bases del sistema democrático y hoy estemos dando reconocimiento honorífico a quienes hicieron que la democracia argentina fuera literalmente imposible.

       El 14 de febrero de 1974 tuvo lugar el asesinato del dirigente, político, diputado nacional radical Hipólito Acuña. ¡Háganse cargo de sus muertos los radicales también! El 27 de febrero del mismo año los Montoneros secuestraron extorsivamente a ejecutivos de la Swift. No sé de dónde sacaban tanta plata.

El 22 de marzo ocurrió el asesinato del dirigente sindical peronista Rogelio Coria, en el palier de la planta baja de su departamento. Escuche, señora presidenta, como lo mataron a este señor: dos jóvenes milicianos montoneros estaban allí haciendo el usual ambiental de inteligencia previo a su futuro asesinato; portaban armas y, como advirtieron que Coria, un dirigente popular peronista, estaba solo e indefenso, lisa y llanamente le pegaron dos tiros en la cabeza y huyeron. Montoneros los arrestó –simbólicamente- por el inconsulto riesgo corrido y los condecoró por la valiente iniciativa militar, señora presidenta.

       23 de marzo del ’74: homicidio del Cabo Primero de la Prefectura Naval, Braga, Montoneros.

       4 de abril del ’74: más muerte peronista, señora presidenta. La muerte del Secretario General de la Regional San Nicolás de la CGT, Antonio Pedro Magaldi. Por eso, también hay que tener mucho cuidado cuando se votan estas leyes, porque está la sangre de los compañeros muertos, señora presidenta.

       Asesinato del ejecutivo jefe de personal de FIAT, Roberto Kecker.

       12 de abril del ’74: ERP. Secuestro extorsivo del diplomático cultural de los Estados Unidos, señor Laun.

       14 de abril del ’74: asesinato, por el ERP, de un niño de 6 años, Froilán Vázquez, tomado como rehén en un ataque del ERP.

       25 de abril del ’74: otro asesinato –esto para los jóvenes, señora presidenta.

El gobierno justicialista tenía una propuesta para el problema de los grupos armados: la continuación de la Cámara Federal Especial en lo Penal para juzgar a estas instituciones, para juzgar a las organizaciones armadas.

27 de abril del ’74: ERP: asesinato del juez federal Quiroga, en la Capital Federal, por el solo hecho de haber integrado la Cámara Federal disuelta por el Congreso nacional en el ’73.

       29 de abril del ’74: secuestro y liberación del señor Samuelson, dirigente de ESSO; 12 millones de dólares de rescate, señora presidenta.

       1 de mayo del ’74: enfrentamiento con el peronismo en el acto central del Día del Trabajador, en la Plaza de Mayo. Luego de varios disturbios y enfrentamientos Montoneros se retira de la plaza, señora presidenta.

       11 de mayo del ’74: las Tres A asesinan al padre Mugica.

       30 de mayo del ’74: copamiento de la población de Acheral, en Tucumán -para eso hacían falta las armas, señora presidenta. Se inician así las acciones guerrilleras para crear una “zona liberada” en la Provincia de Tucumán. El gobierno del pueblo, que había sido votado por el 62 por ciento de los argentinos tenía, en su propio territorio, una zona liberada: Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez, señora presidenta.

       16 de junio del ’74: atentado con explosivo al gerente de la empresa Minetti Sociedad Anónima. ¿Qué tenía que ver ese señor?

       1 de julio del ’74: muere el General Perón y lo sucede María Estela Martínez.

       El 12 de julio, cuando el país necesitaba más calma, orden y organización, Montoneros copa, en forma íntegra, el pueblo de General Mansilla, en Buenos Aires; se robó el dinero del banco y el armamento de la policía.

       15 de julio del ’74: Montoneros, señora presidenta. Asesinato del político radical Arturo Mor Roig, en un restaurante de Ciudadela. Me acuerdo como si fuera hoy de ese hecho.

       17 de julio del ’74: asesinato del periodista y director del Diario El Día, de La Plata, señor Kraiselgurg, en Gonnet, Provincia de Buenos Aires. Estaba secuestrado en la cárcel del pueblo, vivíamos en democracia señora presidenta, pero estos grupos estaban encarnizados durante la vida de Perón, y Perón, sabiendo que se le iba la vida, intentó de mil formas convencer a la tendencia. He leído los libros de historia, he vivido la historia y sé del esfuerzo que hizo Perón por convencer a la tendencia de que pararan, de que así el país explotaba, señora presidenta.

       17 de julio del ’74: atentado con explosivos al presidente de empresa Ford.

       23 de julio del ’74 –esto es interminable, señora presidenta, y los jóvenes no lo saben-: ERP, secuestro extorsivo del gerente general de Acindar.

25 de julio del ’74: ERP, con explosivos vuela el domicilio del ejecutivo de un frigorífico.

31 de julio del ’74: grupos de las Tres A, asesinato del abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, importante dirigente de superficie de Montoneros. La violencia ya estaba horizontalizada, señora presidenta.

8 de agosto: grupos de las presuntas Tres A asesinan a los dirigentes Montoneros Chávez, Pierini y otro Chávez.

11 de agosto: intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería en Catamarca, casi 300 guerrilleros se desplazaron a tomar un regimiento en la Provincia de Catamarca, ¿eso era para reivindicar la democracia y custodiarla? No, señora presidenta.

De nuevo Córdoba, señora presidenta, me acuerdo de esto como si fuera ayer: 12 de agosto del ’74: copamiento de la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, robo de numeroso armamento; secuestro del Mayor del Ejército Larrabure, asesinado un año después en cautiverio. Emprendían en el sistema democrático contra los regimientos del Estado con compañías de 240 y 300 personas; estos grupos no trabajaban por la democracia, señora presidenta. Aquí hay muertos: mueren policías y mueren militares.

22 de agosto del ’74: siguen los ataques del ERP contra destacamentos de policía.

27 de agosto del ’74: asesinato de Ricardo Goya, ejecutivo de la empresa IKA Renault, eso fue acá, señora presidenta.

Ataque con explosivos al local de La Prensa, en Buenos Aires.

Montoneros: secuestro del director de la Empresa Propulsora Siderúrgica. En ese mismo mes Montoneros anuncian el pasaje formal a la clandestinidad. ¿A qué clandestinidad pasaban? Estaban matando, secuestrando, tenían millones de dólares en el bolsillo y hoy tienen la desfachatez de darnos clase de democracia, señora presidenta.

Grupo de Montoneros realiza cerca de una docena de atentados explosivos; una docena, señora presidenta, en un mismo día en Bahía Blanca, Mar del Plata,  Rosario, Mendoza y Santiago del Estero.

Setiembre del ’74: Montoneros, asesinato del agente de policía Coronel; grupo de las presuntas Tres A matan al abogado Curuchet en El Tigre; las Tres A siguen matando también durante todo el mes de setiembre.

Esto sucedió en solo dos días, señora presidenta: 15 y 16 de setiembre del ’74. 15 de setiembre: Montoneros, asesinato de policías en San Fernando, en Adrogué, en Avellaneda, en Morón. Ni en Beirut pasaba esto. 16 de septiembre del ’74: ataque y destrucción de la Sociedad Rural de Azul, Montoneros.

18 de setiembre del ’74: atentado incendiario de cosechadoras de caña de azúcar en Tucumán; asesinato de Dante Balaneras, secretario de la JP de Quilmes; allanamiento y robo de armamento, juzgado federal de La Plata; secuestro extorsivo. Señores montoneros, recuerden: ¡aquí está la base de su fortuna!

19 de setiembre del ’74, gobierno peronista: secuestro extorsivo de los ejecutivos de la empresa Bunge y Born, ¡60 millones de dólares! Y andan por el mundo enseñándonos a vivir en democracia.

25 de setiembre: asesinato del coronel Jorge Grassi en Córdoba. Los militares también eran humanos, señora presidenta. Asesinato del teniente Luis Brize en Rosario el mismo día.

Grupo de las presuntas Tres A: asesinato de Silvio Frondizi.

Grupo de las presuntas Tres A, en el mismo mes de setiembre, asesinato de Mendiburu; asesinato del Capitán del Ejército por el ERP, Miguel Ángel Paiva, baleado por la espalda.

3 de octubre de 1974: Montoneros, una misma matriz, liquidar la columna vertebral del movimiento peronista, su ensañamiento con el sector sindical; 3 de octubre de 1974, asesinato del ex Secretario General del Gremio Maderero en la Provincia de Buenos Aires, señor Russo. A ustedes los han muerto, al peronismo lo han atacado, han atacado a su columna vertebral, tengan cuidado a quien reivindican, tengan respeto por sus propios muertos.

       Asesinato del Mayor bioquímico del Ejército, Jaime Gimeno, a la salida de su domicilio; asesinato del Teniente del Ejército, Juan Gambandé, en Santa Fe; asesinato del Teniente Coronel médico, Gardón, en proximidades de Campo de Mayo. Son tantas las muertes que la conciencia de los argentinos está anestesiada.

       13 de octubre de 1974: ERP, fracaso de intento de asesinato del presidente de la empresa Galicia, Bargut.

16 de octubre de 1974: Montoneros, profanación de la tumba del ex Presidente Aramburu, que no sólo lo mataron sino que después fueron por su tumba, pero como no era gobierno democrático cuando ocurre la muerte de Aramburu, no me he detenido en ese gesto.

       20 de Octubre de 1974: el ERP toma un pueblo entero, el de Santa Lucía, en Tucumán, por parte de la denominada Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez.

       01 de noviembre de 1974: Asesinato por parte de Montoneros del Comisario General Villar y su esposa; copamiento del ERP del pueblo de Los Sosas, en Tucumán. Confieso que esto del copamiento de los pueblos sólo lo viví en El Salvador, cuando fui observador internacional en 1989, era la misma matriz, la toma de los pueblos.

       07 de noviembre de 1974: ERP, asesinato del Mayor del Ejército Néstor Horacio López, a la salida de su domicilio en Santa Fe; homicidio en la Provincia de Buenos Aires de Joaquín Casas; asesinato del Teniente Primero del Ejército, don Antonio Eduardo Carbajo, a la salida de su domicilio en San Nicolás, la misma matriz de la ETA en España.

       13 de noviembre de 1974: homicidio del Sargento de Policía Hernán Viran, en Morón.

15 de noviembre de 1974: ataque con explosivos a colegio secundario en La Plata para que los padres no mandaran sus chicos al colegio, ¿qué es eso?, eso es terror puro, es no tener la mínima consideración a la sociedad argentina.

       22 de noviembre de 1974: ametrallamiento a la Dirección de Electrónica de la Marina.

25 de noviembre de 1975: sigue Montoneros matando dirigentes peronistas; asesinato del obrero portuario; activista gremial, Florencio Fernández.

Montoneros: 3 de diciembre de 1974, asesinato del concejal Rubén Dominico, en Monte Grande. Atentado a Oscar Blanc, intendente justicialista de Monte Grande.

4 de diciembre de 1974: asesinato a balazos del Capitán del Ejército don Humberto Viola y su hija de 3 años, además de heridas de bala a otra hija de 5 años, todo delante de la esposa embarazada en pleno centro de Tucumán, luego que fuera interceptado por un valiente comando guerrillero compuesto de 10 terroristas en tres vehículos. En 1997, el ex dirigente Kremer, del ERP, explicó en la televisión que lo de la hija había sido un accidente que constituyó un serio error político.

Todos los muertos argentinos valen, señora presidenta.

Asesinato del ejecutivo de la empresa La Cantábrica, Ramón Samaniego; asesinato del Sargento de Policía, Joaquín Casas.

Montoneros: asesinato del Guardiacárcel Carlos Rodríguez; asesinato de Mario Fernández en Bahía Blanca.

ERP: Asesinato del ejecutivo Antonio Dos Santos Larangeira, Mar del Plata.

20 de diciembre de 1974: Montoneros; secuestro del gerente de la empresa ESSO.

Señora presidenta, vivíamos en un sistema democrático.

Grupo de las Tres A mata, en enero del ’75, en forma enloquecida también; Montoneros, 17 de enero de 1975, asesina a los dueños de la empresa Carlitos, en Bahía Blanca; 21 de enero de 1975, Montoneros, atentado incendiario explosivo contra empresa chaqueña.

       Decreto del Poder Ejecutivo nacional, señora presidenta, ordenando al Ejército operaciones militares para neutralizar y aniquilar el accionar subversivo. El país estaba entrando en la máxima locura, ¿quién la había provocado?, dejo el juicio a la historia.

       29 de enero de 1975: Montoneros, secuestro del empresario ingeniero Carlos Dazeo, Mar del Plata.

30 de enero de 1975: Montoneros, asesinato y robo en un estudio jurídico de Bahía Blanca.

2 de febrero de 1975: Asesinato -otro compañero peronista, señora presidenta, muerto por el ERP- del dirigente gremial Chávez, en Tucumán.

4 de febrero de 1975: Montoneros, secuestro del delegado municipal justicialista del pueblo de Quilmes.

Montoneros: tiroteo contra los directivos de ENTel; tiroteo contra el delegado gremial de la empresa Terrabussi; asesinato de ejecutivo de la empresa ALBA; asesinato del cabo de policía Félix Pérez; Montoneros, secuestro del ejecutivo de la empresa RHEEM SAIAR; Robo de impresoras y mimeógrafos en Lomas de Zamora.

14 de febrero de 1975: ERP, combate directo en Pueblo Viejo, Tucumán, entre tropas del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Ejército argentino. Se combatía lisa y llanamente en las calles.

       Esto es interminable, señora presidenta, me avisan que me quedan ocho minutos, por eso me voy a detener en los principales.

Montoneros: asesinato del dirigente gremial justicialista de la UOM, Teodoro Ponce; ataque con granadas –no con hondas- contra el Batallón 3 de Infantería de Marina, en Ensenada; ametrallamiento al domicilio del Secretario General de la UOM en Avellaneda. Menos mal que muchos compañeros justicialistas sindicalistas no estaban en la actividad política en aquel momento.

       26 de febrero de 1975: Montoneros, ataque con granadas a patrullero policial en Ramos Mejía; asesinato del sargento Cardozo, cabo Roque Fredes y agente Rodríguez, en Lomas de Zamora; secuestro y posterior asesinato del cónsul de Estados Unidos en Córdoba.

       ¿Qué era eso, señora presidenta? Asesinatos, robos, esa era la matriz que se daba en el año ’75, que los jóvenes lo sepan, señora presidenta, le ganamos a Beirut sumando la violencia de Irak y de Afganistán, les ganamos a todos. Lean la historia, jóvenes, pero léanla en forma completa.

       Ametrallamientos, robos, incendios, copamiento de la Prefectura Naval donde mueren dos de sus integrantes. No se frenaban ante nada, atacaban todos los centros de poder del Estado argentino, todos los días mataban a alguien. No voy a aburrirlos más, me quedan veintidós hojas y no las voy a leer, pero todos los días el peronismo ponía un muerto y todos los días el Ejército argentino ponía un muerto.

Conclusión: esto llegó así, algo que los jóvenes no lo pueden entender porque no lo han vivido. Esto llegó a un punto tal que en el Ejército Argentino había tres posiciones frente a la situación del país –esto está en los libros de historia-; la primera posición, la legalista, la encarnaba el General Numa Laplane: “hay que sostener el Gobierno democrático hasta el ’77, fuere como fuere”. La segunda posición, de la mayoría de los comandantes del Cuerpo, era que había que interrumpir el proceso institucional y convocar a elecciones. Y había una tercera posición, loca, genocida, terriblemente nazi, “Nacht und Nebel”, de dos generales en disponibilidad del Ejército Argentino, a los que les habían quitado el mando de tropas, se llamaban Videla y Viola. El resto del generalato le pedía al Gobierno de Isabel Martínez que saque a esos tipos del medio porque tenían un plan de exterminio: “el plan que tienen es terrorífico, van a destruir la Argentina, el Ejército y cuanta institución hay en el medio”.

El Gobierno de Isabel Martínez de Perón cometió un error increíble, se alió con ellos al asumirlos al Gobierno, dándole la comandancia general del Ejército a Videla; creyó que con eso tenía asegurado el paso de su Gobierno. Pero con eso, lo único que se aseguró fue un plan genocida y brutal. Jamás la historia argentina tendrá algo parecido o similar. “Nacht und Nebel”. Los nazis se hubieran admirado de lo que pasó aquí cuando ese dúo de generales se hicieron cargo de la República Argentina. Había que exterminar a 5.000 personas y esto está escrito en los libros de historia. El plan está enunciado, señora presidenta.

       Por todo lo que acabo de decir, y mucho más que hubiera querido, no tanto en atención de los más viejos, que han vivido todo esto, sino en atención de los jóvenes, hubiera querido seguir contando lo que fue la Argentina que a nosotros nos tocó vivir.

       Por eso, señora presidenta, voy a acompañar la buena intención del Gobierno de indemnizar a las personas que estuvieron presas por ese conjunto de realmente deleznables ciudadanos, que se llevaron puesta la vida de miles de personas, que se llevaron puesta la vida del Ejército Argentino y que se llevaron puesta la mayor vergüenza que tendremos para muchísimas generaciones; pero no voy a aceptar, y por eso le voto en contra al Gobierno, que ninguna persona que haya pertenecido a estas organizaciones armadas, que hicieron hasta lo imposible para que la sangre se vertiera sobre la República Argentina, se beneficie con ningún reconocimiento. Y esta no es la teoría de los dos demonios, señora presidenta, no se confunda; la violencia es una sola, es un solo demonio. “Democracia o violencia”.

       Nada más, señora presidenta. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

 

Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: después de esta cronología difícil de recordar, queremos seguir con este 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en este día se trata este subsidio honorífico, denominado Reparación Provincial a Ex Presos Políticos de la Dictadura.

       En primer lugar, quiero decirle, señora presidenta, que este 24 de marzo, felizmente para la salud de nuestra cultura democrática, se ha ido consolidando como una fecha cada vez más trascendente, no hemos caído en la rutina; por el contrario,  fue adquiriendo significación, valor y su verdadera trascendencia a raíz de la transmisión general de su significado.

       Hace algunos años, cuando ocupaba una banca en esta Legislatura asistí a unas polémicas discusiones entre quienes sostenían que no había que recordar a los próceres en el día de su nacimiento sino en el día de su muerte. Los defensores de la primera fecha decían que había que recordar el momento cuando viene al mundo alguien que sería trascendente para el país; los defensores de la segunda decían que había que honrar la fecha en que aquellos próceres concluían su obra. En lo personal, creo que es tan valioso recordar el nacimiento como la muerte de las personas trascendentes.

       Hago esta introducción porque he escuchado algunos comentarios mezquinos que pretenden ponernos en la trampa de confrontar el 24 de marzo con el 30 de octubre. Nos dicen: ustedes deberían recordar el 30 de octubre, fecha de vuelta de la democracia y no recordar el golpe. Nada más absurdo: un pueblo que pretende ser dueño de su destino, una generación que pretende dejar más de lo que recibió debe saber que la grandeza de un pueblo pasa por saber con nitidez absoluta, con el mismo énfasis, lo que se quiere y lo que no se quiere. En este caso, estamos frente a lo que no queremos nunca más en nuestra Argentina; ya llegará el momento de recordar el momento que simbolice con igual fuerza qué es lo que queremos para nuestro país.

       No estamos discutiendo, como alguna vez se hizo debido a la dialéctica y que alguno pretendió confundir; sí estamos honrando heridas abiertas o no. Esto es mucho más, esto trasciende interpretaciones de esta naturaleza. Estamos honrando la memoria, quien no tiene memoria no tiene futuro; estamos honrando el sacrificio de los que perdieron la vida, de los que fueron torturados y de los que fueron detenidos por pensar distinto, y de aquellos cuya tortura se extendió hasta los que aún al día de hoy no saben en qué pedazo de tierra pueden poner una flor.

       El 24 de marzo no es una fecha de consternación de los políticos sino del pueblo en su conjunto. Representa el día en que nos quisieron arrancar nuestro más elemental derecho de decidir lo que queríamos ser en el marco de nuestra propia libertad. Los detenidos, los muertos, los desaparecidos no deben ser patrimonio de un partido; deben ser patrimonio de un país que recuerda y conmemora para garantizar la libertad de su pueblo. Demasiado nos hemos equivocado confrontando innecesariamente; debe ser para nosotros tan reprochable la indiferencia ante estos hechos como la propensión al aprovechamiento político de los mismos.

       Los que sufrieron, muchos de los cuales están hoy aquí, lo hicieron no para imponer sus ideas sino para que entre todos pudiéramos elegir hacia dónde vamos.

       En este marco, pretendo recordar el comienzo de la reivindicación de miles de hombres y mujeres –entre ellos, adolescentes y jóvenes- que con profunda convicción levantaron sus banderas en pos de una sociedad más justa y un Estado al servicio del pueblo. En este camino de la reivindicación, lo decimos con profunda convicción, arribó el primer gobierno democrático que inauguró la Unión Cívica Radical de la mano de Raúl Alfonsín. “El padre de la democracia”, al decir de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, en vida de nuestro querido Raúl, le hiciera junto a Néstor Kirchner un sentido y justo reconocimiento por su trayectoria política y su compromiso con los derechos humanos.

       Quiero recordar algunos de los objetivos que incluyó a días de haber asumido la Presidencia, en 1983, más precisamente el 15 de diciembre, por ejemplo, el Decreto 187/83, que decía: “El Presidente de la Nación, DECRETA: 1.- Constituir una Comisión Nacional que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país. Serán funciones específicas y taxativas de la comisión: a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la Justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;

       b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas como así también toda otra circunstancia relacionada con la localización;

       c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores;

       d) Denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer;

       e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución”.

       Esto, señora presidenta, demuestra el compromiso de nuestro querido señor Presidente por empezar a reivindicar a los detenidos y desaparecidos; esta decisión política fue la puerta de ingreso para enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado.

       Todos sabemos que no fue una tarea fácil y ha pasado mucha agua bajo el puente, pero en aras de mirar el futuro sin olvidar el pasado de esta última década, hemos profundizado la protección de los derechos humanos diciendo que sin dudas el Gobierno nacional ha sido su principal impulsor. Por ello, compartimos en términos absolutos que en todas las Legislaturas del país se conmemore un año más sin olvido.

       Hoy estamos tratando la ley 8663, de Reparación Provincial a Ex Presos Políticos de la Dictadura. Nosotros adherimos a la idea de reparar con ello a un vasto sector de mujeres y hombres de nuestra Provincia que, si bien no corrieron la mala suerte de otros de sus compañeros, su libertad e integridad física estuvieron disponibles al antojo de los ideólogos de la noche más oscura de los argentinos.

       En ese mismo tránsito, señora presidenta, quisiera proponer ampliar la reparación moral que estamos haciendo hacia las víctimas del terrorismo de Estado de aquella época. Si bien habíamos acordado, quisiera proponer que para aquellas personas comprendidas en las previsiones de la ley pero que hayan muerto antes de su sanción, el beneficio le sea otorgado a su cónyuge, pareja o hijos menores o discapacitados. El artículo 6º dice algo al respecto pero es confuso.

       Estamos convencidos que el impacto del encierro, del miedo y del terror vivido por los presos políticos, también fueron vividos y sentidos por sus familiares más directos. Este es el fundamento de la propuesta.

       Por otro lado, señora presidenta, si bien esto se puede modificar hoy también podría hacerse en el futuro; lo que sí queremos proponer hoy como moción concreta, es eliminar el inciso c) de artículo 3º y el inciso c) del artículo 7º, para que de esta manera tenga carácter universal esta ley, dejando de ser un subsidio para convertirse en una verdadera reparación histórica.

       Esta es la propuesta que hacemos desde el bloque de la Unión Cívica Radical.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.

 

Sr. Fonseca.- Gracias, señora presidenta.

       Después de escuchar lo expresado por los señores legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, se me ocurre empezar con un frase de Andre Malraux, que dice: “Una vida nada vale, nada vale más que una vida”,

porque por lo escuchado, la vida en apariencia tiene poco valor, según sea cuánto más o cuánto pueden la ideología, la violencia y la muerte.

       Pero hoy queríamos que fuera un día diferente; diferente para los presos políticos, para las entidades de derechos humanos, para los torturados de la historia argentina, producto de los golpes militares y del genocidio apátrida, para que pudieran festejar.

       Pero fíjese, como se dijo aquí, que hay muchas ausencias y poca presencia de las entidades de derechos humanos, y de sus beneficiados que son, precisamente, a quienes va dirigida esta ley.

Hace poco tiempo atrás, cuando el Gobernador De la Sota abrió las sesiones ordinarias, patentizó una frase: “es lo que hay”. Y da la impresión de que el oficialismo, para esta ley, lo que tiene “es lo que hay”.

Esta ley no es posible enmendarla bajo ningún punto de vista -y da la impresión de que esto es así- porque las necesidades de caja del Gobierno provincial abortan o condicionan, de alguna manera y de cara al futuro, las finanzas de la Provincia, en lugar de transformar esta reparación en lo que verdaderamente es: una reparación y no en una conmiseración o en una dádiva o en un subsidio a la pobreza, como dijo mi colega Marta Juárez.

Y digo que “es lo que hay” porque, tomando las palabras de la legisladora Olivero, el colega Alesandri dijo: “está de acuerdo a nuestras posibilidades”, y cuando hicieron los números se dieron cuenta que 25 ó 30 millones de pesos eran demasiado, entonces, había que empezar a excluir.

Seguro que lo correcto en todo esto, para no faltarles el respeto a los presos políticos, a las entidades de derechos humanos, a los torturados de la dictadura militar, es volver al proyecto original, como decía el legislador Clavijo.

Pero hasta tal punto se han equivocado, señora presidenta, en este día tan particular, de tanta trascendencia para todos, para los heridos de la dictadura, que fíjese: tenemos la Legislatura vallada.  Y me pregunto si es porque tienen miedo de que los fantasmas de los desaparecidos vengan a militar a este recinto, como si los familiares de esos desaparecidos atropellaran el recinto que les pertenece porque su voluntad popular está representada aquí en este lugar.

Por eso creo que no hay que clausurar la historia, señora presidenta; hay que recordarla, porque no es signo de resignación mirar hacia atrás, porque sirve para mirarnos a los ojos, saber quién es quién en esto de los homenajes. No hay que hacerse los desentendidos y mirar hacia el costado o tomar la amnesia como excusa, o que la memoria colectiva permita sepultar a los conniventes de la masacre, porque los hay. Los hay en los intendentes que se abrazaron a la política de la dictadura militar, en los empresarios, en algunos sindicalistas venales, en periodistas venales, en la sociedad en su conjunto que apoyó y aplaudía esto. Por eso, para que esto ocurriera, había una necesidad: la cadena de complicidades, y existió.

Las pocas entidades que quedan aquí, que están presentes, han vivido con zozobra la desaparición de sus seres queridos y no merecen otra afrenta sustentada esta vez u otra vez por un problema de caja. Por eso esta ley, a la que se ha mutilado de forma de una discriminación absurda, no es completa y deja como un tufillo demagógico rodeándola.

       Por las razones apuntadas y por quien inspira a la ley, y ¿sabe por qué, señora presidenta y señores legisladores? Porque los derechos humanos se adquieren por convicción, no por oportunismo.

       Los derechos humanos, señora presidenta, no son un significado parcial de la vida política sino un síntoma de conducta, de idiosincrasia, de credo. Hay que sentirlos a los derechos humanos, como muchos de los legisladores justicialistas que lo padecieron. No puedo dejar de reconocer que me conmovió el relato del legislador Gutiérrez hace poco tiempo. No puedo dejar de reconocerlo, porque a lo mejor en menor medida yo también lo viví.

       Pero a los derechos humanos hay que llevarlos en la sangre, sentir que el ardor sacude el rostro y enrojece las pupilas de recuerdos. Eso le debiera suceder cuando la ausencia moral de esos sentimientos son alterados por una ocasión determinada.

       No entiendo, no comprendo que esta ley, o una similar que debiera haber sido sancionada en 1999, fue sacrificada por el doctor José Manuel De la Sota y hoy sea inspirada por el mismo Gobernador José Manuel De la Sota. Más que no entenderla me produce perplejidad. Perplejidad porque tuvo la osadía, como se dijo aquí suelto de cuerpo, que “las madres debieran haber cuidado a sus hijos” cuando el entonces Presidente Néstor Kirchner le decía al Jefe del Ejército: “Baje el cuadro de genocidas”,

       Me parece que es como querer enmendar de alguna manera la tropelía verbal con la frescura de quien goza de la impunidad de la palabra. No podemos dejar de señalar esta contradicción, señores legisladores. No podemos porque resulta insalvable y porque revienta el pecho de indignación.

       Sentimos perplejidad, señora presidenta, por eludir la historia del comienzo de...

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador Fonseca: el legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?

 

Sr. Fonseca.- Sí, señora presidenta.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Alesandri.

 

Sr. Alesandri:- Creo que éste es un día en el que debemos tener respeto, porque si nos vamos a empezar a destratar y a faltarnos el respeto entre nosotros, le diría al legislador Fonseca, que tanto revisa la historia, que me explique por qué el líder de su partido trató a los organismos de los derechos humanos de la Nación como piqueteros del gobierno de Kirchner en un acto despectivo y destemplado en el respeto de la lucha de esos compañeros.

       Gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa con el uso de la palabra, legislador Fonseca.

       Espero que tengamos orden, porque es lo que necesitamos realmente.

 

Sr. Fonseca.- Decía que sentíamos perplejidad por eludir la historia del comienzo del exterminio porque no fue el 24 de marzo de 1976 sino que fue el 27 de febrero de 1974, con el “navarrazo”, y no podemos dejar de lado la mención de una testigo en los Tribunales Federales manifestando que el actual Gobernador pertenecía a la ultraderecha del peronismo que derogó el gobierno democrático de Ricardo Obregón Cano.

       ¿Cuál hubiera sido el gesto de absolución, señora presidenta? Presentarse ante la Justicia para que fuera investigada por tamaña aseveración; estuvo preso, es cierto, pero recomiendo que repasen la nota del colega periodista Alexis Oliva, del 1º de abril  de 2004, para conocer la verdad sobre su vida en la cárcel. Señora presidenta, me gustaría que le pregunte al legislador Sosa  si me autoriza a leerlo  porque hay una frase contundente en ese relato.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador. Estamos redondeando porque estamos en el final del tiempo acordado.

 

Sr. Fonseca.- Señora presidenta: sentimos perplejidad porque con la misma lógica que lo dicho frente a la D2 se refirió a la Noche de los Lápices para emular la lucha del boleto estudiantil y compararlo con el boleto educativo. Sentimos perplejidad por querer lavar su historia -no la de ustedes, señores legisladores, que padecieron la tortura-, pretendiendo que con una conmiseración dineraria se tape la insípida creencia en algo que no se siente ni nunca se ha sentido en materia de derechos humanos. Esta ley no lo exime ni lo limpia. El pasado es inexorable a la hora de condenar con las palabras. La ley repara y discrimina al mismo tiempo, pero no es culpa el pasado de quien la inspira.

Por eso señora presidenta, señores legisladores, público presente e integrantes de las organizaciones de derechos humanos, como hubo un “Nunca Más”, que tantas veces se mencionó aquí con respecto al genocidio militar, también debiera haber un “Nunca Más” para el oportunismo, la hipocresía y el cinismo de alguna dirigencia política.

       Muchas gracias. (Silbidos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora Olivero, ¿quiere ir haciendo el cierre del debate?

Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: yo hice propuestas concretas y no me ha contestado nadie del oficialismo.  Los legisladores García Elorrio y Brouwer de Koning hablaron después de mi.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Seguramente vamos a someterlo después a consideración. Si nadie ha dado respuesta es porque no han dado lugar a las propuestas.

       Continúe con el uso de la palabra, legisladora Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: más allá de que puedan no ser contempladas, he planteado algunas propuestas, incluso, que estaban en el primer despacho suyo, señor legislador Alesandri, que es el autor de este proyecto.

       Por eso, el primer proyecto que tuve…

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Le solicito una interrupción, legisladora Olivero. ¿Qué es lo que necesita para que aclaremos la situación? Hay una propuesta realizada por ustedes, se ha trabajado en Comisión y hay un despacho.

       Tiene la palabra el señor legislador Busso.

 

Sr. Busso.- Señora presidenta: querríamos que ponga a consideración la moción para que el Cuerpo pueda votarla.

       Me parece que en esta sesión, tal cual lo hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, que trata de ser seria, cada bloque puede plantear su posición política. En definitiva, estábamos de acuerdo con el espíritu del tratamiento de este proyecto. Cuando acá aparecen algunas circunstancias debemos ponerlas a votación para evitar cualquier otro mal entendido.

       Si la legisladora preopinante ha hecho una moción de orden póngala a votación, señora presidenta. También voy a sugerir –para que lo tengan en cuenta los señores legisladores- que esta votación la vamos a hacer en forma nominal cuando se ponga en consideración en general.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora Olivero, si quiere que pongamos en consideración la moción de las modificaciones que usted ha propuesto, lo hacemos.

       Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

 

Sra. Olivero.- Señora presidenta: cuando hice uso de la palabra, en realidad, lo hice de buena fe, planteando que, más allá de que los distintos bloques podían tener sus posiciones adelantadas en la Comisión de Labor Parlamentaria, no mocioné para que se vote porque, efectivamente, venimos trabajando en esto con la ingenuidad –posiblemente- de pensar que algunas cosas podían ser tenidas en cuenta, ya que –repito- en el primer proyecto estaba mejor planteado que en el que está en tratamiento.

       Como entiendo que hay una “unidad de medida distinta”. Mire, cuando se discutió el reconocimiento artístico para los trabajadores de la cultura, quienes participamos en la Comisión de Educación elaborando y mejorando el proyecto del Ejecutivo, planteamos que …

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Legisladora: ¿podemos solicitarle que vuelva al tema?

 

Sra. Olivero.- Estoy en el tema, pero estoy hablando de unidades de medida.

       En aquel momento, el proyecto de reparación para los trabajadores de la cultura era para los pobres, para los indigentes. El actual Ministro de Transporte, ex legislador Dante Heredia, nos cambió el despacho y nos dijo que había que ser universales, que eso no podía ser para los pobres, que había que tener un proyecto de reconocimiento para los ricos y los pobres; y tuvimos que acceder.

       Esa unidad de medida, señora presidenta, no está en este proyecto. Entonces, ¿qué tengo que entender, que hay unidades de medida para una cosa y que esas mismas cosas no pueden ser tenidas en cuenta en este proyecto para darle carácter universal?

       Estuvimos juntos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, nosotros íbamos a acompañar este proyecto haciendo algunas consideraciones sobre dos o tres puntos. Lo empeoraron, lo hicieron más acotado todavía. No es reparador, no es reivindicador, señora presidenta.

       Efectivamente, el legislador Alesandri dijo que hace tres años que venimos peleando –de los que me acuerdo- con la Asociación de Ex Presos; pero esto es una “tomada de pelo”, nos hemos enterado de la modificación –para peor- esta mañana.

No hice la moción de orden porque, justamente, apelaba al sentido común que tiene que tener este Cuerpo, en este día y en debate, porque fuimos parte, somos y seremos parte de la defensa de la reivindicación de la reparación de los ex presos, como la Ley 14.042, y porque me siento estafada, igual que los compañeros que vinieron esta mañana.

       ¿Por qué no están en las gradas Antonio Alcázar, Sara, el resto de compañeros y compañeras? ¿Por qué no están aplaudiendo y tirando papelitos?

 

-La legisladora Fernández dice, fuera de micrófono: porque están en La Perla.

 

No, perdoname; no están en La Perla; se fueron de acá y están denunciando …

 

-Varios legisladores hablan simultáneamente fuera de micrófono.

 

Se fueron a la D2 a llamar a una conferencia de prensa para denunciar los cambios de ustedes.

Nosotros no vamos a acompañar esta medida acotada. Voy a sintetizar la pretensión: saquen del artículo 3º los incisos a y c; eliminen del artículo 7º el inciso c, porque eso es lo que hace que esto responda a una “lavada de cara” y no al “carácter reparador”. Por eso apelé al sentido común, que no es el más común de los sentidos, aparentemente, dentro de esta Cámara.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

 

Sr. Brouwer de Koning.-  Señora presidenta: nuestro bloque también había hecho una moción para poder acompañar este proyecto. Habíamos presentado la moción de eliminar el inciso c)  del artículo 3º y el inciso c) del artículo 7º; y en el artículo 4º del proyecto original, que ahora es artículo 6º, donde dice: “En caso de fallecimiento”, agregar: “antes o después de la sanción de la ley”. Pedimos, si es posible, que se vote esta moción y, de ser negativa, no vamos a acompañar la ley.

       Gracias.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción formulada por el legislador Brouwer de Koning.

       Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 

-Se vota y rechaza.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.

       Continúa con la palabra legislador Brouwer de Koning.

 

Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: quiero adelantar que no vamos a acompañar el proyecto en virtud de que no han sido aceptado los cambios propuestos.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador  Birri.

 

Sr. Birri.- Señora presidenta: teniendo en consideración que la saludable y conveniente propuesta formulada, en representación de nuestro bloque, por el legislador Clavijo ameritó el rechazo del bloque del oficialismo y como tal, entendiendo a esta altura del debate que Unión por Córdoba sostendrá hasta el momento de la votación el despacho que alumbrara –diría- hasta momentos antes del inicio de esta sesión especial legislativa, voy a utilizar el tiempo de mi intervención para fundar la posición del bloque del Frente Cívico a partir de asumir que las cartas están echadas en cuanto al tratamiento del contenido del proyecto y que el mismo no va a sufrir modificaciones en el resto del debate.

También expresar, como lo han hecho un buen número de legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, que de todos los golpes de Estado que asolaron a estas tierras, el de 1976 inició el tiempo más terrible de nuestra historia en el cual el terrorismo de Estado  fue el elemento esencial para dar comienzo a una profunda reestructuración de la sociedad  civil y el Estado argentino.

       Estoy convencido, y –como recién se ha dicho- lo dicen los libros de historia, que el principio básico de este golpe de Estado fue establecer una nueva distribución del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente dominantes de la sociedad a los que el desenvolvimiento -aún con problemas y dificultades- legal de las instituciones obstaculizaba y, a veces, hasta impedía alcanzar sus objetivos, implementando como dispositivo ideológico la doctrina de la seguridad nacional; todo esto acompañado de la represión más feroz que recuerda la historia argentina.

       Los ex presos políticos son los sujetos históricos de la lucha de Latinoamérica contra las dictaduras, contra los privilegios y por la justicia social, llámense como sea estos dictadores: Videla, Pinochet, Zomosa o Stroessner; ni la justicia, ni la verdad, ni la compensación económica tienen la virtud de reparar las pérdidas pero importan, indudablemente, un reconocimiento a las víctimas del dolor y el sufrimiento padecido por sus familiares. Esta cualidad, por decirlo de algún modo, repercute en el proceso individual y colectivo de superación del pasado, y no tengo duda alguna que, en este sentido, tiene un valor fundamental. Por sobre todas las cosas debe ser un acto de estricta justicia que salvaguarde la dignidad pero, de la misma manera, la memoria se repara y no se subsidia.

       El bloque que presido, señora presidenta, ha visto con buenos ojos esta iniciativa que hoy está en discusión, esta iniciativa que debiera ser un proyecto para reparar las brutales consecuencias de la dictadura militar. Y así como vimos con buenos ojos la presentación de este proyecto, desde un primer momento, este bloque decidió “atar” su participación y resolución el día que se tratara en este recinto la resolución que tomaran los organismos de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Por eso hemos participado activamente cuando se trató en comisión; incluso, incorporado algunos aportes que forman parte del texto que hoy se debate; pero lo cierto es que las modificaciones incorporadas en las últimas 24 horas, sin la participación ni el consenso, fundamentalmente, de los organismos de Derechos Humanos, hacen a nuestro juicio inviable que recomendemos el voto afirmativo.

       Las primeras sospechas de que esto lamentablemente así iba a ser, las tuvimos cuando temprano, arribando a la Legislatura, la vimos vallada como si en lugar del Día de la Memoria estuviéramos atajándonos de alguna pesadilla por venir; o cuando entrando en este recinto, que es la expresión viva de la Casa del Pueblo, no vimos sentados a nuestra izquierda ni a nuestra derecha a los representantes de los organismos, a la Comisión de Ex-Presos, y las gradas populares estaban virtualmente vacías.

       Sintéticamente, señora presidenta, le vamos a expresar los motivos por los cuales diferimos con el texto que es motivo de tratamiento. Empezando por su artículo 1º, disentimos con el carácter que se le ha dado a esta reparación. A nuestro modesto saber y entender hay una enorme contradicción en los términos utilizados en el artículo 1º de la normativa: se crea, por un lado, un “Subsidio Honorífico” y, seguidamente, se lo denomina “Reparación Provincial a ex Presos Políticos”. Y decimos contradicción porque todos sabemos –no hace falta ser un experto jurídico en el discurso para saber que subsidio no es lo mismo que reparación, en términos políticos, conceptuales y jurídicos.

       Entendemos que “subsidio” refiere a neutralizar una situación de indigencia o necesidad circunstancial o permanente derivada de una circunstancia totalmente ajena a lo que debió ser el pretendido espíritu de la presente. Evidentemente, si lo que pretendemos es reparar –que, entendemos, debería ser lo correcto- no obedece al mismo paradigma que subsidio. ¿Reparar qué?, los daños causados por un Estado terrorista a ciudadanos por la violación -sistemáticamente realizada- de los derechos humanos, que resultan inconmensurables y obedecen a una concepción absolutamente diferente.

       Tenemos disenso también con el artículo 3º, tanto en su inciso a) como en el c), respecto al lapso de tiempo necesario para encuadrar dentro del marco de admisión del acceso a la reparación. Un año nos parece un término de prescripción y las violaciones a los derechos humanos no prescriben; todos los aquí presentes sabemos que dos meses preso en las mazmorras de las cárceles de la dictadura es mucho más pesaroso y cruel que años en las cárceles de la democracia.

       Tampoco coincidimos con el inicio de la fecha en que debe estar encuadrada la reparación. Las violaciones de los derechos humanos empezaron antes del 24 de marzo de 1976; como se dijo, empezaron con el “Navarrazo” o con las persecuciones –como hizo alusión mi compañero de bancada, legislador Clavijo- a los compañeros de Luz y Fuerza; aunque en lo formal comenzaron en noviembre de 1974, cuando el Gobierno justicialista, a cargo de Isabel Martínez de Perón, impuso por decreto el estado de sitio y por primera vez se empezó a acuñar en la Argentina la terminología de la “persecución a la subversión”. O por caso, en 1975, cuando por otro decreto el entonces justicialista Italo Argentino Luder, a cargo de la Presidencia, dio amplias facultades a las Fuerzas Armadas para perseguir y matar al terrorismo.

       No tenemos coincidencias tampoco con el inciso c), cuando dice: “No percibir otra prestación, gratificación o reconocimiento derivado de la misma condición de preso político”. Está claro que lo que ha pretendido ser un acto de justicia, como estimo fue el espíritu inicial de este proyecto, termina dejando un universo de personas mayor que el que las que incluye, por lo tanto, implícitamente ese acto de justicia también trae aparejado otro acto de injusticia.

       Señora presidenta: por lo expuesto y aun compartiendo el espíritu de la iniciativa, por las observaciones planteadas y por estricto mandato –a nuestro juicio vinculante- de los organismos de derechos humanos de la Provincia de Córdoba, el bloque del Frente Cívico rechaza y recomienda el rechazo del proyecto objeto de debate.

       Muchas gracias.

 

Sra. Presidenta (Pregno).-  Previo a la votación voy a dar la palabra al legislador Sosa.

 

Sr. Sosa.- Señora presidenta: es un honor para mí participar de esta sesión especial, en esta Legislatura, luego de 36 años de aquel día aciago para nuestro país, y no sé si en aquel momento pensábamos que luego de 36 años íbamos a estar sentados aquí debatiendo un tema realmente tan sensible, como el que nos convoca.

       El 24 de marzo de 1976 fue más que sólo un golpe de Estado, fue la instauración de terrorismo de Estado, que resumen 46 años de violencia desde el golpe de Estado del presidente Yrigoyen; es el accionar de los métodos políticos violentos para hacer, precisamente, política. Ese es el carácter.

       En el 24 de marzo, la dictadura genocida se instaló con un plan de gobierno. Recuerden ustedes que ellos cerraron el Parlamento -donde hoy estamos discutiendo- y formaron aquella CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo), donde hicieron –como recién dijo Nadia- 700 leyes que les sirvieron para algunas cosas pero no fueron sustanciales -y después veremos por qué- con un grupo de adeptos y de adictos a las dictaduras genocidas, y ellos crearon su propia juridicidad, sus propias leyes, con un plan económico que sin ninguna duda fue hambreador al máximo, con una tablita cambiaria desindustrializadora que cerró miles de empresas en la Argentina; un plan económico verdaderamente de hambre y con la necesidad de amparar este accionar político-económico de la dictadura, con un plan terrorista encarnado desde el Estado.

       Eso es el terrorismo de Estado, cuando el Estado deja de lado la aplicación de sus propias normas jurídicas, de sus propios códigos, cuando aplica el monopolio de la fuerza pública para utilizarlo clandestinamente, porque cuando el terrorismo de Estado se instauró a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en barrios y en fábricas, también se enseñoreó en las cárceles, en los establecimientos clandestinos y en los campos de concentración.

       Entonces, el 24 de marzo es un día aciago para el país en el cual nosotros conmemoramos el “Nunca Más”. El Nunca Más de la violencia como método político de accionar y no como un problema entre los años 1973 y 1976. Son 46 años de violencia política que llevaron al país a las condiciones que recién en el año 1983 pudo recuperar con la democracia.

       Señora presidenta: a veces las cosas no son como queremos pero quiero decirle que cuando el terrorismo de Estado entró a las cárceles no preguntó de qué partido político o de qué organizaciones, políticas, sociales y/o gremiales eran sino que agredió, apaleó y masacró a todos por igual.

       Me venían a la memoria algunos casos como el del compañero Carlos Balustra, un delegado gremial de Obras Sanitarias, o de Claudio Zorrilla, un estudiante secundario, también sacado una noche, porque en Córdoba se había tomado como método que antes de cada una de las fechas patrias se tomara un grupo de prisioneros, independientemente de la afiliación política, y se lo fusilara. O sea, se aplicó clandestinamente la violencia, el monopolio y la fuerza pública de manera absolutamente terrorista.

En Argentina no se fusiló a nadie porque no había leyes así y porque la dictadura no quiso hacer una ley de fusilamiento ya que no se lo bancaba, y entonces ejerció la violencia de manera absolutamente clandestina a través de sus instituciones que, obviamente, las degradó y por muchos años.

       Entonces, no vamos a discutir sobre la inconveniencia y el desacuerdo de los métodos de acción política de ciertos grupos que estaban encarcelados porque es una discusión que ya dimos, ya dijimos que no estábamos de acuerdo; sin embargo, no quita que el accionar terrorista y genocida de la dictadura desde el 24 de marzo, que sustituye todos los códigos y leyes por el monopolio de la fuerza a través de un accionar clandestino, sea lo que debemos conmemorar y decir “señores, nunca más esa violencia”, que causó miles de muertos.

       Tenemos una ley que es parte de la política de derechos humanos que desde 1999 se viene llevando adelante en la Provincia de Córdoba, tanto por el Gobierno del doctor De la Sota como por el del contador Schiaretti. Tenemos el orgullo de decir que en cuanto acto de defensa y promoción de los derechos humanos se ha realizado ha participado el Gobierno de nuestro partido.

       Por lo tanto, quería aclarar esta cuestión e invitar a la votación.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Busso en el sentido de que la votación se realice en forma nominal.

       Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 

-Se vota y aprueba.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Por Secretaría se tomará cuenta de la votación nominal.

 

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

 

-Votan por la afirmativa los legisladores Alesandri y Basualdo.

 

-Votan por la negativa los legisladores Arduh y Agosti.

 

-Al solicitarle el voto, dice el

 

Sr. Birri.- Voto por la negativa y solicito se deje constancia de que el voto negativo del bloque es porque se violan los compromisos con los organismos de los derechos humanos.

 

-Votan por la afirmativa los legisladores Borello, Brito, Busso, Buttarelli, Caro y Ceballos,

 

-Votan por la negativa los legisladores Brouwer de Koning, Bruno y Caffaratti,

 

-Al solicitarle el voto, dice el

 

Sr. Clavijo.- Voto por la negativa, en contra de la violación de lo acordado en comisión.

 

-Votan por la afirmativa los legisladores Cometto, De Lucca, Echepare, Fernández, Gamaggio Sosa, Genta, Gribaudo, Gutiérrez, Labat, Luciano, Manzanares, Monier, Muñoz, Pagliano, Pereyra, Perugini, Pihén, Podversich, Ponte, Pretto, Ranco, Sánchez Luis, Schiavoni, Sestopal, Solusolia, Sosa, Toro, Trigo, Vásquez y Wingerter.

 

-Votan por la negativa los legisladores De Loredo, Del Boca, Felpeto, Fonseca, García Elorrio, Juárez, Las Heras, Matar, Montero, Olivero, Rista, Roffé, Sánchez Graciela, Vagni y Yuni.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por signos.

 

-Se votan y aprueban los artículos 1º a 15, inclusive.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 16 es de forma.

Se da por aprobado, con el cómputo realizado de la votación nominal, en forma general el proyecto, con cuarenta votos; veinte votos son la diferencia que existe para la aprobación del proyecto en general; cuarenta votos en positivos y veinte votos en negativo.

En particular, por el voto de mayoría, se aprueba.

       Por consiguiente, está aprobado el proyecto en general y en particular.

       Se comunica al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

 

PROYECTO DE LEY – 08673/L/12

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

 

ARTÍCULO 1º.- Créase el subsidio honorífico denominado “reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura”.

 

ARTÍCULO 2º.- La “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura” consiste en el pago de una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable, a todos aquellos ciudadanos comprendidos en el Artículo 3º y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley.

Quienes hubieran permanecido detenidos por más de dos años, el monto a percibir se incrementará en medio haber jubilatorio mínimo por cada año de detención o fracción menor.

 

ARTÍCULO 3º.- Para ser beneficiario de la presente ley, se deben reunir los siguientes requisitos:

a) Haber sido detenido por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

b) Tener residencia en la Provincia de Córdoba por un periodo no inferior a los diez años;

c) La detención mencionada en el inciso a) debe haberse producido en la Provincia de Córdoba;

d) Ser aprobada la solicitud respectiva por la Comisión Provincial del la Memoria creada por Ley Nº 9286 o, en su defecto, por la Autoridad de Aplicación de la presente ley;

e) No percibir otra prestación derivada de la misma situación de ex preso o perseguido político, pudiendo renunciar a la misma para la percepción de la creada en esta ley si así lo deseare.

 

ARTÍCULO 4º.- En caso de fallecimiento del beneficiario directo de la “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura”, tienen derecho a la percepción de la misma en el siguiente orden de prelación:

a) cónyuge supérstite;

b) conviviente en aparente matrimonio;

c) hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos incapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad.

En el caso del inciso c) de este artículo, habiendo más de un hijo beneficiario, el monto de la “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura” se distribuirá por partes iguales.

 

ARTÍCULO 5º.- La solicitud de incorporación al beneficio creado por esta Ley, deberá formalizarse en las oficinas que a tal efecto disponga la Autoridad de Aplicación.

 

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación está facultada a establecer el procedimiento de incorporación al presente beneficio, así como los recaudos para la acreditación de la calidad de expreso político del solicitante,  debiendo prever lo dispuesto en el artículo siguiente.

 

ARTÍCULO 7º.- Previo a la resolución que acepte o deniegue la incorporación del solicitante al régimen de la presente ley, se deberá correr vista de la solicitud a la Comisión Provincial de la Memoria creada por Ley Nº 9286, cuyo dictamen tiene carácter vinculante.

Sin perjuicio de ello, el interesado puede recurrir en reconsideración por ante el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, el que resolverá de manera fundada.

 

ARTÍCULO 8º.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 9º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en la presente Ley durante el año 2012, debiendo preverse, para los años sucesivos, en las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el que en el futuro lo sustituyere.

  

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Carlos Alesandri.

 

 

FUNDAMENTOS

 

No son los fundamentos de un proyecto de ley, la instancia para repasar algo ya sabido y sufrido por todos los argentinos, cuales son los estragos producidos en el tejido social todo por los horrores de la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

Pero sí debemos decir que muchos de los que más directamente sufrieron la feroz represión dictatorial en nuestra provincia, además de quienes lamentablemente fueron asesinados y desaparecidos, son los centenares de presos y detenidos por causas políticas.

Córdoba, en especial desde que es gobernada por Unión por Córdoba, viene tomando medidas de gobierno y desarrollando políticas de Estado que, en sintonía con las realizadas por el gobierno nacional, tienden a recuperar la memoria, a no olvidar lo sucedido durante la dictadura como garantía necesaria de que no volverá a ocurrir, a reivindicar a nuestros luchadores perseguidos y reprimidos por los personeros del horror y a –de alguna manera-  paliar o reparar las injusticias cometidas en razón de las políticas represivas desarrolladas por los ilegítimos gobernantes surgidos del golpe del 76’.

En este sentido, hemos sancionado Ley de la Memoria en el año 2006, el Archivo Provincial de la Memoria; por Ley 9320 (también del 2006), hemos modificado la Ley 8024  para permitir que puedan acceder a la jubilación los cesanteados por causas políticas; hemos eximido del pago de tributos a los organismos de DDHH en trámites tendientes a la recuperación de la identidad de hijos y nietos de desaparecidos; hemos coadyuvado con el Equipo Argentino de Antropología Forense y, en fin, muchas acciones demostrativas que la causa del Nunca Más, es también una causa nuestra.

Pero aun faltan reparar, o, mejor dicho, paliar algunos de los muchos efectos provocados por la represión ilegal: Muchos de quienes se vieron privados de su libertad en los negros años del terrorismo de Estado, no encuentran el reconocimiento necesario. Si bien la Nación, tiene previsto una reparación parcial para familiares de muertos y desaparecidos, otra para exiliados, asilados y presos, no son pocos quienes por distintas causas no están comprendidos en las leyes nacionales, siendo que han sido también víctimas de la cárcel por causas políticas.

En este sentido, la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba viene llevando a cabo una silenciosa lucha por su reconocimiento como tales y por la reparación debida. En sus petitorios y documentos nos basamos para este proyecto.

Por ello, aun sabiendo que lo propuesto en este proyecto puede resultar insuficiente, creemos que debemos para con nuestros comprovincianos víctimas del terrorismo de Estado, realizar una contribución económica en reconocimiento a la ilegalidad a su detención ilegal por parte del Estado (independientemente de que éste hubiera sido asaltado por una dictadura ilegal y sangrienta).

Dos haberes jubilatorios mínimos (hoy serían $ 3.000), más medio haber más por cada año o fracción que supere los dos años de detención, seguro que no alcanza a reparar los daños enormes que la represión produjo, pero es una manera de paliar la situación del ex detenido.

La detención ilegal, ilegítima, con o sin desaparición forzada que se sufrió durante la dictadura, produce consecuencias nefastas en la psiquis del expreso. La reacción más perturbadora es la llamada “intrusión” que consiste en la memoria intrusiva de los episodios vividos, el revivir  el hecho como si estuviera viviéndoselo de nuevo, mediante recuerdos que aparecen de manera espontánea en las situaciones que fueren.

Creemos que con este proyecto de ley estaríamos -reitero: de manera insuficiente pero acorde a nuestras posibilidades- poniendo un poquito de justicia allí donde hubo tanto dolor injusto, amén de que se estaría cumpliendo con las disposiciones de la Declaración Universal de los DDHH de 1948, de nuestras Constituciones nacional y provincial, a los pactos de derechos humanos de los que Argentina es signataria y, sobre todo, con nuestra memoria histórica y con la de tantos compatriotas que dejaron, cuando no su vida, sus mejores años para que hoy nosotros estemos viviendo en democracia.

Por las razones expuestas y las que expondremos e oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

 

Carlos Alesandri.

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY – 08673/L/12

Despacho de Comisión

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

 

Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 8673/L/12, iniciado por el Legislador Alesandri, por el que crea el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación, de la siguiente manera:

 

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

 

 

Artículo 1º.- Créase el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”.

Artículo 2º.- La “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura” consiste en el pago de una suma equivalente a dos (2) veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter no contributiva, personal, mensual, vitalicia e inembargable, a todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y en su decreto reglamentario.

Artículo 3º.- Para acceder al subsidio honorífico instituido por la presente Ley la persona requirente debe reunir los siguientes requisitos:

a)   Haber sido o permanecido detenido por causas políticas por un lapso no inferior a un (1) año, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

b)   Tener domicilio real en la Provincia de Córdoba al momento de la detención y acreditar residencia en la misma por un período -continuo o discontinuo- no inferior a los diez (10) años, anteriores, posteriores o concomitantes a dicho momento, conforme lo establezca la reglamentación, y

c)   No tener ingresos -promedio mensuales- superiores al monto del subsidio instituido en la presente ley, devenidos de empleo público o privado, actividad formal o informal, jubilación, pensión o cualquier tipo de prestación nacional, provincial o municipal.

Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación, en casos excepcionales, podrá eximir al solicitante de la acreditación de algunos de los requisitos exigidos por la presente Ley para la obtención del subsidio honorífico, cuando el requirente compruebe de manera fehaciente otros extremos que resulten compatibles o asimilables con los aspectos esenciales que hacen al objeto de esta normativa.

Artículo 5º.- Los derechos instituidos en la presente normativa son de aplicación y alcanzan a las personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado).

Artículo 6º.- En caso de fallecimiento de quien hubiese sido reconocido en la presente Ley, el subsidio honorífico será percibido por las personas que se mencionan a continuación, en el siguiente orden de prelación:

a)   Cónyuge supérstite;

b)   Conviviente en aparente matrimonio, y

c)   Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos discapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad. Habiendo más de un hijo beneficiario, el monto del subsidio honorífico se distribuirá por partes iguales.

Cuando hubiere colisión de derechos el subsidio honorífico se liquidará conforme lo realiza la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en casos similares.

Artículo 7º.- Para acceder al subsidio honorífico el solicitante debe completar el formulario que a tal efecto disponga la Autoridad de Aplicación y acreditar su condición acompañando la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que por reglamentación se pueda establecer:

a)   Copia certificada del documento nacional de identidad, libreta cívica, de enrolamiento o pasaporte;

b)   Declaración jurada en la que conste que no se encuentra percibiendo prestación nacional, provincial o municipal derivada de la misma condición, entendiéndose por tal cualquier pensión no contributiva meritoria por igual causa que la que se otorga por la presente Ley;

c)   Declaración jurada de no percibir ingresos superiores al monto del subsidio honorífico requerido, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 3º de este plexo normativo;

d)   Documento público del que surja su condena dictada por Consejo de Guerra o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o cualquier otro documento público emanado de organismos estatales nacionales o internacionales que compruebe de manera fehaciente su privación de la libertad y/o haber estado detenido y/o condenado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, como consecuencia del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo por causas políticas, gremiales o estudiantiles, y

e)   Certificado expedido por el Juzgado Federal Electoral, información sumaria tramitada ante autoridad judicial o documentos públicos o privados con fecha cierta, a fin de acreditar domicilio en la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley.

Artículo 8º.- Independientemente de la fecha que tenga la resolución que conceda el subsidio honorífico, éste será retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

Artículo 9º.- En caso de resolución que deniegue la incorporación del solicitante al régimen de la presente Ley resultan de aplicación las acciones recursivas establecidas en la Ley Nº 6658 -de Procedimiento Administrativo-.

Artículo 10.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación suscribirá convenio con la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) a fin de que quienes obtengan el subsidio honorífico instituido por la presente Ley puedan afiliarse voluntariamente al sistema, con deducción del costo del monto que perciben.

Artículo 12.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias a los fines de cumplimentar lo establecido en la presente Ley, siendo el Ministerio de Desarrollo Social o el organismo que en el futuro lo sustituyere el encargado de liquidar el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”, mediante fondos afectados al área de su competencia.

Artículo 13.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar esta Ley dentro de los treinta (30) días contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 15.- Cualquier duda acerca de la interpretación de la presente Ley deberá resolverse a favor de los derechos instituidos en esta normativa.

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V/H.

 

 

PROYECTO DE LEY – 08673/L/12 – TEXTO DEFINITIVO

 

LA LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

 

 

Artículo 1º.- Créase el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”.

 

Artículo 2º.-         La “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura” consiste en el pago de una suma equivalente a dos (2) veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter de no contributiva, personal, mensual, vitalicia e inembargable, a todos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley y en su decreto reglamentario.

                

Artículo 3º.- Para acceder al subsidio honorífico instituido por la presente Ley, la persona requirente debe reunir los siguientes requisitos:

 

a)  Haber sido o permanecido detenido por causas políticas por un lapso no inferior a un (1) año, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

b) Tener domicilio real en la Provincia de Córdoba al momento de la detención y acreditar residencia en la misma por un período -continuo o discontinuo- no inferior a los diez (10) años, anteriores, posteriores o concomitantes a dicho momento, conforme lo establezca la reglamentación, y

c)   No tener ingresos -promedio mensuales- superior al monto del subsidio instituido en la presente ley, producto de empleo público o privado, actividad formal o informal, jubilación, pensión o cualquier tipo de prestación nacional, provincial o municipal.

 

Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación, en casos excepcionales, podrá eximir al solicitante de la acreditación de algunos de los requisitos exigidos por la presente Ley para la obtención del subsidio honorífico, cuando el requirente compruebe de manera fehaciente otros extremos que resulten compatibles o asimilables con los aspectos esenciales que hacen al objeto de esta normativa.

 

Artículo 5º.- Los derechos instituidos en la presente normativa son de aplicación y alcanzan a las personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado).

 

Artículo 6º.- En caso de fallecimiento de quien hubiese sido reconocido en la presente Ley, el subsidio honorífico será percibido por las personas que se mencionan a continuación, en el siguiente orden de prelación:

 

a)  Cónyuge supérstite;

b) Conviviente en aparente matrimonio, y

c)   Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos discapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad. Habiendo más de un hijo beneficiario, el monto del subsidio honorífico se distribuirá por partes iguales.

 

Cuando hubiere colisión de derechos, el subsidio honorífico se liquidará conforme lo realiza la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba en casos similares.

 

Artículo 7º.- Para acceder al subsidio honorífico el solicitante debe completar el formulario que a tal efecto disponga la Autoridad de Aplicación y acreditar su condición acompañando la siguiente documentación, sin perjuicio de otra que por reglamentación se pueda establecer:

 

a) Copia certificada del documento nacional de identidad, libreta cívica, de enrolamiento o pasaporte;

b) Declaración jurada en la que conste que no se encuentra percibiendo prestación nacional, provincial o municipal derivada de la misma condición, entendiéndose por tal cualquier pensión no contributiva meritoria por igual causa que la que se otorga por la presente Ley;

c) Declaración jurada de no percibir ingresos superiores al monto del subsidio honorífico requerido, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 3º de este plexo normativo;

d) Documento público del que surja su condena dictada por Consejo de Guerra o su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o cualquier otro documento público emanado de organismos estatales nacionales o internacionales que compruebe de manera fehaciente su privación de la libertad y/o haber estado detenido y/o condenado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, como consecuencia del accionar represivo de las Fuerzas Armadas, de seguridad o de cualquier otro grupo por causas políticas, gremiales o estudiantiles, y

e) Certificado expedido por el Juzgado Federal Electoral, información sumaria tramitada ante autoridad judicial o documentos públicos o privados con fecha cierta, a fin de acreditar domicilio en la Provincia de Córdoba de conformidad a lo establecido en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley.

 

Artículo 8º.- Independientemente de la fecha que tenga la resolución que conceda el subsidio honorífico, éste será retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

 

Artículo 9º.- En caso de resolución que deniegue la incorporación del solicitante al régimen de la presente Ley resultan de aplicación las acciones recursivas establecidas en la Ley Nº 6658 -de Procedimiento Administrativo-.

 

Artículo 10.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

 

Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación suscribirá convenios con la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) a fin de que quienes obtengan el subsidio honorífico instituido por la presente Ley puedan afiliarse voluntariamente al sistema, con deducción del costo del monto que perciben.

 

Artículo 12.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueren necesarias a los fines de cumplimentar lo establecido en la presente Ley, siendo el Ministerio del Desarrollo Social o el organismo que en el futuro lo sustituyere el encargado de liquidar el subsidio honorífico denominado “Reparación Provincial a ex Presos Políticos de la Dictadura”, mediante fondos afectados al área de su competencia.

 

Artículo 13.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

 

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar esta Ley dentro de los treinta (30) días contados a partir de su entrada en vigencia.

 

Artículo 15.- Cualquier duda acerca de la interpretación de la presente Ley deberá resolverse a favor de los derechos instituidos en esta normativa.

 

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Señoras y señores legisladores: les pido un minuto de reflexión. Sin lugar a dudas, en esta sesión hubo distintas posturas, distintas ideas, cada uno de ustedes, los distintos bloques, las han podido expresar gracias, precisamente, a que vivimos en democracia.

       Es muy importante lo que hoy ocurrió en esta sesión donde, un 24 de marzo, a treinta y seis años, todos ustedes, legisladoras y legisladores, las cámaras en la Nación, las legislaturas de muchas otras provincias y muchos concejos deliberantes, se pusieron de pie para que la memoria sea lo que perdure entre nosotros y que podamos construir un país diferente, con muchísima fuerza y, fundamentalmente, entendiendo que lo que más tenemos que hacer es respetarnos entre todos.

Muchísimas gracias por este día, felicitaciones legisladoras y legisladores. (Aplausos).

Tiene la palabra el señor legislador Busso.

 

Sr. Busso.- Señora presidenta: compartiendo sus palabras, no quería dejar pasar la oportunidad para compartir con toda la Cámara –más allá de que algunos puedan saberlo- una buena noticia, mañana usted cumple años y desde esta Cámara lo compartimos y le deseamos un feliz día.

       Muchas gracias. (Aplausos).

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Muchas gracias a todos ustedes.

       No habiendo más asuntos para tratar, en una demostración de lo que indican y representan las fuerzas políticas que forman las distintas expresiones, invito a los presidentes de las bancadas a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

–Así se hace.

 

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.

 

–Es la hora 16 y 43.

 

Dra. Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos