VIVA CRISTINA FERNANDEZ de KIRCHNER NOBEL de la PAZ 2013 ¡¡¡

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Buscamos que durante este siglo XXI, concretemos la Revolución Cultural que soñaron nuestros compañer@s y familiares desaparecidos y asesinados , por todas la dictaduras y tiranias a los largo de America.



Nos mueve, la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Reparacion Integral para con las victimas de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los pueblos de America.



Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



domingo, 30 de agosto de 2009

Heinz Dieterich : ESTRATEGIA en AMERICA

La estrategia militar-mediatica estadounidense derrumba al Proyecto Bolivariano


29-Agosto-09





Con el ataque militar a Ecuador, la activación de la IV Flota, el golpe militar en Honduras y la iraquización de Colombia (bases militares), Washington ha reimplantado por la fuerza la Doctrina Monroe en América Latina. El reciente rechazo del Senado paraguayo a la adhesión venezolana al MERCOSUR coronó esos esfuerzos de la bota militar yanqui mediante un importante triunfo político. Tales éxitos de la dupla imperial Bush-Obama, logrados en poco más de un año, no hubieran sido posibles sin la incapacidad estratégica de los gobiernos “bolivarianos”.

Por Heinz Dieterich - Rebelión

Para lograr sus éxitos Washington diseñó un paradigma militar-mediático que le concedió la iniciativa estratégica en ambos campos. Ejecutaba sus jugadas sincronizadas en el tablero de poder latinoamericano, sin que los gobiernos de centroizquierda lograsen descifrar ni la sofisticación ni la dimensión de la amenaza. Fueron siempre tomados por sorpresa y colocados a la defensiva, simplemente reaccionando y reaccionando de manera individual, sin capacidad de previsión y, mucho menos, de prevención de las ofensivas enemigas.

La Casa Blanca, apoyada por sus cómplices europeos, instrumentó su ofensiva en los dos campos de poder donde no puede ser vencido: el militar y el mediático. Geopolíticamente, avanzó vía el Bloque Monroeista del Pacífico (BMP), conformado por países centroamericanos, Colombia, Perú y, en parte, Chile. Ante este paradigma de intervención la única defensa bolivariana posible hubiera sido una contraofensiva colectiva del Bloque Bolivariano que enfrentara políticamente el centro de la agresión, Washington ---arriesgando la ruptura abierta--- y que castigara económicamente a su avanzada militar, el gobierno de Uribe-Santos. Al no actuar de esa forma, omisión, cuya grave responsabilidad histórica recae principalmente sobre el gobierno brasileño, el monroeismo ha avanzado como un cáncer letal que proyecta matar al Bolivarianismo dentro de dos años (2011), liquidando a su centrum gravitatis, la presidencia de Hugo Chávez.

El momento crucial para enfrentar la ofensiva general de Washington se dio con el ataque militar a Ecuador. Las ventajas mediáticas, jurídicas y políticas, que esa fragante violación de la soberanía ecuatoriana proporcionaba al Bloque Bolivariano eran inmejorables. Al violentar el gobierno colombiano la escena del crimen, removiendo y modificando la evidencia forense, hecho reconocido por la propia policía colombiana, el Bloque Bolivariano debía haber invocado la doctrina judicial universal de la inadmisibilidad de evidencia contaminada (tainted evidence) en una corte de ley.

Frente a los aparatos policíacos internacionales, la aplicación de este principio forense hubiera significado la negación de cualquier colaboración respectiva, advirtiéndose inclusive la posible ruptura en bloque con esas estructuras policíacas internacionales, controladas por Washington y Bruselas, ante presiones indebidas. Al no invocar ese axioma jurídico y la consiguiente advertencia de ruptura, los gobiernos de Quito y Caracas se convirtieron en rehenes pasivos de las subsiguientes campañas mediáticas chantajistas que Washington desata cuando le conviene.

El grave error de no enfrentar de manera jurídica-ofensiva la agresión militar de Washington-Bogotá a Ecuador, se repitió en lo político-económico. Presionado por dos cercanos aliados, Hugo Chávez tuvo que jugar al mediador y levantar las sanciones económicas contra Bogotá, dejando aislada la digna posición de no-reconciliación de Rafael Correa. La resolución de Santo Domingo, a su vez, consagró la impunidad, absolviendo a los dos perpetradores principales de la agresión (Bush y Uribe), sin cobrarles costo político ni económico alguno. Con este triunfo de la política del appeasement (oportunismo), que la historia no absolverá, la puerta al regreso de James Monroe quedaba plenamente abierta. No tardó mucho el Uncle Sam (Tío Sam) en pasar por ella. Le tocó el turno a Honduras.

El mismo patrón de tibieza o, mejor dicho, cobardía política de la nueva clase política desarrollista latinoamericana, practicada en Santo Domingo, se repite ante el coup d´etat en Honduras y la conversión de Colombia en un protectorado militar del Comando Sur. Mientras el pueblo hondureño enfrenta heroicamente a los gorilas locales de Washington en la calle, los gobiernos latinoamericanos de centroizquierda hacen, esencialmente, nada. No solo se mostraron incapaces de detectar el golpe a tiempo, ahora se muestran sin voluntad real para cortar el nudo gordiano del problema.

La solución al problema de la dictadura militar se encuentra en Washington, en la presión pública y colectiva de los gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Obama, para que se defina ya. Si los gobiernos latinoamericanos no se atreven a cobrarle un alto costo político al “Presidente del Cambio y de la Esperanza” por su de facto complicidad con el coup d´etat ---congelando las relaciones con su gobierno--- el monroeismo ganará la batalla. Y la misma disyuntiva debe plantearse ante Uribe, explicitándole los costos políticos y económicos de la sumisión santanderista ante el imperio. Pedirle explicaciones sobre las bases militares estadounidenses en Colombia en una próxima reunión de la Unasur, es ridículo; de hecho, tan ridículo como el circo de la OEA instrumentado con el corredor imperial Oscar Arias. No es más que una finta seudo-diplomática de los gobiernos desarrollistas para engañar a las masas latinoamericanas sobre la verdadera gravedad de la situación, mientras el cáncer monroeista avanza.

Es la hora de la Batalla de Ayacucho, donde el virrey español La Serna, con el doble de tropas del Gran Mariscal de Campo Antonio José de Sucre y una abrumadora superioridad de artillería, aplicó la Guerra de Desgaste al Ejército Libertador del Sur; obligándolo a constantes movilizaciones reactivas en una guerra de movimientos. El Mariscal Sucre, decidido a no caer en el juego del enemigo, enfrentó esa estrategia con la estrategia de la batalla decisiva, es decir, la batalla que decide la guerra. El 8 de diciembre de 1824, en la pampa de Junín forzó a los realistas a presentar batalla. Su gloriosa victoria puso fin al colonialismo español.

Estamos, de nuevo, ante el escenario de una Guerra de Desgaste de fuerzas imperiales-oligárquicas muy superiores. Pero, esta vez, en calidad de huérfanos, sin el Gran Mariscal Antonio José de Sucre, sin el General Simón Bolívar y sin el General San Martín. Es decir, sin liderazgo ni vanguardia latinoamericana.

¿Qué hacer ante tal situación? ¿Abandonar la lucha? No, hay que mantener la máxima unidad posible, crear la vanguardia unificada latinoamericana y recuperar la iniciativa y el rumbo estratégico que los gobiernos desarrollistas han perdido. Y no solo los gobiernos. Es tiempo de que los grandes movimientos sociales, como el MST en Brasil, y los intelectuales de Estado, como la Red “En Defensa de la Humanidad”, se autoasuman como sujetos estratégicos del cambio, dejando su papel subordinado ante los gobiernos respectivos, de cuya simbiosis se benefician con sus agendas particulares.

Es el momento de Ayacucho. Es el momento de la grandeza de los Libertadores.

LOS 6 MESES de OBAMA

Las grietas del "sueño americano"

Obama en conteo regresivo:
La "democracia" imperial toca fondo


(IAR Noticias) 25-Agosto-09



El imperio estadounidense sufre por estas horas lo que podría denominarse con propiedad un multi-colapso generalizado de su agenda de poder mundial: Todo está en crisis y en decadencia en la primera potencia capitalista, incluido su gerente de turno, Barack Obama, que en 180 días de gestión (6 meses) no ha conseguido imponer ni uno solo de los puntos contenidos en sus promesas electorales del "sueño americano" en democracia.

Por Manuel Freytas (*)
manuelfreytas@iarnoticias.com
Informe especial





Este lunes, la prensa internacional nos sorprende con una noticia: Abrumado por los problemas (internos y externos) sin resolver, con su imagen y popularidad en picada, criticado por demócratas y republicanos, Obama hizo las valijas y se fue de vacaciones a una paradisíaca isla del Pacifico frecuentada por la farándula adinerada, en una mansión por la cual el Estado norteamericano abona US$ 35.000 por semana de alquiler.

Fieles a sus estilo de "ricos progresistas" los Obama han alquilado una mansión conocida como "Blue Heron Farm" ("Granja de la Garza Azul"), que tiene acceso a una playa privada, una huerta con manzanos, pileta y una cancha de básquet, el deporte favorito del presidente.

El presidente imperial dejó Washington abrumado por la guerra interna (entre republicanos y demócratas) que desató su estancado plan de reforma del sistema médico, que también ya empieza a figurar en su larga lista de fracasos ante la opinión pública estadounidense.

La reforma de salud proyectada por Obama agoniza, y aviva el conflicto interno entre demócratas y republicanos que había tenido su primer detonante con el golpe de Estado en Honduras, que dividió al Imperio en un línea de apoyo al presidente derrocado (Zelaya) desde la Casa Blanca, y otra de claro sostenimiento del gobierno golpista por parte del Pentágono y de los republicanos conservadores.

Los sucesivos fracasos para imponer sus programas, tanto en política interna como externa, golpearon con dureza su imagen pública, mientras que las críticas (por distintas razones) a su gestión llueven tanto desde el sector republicano como desde el Partido Demócrata, cuyos principales líderes también lo cuestionan por la falta de resultados de sus decisiones.

El Centro Pew revelaba la semana pasada que, según su último sondeo, la aprobación de Obama se sitúa en el 51%, frente al 61% que gozaba en junio (bajó 10 puntos en sólo dos meses). Y The Washington Post publicaba el viernes pasado otra encuesta junto con la cadena ABC que, incluso, bajaba la cuota de confianza y apoyo al presidente imperial al 49 %.

Simultáneamente, el principal problema interno de la agenda de Obama, la economía real del Imperio colapsa en todas sus variables, y los sectores más desprotegidos ya sufren los "ajustes" mientras una crisis social, todavía de efectos imprevisibles, asoma de la mano de los despidos masivos en la primera potencia capitalista.

A pesar de las débiles señales de recuperación que exhiben algunas variables de la economía USA, entre los economistas, medios y analistas especializados persisten las dudas y los interrogantes sobre los verdaderos alcances -y la duración- de la crisis con desocupación y con caída del consumo en la primera potencial imperial.

Además, de una forma brutal (y todavía sin resistencia social) los rescates industriales y financieros del gobierno de Obama (al utilizar fondos de los impuestos para salvar al capitalismo privado) descarga el costo del colapso recesivo económico (la crisis) sobre el sector asalariado (fuerza laboral masiva) y la masa más desprotegida y mayoritaria de la sociedad estadounidense, por medio de los despidos laborales y la reducción del gasto social ("ajustes"), que incrementan los niveles sociales de precariedad económica y de exclusión masiva del mercado laboral.

Desde que estallara el colapso bancario y bursátil en septiembre de 2008, la primera economía imperial nunca pudo recuperarse, y finalmente la crisis de la "economía de papel" terminó impactando en la "economía real", con descenso del consumo popular, desocupación en masa y una suba descomunal del déficit fiscal como producto de los desembolsos estatales para rescatar bancos y empresas privadas.

No obstante las "señales optimistas" que lanzan Obama y las autoridades europeas, los propios datos oficiales prevén que, con los mercados de crédito paralizados, en los próximos meses más empresas ingresen en un proceso de bancarrota y anuncien nuevos despidos (sumados a los ya existentes), y los consumidores se ajusten aún más el cinturón, a medida que la ausencia de crédito afecta su capacidad de endeudamiento.

En este escenario, como dicen este lunes algunos analistas estadounidenses, no será fácil para Obama desembarazarse de los problemas en la paradisíaca isla Martha´s Vineyard, ya que allí estará la decidida activista antiguerra, Cindy Sheehan, para recordarle el largo rosario de la continuidad de la política militar de Bush en Irak y en Afganistán donde las tropas USA continúan empantanadas.



También -señala este lunes la prensa norteamericana- amenaza con agotarse la paciencia de la comunidad hispana y de los grupos defensores de los inmigrantes, que ven cómo la batalla por la salud y otros frentes abiertos en la Casa Blanca están retrasando el avance de su ansiada -y prometida- reforma integral migratoria.

Incluso fracasó la reciente gira discursiva-publicitaria de Obama por el Medio Oriente, que tenía un propósito fundamental, según la Casa Blanca: "Reconciliar" la relación entre EEUU y el Islam, y fortificar un "proceso de paz" en Medio Oriente.

Contrariamente a su objetivo, Obama convenció a todos menos a los protagonistas del conflicto estratégico de fondo: Israel e Irán, quienes, por distintas vías, dieron señales de que la visita de Obama resultó tan vacía e inútil como sus palabras cargadas de "teoría sin práctica".

No obstante sus adineradas vacaciones "anti-estrés", la realidad, marcada por las verdaderas necesidades del Imperio USA, pulveriza aceleradamente las promesas y el marketing discursivo de Obama y muestra con crudeza que su administración -a la hora de ejecutar- es una continuidad en todos los campos de las políticas desarrolladas por la presidencia de Bush.



Hace seis meses, obviando la realidad estratégica del dominio hegemónico geopolítico-militar-nuclear de EEUU (cuya dinámica se nutre y retroalimenta con la conquista militar permanente de países y la depredación de recursos estratégicos a escala global) la prensa mundial y sus analistas edificaron en la figura y en los discursos de Obama una "nueva alternativa mundial" con EEUU renunciando a su status de potencia imperial dominante.

Con el acceso de Barack Obama a la presidencia de EEUU, se desarrolló una campaña mediática destinada a hacer creer a las mayorías mundiales que la primera potencia capitalista imperial, empantanada en Irak y Afganistán, con su sistema financiero pulverizado por la crisis y por una recesión económica de efectos imprevisibles, se podía recrear a sí misma generando nuevas expectativas y cambios "democráticos" de política a nivel mundial.

La decisión de continuar la guerra contra el "terrorismo" (implantada como lógica de dominación militar y de conquista de mercados), la escalada militar y las masacres de civiles en Pakistán y Afganistán, la vuelta atrás en la investigación de las torturas de la CIA, la aplicación de las mismas políticas de Bush en Irán, en el Cáucaso y en Medio Oriente, la restauración de los juicios militares a "terroristas", y la re-militarización de América Latina, señalan con claridad el verdadero rumbo de la gestión de Obama en la Casa Blanca.

De acuerdo con lo que muchos ya llaman la "nueva doctrina Obama" (que en realidad es la vieja doctrina Bush) Washington impulsa sus políticas de posicionamiento militar orientadas a controlar mercados y fuentes de energía y de recursos naturales en Asia, África y América Latina.





Durante sus primeros 90 días de gobierno, y mientras reafirmaba en sus discursos la "renuncia de EEUU a su rol de potencia imperial dominante", Barack Obama decidió profundizar la ocupación militar enviando más tropas a Afganistán, elevar el presupuesto militar estadounidense a niveles récord, e imponer (a través del G-20 y el FMI) un nuevo plan de endeudamiento para hacer pagar la crisis financiera imperial a los pueblos de Asia, África y América Latina.

Las decisiones de Obama a seis meses de gobierno (contradiciendo sus promesas) es la mejor prueba de que las políticas estratégicas de supervivencia imperial del Estado USA están por encima de la voluntad personal (o del discurso electoral) del eventual gerente que ocupe la Casa Blanca.

Como ya está probado en forma histórica y estadística: En EEUU, la potencia locomotora del capitalismo sionista a escala global, no gobiernan los presidentes o los partidos, sino la élite económica-financiera (el poder real) que controla la Reserva Federal, el Tesoro, Wall Street, el Complejo Militar Industrial y Silicon Valley.

Terminada las luces artificiales de la campaña electoral, demócratas y republicanos dejan de agredirse y se complementan en un diseño de política estratégica de Estado en defensa de los intereses de las grandes corporaciones económicas que marcan el accionar de las políticas internas y de la conquista de mercados encubierta en las "guerras preventivas" contra el "terrorismo".

Con Obama (tanto como lo hizo con Bush y el resto de los presidentes) el Pentágono USA, con sus cinco comandos estratégicos desplegados por el planeta, continúa desempeñado el rol de gendarme mundial de los bancos y trasnacionales imperialistas que depredan el planeta en nombre de la "civilización y la democracia".

Con la caída de Bush y el advenimiento de Obama, el Imperio USA intentó recrear la mística del "nuevo sueño americano" y generar una nueva expectativa de "reciclamiento democrático" en la figura de un "afroamericano" llegando a los máximos niveles de decisión de la Casa Blanca. "Somos tan democráticos, que hasta un negro nos puede gobernar", casi rezaban los eslóganes de campaña.

La "guerra contraterrorista", las ocupaciones imperiales a cara descubierta, la crisis económica USA-exportada a nivel global y la decadencia acentuada del "comandante" Bush habían golpeado fuerte: Desde el propio frente aliado europeo comenzó a hablarse de la "pérdida de influencia" del Imperio norteamericano.

Había que recomponer la unidad de comando y restaurar la desgastada imagen de EEUU como potencia imperial. Había que decirles a los agoreros del "final del Imperio": Pueden seguir creyendo en la solidez del sistema estadounidense. Sigan invirtiendo en dólares, bienvenidos a los bonos-refugio del Tesoro de EEUU. Somos como el Ave Fénix: Renacimos de nuestras propias cenizas, más democráticos que nunca y con un negro como presidente.

Obama -en los términos que lo presentaba el nuevo marketing discursivo de su campaña- tenía por misión demostrar que el Imperio estadounidense ya no generaba guerreros militares (del tipo de los que bombardean "terroristas" con música de Wagner de fondo) sino "apóstoles de la paz y la democracia" contenidos en el publicitado "nuevo sueño americano".

De acuerdo a como presentaba la imagen de Obama la prensa internacional al asumir el 20 de enero, las más de 800 bases militares norteamericanas que rodean como un anillo de muerte las áreas de recursos estratégicos del planeta (energía, agua, alimentos y biodiversidad) ya no iban a funcionar con órdenes castrenses sino con máximas del Mathama Gandi.

Solo seis meses de gestión, demostraron la mentira y ya casi terminaron con el "mito Obama" fabricado a escala global por la prensa sionista internacional.

Obama está de vacaciones: A la vuelta le esperan el infierno "contraterrorista" y la crisis recesiva irresuelta, y todo parecido con Bush será pura casualidad.

BARILOCHE: CUMBRE de· UNASUR

La satelización cipaya

"Militarización" imperial: De qué se trata la cumbre de UNASUR


(IAR Noticias) 29-Agosto-09



Presidente Álvaro Uribe: asegura que la instalación de las bases es una decisión "soberana" que sólo le compete a Colombia.


Mirada en perspectiva estratégica y realista la cumbre de UNASUR en Argentina, puede considerarse (con total propiedad) una farsa política: Los 12 países que se reúnen allí con una posición "crítica" hacia la "militarización USA" de Colombia, son miembros activos del dispositivo de control militar estadounidense de la región a través de su inserción orgánica en la guerra contra el "narcoterrorismo" impulsada y coordinada por el Comando Sur de EEUU.

Por Manuel Freytas (*)
manuelfreytas@iarnoticias.com
Informe especial



Marines de EEUU operando en Paraguay.

En resumen, los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que plantean la presencia militar de EEUU en Colombia como un foco de "conflicto regional", tienen sus ejércitos, policías y servicios de inteligencia integrados (a nivel operativo y estratégico) a la hipótesis de "guerra contraterrorista" con que EEUU justifica su despliegue militar en la región.

La estrategia USA de control económico, político y social de América Latina, se complementa con la estructura operativa del control militar en la cual se insertan -a modo de satélites- los gobiernos, las fuerzas armadas y las policías de toda la región que operan bajo la acción coordinada de los planes de EEUU para América Latina.

Todos los ejércitos y policías locales, sin excepción (salvo Cuba), se alinean actualmente en las tres hipótesis de conflicto diseñadas por el Comando Sur para toda la región: Guerra contra el "terrorismo", guerra contra las drogas, y guerra contra el "crimen organizado".

En lo político, los gobiernos de UNASUR (tanto de izquierda como de derecha) se rigen por dos principios doctrinarios básicos establecidos por el Departamento de Estado USA en la región:1) defensa irrestricta del "sistema democrático" como marco de regulación política y social a nivel regional. 2) Programas de lucha contra el "terrorismo", el "narcotráfico" y el "crimen organizado", mediante convenios de cooperación suscriptos
con Washington.

Hay un ejemplo reciente: el martes pasado, el Gobierno de Ecuador (presidido por el antiimperialista Rafael Correa) y EEUU suscribieron en Quito varios acuerdos de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el delito trasnacional, según informó la propia cancillería ecuatoriana.

Increíblemente (y revelando un doble discurso político) estos instrumentos de cooperación se suscribieron en un momento en que EEUU ultima la salida definitiva (exigida por el gobierno de Correa) de una base militar de vigilancia antinarcóticos (FOL, por sus siglas en inglés), que mantenía desde hace diez años en la ciudad costera de Manta.

Las nuevas hipótesis de conflicto regional y las coordenadas de control militar-estratégico se trazan a partir de la estrategia global de la "guerra contra el terrorismo", que reemplaza en la lógica doctrinaria imperial a la "guerra contra el comunismo" de la década del setenta y de la era reaganiana en Latinoamérica.

Bajo estas consignas, el Comando Sur a través de su Estrategia de Seguridad y Cooperación (Theater Security Cooperation Strategy) integró (salvo a Cuba) a todos los gobiernos y fuerzas armadas de la región a su diseño de estrategia continental orientada a preservar la "seguridad" y la "gobernabilidad democrática" de la región.

De esta manera, y a partir de la administración Bush, se produjo la nueva inserción operativa nivelada de las fuerzas armadas, las policías y los servicios de inteligencia regionales en la estrategia de "guerra contra el terrorismo", combate contra el "narcotráfico" y el "crimen organizado", de acuerdo con planes operativos e hipótesis de conflicto elaborados por el Comando Sur (Pentágono) y la CIA (inteligencia exterior USA), instrumentados mediante convenios militares y económicos de los gobiernos con Washington.

Sobre la base de esta nueva hipótesis de conflicto regional, todos los ejércitos y policías regionales participan (desigual y combinadamente) de ejercicios militares periódicos con las fuerzas del Comando Sur, y sus oficiales, tanto de nivel intermedio como de estado mayor, son entrenados por expertos militares y de inteligencia de EEUU.

Aunque no participan de ningún ejercicio militar conjunto con el Comando Sur, las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia de Venezuela se integran al marco operativo de la guerra contra el "narcoterrorismo" y el "crimen organizado", establecidos como la única hipótesis de "enemigo regional", a partir de su elaboración estratégica por la DEA, la CIA, el FBI y el Comando Sur de EEUU.

En otras palabras, ningún ejército ni policía de los países que integran UNASUR cuentan con una hipótesis autónoma de conflicto con un "enemigo propio", sino que se movilizan doctrinaria y operativamente en los marcos de la la "guerra contraterrorista" que EEUU utiliza como argumento de sus estrategia de control geopolítico y militar de la región.


Todos los ejércitos y policías de los países sudamericanos, sin excepción (salvo Cuba), se alinean actualmente en las hipótesis de conflicto diseñadas por el Comando Sur para toda la región. En el centro de la imagen, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.


La estrategia del control militar con la "guerra contraterrorista" actúa como el sustento clave de la dominación económica, política y social de EEUU en América Latina.

En este escenario, cualquier investigación objetiva (y realista) sobre el proceso de desarrollo de la actividad militar y de los aparatos de seguridad de América Latina arroja invariablemente la siguiente confirmación: Los ejércitos, las policías y los servicios de inteligencia de los países regionales (salvo Cuba, y parcialmente Venezuela) mantienen (en diversos grados de desarrollo) relaciones de cooperación militar, entrenamiento, provisión de armas y de tecnología con el Comando Sur de EEUU.

De acuerdo con los propios informes del Comando Sur, oficiales latinoamericanos (tanto militares, como de seguridad e inteligencia, desarrollan cursos de "especialización" en más de 100 instituciones militares y de inteligencia de EEUU.

Prácticamente, todos los oficiales de estado mayor que hoy comandan los ejércitos y las policías de la región (salvo Cuba) recibieron formación militar y doctrinaria en EEUU, como parte de los convenios establecidos entre Washington y los países en el marco de la guerra contra el "narcoterrorismo".

El objetivo principal de estos cursos de especialización se orienta a "desnacionalizar" ideológicamente a los militares de los países del continente, y a formarlos bajo presupuestos operativos y doctrinarios funcionales a los planes USA de control militar estratégico de América Latina.

Para que se entienda: Salvo Cuba, las fuerzas armadas y policías de América Latina carecen de doctrina, de estrategia y de hipótesis de conflicto propios (de Estado nacional), sus comandos se subordinan a las estrategias operativas "contraterroristas" diseñadas por el Comando Sur, y sus oficiales abrevan en doctrinas y entrenamientos funcionales a los planes del control militar de EEUU en la región.


Marines de EEUU en tierras sudamericanas.


En suma, ninguna fuerza armada regional (salvo Cuba) mantiene una posición independiente ni sustenta una hipótesis de conflicto alternativa al decálogo militar y doctrinario de Washington en América Latina.

Tomadas desde otro ángulo, las fuerzas armadas continentales (de la misma forma que los gobiernos regionales) son estructuras cipayas, entrenadas, armadas y controladas por la maquinaria militar del Imperio estadounidense. Funcionalmente, son satélites operativos del Comando Sur.

En el marco de estos convenios de "cooperación militar" (en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado) , el Comando Sur, la CIA, el FBI, la DEA, y otras agencias USA, mantienen delegaciones en las fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia de todos los países (salvo Cuba, parcialmente Venezuela).

De estos programas de inserción a la estrategia militar de EEUU, no están exentos -paradojalmente- los propios países de UNASUR que hoy (por derecha y por izquierda) critican y rechazan en una actitud farsesca la instalación de nuevas bases militares de EEUU en Colombia.

En términos de la realidad concreta y verificable, resulta absurdo, carece de sentido, que una cumbre de gobiernos alineados funcionalmente a la estrategia militar de EEUU en la región, se reúna para criticar y alertar sobre el "peligro militarista" que entraña la presencia de tropas estadounidenses en Colombia.

La prensa y los analistas del sistema, encubridores sistemáticos de la estructura cipaya de dominación imperial en la región, presentan dramáticamente la cumbre como la búsqueda de resolución de un conflicto entre Colombia y Venezuela a raíz de los convenios militares Bogotá-USA.

Que los países de UNASUR, entre los que sobresalen Chile (aliado militar explicito y privilegiado de EEUU), Brasil (socio regional estratégico de EEUU), Argentina (con su FFAA y policía asimiladas totalmente al Comando Sur), se reúnan para discutir el "peligro militar" de EEUU en la región, es un absurdo que no resiste ningún análisis.

Sólo se trata de una puesta en escena, de un show mediático para entretener a incautos e ignorantes (incluidos periodistas y analistas) que desconocen como funciona la estrategia y la maquinaria totalizada de dominación imperial en América Latina.

jueves, 27 de agosto de 2009

HONDURA y la OEA

Honduras: Misión de OEA choca con negativa del régimen


(IAR Noticias) 27-Agosto-09



El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al arribar el lunes a un hotel de Tegucigalpa.

Una misión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encontró con una nueva negativa del régimen de facto de Honduras a considerar el retorno de Manuel Zelaya a su cargo de presidente, del que fue depuesto el 28 de junio por un golpe de Estado.

Por Thelma Mejía- IPS

En una visita de 24 horas, los cancilleres se entrevistaron con sectores políticos, sociales, empresariales y gremiales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la cooperación internacional, líderes religiosos y hasta con la cúpula militar, como parte de una estrategia de ablandamiento para conseguir que el régimen suscribiera la propuesta de solución a la crisis, concebida por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.

Esa propuesta tiene como punto medular el regreso de Zelaya a su cargo, para que culmine su mandato en enero, con potestades recortadas y con celebración anticipada de elecciones bajo supervisión internacional y con una amnistía para los delitos políticos cometidos desde el golpe de Estado, entre otros aspectos.

Los ministros extranjeros también se reunieron con simpatizantes de Zelaya y miembros de su destituido gabinete.

La delegación de la OEA, encabezada por el secretario general José Miguel Insulza en calidad de "observador", se reunió también con funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial y de órganos contralores, y dejó para el final el encuentro con el presidente de facto, Roberto Micheletti.

Conformaron la misión los cancilleres Bruno Stagno, de Costa Rica, Peter Kent, de Canadá, Kenneth Baugh, de Jamaica, Patricia Espinosa, de México, Jorge Taiana, de Argentina, Carlos Morales Troncoso, de República Dominicana, y Juan Carlos Varela, de Panamá.

En un comunicado leído al término de la visita por Stagno, la delegación dijo que "lamentaba" no haber encontrado respaldo para la propuesta de Arias.

Según el canciller costarricense, en los diálogos sostenidos con los sectores que respaldan al régimen, éstos expresaron sus temores de que un retorno de Zelaya agudice el clima de inestabilidad y "no garantice la paz en el país".

Mientras, los seguidores de Zelaya expresaron preocupación por las violaciones a los derechos humanos y por su integridad física, dijo el ministro.

Stagno informó que la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, quien se convirtió en la portavoz del depuesto mandatario, afirmó que éste estaba dispuesto a firmar la llamada propuesta de San José en cada uno de sus puntos "de inmediato, si era necesario".

"Lamentablemente no se ha logrado en esta ocasión tener el respaldo hacia el acuerdo de San José, como una instancia de reconciliación para lograr el restablecimiento democrático de Honduras", dijo Stagno.

En las entrevistas con los tres poderes del Estado, hubo objeciones al plan en cuanto a la propuesta amnistía para los delitos políticos cometidos en torno del golpe y al retorno condicionado de Zelaya.

Micheletti agradeció la visita y afirmó que "por fin vinieron a escuchar al pueblo y a las organizaciones, ya que ningún presidente de un poder del Estado tiene el derecho de hacer lo que le de la gana con este país".

"Aquí están en marcha los tres poderes del Estado, todos estamos trabajando y no tenemos miedo al embargo de nadie, hemos analizado con tranquilidad lo que se nos puede venir, y vamos a salir adelante. Nos han enviado diversos tipos de mensajes, y a menos que nos quieran enviar y lanzar tropas, situaciones que no deberían darse, nadie nos va imponer nada, nosotros vamos a resistir", insistió Micheletti.

Honduras celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, agregó. "Las vamos a realizar, nos reconozcan o no nos reconozcan las naciones del mundo. Nosotros iremos a elecciones, quiero que eso les queda claro", arengó.

En cuanto al regreso de Zelaya, "les he dicho (a los cancilleres) y ratifico que estoy dispuesto a renunciar, porque no busqué este cargo, no tengo problemas en una 'tercería' como opción viable, quiero que ustedes se lleven eso al seno de la OEA, siempre y cuando garanticen que a Honduras le serán restituidos todos sus derechos como país hasta ahora negados", afirmó.

El presidente golpista se refería a la posibilidad de que ni él ni Zelaya concluyan el período del mandato presidencial y se nombre en cambio a una tercera persona para concluir el período, algo que no forma parte de la propuesta de Arias.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales y una de las figuras más poderosas que apoyan al régimen golpista, Adolfo Facussé, dijo a IPS que la canciller mexicana Espinosa, "en nombre de la señora Hillary (Rodham) Clinton (jefa de la diplomacia estadounidense) nos dijo que nos iban a embargar cuentas y otros negocios, así como la descertificación de Puerto Cortés", la principal terminal marítima de este país, clave para el comercio con Estados Unidos.

La cancillería mexicana negó esa versión.

Stagno instó a los actores implicados en el conflicto a "abstenerse" de declaraciones que alteraran el espíritu y la continuidad de las negociaciones.

El dirigente del Frente de Resistencia Contra el Golpe de Estado, Israel Salinas, dijo a IPS que la visita de los cancilleres es una de las "últimas opciones" para presionar por un retorno de Zelaya, pero "como los resultados no han sido favorables, estaremos por adoptar nuevas decisiones políticas".

En las últimas semanas, arreció la presión internacional sobre el régimen de Micheletti, con la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar denuncias de violaciones en la materia, seguida del juez español Baltasar Garzón, invitado por grupos humanitarios locales que solicitaron su asesoría para presentar denuncias ante la Corte Penal Internacional.

Garzón, quien abandonó el país este martes, fue relevado casi en forma simultánea por la misión de cancilleres de la OEA.

Ante la resistencia del régimen de facto, el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos anunció este martes la suspensión de visas para hondureños no inmigrantes que quieran viajar a ese país. La medida entrará en vigencia este miércoles, según un comunicado difundido en Washington.

martes, 25 de agosto de 2009

Enrique Santiago: Honduras

25-08-2009



Un informe jurídico desmonta todas las violaciones de los golpistas hondureños
"Un golpe de Estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño"


Enrique Santiago
Rebelión


El pasado 28 de junio, bajo la argumentación de que el presidente Manuel Zelaya había violado la Constitución, el ejército lo detenía y expulsaba del país. Este informe, elaborado por un experto en derecho internacional, muestra cómo los auténticos violadores de la Constitución hondureña fueron los golpistas que derrocaron al presidente legítimo del país.




El articulo 5 de la Constitución de la República de Honduras establece que el “El gobierno debe sustentarse en el principio de democracia participativa (...)”


Añade el articulo 15 de la Carta Magna hondureña: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales (...)”


De igual forma, la constitución hondureña establece en su articulo 16, que los tratados internacionales celebrados por Honduras, una vez que entran en vigor forman parte de su ordenamiento jurídico interno.


Con fecha 23 de Marzo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, de 23 de marzo, por el que se convocaba “(...) una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña pueda expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y apruebe una nueva Constitución Política (...)”. Dicho Decreto Ejecutivo no llegó a ser publicado en el Diario Oficial hondureño, “La Gaceta”. Conforme al articulo 221 de la Constitución Hondureña, las leyes no son obligatorias hasta su publicación en el diario oficial y una vez transcurrida la “vacatio legis” establecida.


El objeto del Decreto Ejecutivo PCM-005-2009, tal y como aparece en el párrafo anterior, ha sido tomado literalmente del “Requerimiento Fiscal para que se libre orden de captura” contra el Presidente Zelaya, de fecha 25 de junio de 2009, emitido por el Fiscal de la Nación de Honduras.


Con fecha 26 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dictó Sentencia Interlocutoria en el procedimiento Demanda nº 151-09 incoada a solicitud del Ministerio Publico (Fiscalía de la Nación), sentencia por la que se ordenaba suspender “todos los efectos del acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009 de 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, con lo que la meritada sentencia igualmente prohibía la publicación en el diario oficial “La Gaceta” de dicho Decreto Ejecutivo, que en dicha fecha aun no había sido publicado por motivos que se desconocen para los redactores de este informe.


La indicada sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa añade: “(...) De igual manera (se acuerda) la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la Republica”.


Con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009.


Con fecha 26 de Mayo de 2009 mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 (La Gaceta nº 31.945, de 25 de junio de 2009), y con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras (Decreto nº 3-2006, del 27 de enero de 2006, publicada el 1 de febrero de 2006) el Presidente Zelaya acordó encargar al Instituto Nacional de Estadística de Honduras la realización de una “Encuesta Nacional de Opinión” a celebrar el día 28 de junio de 2009, en la que se preguntaría a los ciudadanos la siguiente cuestión:

“¿Esta de acuerdo en que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente?, SI- NO”


Con fecha 29 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, a solicitud el Ministerio Publico (Fiscal de la Nación) emitió la siguiente “aclaración” de la sentencia de fecha de 27 de mayo de 2009.


“ACLARA: La sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo nº PCM-05-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido, o se emita, ya sea expreso o tácito, por su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve el mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara”.


A simple vista se aprecia el carácter arbitrario y falto de fundamentación de la anterior “aclaración de sentencia”, que no contempla antecedentes ni hechos diferentes a los ya contemplados en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009. Esta última sentencia fue dictada con posterioridad a la aprobación del Decreto Ejecutivo 020-2009 del Poder Ejecutivo (Presidente de la Republica) de fecha 26 de mayo de 2009, por lo que bien podía haber contemplado como antecedentes de hecho el contenido del mencionado Decreto 020-2009. Tampoco consta acto de impugnación expresa de parte alguna contra el mencionado Decreto 020-2009, por lo que para el supuesto de que la mencionada “aclaración de sentencia” se entendiera aplicable para restar o anular efectos al Decreto Ejecutivo 020-2009 de 26 de mayo, nos encontraríamos ante un claro supuesto de “incongruencia judicial extra petita”, proscrito por los Principios General del Derecho Procesal, así como por las normas procesales hondureñas.



El articulo 5 de la Constitución de Honduras, instituye como mecanismo de consulta a los ciudadanos el referéndum –definido este como ratificación o desaprobación por la ciudadanía de una ley ordinaria, norma constitucional o reforma constitucional- y el plebiscito -definido como pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa- . Nada obsta por tanto a que con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de Honduras, el Presidente de la Republica encargue al Instituto Nacional de Estadística la realización de una Encuesta o Consulta sin carácter vinculante. Recuérdese que por norma constitucional, el resultado de un Referéndum o de un Plebiscito tendría fuerza imperativa y seria vinculante para los poderes públicos.


Añade el articulo 5 de la Constitución de Honduras, que “corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos, señaladas en los párrafos anteriores” (referéndum y plebiscitos vinculantes).


Por lo anterior, la conclusión evidente en Derecho es que la convocatoria de una consulta distinta a las reguladas en el articulo 5 de la Constitución hondureña, no invade ni las competencias de los órganos constitucionales con capacidad para convocar el Plebiscito o el referéndum, ni mucho menos puede considerarse en una democracia como un “delito” la mera voluntad de conocer la opinión de la ciudadanía, máxime cuando no existe norma jurídica expresa en el ordenamiento hondureño que impida realizar tales consultas. Al respecto, seria de aplicación el principio de legalidad penal, así como el principio general del derecho de mínima intervención del derecho penal.


Sin embargo, el Fiscal de la Nación, en su solicitud de captura del Presidente de la Republica y de allanamiento de la vivienda de este (Palacio Presidencial) de fecha 25 de junio de 2009 -que aparece en el expediente judicial de la Corte Suprema de Justicia de Honduras referido a los sucesos de los días 28 de junio de 2009 y sucesivos, formula las siguientes acusaciones penales contra el Presidente Zelaya, por el hecho de haber convocado una “Encuesta Nacional de opinión a celebrar el día 28 de junio de 2009” mediante el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009:



1º.- Delito contra la Forma de Gobierno

2º.- Delito de Traición a la patria

3º.- Delito de abuso de autoridad

4º.- Delito de usurpación de funciones en perjuicio de la Administración Publica y el Estado de Honduras.



1.- Delito contra la forma de Gobierno, tipificado en el artículo 328.3 del Código Penal hondureño:


“delinquen contra la forma de Gobierno: (...) quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: (...) 3.- despojar en todo o en parte al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la constitución”.


Obsérvese en este punto, y antes de continuar el razonamiento, que la destitución mediante golpe de estado del Presidente Zelaya, sin duda ha supuesto la perpetración de un delito contra la forma de Gobierno por parte de quienes perpetraron dicha destitución.


A juicio de esta parte, el Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009 no ha despojado ni al Congreso Nacional ni a la Corte Suprema de Justicia de ninguna de sus prerrogativas o facultades. Las prerrogativas supuestamente despojadas, según la acusación presentada por el Fiscal de la Nación de Honduras en fecha 25 de junio 2009 contra el Presidente Zelaya, serian las contempladas en el antes citado articulo 5 de la Constitución: la convocatoria de plebiscito o referéndum. Como ya hemos visto, la Encuesta Nacional de Opinión convocada mediante Decreto Ejecutivo nº PCM-020-2009, ni tenia forma de plebiscito o referéndum, ni los efectos jurídicos de la misma eran equiparables al efecto jurídico de las dos mencionadas formas de consulta reguladas en el articulo 5 de la Constitución.



2.- Delito de Traición a la Patria: Conforme a la citada acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, el delito de Traición a la Patria aparecería tipificado en el articulo 2 de la Constitución hondureña en relación al art. 4 de la misma norma fundamental. Establece el artículo 2 de la Constitución hondureña:


“La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado que se ejercen por representación.

La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano”,


añadiendo el artículo 4 de la norma constitucional:


“La forma de gobierno es republica, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación.


La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”


A primera vista se observa la deficiente técnica jurídica constitucional, que tipifica una actuación política como delito a través de norma penal en blanco -toda vez que se establece el delito pero no la pena correspondiente al mismo- en un texto -el constitucional- cuya misión es determinar los principios fundamentales del ordenamiento jurídico hondureño y en ningún caso definir tipos penales.


El Código Penal, en su artículo 310-A, sin definir el tipo penal, establece la pena correspondiente al delito de “traición a la patria” tipificado en el artículo 2 de la Constitución hondureña, estableciendo una pena de 15 a 20 años de reclusión.


La acusación presentada por el Fiscal de la Nación contra el Presidente Zelaya, por la hipotética comisión del delito de “Traición a la Patria” se fundamenta en lo establecido en el párrafo 7 del articulo 5 de la Constitución:

“No serán objeto de referéndum o plebiscitos los proyectos orientados a reformar el articulo 374 de la Constitución (...)”,


en relación con los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución hondureña.


Sin duda alguna, los contenidos de estos artículos constitucionales configuran el verdadero núcleo del debate político que ha provocado el golpe de estado realizado en Honduras el pasado día 28 de junio de 2009. Se trata de tres artículos constitucionales, que en síntesis, proscriben cualquier reforma constitucional que afecte a la forma de gobierno de la republica, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica a quien haya desempeñado anteriormente dicha magistratura, así como se refiere a quienes no puedan ser Presidente de la republica en el periodo subsiguiente a haber desempeñado determinados cargos institucionales.. Son los artículos denominados “pétreos” por el constitucionalismo hondureño, supuestos de irreformabilidad constitucional no previsto en ningún otro texto constitucional del mundo –salvo quizás y parcialmente la actual constitución italiana, que en su articulo 139 proscribe la revisión constitucional de la “forma republicana” impidiendo así la implantación de un régimen monárquico-, que bien podria definirse como propio del preconstitucionalismo de los albores del Siglo XIX, y que podria llegar a conculcar incluso lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 25. a.) en la medida en que de facto significa una usurpación de la soberanía popular, a la que se veta la posibilidad de decidir libre y democráticamente un sistema político diferente al consagrado en dichos artículos “pétreos”. Esta prohibición vulneraría el "contenido esencial" del derecho de sufragio, puesto que sustrae del poder constituyente una decisión como es la de si un presidente puede ser reelegido.


Establece el citado articulo 374 de la Constitución hondureña:

“No podrán reformarse, en ningún caso, el articulo anterior, el presente articulo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la republica, el (sic) ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier titulo y el referente a quienes no pueden ser Presidente de la republica por el periodo subsiguiente”


Como se aprecia, la acusación formulada por el Fiscal de la Nación de Honduras indebidamente equipara la convocatoria de una Encuesta Nacional de Opinión por el Presidente Zelaya, -cuyo objetivo o resultado no era la realización de reforma constitucional alguna sino mas bien conocer la opinión de la ciudadanía sobre la necesidad de abordar dicha reforma-, con la realización de una reforma constitucional contraviniendo lo establecido en los artículos 373 (competencia del Congreso Nacional para operar reformas constitucionales), 374 y 375 (inderogabilidad de la Constitución si no es reformada por las vías establecidas en ella) de la Constitución Nacional. Sobran argumentos -jurídicos y lógicos- para acreditar que en ningún caso la convocatoria -ni tan siquiera la realización, ya que nunca llegó a celebrarse- de la mencionada Encuesta o consulta nacional puede ser equiparable a la realización de una reforma constitucional o a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa es conocer el estado de opinión de la ciudadanía -por lo demás, sumamente aconsejable en cualquier democracia- y otra cosa es pre-establecer que dicha opinión una vez manifestada equivale a un mandato imperativo, máxime cuando ni tan siquiera se ha podido verificar a través de la Encuesta Nacional de opinión, cual es realmente dicha opinión. Se imputa como delito al Presidente Zelaya la realización de una supuesta reforma constitucional que a fecha de hoy nadie ha indicado o acreditado en que consistiría exactamente, es decir, cuales serian los artículos reformados o a reformar.


Conviene destacar aquí que mediante Decretos 412-2002 de 13 de Noviembre de 2002, ratificado por Decreto 154-2003 del 23 de septiembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de los articulos 239 y 240 de la constitución hondureña, ambos declarados “pétreos” por el articulo 374 de la Constituicion. En dicha ocasión -en la que si se consumó reforma constitucional llevada a cabo por el Congreso de la Nacion aprobándose la posibilidad de reelección presidencial entre otras reformas - ni la Fiscalia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia iniciaron acción penal alguna contra los responsables de dicha reforma. Con fecha 11 de Noviembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló dichas reformas por inconstitucionales, sin adoptarse medida punitiva o reproche penal alguno contra ningun ciudadano.




3.- Abuso de autoridad: tipificado en el articulo 349.1 del Código Penal:

“será castigado con reclusión (...) el funcionario o empleado publico que: 1. Se niegue a dar debido cumplimiento a ordenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los limites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales”


El Fiscal de la Nación formula esta acusación de desobediencia judicial al Presidente Zelaya a pesar de que como mas arriba se ha indicado, con fecha 26 de mayo de 2009, el Presidente Manuel Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 (La Gaceta nº 31.945 de 25 de junio de 2009), “de efectos y aplicación inmediata” por el que se anulaba el Decreto Ejecutivo nº PCM-005-2009, todo ello en cumplimiento de la Sentencia emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa. La mera existencia del Decreto Ejecutivo nº PCM-019-2009 es prueba fehaciente del acatamiento presidencial de la señalada sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo, a pesar de que dicho conflicto de poderes -entre el Ejecutivo y el Judicial- debiera mas bien haberse resuelto aplicando los mecanismos previstos en la legislación administrativa hondureña para la resolución de conflictos de competencias entre diversos organismos del Estado, y no recurriendo a la judicialización penal de este conflicto, en abierta contradicción con el principio de mínima intervención del derecho penal.


Parece en todo caso exorbitado que el Fiscal de la Nación formule acusación contra el Presidente Zelaya equiparando a este a “funcionario o empleado publico”, sin reconocer las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades que debe ostentar la primera magistratura de Honduras, atendiendo tanto a lo establecido en el Derecho Internacional Penal (Sentencia Corte Internacional de Justicia de la Haya de 14 febrero de 2002. RD Congo vs Bélgica), como a la propia legislación interna hondureña.



En el derecho internacional publico, el principio de inmunidad estatal se hace extensivo a sus agentes en particular al Jefe de Estado, que usualmente -si es electo legítimamente- encarna la soberanía de su nación y ejecuta los principales actos de estado.


La inmunidad del jefe de estado se define de dos formas: la inmunidad "ratio personae" y la inmunidad "ratio materiae".

Bajo la primera se exime al gobernante en ejercicio por ser quien es, el jefe de estado. Es una cortesía que se concede entre estados para evitar que se utilicen los tribunales para sustanciar asuntos políticos internos o entre estados.

Bajo la segunda se mantiene la inmunidad después de haber cesado en su cargo en cuanto a aquellos actos de estado (actos de gobierno) que realizó el jefe de estado durante su mandato pero no así respecto a actos privados que no son actos de gobierno, incluidos actos con responsabilidad penal internacional, que por definición nunca pueden ser actos de gobierno.


El Código Penal hondureño, en su artículo 316, expresamente contempla la inmunidad de un “Jefe de Estado extranjero”, por lo que parece lógico entender que dicha inmunidad durante el ejercicio del cargo ha de extenderse al Jefe de Estado hondureño. máxime atendiendo a las norma contemplada en el articulo 323 del Código Penal hondureño en vigor:

“Quien ofendiere al Presidente de la Republica en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión”




4.- usurpación de funciones: conforme a lo establecido en el articulo 354 del Código Penal hondureño, “el funcionario o empleado publico que usurpare funciones de otro cargos era sancionado con reclusión (,...)”


Nuevamente el Fiscal de la Nación, equiparando al Presidente Zelaya a un funcionario o empleado publico y obviando su condición de Jefe de Estado, formula acusación por un resultado que nunca se produjo: la supuesta usurpación de funciones del Congreso Nacional por el Presidente de la republica en el supuesto de que este convocara y constituyera una Asamblea Constituyente o bien reformara directamente la constitución hondureña. Olvida el Fiscal de la Nación lo establecido en el articulo 13 del Código Penal hondureño respecto a los hechos que pueden ser considerados delitos:

“El delito será de ser (sic) realizado por acción o por omisión (...)”,


Pas no por “intención”, podríamos añadir a sensu contrario, no pudiendo existir por tanto delito alguno sin que exista previamente la perpetración del acto delictivo.




Como resultado de la solicitud de detención y allanamiento contra el Presidente de la Republica solicitada por el Fiscal de la Nación en fecha 25 de junio de 2009, con supuesta fecha de 26 del mismo mes se emitió “orden de captura, toma de declaración y allanamiento de su vivienda” contra el Presidente Manuel Zelaya, en un hecho inédito en los estados de Derecho occidentales y sin iniciarse previamente procedimiento o discusión política alguna sobre la cesación de las inmunidades propias del Jefe de Estado en ejercicio.


Decimos “supuesta fecha” de la orden de detención, toda vez, que nadie, ni aun los abogados particulares del Presidente Zelaya que el mismo día 28 de junio interpusieron recurso de amparo contra la anterior orden, vieron la misma hasta al menos el 30 de junio de 2009, veinticuatro horas después de haber sido perpetrado el golpe de estado. Como argumento para no serles mostrada dicha orden el día 28 de junio , la Corte Suprema alegó la “secretividad” del procedimiento penal seguido contra el Presidente Zelaya, que recodemos, ya había sido expulsado del país y cesado en su cargo, por lo que difícilmente la mencionada “secretividad” tendría fundamento alguno al ser imposible que el acusado realizara cualquier actuación tendente a ocultar o destruir pruebas incriminatorias..


La mencionada orden de la Corte Suprema de Justicia establece

“(...) líbrese orden de captura por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado. En vista de que los delitos que se denuncian son sancionados con penas muy elevadas y existiendo un peligro de fuga, decrétese el Allanamiento de la vivienda del ciudadano antes mencionado en la Colonia Tres Caminos, cuarta avenida, segunda casa, manos izquierda, sin numero (se refiere al Palacio Presidencial) el que deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente, y para tal efecto nómbrese Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (...) teniente coronel de las Fuerzas Armadas Hondureñas (...)”.




Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.


El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.


Posteriormente, el Ejercito Hondureño ha venido presionando a los militares integrantes de la Guardia Presidencial testigos del secuestro del Presidente Zelaya –según alguno de ellos ha declarado personalmente a los integrantes de esta misión de Observación y a terceras personas-, con el fin de que declararan que el allanamiento de la casa presidencial se produjo con posterioridad a las 6 AM del día 28 de junio, que se mostró orden judicial de detención y allanamiento y que no se produjo violencia alguna durante el allanamiento.


La citada orden de detención y allanamiento librada contra el Presidente Zelaya expresamente indica que el allanamiento debería realizarse “entre las seis de la mañana y las seis de la tarde del día que se estime pertinente”, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 99 de la Constitución hondureña para la realización de allanamientos. Se observa que las fuerzas militares que perpetraron tal allanamiento no respetaron ni el contenido de la orden de realizar este –Zelaya nunca fue presentado ante la justicia hondureña- ni el citado precepto constitucional, toda vez que el allanamiento se realizó cuarenta y cinco minutos antes de las 6 AM del 28 de junio.


Tanto la orden de allanamiento como la orden de captura deben ser mostradas a sus destinatarios por las autoridades que las ejecuten. así se dispone en el artículo 214 del Código Procesal Penal hondureño respecto a la orden de allanamiento y en el artículo 84 de la Constitución respecto a la orden de captura. En el caso del secuestro del Presidente Zelaya, a este no le fueron mostradas ni la orden de allanamiento ni la orden de captura, ni le fueron expresadas los motivos de esta, tal y como han declarado el propio Presidente así como los testigos presentes en el momento de la irrupción de las Fuerzas Armadas hondureñas en la Casa Presidencial.


Posteriormente y en flagrante violación de la orden de captura y allanamiento emitida por la Corte Suprema de Justicia, que indicaba:



“(...) para que se sirva poner a la orden de la autoridad judicial el señor JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y una vez habido, tómesele su declaración de imputado(...)”,


el Presidente Zelaya fue expulsado de facto del país a bordo de un avión que le trasladó a Costa Rica custodiado por militares hondureños. Es decir, ni se puso al Presidente “a la orden de la autoridad judicial”, ni se le tomo declaración judicial, además de ser expulsado del país sin que exista norma legal alguna que habilite para la realización de esta acción. De hecho, el articulo 71 de la Constitución establece que “(...) nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito (...)”. Igualmente, el articulo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”


Igualmente, el nombramiento por la Corte Suprema de Justicia de “Juez Ejecutor al ciudadano Rene Antonio HEPBURN RUBIO (...) teniente coronel de las Fuerzas Armadas” para la ejecución de la orden de captura y allanamiento dictada contra el Presidente Zelaya, conculca claramente lo establecido en el articulo 274 de la Constitución, al otorgarse por la Corte Suprema de Justicia a las Fuerzas Armadas competencias en materia judicial y de seguridad publica que la Constitución no les otorga. Establece el articulo 274 de la norma constitucional hondureña, que las Fuerzas Armadas “(...) cooperaran con las instituciones de seguridad publica, a petición de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo, trafico de armas y el crimen organizado (..)” no dándose ninguno de los anteriores supuestos de hecho ni habiendo existido petición alguna a las Fuerzas Armadas por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.




En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheletti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09. La Gaceta nº 31.950, de 1 de julio de 2009



El anterior Decreto es claramente inconstitucional, por los siguientes motivos:



El articulo 205, numeral 20, de la Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional la atribución de “aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo (...)”, improbación que equivale a reproche político y que en absoluto lleva aparejada la potestad de separar del cargo al Presidente de la Republica. Preguntado el Fiscal de la Nación por los miembros de esta misión Internacional sobre la norma o normas legales que habilitan al Congreso Nacional u a otra autoridad para “separara al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del Cargo de Presidente Constitucional” tal y como reza el articulo 1, apartado 2 del mencionado Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, éste se remitió al Capitulo III del Libro Quinto del Código Procesal Penal hondureño, que regula el “procedimiento para conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del estado”. Este capitulo, que consta de cuatro artículos (414 al 417) en absoluto contempla el cese cautelar o definitivo de ningún alto funcionario por el hecho de estar sometido a procedimiento penal, como no podría ser de otra manera en aplicación del principio de presunción de inocencia de que disfruta cualquier ser humano hasta que no haya sido condenado por sentencia firme (declaración Universal de los Derechos Humanos, articulo 11.1, y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art 14.2).


De esta forma, el mencionado articulo 1, apartado 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, al “separar” al Presidente Zelaya del ejercicio del cargo de Presidente de la Republica, consuma el Golpe de Estado que comenzó a ejecutarse en la mañana del día 28 de junio de 2009 al secuestrar el ejercito hondureño al Presidente Zelaya.


De hecho, el nombramiento de Roberto Micheletti Bain como “Presidente Constitucional de la Republica” que consta en el articulo 2 del Decreto del Congreso Nacional Nro. 141-09, pretendió ser fundamentado -de forma grosera y fraudulenta por los golpistas hondureños- en el articulo 242 de la Constitución hondureña, que establece:

“(...) si la falta (del territorio nacional) del Presidente fuera absoluta, el Vicepresidente ejercerá la titularidad del Poder Ejecutivo por el tiempo que la falte para terminar el periodo constitucional. Pero si también faltaren de modo absoluto el Vicepresidente de la republica, el poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional” quien en ese momento era Roberto Micheletti.



Tras la perpetración del Golpe de Estado en la mañana del día 28 de junio, el Vicepresidente hondureño, Don Arístides Mejia, fue omitido en el supuesto proceso de sucesión constitucional realizado por el Congreso Nacional de Honduras.


Igualmente, el artículo 242 de la Constitución prevé que para el caso de que el Presidente del Congreso se viere obligado a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo por ausencia del Presidente y Vicepresidente, dicho desempeño será simultáneo al de la Presidencia del Congreso Nacional y siempre en calidad de tal Presidente del Congreso.


Roberto Michelleti, proclamado ilegalmente presidente de Honduras, nunca ha cesado formalmente como Presidente del Congreso Nacional, lo que no ha obstado a que el régimen golpista, mediante Decreto nº 142-2009 del Poder Legislativo (La Gaceta 1 de julio de 2009) eligiera nuevo Presidente del Congreso Nacional a José Alfredo Saavedra Paz, nuevamente en flagrante violación de la constitución hondureña, que establece el simultaneo desempeño de la Presidencia de la Asamblea Nacional y de la republica para el supuesto de vacancia de la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica.


Se observa claramente a lo largo de esta exposición jurídica, como los golpistas hondureños, con la excusa de que el Presidente Zelaya había vulnerado la Constitución Nacional a consecuencia de su intención de celebrar una Encuesta Nacional de Opinión, han venido sistemáticamente vulnerando no solamente las normas constitucionales, sino también muchas otras normas legales vigentes, todo ello con la burda y grosera intencionalidad de procurar disfrazar como supuesta “sucesión constitucional” lo que no ha sido otra cosa que un golpe de estado perpetrado con desprecio a la legalidad, a la institucionalidad y al pueblo hondureño.



Enrique Santiago Romero


Abogado. España


Miembro Mision Internacional de Observacion de la Federacion Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la RED CIFCA, sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras tras el golpe de estado. Honduras 17 al 25 julio 2009.

Julio Escoto: Golpe de estado militar en Honduras

25-08-2009



Entrevista a Julio Escoto, Premio Nacional de Literatura de Honduras
“Las transnacionales petroleras están detrás del clan conspirador golpista”


Mario Casasús
TeleSur




En entrevista con teleSUR, el escritor Julio Escoto (1944) admite: “Es impresionante, ver a multitudes enfrentarse sin violencia a la policía y al ejército, sacudirles los escudos, detenerles los golpes, a los estudiantes universitarios devolviéndoles las latas de gas lacrimógeno, aventándoles piedras; a dirigentes ancianos y ancianas –que participaron en la gran huelga de 1954, clamando por la democracia- esto es emocionante, me llena de orgullo contemplar a mi nación que resiste y no se hunde, que tiene fe en su capacidad para reconquistar la libertad”

Julio Escoto, Premio Nacional de Literatura de Honduras (1974), es autor de: Los Guerreros de Hibueras (1967); La balada del herido pájaro y otros cuentos (1969); El árbol de los pañuelos (1972). Antología de la poesía amorosa en Honduras (1975); Casa del Agua (1975); Días de ventisca, noches de huracán (1980); Bajo el almendro... junto al volcán (1988); El ojo santo: la ideología en las religiones y la televisión (1990); José Cecilio del Valle: una ética contemporánea (1990); El general Morazán marcha a batallar desde la muerte (1992); Rey del Albor, Madrugada (1993); Todos los cuentos (1999) y El génesis en Santa Cariba (2008).


“¿Y si alguien consiguió petróleo tras el derrocamiento del Presidente Zelaya?” preguntó Julio Escoto a principios de mes, una variable geopolítica descuidada por otros analistas y que toma fuerza: “Ahora que han transcurrido los días se va precisando con mayor claridad el gran objetivo del golpe: el reparto de los bienes nacionales, tanto de la naturaleza como del Estado… A ello se agrega, la existencia ya comprobada de petróleo explotable en un área de 1500 kilómetros cuadrados en la costa Atlántica de Honduras y Nicaragua; tal plato apetitoso no podía dejarse, debía servirse en el banquete de las transnacionales petroleras, a las que por cierto Zelaya había limitado el monto de sus ganancias. Las grandes petroleras no conciben alianzas que no sean dentro del primer mundo para explotar los recursos del tercero, y de allí que se resistan terriblemente a que surjan otros centros de poder económico”


MC.-Parafraseándolo, y con el toque de queda a cuestas, ¿cómo transcurren las noches de huracán y los días de ventisca entre la represión golpista?

JE.-Transcurren combatiéndola, denunciándola, revelándola, formando conciencia entre convencidos y no convencidos de que esa no es forma civilizada de vivir pues, aunque luzca absurdo, aún existen personas que creen que las palabras “orden” y “civilización” exigen naturalmente a las otras: “garrote” y “bomba lacrimógena”. Transcurren igual controlando la ira para transformarla en mensajes orientadores que impongan la cordura sobre la indignación, pues en su inicio la Resistencia ocupó que le advirtieran no permitir provocadores en sus filas, no aportar mártires sino luchadores, operar con cordura pero con valor y, sobre todo, mantener la vista fija en el objetivo central: restaurar lo constitucional. Cuando puse aquel título a la novela ya había vivido yo el golpe de Estado de 1963 y la invasión salvadoreña de 1969, pero no creí que de llegar al siglo XXI iba a presenciar otra vez tales días y noches.


MC.-Escribió un ensayo que bajo otras circunstancias parecería ficción: “El golpe del oro negro”, sobre la posibilidad de extraer petróleo en Honduras; por si no fuera suficiente el estudio geopolítico con las consecuencias de la base militar de EE.UU. en Palmerola, ahora propone la variable petrolera, ¿exportación de la doctrina del shock de Afganistán a Irak pasando por Honduras?

JE.-Ahora que han transcurrido los días se va precisando con mayor claridad el gran objetivo del golpe, cual es el reparto de los bienes nacionales, tanto de la naturaleza como del Estado. Cada día es más obvio el concordato de la clase pudiente financiera con el poder militar, mejor dicho con el aparato represor militar. La semana pasada, por ejemplo, un diputado golpista propuso que se proceda pronto a vender los bienes incautados al narcotráfico y a quiebrabancos para financiar al gobierno, pero en verdad, en el fondo, para medrar y ganar comisiones; igual se propuso en el congreso modificar la ley de servicio militar para permitir reclutamiento forzoso en caso de emergencia pública, pero en realidad para acrecentar los batallones y contar con mayor fuerza represora; algunos diarios pro-golpe critican esta semana al sistema telefónico celular del Estado (Hondutel) precalificándolo de fracaso, pero en verdad con el propósito de eliminarlo y pasarlo a la telefonía privada, que ya cuenta con millones de usuarios por los que no paga impuesto; y luego el canal supuestamente educativo de televisión ha empezado a “informar” sobre la conveniencia de sustituir la producción térmica de energía por la originada de recursos naturales, lo que era un proyecto impulsado por el gobierno de Manuel Zelaya, con lo que se manifiesta que la empresa privada va por negocios multimillonarios que pudo emprender el Estado, en particular con apoyo de la ALBA. Son los inmediatos productos del golpe.


“A ello se agrega, lógico, la existencia ya comprobada de petróleo explotable en un área de 1500 kilómetros cuadrados en la costa Atlántica de Honduras y Nicaragua; tal plato apetitoso no podía dejarse, de ninguna manera, a la mesa de la “chusma” nacional, peor aliada con capitales estatales venezolanos, sino que conforme a la tradición capitalista mundial debía servirse en el banquete de las transnacionales petroleras, a las que por cierto Zelaya había limitado el monto de sus ganancias. Y como ya ocurría un clima de confrontación provocado por La Cuarta Urna –que en el fondo era el primer paso para convocar a la Asamblea Constituyente– y como el mismo partido de gobierno estaba dividido ideológica y políticamente, ni se necesitó accionar a los 800 soldados norteamericanos asentados en la base de Palmerola sino que la tribu local castrense obedeció a las órdene$ emitida$ por el clan con$pirador -los signos de dólar son intencionales; el rumor es que los generales fueron abundantemente pagados-”


MC.-He ahí el dilema: ¿Artículos “pétreos” de la Constitución o derivados petroleros?

JE.-Su pregunta remite al meollo del asunto, a la rigidez de que habló Henri Bergson y que es la causa de los autoritarismos y de lo ridículo. Las grandes petroleras no conciben alianzas que no sean dentro del primer mundo para explotar los recursos del tercero, y de allí que se resistan terriblemente a que surjan otros centros de poder económico, en este caso latinoamericanos. Los constituyentes de la Carta Magna hondureña de 1980 igual partieron de su visión rígida del mundo, creyendo, como si fuera Biblia, que su palabra sería imperturbable y que nada debía cambiar. El mundo del humanismo moderno muestra que lo que carece de flexibilidad se quiebra.


MC.-Durante una visita oficial a México, el Presidente Zelaya explicó la innovadora licitación internacional para comprar combustibles a mejor precio; aunado al aumento del salario mínimo, su acercamiento al ALBA, la intencionalidad de una Asamblea Constituyente, ¿qué otros factores se debatieron al interior del país al punto que la oligarquía instauró un régimen de facto?

JE.-Otro aspecto de importancia fue la lucha interna del Partido Liberal entre la dirigencia usual, de la tradición, y nuevas fuerzas llamémosle “contestatarias”, si bien lo fueron sólo ligeramente. La vieja guardia de Carlos Flores Facussé y otros caudillos a lo siglo XIX vieron riesgo de que gentes más jóvenes variaran el credo conformista, incluso neoliberal, del partido y se alzaran con la dirigencia, que es lo que se supone lograría Zelaya y su grupo de los “patricios” si triunfaba la convocatoria a la Constituyente. El suceso del golpe vino a probar, así, que había oposición del Partido Nacional pero igual dentro del Liberal ya que la propuesta de Zelaya atentaba contra el sistema. El sistema de expoliación del Estado por parte de esos dirigentes como de la claque económica; el sistema de la corrupción institucionalizada; del aprovechamiento de los beneficios del Estado: en Honduras las transnacionales mineras pagan 11% de canon mientras que un gambusino que explora en los ríos en busca de oro tasa el 40%; las franquicias de comida rápida no pagan impuestos, por ampararse a la ley de fomento del turismo, pero un hondureño que instale un restaurantito de hamburguesas paga 100% de impuestos, eso es también parte del viciado sistema.


“Los beneficiarios del sistema dejaron sin aprobar en el congreso: la ley de minería, porque las mineras no estaban contentas con lo propuesto y que favorecía a la nación; la nueva ley de telecomunicaciones, porque a los dueños de grandes cadenas (algunas hasta con 200 frecuencias radiales y televisivas) no les convenía que se abriera el espectro electromagnético; el sistema aprobó de urgencia, el pasado junio, las fórmulas de referéndum y plebiscito pero en el reglamento los amarró tanto que es casi imposible que el pueblo haga uso de ellos para, precisamente, modificar al sistema. Tras esto no cuesta identificar a los golpistas ocultos y los velados”


MC.-Usted es un estudioso de las ideologías en la religión y la televisión, ¿qué ejemplifica el golpe de Estado en ambas esferas?, lo pregunto porque un obispo hondureño pretende postular a las elecciones presidenciales de noviembre y los mass media son la columna de la dictadura de Micheletti…

JE.-Lo “hermoso” del golpe de Estado, si puede acuñarse tal frase, es que develó con terrible claridad a lo que se mantenía oculto. Hizo caer máscaras. El dolor contribuyó a que miles y millones de personas comprendieran que ciertos vocablos a los que atribuía intención exclusivamente teórica, como “oligarquía”, son intensamente reales y ciertos. De pronto esa oligarquía quedó precisamente identificada incluso con rostros que circulan profusamente por Internet, con definición de sus negocios y fortunas, de sus traiciones y manipulaciones. Entre tales surgió cada vez más definido un rostro del que se sospechaba injerencia pero que se conservaba difuso, y que es el del capital en manos de la etnia árabe -libaneses y mayormente palestinos-, de fuerte presencia en Honduras -si no me equivoco, después de Antofagasta, San Pedro Sula es la ciudad con mayor influjo de ascendencia árabe, por cierto extremamente conservadora-


“Las máscaras cayeron también de la faz de pastores y sacerdotes, así como personificaron con honor a otros sacerdotes y pastores dignos que se unieron a la Resistencia y contribuyeron a fortalecer la decisión insubordinada del pueblo. Lo más doloroso en esta materia fue la negación –metafóricamente por tres veces— del hasta entonces respetado Cardenal O. A. Rodríguez, quien sin tener necesidad de ello, pero respondiendo a su condición de clase y su formación sotanada, acuerpó al golpe, lo avaló y certificó. Ha sido este un profundo desengaño amoroso que nadie esperaba. Con todo, ahora la gente está clara de que no se puede separar nunca religión de política”


MC.-A nivel comunicacional, ¿qué distractores están a la vista?, ¿las rondas clasificatorias rumbo al Mundial de Fútbol?, ¿la influenza H1N1?

JE.-Mayormente dos, las elecciones y el fútbol rumbo al mundial. Ya hay quienes proponen una tercería: que renuncien Mel y Micheletti y se haga cargo del Estado el presidente de la Corte Suprema, de quien buenas y malas lenguas cantan impresionantes rosarios de errada conducta y corrupción; yo ni siquiera lo conozco. Adelantar las elecciones sería validar al golpe, algo que no deseamos, no queremos ni podemos siquiera contemplar, menos pedir que renuncie Zelaya a su derecho de restaurar la constitucionalidad. Si él quiere renunciar al siguiente día de colocársele en el solio, perfecto, pero antes no. En este momento circulan miles de autos por las calles de San Pedro Sula reclamando el retorno de Mel, pero no por Mel mismo sino porque la reparación democrática pasa forzosamente por él.


“El fútbol es un gran distractor pero parece que la conciencia ganada por la población es ahora tan amplia y madura que, como ya ocurrió, se da el gusto de marchar en protesta todo el día y luego asiste al estadio por la noche. Parece que ha aprendido a pelear y disfrutar; incluso circulan chistes sobre Micheletti, lo que indica que si la gente maneja el humor en una situación tan crítica es que ya perdió el miedo o tiene confianza en que logrará lo que quiere. Sólo los fuertes sonríen frente al peligro”


“Con todo, luce que lo que se ha iniciado en Honduras no es una coyuntura sino un proceso. Mucha gente afirma que con o sin Mel la convocatoria a la Constituyente y la reforma de la constitución, equivalente a la reforma del Estado, va. Que todo lo que de conciencia y formación política acelerada que se ha ganado en estos días no puede perderse y que deben realizarse cambios profundos en lo nacional. Los subsiguientes meses y años dirán si esto fue sólo una herida o una transformación”


MC.-Usted dice: “sólo los fuertes sonríen frente al peligro”, ¿piensa caricaturizar, en una crónica, el patético papel de los golpistas?

JE.-Sé de por lo menos cuatro proyectos de redacción, que es decir de reflexión y condensación, sobre lo que sucede ahora. Hay fotografías extraordinarias y tantas como para cubrir edificios con su muestra de rebeldía y dignidad, así como de bestialidad y represión. Cada día debo dedicar por lo menos dos horas a leer o eliminar los cientos de correos que transitan por Internet y que se refieren a la crisis; no sé si en el futuro escribiré algo extenso sobre ello, puede ser.


MC.-El 24 de julio de 1941, Neruda leyó una sentencia de Simón Bolívar, “Dijo: Despierto cada cien años/Cuando despierta el pueblo” y en el Canto general (1950) dedicó un poema a Centroamérica: “Alta es la noche y Morazán vigila/Te desmoronan hijos y gusanos/se extienden sobre ti las alimañas/y un puñal con tu sangre te salpica” ¿Cada cuándo vuelve a marchar Morazán por Centroamérica?, ¿qué lectura hace de los poemas que se escriben desde la resistencia hondureña?

JE.-Una novela mía se titula el General Morazán marcha a batallar desde la muerte (1992), y ya lo está haciendo. Sin pretensiones folclóricas ni pedanterías superfluas, la movilización que ocurre hoy en Honduras, y desde hace casi sesenta días, es extraordinaria, heroica y épica. Siempre oí de mis padres y abuelos decir que el hondureño es pueblo que aguanta de todo y no reacciona, pero también que “el día que este pueblo despierte va a ser terrible”, y lo está siendo.


“Lo que abunda es la canción, música dedicada a estimular la resistencia, poemas y cantos venidos de diversos sitios del mundo –Francia, Venezuela…– que elevan la estima de quienes se sacrifican día a día por restituir lo dañado. No hay una sola canción de los fariseos, es decir de los ‘blancos’ y entre los artistas dignos da vergüenza que se les relacione con ‘ellos’, es decir con los golpistas. Desde luego que los ‘contras’, como igual se les nombra, tienen también sus acólitos y guardaespaldas intelectuales, pero no son significativos y, lo peor, desde hace 60 días no han podido variar las explicaciones y justificaciones de su discurso. No hay nuevos argumentos y, como se sospecha, pronto incluso quedarán sin voz, pues se les acabará la cuerda al retornar Zelaya y recomponerse la civilidad”


MC.-El Presidente Salvador Allende dijo en su último discurso: “Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”, ¿la resistencia al golpe en Honduras es la confirmación de las grandes Alamedas?

JE.-Absolutamente sí, como es también el ritornello del hermoso poema a Túpac Amaru, aquel de “querrán matarlo y no podrán matarlo”. Una de las canciones más queridas y sonadas del momento en las radios alternativas (a las que habría que dedicar extensísimo capítulo de admiración por su arrojo y valentía) fue compuesta por Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, dos artistas mexicanas, y su leit motiv reza: “nos tienen miedo porque no tenemos miedo”…Es impresionante, Mario, para erizar los cabellos del cuerpo, ver a multitudes enfrentarse sin violencia a la policía y al ejército, sacudirles los escudos, detenerles los golpes, a los estudiantes universitarios devolviéndoles las latas de gas lacrimógeno, aventándoles piedras; a dirigentes ancianos y ancianas –que participaron en la gran huelga bananera hondureña de 1954, o como Dionisia Díaz, la comandante abuelita, que a sus 75 años ha participado en todas las marchas de resistencia megáfono en mano, clamando por la democracia- esto es emocionante, me llena de orgullo contemplar a mi nación que resiste y no se hunde, que tiene fe en su capacidad para reconquistar la libertad. Desde luego, debe declararse, que la solidaridad internacional es la llama que da pábilo a esta heroica resistencia nacional.


“Es un fenómeno trascendente. Sabemos los letrados, e intuyen los iletrados, que estamos en la mirada del mundo y que si nosotros dejamos que este golpe triunfe habremos sido el pueblo que permitió se iniciara el retorno de los gorilas a América, lo que no debemos permitir. Sabemos que no debemos ni podemos quedar en la historia con tal mancha, si bien es la mancha de un grupo pequeño y no mancha nacional. Aún así estamos como obligados, como condenados, dígase así, a lavarla. Y es lo que vamos haciendo día a día, cada vez con más fuerza y más fe. Esto no hay nadie que lo detenga, y no es que sea petulante o excesivamente optimista, pues si acaso no se resuelve ya, en días, se conquistará en años pero se conquistará. Hemos descubierto el principio del honor, del valor y la dignidad y es que ‘nos tienen miedo porque no tenemos miedo’”


MC.-Finalmente, ¿escribirá una segunda entrega para la saga novelística de la infamia militar en Honduras?

JE.-Mi novela: Rey del Albor, Madrugada (1993) abarca con amplitud –espero que con calidad- los temas de la dictadura y la guerra sucia. Concluí recientemente otra obra extensa que es como continuación de aquella y que habla sobre el narcotráfico y el lavado de activos, a ver cuándo se publica. En verdad –me doy cuenta ahora- creo que estoy un tanto perezoso, o bien ocupado en acciones concretas, viendo cómo otro gran escritor que se llama pueblo redacta su propio ensayo de libertad y redención. Es, no me canso de alabarlo, insisto, una lectura histórica y apasionante.


http://www.telesurtv.net/noticias/entrev-reportajes/index.php?ckl=357

domingo, 23 de agosto de 2009

EL NEGOCIO de las GUERRAS.

La rentabilidad de la muerte

Planeta blindado: Cómo funciona el negocio capitalista con la guerra


(IAR Noticias) 22-Agosto-09




Los US$1,460 billones de gastos militares en el planeta y la expansión geométrica de las ganancias de los consorcios de la guerra de Europa y EEUU, son la prueba más irrefutable de la relación simbiótica establecida entre el sistema capitalista con los conflictos armados y las ocupaciones militares. Uno se retroalimenta de los otros, y ambos términos de la ecuación conforman la piedra angular de la existencia misma del sistema imperial que hoy controla el mundo. La sumatoria interactiva de la rentabilidad comercial con las ocupaciones y despliegues militares en alta escala, marca a su vez el escenario de la "guerra permanente" como una lógica de supervivencia irrenunciable del sistema capitalista.

Por Manuel Freytas (*)
manuelfreytas@iarnoticias.com
Informe especial





Funcionalmente, el sistema capitalista (producto histórico de la dominación del hombre por el hombre) no se alimenta de la paz sino de la guerra concebida como el primer escalón de las políticas y estrategias de dominación (sustento de la explotación económica) a escala global.

Es más, los propios procesos históricos ya incorporaron la "economía de guerra" (emergente de la industria de la guerra) como un segmento clave de la economía capitalista que en caso de colapsar arrastraría consigo a todo el sistema a escala global.

El 11-S no solamente instaló un nuevo sistema de control social por medio de la manipulación mediática con el "terrorismo", sino que además inauguró un "nuevo orden internacional" (sustitutivo de la "guerra fría") basado en la "guerra contraterrorista" que sirve de justificación a las nuevas estrategias expansionistas del Imperio norteamericano y de las trasnacionales capitalistas.

Con la leyenda mediática de Bin Laden y el peligro del "terrorismo internacional", a partir del 11-S el Imperio norteamericano (potencia locomotora unipolar del capitalismo desde la caída de la URSS) se lanzó a nuevas conquistas militares de mercados justificadas en la "guerra preventiva contra el terrorismo" y en la nueva doctrina de seguridad de EEUU emergente tras los atentados del 11-S.

Con las llamadas "guerras preventivas" iniciadas por los halcones tras el 11-S, no solamente se conquista militarmente sino que también se abren nuevos ciclos de expansión y ganancia capitalista en los nuevos mercados sometidos con el argumento de la "guerra contraterrorista.

Las nuevas hipótesis de conflicto con el "terrorismo" generan facturación billonaria a la industria bélica constituida en la pata complementaria de la rentabilidad capitalista trasnacional.

Esta realidad, entre una multiplicidad de elementos interactivos, explica porqué el actual capitalismo trasnacionalizado (hegemonizado por el eje USA-UE) está centralmente determinado por la "guerra contraterrorista" como factor principal de continuidad y preservación de su sistema de explotación económica.

La "guerra contraterrorista" y la carrera armamentista (nuclear y convencional) USA están destinadas a alimentar los contratos y las ganancias de los consorcios agrupados en ese monstruo llamado Complejo Militar Industrial norteamericano.

La expansión geométrica de las ganancias de los consorcios armamentistas del Complejo Industrial Militar estadounidense es la prueba más irrefutable de la relación simbiótica de supervivencia establecida entre el sistema capitalista sionista y los conflictos armados y las ocupaciones militares.

La conquista militar, a la vez, es la llave de entrada para un descomunal negocio capitalista "multifuncional y diversificado", donde el Imperio (a través de la "reconstrucción" de lo destruido) moviliza una maquinaria de ganancia financiera, se apodera de recursos naturales (principalmente petróleo), vende armas, tecnología, servicios, y modela hábitos consumistas en la población pudiente del país invadido (clases altas, medias altas) que se integran al negocio de las multinacionales del consumo.

Por medio de sus departamentos de investigación y de sus lobbies estatales en la Casa Blanca, el departamento de Defensa y el Congreso las corporaciones armamentistas generan demanda y nuevas necesidades de tecnología armamentista a las tropas ocupantes del Pentágono en todo el planeta.



Las líneas directrices de este monumental negocio con las guerras de ocupación y el sistema financiero imperial, nacen y se proyectan desde la Casa Blanca hacia el resto de los estamentos del Estado norteamericano.

Sobre la base de un presupuesto billonario (destinado al sector de Defensa) este macronegocio, hoy gerenciado por el lobby sionista demócrata que controla la Casa Blanca, abarca desde la venta de armas y de tecnología de punta, hasta construcción de infraestructura y de prestación de servicios privados a las bases militares y fuerzas de ocupación.

Como producto de la "integración bélica" de los nuevos ciclos de ganancias y expansión capitalista trasnacional, las corporaciones de la industria de la guerra han pasado a ocupar un lugar clave en los nuevos planes de conquista militar del Pentágono.

Los US$1,460 billones de gastos militares actuales en el planeta y la expansión geométrica de las ganancias de los consorcios armamentistas de Europa y EEUU, son la prueba más irrefutable de la relación simbiótica de supervivencia establecida entre el sistema capitalista con los conflictos armados y las ocupaciones militares.

Uno se retroalimenta de los otros, y ambos términos de la ecuación conforman la piedra angular de la existencia misma del sistema que hoy controla el mundo. En sólo una década los gastos militares aumentaron en un 50% dentro de una creciente "militarización" del planeta.

El gasto militar global creció el 4% en 2008 y alcanzó la cifra récord de US$1,464 billones, el 50% más que en 1999, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) divulgado en junio pasado en la capital sueca.

"La crisis financiera global todavía no ha repercutido en los ingresos y beneficios de las grandes empresas armamentistas", señala el SIPRI.

Esa cifra equivale al 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y a 217 dólares por cada habitante del planeta, de acuerdo con el organismo sueco.

El mayor incremento le corresponde a EEUU (58%): las respectivas asignaciones de Washington aumentaron en 219.000 millones de dólares desde 1999. Casi se triplicaron los gastos militares de China y Rusia, hasta los US$ 42.000 millones y los US$ 24.000 millones, respectivamente.

De esa cifra, el actual presupuesto de Defensa de EEUU ya estaría superando el 50% del total del gasto armamentista en el mundo.

Finalmente el "sueño americano" de Obama (el sucesor de Bush) se materializó en números: El presupuesto destinado al área de la Defensa (Pentágono) que incluye las guerras militares y las políticas de ocupación rondan los US$ 730.000 millones para el ejercicio fiscal 2009.





Al mismo tiempo, las ocupaciones militares de EEUU en Irak y Afganistán "generaron un gasto suplementario de 903.000 millones de dólares sólo para EEUU" en el periodo 1999-2008, agregó Sam Perlo-Freeman, director del Proyecto de SIPRI sobre gasto militar.

La primera potencia imperial es, sin sorpresa, el país con mayores gastos en armamento del mundo, según el SIPRI.

Los gastos EEUU representan casi un 42% del total, más que los 14 países siguientes reunidos, en un legado de la política del ex presidente George W. Bush, según el SIPRI.

Desde 1999, los gastos de la defensa estadounidense aumentaron un 67% a precios constantes, para situarse en US$ 607.000 millones el año pasado, y llegar a US$ 730.000 millones en el presupuesto fiscal 2009.

El sideral presupuesto de la Defensa engorda la expansión geométrica de las ganancias de las corporaciones que figuran como contratistas del Pentágono.

Las contratistas del Complejo Militar Industrial no solo proveen armas y servicios de seguridad privada, sino que también proveen la logística completa (ropa. comida, alojamiento, etc) a los soldados, no solamente en las áreas de ocupación sino también en la red de bases distribuidas por todo el planeta y dentro de EEUU.

De esta manera se verifica la directa relación de la "guerra contraterrorista" con las ganancias y la expansión de los consorcios armamentistas, que resultan, juntos con las petroleras y las corporaciones de servicios (que incluyen a las compañías de "seguridad privada"), los beneficiarios principales de las invasiones y ocupaciones militares, tanto en Irak y Afganistán, como de los conflictos actuales y potenciales en Medio Oriente y en todo el planeta, entre los que se incluyen las planificadas acciones militares contra Irán y Siria.





A nivel de las armentistas -según un informe de Project on Governmentt Oversight- entre los consorcios que se benefician en primer lugar de este multimillonario negocio se cuentan Lockheed Martin, la gigante aeroespacial Boeing, Northrop Grumman, contratista de la Fuerza Aérea, Raytheon, y General Dynamics.

Las tres grandes corporaciones armamentistas (Lockheed Martin, Boeing, y Northrop Grumman) tienen conexiones con otras numerosas fuentes de contratación federal para todo, desde seguridad aeroportuaria hasta vigilancia doméstica, en nombre de lo que hoy la Casa Blanca llama GWOT (Global War on Terrorism), guerra global contra el terrorismo.

Además, durante la era Bush, los halcones de la Casa Blanca y los operadores de negocios del lobby judío, siempre a tono con "los negocios de la guerra", observaron la nueva veta comercial que se abría con la contratación de servicios de ejércitos privados para las áreas ocupadas o bajo influencia del ejército de EEUU.


En su planificación de "guerras futuras" el Pentágono extendió la privatización a más áreas de la ocupación militar, y las corporaciones militares privadas ya han comenzado a intercambiar información orientada a fusionar sus servicios en rubros determinados, a fin de competir con mayor posibilidad en el logro de próximos contratos.

La privatización del aparato militar, fue impulsada en 1991, después de la Primera Guerra del Golfo, por el entonces ministro de Defensa y vicepresidente de la administración Bush, Dick Cheney.

Bajo la influencia de Cheney y Rumsfeld el gobierno de EEUU comenzó a subcontratar con las corporaciones militares privadas, gran parte de las funciones operativas que tradicionalmente venían desarrollando las Fuerzas Armadas.

EEUU (hoy gerenciado por Obama y el lobby sionista liberal) se ha constituido, junto con el Reino Unido y Sudáfrica, en el centro mundial de la industria privada militar, que debe su crecimiento al nuevo orden internacional lanzado por George Bush padre tras el desplome de la Unión Soviética, y continuado por su hijo W al comando de la "guerra contra el terrorismo".

Obviamente, y según apuntan todos los especialistas, sólo los conglomerados trasnacionales (bancos, petroleras, tecnológicas, armamentistas, ejércitos privados, etc) que integran la órbita "selecta" del lobby de negocios manejado desde la Casa Blanca y el Pentágono tienen acceso a los más jugosos contratos en los países ocupados.

De acuerdo con el Centro para la Integridad Pública, el Pentágono ha gastado 300.000 millones de dólares en 3.016 contratos de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen los contratos de armamento).

Las corporaciones militares privadas (PMC, por sus siglas en inglés) mantienen en secreto sus actividades y carteras de clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de su condición de ejércitos sin fronteras.

Los consorcios privados ofrecen servicios que van desde el personal de seguridad y el mantenimiento de armamentos hasta la interrogación de prisioneros.



Estas firmas han operado en más de 50 países y han sido contratadas por todo el mundo, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos hasta dictadores y gobiernos de las áreas dependientes del llamado mundo subdesarrollado de Asia, África y América Latina.

Según la revista norteamericana Monthly Review, "las corporaciones privadas del capitalismo siempre han estado implicadas con la promoción de la guerra, pero su acción directa ha sido tradicionalmente limitada". Lo preocupante -señala la revista- es si estas multinacioonales ingresan a una distorsión capitalista y, atendiendo a la ley de la oferta y la demanda, deciden ampliar sus lucros aprovechando sus excelentes contactos con los jefes políticos y militares que deciden la guerra.

En territorios ocupados como Irak y Afganistán, la "veta de negocios" de los ejércitos privados incluyen servicios de custodia a empresas privadas, operaciones de seguridad, programa de interrogatorios (torturas), espionaje y entrenamientos militares, o ejercitación de escuadrones especiales (de la muerte) que operan en la clandestinidad.

También pueden ser contratados para tareas como recolección de cadáveres, investigación de secuestros, custodia de pozos petroleros, controles fronterizos, protección de importantes directivos, o para cuidar las espaldas de los periodistas y ejecutivos de los consorcios mediáticos que construyen la "información oficial" de la situación en Irak.

En Irak y Afganistán estos consorcios privados de la guerra han desempeñado un papel esencial para el ejército estadounidense, complementando a su personal cuando necesitan refuerzos y haciendo los trabajos "sucios" que los propios militares estadounidenses prefieren no hacer.

En resumen, la actividad comercial del capitalismo de guerra (armamentistas, petroleras, empresas de servicios y ejércitos privados), como cualquier empresa, depende de "la demanda", principalmente de las guerras de conquista militar lanzadas por EEUU en el planeta de las cuales nacen nuevos y jugosos contratos y oportunidades de expansión comercial.

A esta tajada super-millonaria hay que agregar otro segmento complementario: El negocio billonario de los grandes consorcios bancarios que financian desde la "reconstrucción" de los países conquistados, venta de armamentos y de tecnología bélica, hasta construcciones de bases militares y todo tipo de infraestructura relacionadas con el alojamiento de las fuerzas de ocupación.

El propio Estado USA alimenta la "burbuja financiera" con el armamentismo endeudándose (con los grandes consorcios financieros sionistas) para mantener los gastos de su multimillonario presupuesto militar que es pagado -a través de los impuestos- por toda la sociedad estadounidense.

Los gobiernos títeres de los países ocupados o satélites, a su vez, toman créditos y se endeudan (con las corporaciones militares y financieras de la potencia ocupante) para financiar y proveer de armamentos y de tecnología bélicas a sus fuerzas armadas ciapayas que colaboran con el invasor.

Además, y como es el caso de Irak, Afganistán y Pakistán, los países satélites u ocupados utilizan la "ayuda militar" provista por el Estado imperial (producto de los impuestos públicos) para adquirir armamento y tecnología a las corporaciones del complejo militar industrial, convirtiendo la ayuda estatal en ganancia privada.

De esta manera (y de la misma forma que los pulpos financieros de Wall Street y las bolsas mundiales reciclan una nueva "burbuja" ganancial con los fondos de los "rescates" no ya con dinero especulativo proveniente del sector privado, sino con dinero público) la "burbuja financiera" billonaria del negocio armamentista es solventada con impuestos pagados por toda la sociedad norteamericana.

Esta sumatoria interactiva de la rentabilidad comercial con las ocupaciones y despliegues militares en alta escala, marca a su vez el escenario de la "guerra permanente" como una lógica de supervivencia irrenunciable del sistema capitalista.




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(*) Manuel Freytas es periodista, investigado