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19 y 20 de diciembre de 2001.-



viernes, 12 de noviembre de 2010

Néstor Kirchner y el Poder Judicial

Un fantasma recorre los tribunales
Publicado el 12 de Noviembre de 2010
Por Demetrio Iramain
Director de la revista Sueños Compartidos.

No debe olvidarse, entre otras sensibles mejoras en la calidad democrática, que la actual integración de la Corte Suprema declaró oportunamente inconstitucionales los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El Poder Judicial es el enclave conservador del Estado. El más retrógrado. Con elementos patricios todavía en su interior. Como ninguna otra, la férrea estructura que conforman jueces, fiscales y defensores se muestra impermeable a las transformaciones que operan en la base material y cultural de las sociedades. Se resiste a los cambios. Está en su naturaleza. Los demora y atrasa, mas no los puede impedir. La historia es la Historia.
En la justicia, el nuevo viento de época que significó el kirchnerismo se sintió fuertemente. Aún hoy existen jueces que entornan sus ventanas para no dejarlas crujir ante su paso inexorable.
Una de las primeras medidas que Néstor Kirchner impulsó en su gestión fue trastocar la Corte Suprema de la mayoría automática y renovar de manera drástica su composición. Ese cambio en la cabeza del Poder Judicial tuvo efectos inmediatos hacia toda la sociedad democrática. Un presidente que había nacido flojo de votos, que no pudo batir en segunda ronda electoral a quien le había ganado en primera vuelta, pretendidamente sin consenso, ni base social, en apariencia débil ante las corporaciones y los grupos de poder, produjo un hecho político de notables proporciones que, visto en la perspectiva que permiten los años, estaba ya indicando su sello transgresor y siempre inesperado.
Sin esa decisión política no hubiera sido posible que los tribunales argentinos de todo el país se dieran luego a la tarea de investigar debidamente y condenar con rigor penal los crímenes cometidos durante la dictadura por los genocidas cívico-militares.
La histórica declaración del actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que hace muy pocos meses expresó que la política de Estado en materia de Derechos Humanos y los juicios a los autores del genocidio ya no tienen forma de volver atrás, ¿hubiera tenido lugar e igual significancia sin mediar la huella en la cultura que ha dejado Néstor Kirchner?
No debe olvidarse que, entre otras sensibles mejoras en la calidad democrática, la actual integración de la Corte Suprema declaró oportunamente inconstitucionales los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sin embargo, en tiempos contemporáneos a su vergonzante sanción parlamentaria, el mismo alto órgano constitucional las había convalidado. Peor: dos de aquellos integrantes que votaron durante el alfonsinismo por la validez de las leyes de impunidad, continúan hoy siendo ministros de la Corte.
Paradójicamente, la concentración mediática en grupos privados y excluyentes, y su formidable capacidad para producir discurso y crear sentido, tergiversaron de modo tal a Néstor Kirchner, que lograron desvirtuar en ese relato uno de los principales méritos de su gobierno: el reestablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, y junto con ella –y muy esencialmente–, la de la justicia. El mismo Lorenzetti lo ha reconocido en estos días, en sus comentarios posteriores a la muerte del ex mandatario. Esa recuperación institucional que representó el kirchnerismo no fue formal únicamente. Kirchner se salió del protocolo no sólo al momento de asumir su bastón de mando y jugar a ser trapecista con él, sino, fundamentalmente, en la manera de ejercer su poder político. De modo totalmente desconocido para la democracia argentina que siguió a la experiencia peronista, Néstor Kirchner fructificó la potestad legal del Estado y maximizó en beneficio del país las facultades institucionales de las distintas reparticiones estatales. Extremó todo lo que le fue posible los resortes y la malherida legislación que dejó el neoliberalismo, para alentar cambios favorables al segmento social más postergado. No se limitó a un rol decorativo, como estaba reservado a los presidentes de esta región sur del mundo.
Los medios dijeron, y continuarán haciéndolo, que Kirchner quiso “controlar” al Poder Judicial. Nada es más falso. Prueba de ello no sólo es la copiosa cantidad de fallos adversos a las políticas centrales del gobierno, sino también el enorme gesto democrático de cambiar la ley que establecía el número de integrantes de la Corte, privándose de hacer uso de lo que por mandato constitucional le estaba permitido: el nombramiento de dos cargos vacantes de los nueve con que contaba el Máximo Tribunal desde el menemismo.
Néstor Kirchner, en una notable señal republicana, regresó a cinco el número de integrantes, y se inhibió de proponer a dos cortesanos (tras las vacantes producidas en el Máximo Tribunal, por renuncia de uno y destitución del segundo), que le aseguraran una visión estratégica afín a su proyecto político, como tantas veces ha ocurrido en la historia argentina, con resultados que aún hoy abochornan a su sistema judicial.
También modificó la ley que establece la cantidad y porcentaje en la representación de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ampliando el poder de decisión a los sectores políticos, de oficialistas y opositores, con la sabia intención de democratizar ese instrumento institucional, viciado por su comportamiento corporativo, y que había surgido del oscuro Pacto de Olivos, sellado a espaldas de la población entre Menem y Alfonsín. Todo lo cual, sin embargo, fue interpretado en los medios como un intento de someter la justicia a los vaivenes políticos.
En lo estrictamente laboral, los trabajadores judiciales han expresado públicamente su agradecimiento. Nunca como durante el proceso iniciado en 2003, los judiciales abreviaron de modo tan drástico la distancia entre los ingresos de trabajadores y los de los funcionarios. Emparejaron la brecha y dejaron firme un criterio de equidad salarial que establece que cada aumento de sueldos será igualitario, tanto para magistrados como para ordenanzas. Un porcentaje idéntico para todos. Ya no más las sumas millonarias para los jueces, y nada o migajas para los empleados, que distinguió a la justicia de los años noventa, esa sí que adicta.
Asimismo, el presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo, y que le es asignado al Poder Judicial para el buen funcionamiento de los Tribunales, jamás fue tan alto. Las operaciones de prensa montadas para tergiversar esta implacable verdad, no pueden ocultarla. Las arcas del Tesoro nacional, en franco desarrollo desde 2003, acompañaron palmo a palmo la dificultad que fue dándose en la justicia, que en pocos años vio multiplicar de manera exponencial su volumen de trabajo y el nivel de complejidad de sus investigaciones, consecuencias intrínsecas de la situación social tan acuciante que soportamos los argentinos en las últimas décadas.
Tan fría la justicia siempre. Tan puntillosa y circunspecta, ella. Tan exacta en su formalidad, ajena y poco inteligible para el pueblo, cuando Néstor Kirchner arribó al gobierno y le dedicó los primeros trazos gruesos de su gestión democratizante, varios volvieron a creer en ella. Lo poco o mucho de legitimidad que esa institución del Estado democrático recobró en estos años, son obra de aquel irreverente de la política argentina, que ya se extraña. También en los tribunales nacionales, por el pueblo de a pie que los mira buscando quién se le parezca un poco. Un gran poquito al menos. <

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