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19 y 20 de diciembre de 2001.-



lunes, 22 de noviembre de 2010

MARIANO FERREYRA

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El país|Lunes, 22 de noviembre de 2010
Un empleado de la ex línea Roca cuenta cómo se organizó la patota que asesinó a Mariano Ferreyra
“Con Favale llegaron veinte barrabravas”
Jorge Hospital, de la lista opositora a Pedraza, señala al Gallego Fernández y a Pablo Díaz como responsables de la patota. Advierte sobre el papel clave de Alberto Carnovale, que aún no fue indagado.
Por Adrián Pérez

Hospital trabaja como guarda-tren en la estación Llavallol.“Habrán pensado que se trataba de un choque entre Chacarita y Nueva Chicago: un muerto en un baldío que nadie reclama, nadie se entera y, si alguien sale herido, no se atiende en el hospital público por su prontuario.”

Jorge Darío Hospital es un empleado de la ex línea Roca. Recibe a Página/12 en la intimidad de su casa y describe pacientemente el entramado de responsabilidades, el accionar y la metodología que utiliza la Unión Ferroviaria (UF) en el armado de los grupos violentos, como el que asesinó a Mariano Ferreyra el 20 de octubre pasado. Hospital acusa a Juan Carlos “Gallego” Fernández y a Pablo Díaz como responsables de las patotas. Señala a Alberto Carnovale, guarda-tren de Constitución, como reclutador de Gabriel “Payaso” Sánchez, que integró la patota. Dice que un testigo que declaró en la causa le advirtió que Héctor Hourcade (jefe de Transporte de Ugofe en la ex línea Roca) estuvo en la estación Avellaneda y considera que si se cita a declarar a Aldo Amuchástegui podría avanzarse en el “desarme de la patota”, por ser éste “uno de los líderes” del grupo de choque que partió de los talleres de Remedios de Escalada. Menciona, además, a “tipos pesados” como Gustavo Daniel Alcorcel, Marcelo “Petiso” Suárez, Jorge Krzaczkowski y Miguel Toreta. Y denuncia a Amuchástegui, Alcorcel y Suárez como las personas que lo patotearon durante una actividad política en el acceso a los talleres de Escalada.

Hospital trabaja como guarda-tren en la estación Llavallol, es miembro de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra y milita hace diez años como opositor a la oficialista Lista Verde, la que conduce José Pedraza. Desde ese espacio viene denunciando el manejo discrecional del personal por parte de la UF. Los ingresos, afirma, son “digitados” por el Gallego Fernández y Pablo Díaz, “quienes reclutaron barras bravas de clubes de la Zona Sur, como Banfield y Racing, matones y miembros de unidades básicas”. Los trabajadores reciben ascensos “en función de su militancia en la Lista Verde” o “su relación con las unidades básicas”, cuestión que “no se vincula con calificaciones o antigüedad”. Por ese motivo, las vacantes “nunca se publican”.


El “fenómeno” de la patota

El guarda-tren explica que el fenómeno de la patota se originó hace tres años, cuando Ugofe comenzó a operar en la ex línea Roca. A partir del “clientelismo” en la selección del personal, cada delegado “metió su propia tropa” al ferrocarril. Dice, además, que esas tropas responden a “un grupo selecto vinculado con Díaz, el Gallego Fernández y alguien que todavía no ha sido indagado: Alberto Carnovale”. Este último, guarda-tren de Constitución –no volvió a tomar servicio desde la emboscada en Barracas–, es miembro de la Comisión de Reclamos del gremio, junto con Díaz, y goza de licencia en el servicio para realizar actividades gremiales. Para el guarda-tren de Llavallol, la exclusión de mujeres es un indicio de los fines que perseguía el grupo de choque de la UF. “No fueron a hacer una manifestación de ferroviarios opuestos al corte de vías. Fueron a armar un grupo de choque, por eso no reclutaron compañeras”, remarca.

“Carnovale fue el reclutador del Payaso Sánchez; lo sé porque integra su círculo áulico en Constitución”, destaca. El militante de Causa Ferroviaria sostiene que, además de Carnovale, Díaz contó con el apoyo de los delegados de los talleres de Remedios de Escalada en el armado de la patota. Trabajadores del sector evasión en Plaza Constitución también fueron convocados, pero la mayoría se abstuvo de participar porque “sabían de qué se trataba. Sólo quedó el grupo más incondicional a la burocracia”.

Más allá de los ochenta ferroviarios licenciados de sus tareas en Escalada, Hospital indica que otros trabajadores reclutados por Carnovale partieron de Constitución. Y agrega dos datos significativos: que, junto a Favale, “llegaron alrededor de veinte barrabravas de Defensa y Justicia, en una formación diésel, desde Florencio Varela”, y que un testigo que ya declaró en la causa le contó que Héctor Hourcade (jefe de Transporte de Ugofe en la ex Línea Roca) estuvo el día del ataque en la estación Avellaneda.

“En Escalada se dijo que (Aldo) Amuchástegui había estado en la primera línea con Favale, pero al día siguiente (los delegados) hicieron una reunión y se abroquelaron para que lo poco que había trascendido dejara de filtrarse”, comenta Hospital y afirma que si se cita a declarar a Aldo Amuchástegui podría avanzarse en el “desarme de la patota”, por ser “uno de los líderes” del grupo de choque que partió de los talleres. La columna vertebral se completa con “tipos pesados” como Gustavo Daniel Alcorcel y Marcelo “Petiso” Suárez. En la segunda línea, el guarda-tren ubica a Daniel González, actualmente detenido por las amenazas a los periodistas de C5N, a “otro tipo importante en la estructura” como Jorge Krzaczkowski –a quien se ve, en las imágenes tomadas aquel día, sobre las vías en Avellaneda– y a Miguel Toreta.


Apriete en Escalada

Hospital se acercó el 14 de septiembre a los talleres de Remedios de Escalada para repartir volantes y difundir la situación de los trabajadores despedidos y tercerizados. Días atrás, Leonardo Franzin habló sobre ese episodio ante Página/12. Aquel martes, quince minutos antes de las 16, una empleada administrativa de Escalada se acercó al personal de seguridad ubicado en el acceso a los talleres. Hospital iba a comenzar el reparto de los volantes de su agrupación. La orden fue clara: el ferroviario no debía traspasar la línea de ingreso porque “podía haber problemas”. Minutos después, la advertencia se materializó. “Seis personas empezaron a empujarme y me decían que me retirara de la puerta”, sostiene. Lo llevaron a empellones hasta una pared, cerca del túnel que comunica el taller con los andenes, donde le arrebataron los volantes. Como dudaron en bajarlo al túnel, Hospital aprovechó para retirarse hacia las plataformas. Luego regresó a la puerta para repartir los boletines. “Frente a los compañeros del taller, (los delegados) eran unas señoritas, no se animaron a repetir la patoteada”, recuerda. Amuchástegui, Alcorcel y el Petiso Suárez fueron de la partida en el grupo de apriete.

Hospital asegura que la emboscada en Barracas fue un intento por “desmontar el reclamo de los trabajadores” sobre la base de “exterminar militantes”. Su afirmación se apoya en el accionar de las barras bravas. “Habrán pensado que se trataba de un choque entre Chacarita y Nueva Chicago: un muerto en un baldío que nadie reclama, nadie se entera y, si alguien sale herido, no se atiende en el hospital público por su prontuario –compara el ferroviario–. Pero mataron a un militante de la FUBA y del Partido Obrero, a un joven que era parte de una organización que no iba a dejar pasar este crimen.”

A millones de años luz de las patotas sindicales, la hija de Hospital corre en el fondo de la casa y juega con su perro. El militante advierte que la violencia es una cuestión inherente a la supervivencia de una dirigencia gremial que avaló las privatizaciones y fue cómplice de la entrega del país. Por último se refiere a la escala de responsabilidades y destaca que “no se trata solamente de obtener una condena por su participación” en el crimen sino que es necesario “desmontar la influencia y el poder de esos sectores en el manejo de los negociados que venimos denunciando”.


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