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19 y 20 de diciembre de 2001.-



domingo, 12 de diciembre de 2010

Desde los 100 a los 150 millones de Tm

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Economía|Domingo, 12 de diciembre de 2010
JULIAN DOMINGUEZ, UNA COSECHA DE 100 MILLONES DE TONELADAS Y EL ROL DEL ESTADO EN LA FIJACION DE PRECIOS. REPORTAJE EXCLUSIVO
“En el campo lo que se concentró es el negocio”
El ministro de Agricultura defendió la intervención del Estado en defensa del productor. “Al estilo de la Junta de Granos, pero con otros componentes”, propuso. Señaló que, más que la tenencia de la tierra, preocupa “la concentración en los agronegocios”.
Por Sebastián Premici

Julián Domínguez: “Debemos pensar en crear un mecanismo público de comercialización”.Argentina logrará este año una cosecha record de granos superior a las 100 millones de toneladas y podrán exportarse 8 millones de toneladas de trigo. A pesar de este resultado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, considera que es necesario establecer un nuevo sistema de comercialización agropecuario, al estilo de una Junta Nacional de Granos, además de una nueva ley de arrendamiento que permita aumentar la producción con más trabajadores rurales. Así lo manifestó el funcionario en un reportaje con Página/12. También denunció que algunas exportadoras multinacionales no están pagando el precio pleno del trigo a los productores. Por otro lado, explicó los alcances del Plan Estratégico Agroalimentario y la integración agropecuaria junto a China y la India.

–¿Cuál es el balance que puede hacer de 2010?

–Este es el año en que Argentina superará, por primera vez en su historia, las 100 millones de toneladas de producción granaria. Este dato marca la competitividad y productividad del sector, pero también conlleva el enorme desafío de continuar aumentando la producción del sector con una mayor cantidad de productores. La organización comercial de la agricultura, puntualmente los llamados agronegocios, trajeron consigo la aparición de nuevos actores, como los contratistas y los pooles de siembra en detrimento de los trabajadores rurales. A partir del aumento exponencial de la producción, gracias a la innovación tecnológica, hubo también un fuerte proceso de concentración en la inversión y en la organización del negocio. No-sotros estamos convencidos de que el proceso de mayor producción debe estar acompañado por un incremento en la ocupación territorial, con la presencia activa de los productores en los campos. Esto significa replantear el concepto de ruralidad y para ello nos apoyamos en la participación de los colegios agrotécnicos, donde la matrícula alcanza actualmente a los 50.000 alumnos. Estamos avanzando en un modelo de educación agrotécnica que nos permita mejorar la producción agropecuaria.

–¿De qué manera puede resolverse el tema de la concentración?

–En Argentina, la concentración no se ha producido en la tenencia de la tierra sino que se ha dado un fenómeno de concentración del negocio. Se alquilaron las tierras a los pooles de siembra. Esto tuvo un sesgo positivo que fue la ampliación de más de 30 millones de toneladas durante la última década. Sin embargo, se inició un complejo escenario de concentración donde quedó involucrado el sistema de producción y comercialización. Este es un dato de la realidad. Para resolver este tema debemos fortalecer el trabajo con las cooperativas. También hay que tener en cuenta que durante la década de 1990 hubo un fuerte proceso de desregulación y ausencia total del Estado, por eso debemos repensar la posibilidad de crear un mecanismo público que permita garantizarles a los productores el precio pleno de sus materias primas. Podría ser un sistema público, junto al sistema cooperativo y las Bolsas de comercio de cereales de las provincias.

–¿Al estilo de una Junta Nacional de Granos?

–Sí, aunque debería tener otros componentes. Por la experiencia de Argentina, habría que tomar el conocimiento de las bolsas de comercio, las cooperativas y la fuerte presencia del Estado y avanzar en un proceso de defensa en el precio que reciben los productores. Esto es central para un mercado tan grande, que en los próximos años continuará creciendo. Seguiremos aumentando nuestra productividad ya que todavía pueden incorporarse a la agricultura entre 8 y 10 millones de hectáreas. Este dato indica que dentro de los próximos siete años podríamos alcanzar las 150 millones de toneladas. Hay varias experiencias que pueden tomarse para pensar modelos de regulación de estas características, ahí están Brasil, Australia y Estados Unidos. Así como se plantean parámetros para la seguridad alimentaria en cada país, habría que garantizarles el precio a los productores. Argentina todavía tiene una deuda pendiente en pos de defender a sus productores. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. El Estado debe ser un auxiliar en la defensa de los productores. Ese debe ser nuestro norte.

–Usted habla de la necesidad de que la tierra sea de los productores. En este sentido, ¿están avanzando en un nuevo instrumento legal para el manejo del suelo y los contratos rurales?

–Estamos analizando, con tranquilidad, una nueva ley de arrendamiento que permita defender los contratos promovidos para los pequeños y medianos productores y para que estos actores puedan quedarse en el campo. Este es el nudo de una ley de arrendamiento. Y en el caso de una normativa para regular el uso del suelo, lo primero que consideramos es que la tierra no es una inversión sino que es un recurso estratégico no renovable. Hay que ponerle límites a la inversión extranjera y garantizar que este recurso quede entre los argentinos. Este es un debate que ya se está dando en el Congreso, y el año que viene, en la medida en que se profundice la participación de todos los actores, podremos seguir avanzando.

–¿Cree que el tratamiento de ambos temas podrá ser antes de las elecciones de 2011?

–Hay temas que son parte del sentido común, como proteger el principal recurso del país, que es la tierra. Defender y promover la tierra es defender el comercio y los propios recursos del país. Esta es una discusión que hay que dar en profundidad.

–¿Cómo evalúa su relación con la Mesa de Enlace, y en particular su acercamiento a la Federación Agraria?

–Los valores de Federación Agraria son compartidos filosóficamente. Defender al pequeño y mediano productor, defender el modelo de gestión a través de las cooperativas como un espacio social para defender a los más vulnerables, hace a mi lugar de procedencia y al convencimiento de que el Estado debe estar presente. Lo que hicimos desde el Ministerio fue dar la cara. Durante el conflicto agropecuario lo que estuvo en juego fue el rol del Estado y creo que hemos logrado defenderlo y valorarlo como el principal instrumento para orientar la política económica, con un tipo de cambio competitivo que contribuyó a que la rentabilidad del campo no tenga registros históricos de comparación. Si tomamos décadas pasadas, nos daremos cuenta de que la mayor rentabilidad del campo se obtuvo en estos años. Hace diez años, en Chacabuco, un productor de 600 hectáreas estaba fundido, con un campo cuya hectárea valía 1000 dólares. Ahora, ese mismo campo vale más de 12.000 dólares la hectárea. Hay informes internacionales que dicen que la inversión agropecuaria en Argentina es más rentable que en otros lugares del continente y del mundo. Hecho este análisis, hay que decir que seguimos con algunos problemas. Por ejemplo, en el caso del trigo, las exportadoras no están pagando el FAS teórico.

–¿Quiénes son los que no pagan el precio pleno a los productores?

–El problema lo tenemos con las exportadoras multinacionales, donde hay coincidencia con las denuncias realizadas por la AFIP en el tema evasión (los casos de Cargill y Bunge). Básicamente, no están cumpliendo el acuerdo marco que firmamos con las exportadoras, por eso hay enojo de los productores. Este también es uno de los motivos por los cuales debemos repensar todo el modelo de comercialización de granos.

–¿Este conflicto limitará las autorizaciones para exportar trigo?

–No. Argentina fijó la seguridad alimentaria en 6 millones de toneladas de trigo y este año alcanzaremos las 13 millones, quizás más. Ya autorizamos 5 millones de toneladas para exportar y suponemos que nos quedan, sumada la nueva cosecha con los remanentes de la anterior, otros 3 millones.


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