VIVA CRISTINA FERNANDEZ de KIRCHNER NOBEL de la PAZ 2013 ¡¡¡

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Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



sábado, 4 de diciembre de 2010

DELITOS ECONOMICOS de LESA HUMANIDAD

El rol de los civiles en la dictadura

Negocios de lesa humanidad

02-12-10 / El Gobierno creó una unidad especial para investigar la apropiación de empresas. Papel Prensa como caso testigo y las 600 operaciones en la mira.


Por Franco Mizrahi

Una nueva etapa comienza en el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Mientras cientos de militares están siendo juzgados a lo largo del país por su participación en el sistema criminal que desplegó la última dictadura cívico-militar, avanzan en Tribunales las denuncias contra los socios civiles del genocidio, aquellas personas de traje, corbata y zapatos brillosos que impulsaron o facilitaron las desapariciones para engrosar sus bolsillos. O el de sus empresas.

Para acelerar esa demorada investigación, el Gobierno creó la Unidad Especial de Investigación de los crímenes de lesa humanidad con motivación económica cometidos entre 1976 y 1983, que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos. Entre otras funciones este organismo deberá coordinar las acciones legales y organizar una base de datos con todo el material que recopile. “Nosotros veníamos trabajando en estos casos. Dada la extensión y especificidad del tema, el ministro (de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) Julio Alak decidió crear esta unidad”, explicó a Veintitrés Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, el área de la que dependerá el organismo.

De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, después del golpe, 604 empresas fueron liquidadas, intervenidas o apropiadas por los militares.

“La dictadura tuvo un claro objetivo –aseguró Alén–: establecer un determinado modelo económico para el cual era necesario disciplinar a la población mediante el terror. Si bien esa represión se centró en la militancia progresista, también afectó a muchos empresarios.”

La apropiación de empresas por parte de los militares solía realizarse a través del desapoderamiento del capital accionario de sus titulares o mediante las quiebras de las entidades a fin de favorecer a sus socios civiles.

El caso paradigmático de la primera metodología es la investigación por la apropiación de Papel Prensa que benefició a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Para lograr el desapoderamiento de la familia Graiver, que poseía la mayoría accionaria, la dictadura secuestró y torturó a todos sus miembros.

Pero este no fue el único caso en que se liquidó una empresa para que la actividad quedara en manos de los socios de la dictadura.

Otro caso paradigmático es el de la siderúrgica Acindar que emergió de la dictadura como la única empresa poderosa del sector. No es casualidad: esta firma tuvo como gerente hasta los primeros meses de 1976 a quien luego fuera ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.

Entre los más de 600 casos que relevó la Secretaría comandada por Eduardo Luis Duhalde, sobresalen diferentes tipos de apropiaciones, despojos y desapariciones de bienes. Un caso que fue elevado a juicio para ser integrado en la causa ESMA es el de Chacras de Coria, unos valiosos terrenos ubicados en esa localidad que el almirante Emilio Massera les arrebató a empresarios mendocinos aplicando su característica metodología de secuestro, tormentos, desapoderamiento y muerte. Esos terrenos fueron loteados y vendidos para su beneficio personal. Por este caso está imputado el hijo del Almirante Cero, Enrique Massera.

Otro despojo recordado fue el de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino, empresarios ganaderos y lácteos, secuestrados y despojados de sus bienes –por caso, 25 mil hectáreas ubicadas en Santiago del Estero, valuadas en millones de dólares que, junto a un avión, fueron vendidas a un socio de la dictadura, por 300 mil dólares y un campito de golf–. Esta causa esta siendo investigada en el Juzgado Federal 3 de La Plata.

Otro caso es el despojo del Banco de Hurlingham, también sustraído a los Graiver, que sigue el Juzgado Federal 3 de la Capital Federal. O el de los empresarios Gutheim (Miguel y Federico), por el que hoy tienen prisión preventiva Martínez de Hoz, el ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy y Videla. Esta causa tramita en el Juzgado Federal 5 de la Capital.

Si bien muchas de las víctimas ya habían hecho su reclamo ante el ex presidente Raúl Alfonsín y fueron indemnizados, Alén hace una diferencia: “Una cosa es la cuestión patrimonial y otra la faz criminal. Nosotros investigamos esta última: la responsabilidad criminal de la dictadura con una finalidad económica”.

Desde la secretaría esperan que la creación de la unidad genere nuevas denuncias de despojos similares a la que realizó Lidia Papaleo. “En la dictadura los civiles tuvieron tanta responsabilidad como los que secuestraron y torturaron”, concluyó Alén. Ya se está juzgando a las Fuerzas Armadas. Ahora llegó el turno de los civiles.



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