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19 y 20 de diciembre de 2001.-



domingo, 9 de enero de 2011

PRISIONEROS de lña TIRANIA en SANTA FE RECLAMAN REPARACION INTEGRAL

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Domingo, 9 de enero de 2011

Ex presos políticos reclaman la sanción de una ley que no sólo les otorgue dinero.
Para sanar las profundas heridas del alma
El proyecto que está en la Cámara de Diputados de Santa Fe prevé una pensión de unos 3 mil pesos, y según la Asamblea alcanzaría a un universos de unas dos mil personas, sobre las que ya comenzó un censo en toda la provincia.
Por José Maggi

Los ex presos dicen que no quieren "beneficencia, sino una reparación integral del Estado".La Asamblea de ex presos políticos está reclamando la aprobación de una ley provincial que otorgue una pensión a quienes pasaron por esa condición. Alberto Ruiz Díaz, explicó a Rosario/12 que "la pensión es un elemento constitutivo del término reparación, porque la Asamblea toma la palabra de Eduardo Luis Duhalde (secretario de Estado de Derechos Humanos de la Nación), que entiende que aquellos que han pasado la dictadura en cárceles o chupaderos, privados de su libertad han recibido una herida en el alma". Y agrega que esa reparación "no es como dicen los funcionarios socialistas santafesinos, que quieren ponernos en el papel de reclamantes de una reparación económica, y creen que lo único que pretendemos es sólo un dinero. Nuestra historia no se compra con dinero, por lo que hablamos de una reparación de carácter integral, en la que esta incluída la reparación económica, pero fundamentalmente la contención integral por problemas psicológicos, por el daño moral que sufrieron los compañeros, la pérdida de oportunidades, el cambio de expectativas", dijo Ruiz Días. Y señaló que por ejemplo "hoy tenemos un ex trabajador bancario y que por sus problemas de salud mental y por la falta de contención es un linyera más que habita en el centro de Rosario".

Ruiz Díaz aseguró que "se debe terminar con la condena que pretenden muchos de hacerles pagar a los hijos o los hermanos por el apellido. Tenemos compañeros que pretenden ser delegados y los panfletean diciendo que es hijo o hermano de un guerrillero. La reparación integral debe teminar con la teoría de los dos demonios".

Por su parte, Héctor "Chinche" Medina, es el anfitrión en su rol de dirigente de Sitratel, el sindicato de trabajadores telefónicos. "Cuando vemos a nuestro compañero Miguel Cabos como linyera, nos parte el alma, porque Miguel como otros tantos pelearon por una Argentina mejor y lo que recibió son condiciones de vida mucho peores, recibió la exclusión. Por eso cuando desde la Asamblea de ex presos nos planteamos trabajar por las reparaciones, es reconocer que el 80 por ciento de los compañeros presos no pudieron volver a reinsertarse en un trabajo en blanco y tuvieron que hacerlo en negro. Muchos tienen entre 58 y 65 años promedio y no se pueden jubilar por la falta de aportes. Esto compañeros no tienen obra social, ni jubilación ni nada. Hubo compañeros que fallecieron y tuvimos que pagarles el sepelio entre todos. Y este no es un hecho aislado de Rosario , pasa en Villa Constitución, en Santa Fe en Reconquista, en Venado Tuerto y Rufino. Y no solo ellos no pudieron reinsertarse, sus hijos tampoco", dice Medina.

Chinche Medina, se indigna también porque "desde el gobierno provincial nos pidieron una lista de los compañeros que tenían problemas económicos para ver si se los podía ayudarlos. Esto no es Cáritas, no estamos planteando darle limosnas a nadie y no queremos que ninguno de nuestros compañeros esté mendigando. Y lo hacemos porque algunos de nosotros hemos logrado reinsertarnos, somos dirigentes, y por eso alzamos la voz, porque podemos hablar por la mayoría de los ex presos".

Los ex detenidos reclaman que "el estado provincial asuma las responsabilidades porque la represión la llevó adelante la policía provincial. Y en este sentido exigimos el tratamiento del proyecto del diputado Marcelo Brignone, que esta cajoneado, duerme en la comisión de Derechos y Garantias que preside la diputada Mónica Peralta".

El proyecto prevé una pensión de unos 3 mil pesos, y según la Asamblea alcanzaría a un universos de unas dos mil personas, sobre las que ya comenzó un censo provincial.


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