DDHH en ARGENTINA

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El país|Jueves, 13 de enero de 2011
Guillermo Valera, coordinador del programa Verdad y Justicia
Para acelerar los juicios
En el organismo que depende del Ministerio de Justicia serán nombrados Beinusz Szmukler y Mirta Mántaras. Buscan aportar a la tranquilidad de los testigos y poner en conocimiento de jueces y fiscales información sobre riesgos.

Guillermo Valera dice que las amenazas “no son tan excepcionales, aunque tampoco hay razones para alarmarse”.“Conseguir que estos dos verdaderos monstruos colaboren con el programa supera todas mis expectativas.” La frase pertenece a Guillermo Valera, coordinador desde agosto del año pasado del programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y se refiere a los nombramientos de los abogados Beinusz Szmukler y Mirta Mántaras, con los cuales la dependencia creada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2007 promete acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. “El programa se va a convertir en algo muy serio, que va a mover los cimientos del statu quo que intentan mantener una serie de elementos en la Argentina”, asegura Valera.

–El último año hubo record de condenas, sin embargo, a este ritmo y aun si la cantidad de procesados no aumentara, habría juicios por más de una década. ¿Existe desde el Ejecutivo alguna estrategia para acelerar los procesos?

–He formado un equipo de profesionales altamente calificados, que ya están colaborando conmigo. Los nombramientos saldrán en los próximos días. Mirta Mántaras conoce a fondo las problemáticas, actúa como querellante en juicios en todo el país, tienen multitud de libros, y ahora dejará todas las causas para entrar el programa como subcoordinadora. Szmukler también tiene una larga trayectoria, es presidente de la Asociación Americana de Juristas, fue hasta hace poco miembro del Consejo de la Magistratura, y será nombrado director de relaciones institucionales. Por el momento son colaboradores, hasta que salgan los nombramientos de la Presidenta.

–¿Y cuál es la idea para acelerar los procesos?

–Estamos descentralizando el trabajo, en el sentido de nombrar en cada provincia a un abogado que representará al programa. Así vamos a poder hacer un seguimiento directo de las causas. Estamos profundizando algunos aspectos que merecían ser profundizados.

–El programa se gestó tras la desaparición de López ante demandas de protección y la necesidad de coordinar las unidades estatales que participan en los juicios. ¿Cuáles son hoy sus funciones?

–La idea es brindar elementos para superar obstáculos, tratar de que los testigos declaren tranquilos y poner en conocimiento de jueces y fiscales información relevante del mapa de riesgos, que hacemos en todas las causas. El objetivo es garantizar la contención y seguridad de testigos, víctimas, familiares, abogados y funcionarios, y brindar información confiable para apoyar las investigaciones. La idea es hacer un análisis de los obstáculos a fin de evitar demoras o retrocesos en las causas. Con ese fin se aportan en las causas análisis de material técnico. También se articula la provisión de recursos técnicos, humanos y materiales que jueces, fiscales y defensores soliciten a sus autoridades.

–El mes pasado trascendieron amenazas en el juicio a Videla. ¿Qué excepcionales son?

–No son tan excepcionales, aunque tampoco hay razones para alarmarse. Hace poco hubo en una provincia que prefiero no nombrar una serie de atentados menores, nos pusimos en contacto con el ministro de Justicia y de inmediato se tomaron medidas para proteger a los testigos. Nosotros no tenemos una estructura de protección, lo que hacemos es investigar cada caso, sugerir medidas a los tribunales y coordinar con los distintos organismos. Tratamos de que localmente se creen programas de protección para que no sea el gobierno nacional el que deba trasladarse.


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