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FUNAM INFORMA
Fundación para la defensa del ambiente
Córdoba (Argentina), lunes 24 de enero de 2011


Demolición ilegal de Casa de Gobierno en Córdoba:
FUNAM AMPLIÓ DENUNCIA PENAL EN DOS FISCALÍAS PROVINCIALES

PIDE DETERMINAR SI HAY RESIDUOS PELIGROSOS EN CASA DE GOBIERNO
Y QUE SE INVESTIGUE LA VIOLACIÓN DEL DECRETO QUE REGULA EL DESTINO DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

FUNAM solicitó a la Fiscalía que se interrumpa la demolición hasta tanto sea identificada o no la presencia de residuos peligrosos en los edificios aún no destruidos y en los escombros, que ilegalmente fueron arrojados al arroyo La Cañada.

El Dr. Raúl Montenegro pidió la realización de análisis para identificar la presencia de fibrocemento –con asbesto- y metales pesados a fin de proteger la salud de los obreros que trabajan en la demolición y de las personas que viven en cercanías de Casa de Gobierno.

Al arroyo La Cañada también fueron destinados los documentos públicos que permanecían en la Casa de Gobierno, lo que motivó una ampliación de la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción para que actúe contra el gobernador Juan Schiaretti y otros por la violación del decreto provincial que regula el destino de documentos oficiales.

La norma establece que la destrucción solo podrá hacerse "por trituración o despulpamiento" y que deberá intervenir "la Escribanía de Gobierno".

Córdoba (Argentina), 24 de enero de 2011.- La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una organización no gubernamental con status consultivo en Naciones Unidas, informó que presentó hoy dos nuevas ampliaciones de denuncia penal por la ilegal demolición de la Casa de Gobierno en Córdoba. El caso se ha transformado en un escándalo que no deja de crecer, pues a la ilegalidad de la demolición se agregó la descarga, también ilegal, de los escombros y documentación pública a uno de los arroyos emblemáticos de la ciudad, La Cañada.

FUNAM amplió sus denuncias penales en dos fiscalías de la Justicia Provincial.

Por el tema contaminación del arroyo La Cañada solicitó a la Fiscalía a cargo de Eugenio Pérez Moreno que "interrumpa la demolición de Casa de Gobierno hasta tanto sea identificada o no la presencia de residuos peligrosos en los edificios aún no destruidos y en los escombros". El Dr. Carlos Raúl Nayi, abogado patrocinante de FUNAM, sostuvo que en edificios antiguos "es frecuente la presencia de metales de riesgo, como cañerías de plomo, y elementos de fibrocemento con asbesto en tanques de agua, techos y otras estructuras".

El Dr. Raúl Montenegro pidió "la realización de análisis para identificar la presencia de fibrocemento –con asbesto- y metales pesados a fin de proteger la salud de los obreros que trabajan y de las personas que viven en cercanías de Casa de Gobierno".

Por el tema ilegalidad de la demolición –por otra parte- se requirió al Fiscal Anticorrupción, Gustavo Hidalgo, que "actúe contra el gobernador Juan Schiaretti y otros por la violación del decreto provincial que regula el destino de documentos oficiales". En 1997 se aprobó el Decreto provincial 1.659 que "reorganiza y depura los archivos administrativos y contables" de la provincia, incluidos sus entes autárquicos.

La norma establece que la destrucción solo podrá hacerse "por trituración o despulpamiento" y que deberá intervenir "la Escribanía de Gobierno" [ver abajo, se incluyen dos artículos del decreto].

Recientemente la empresa encargada de la demolición descargó –también ilegalmente- escombros y documentos oficiales en el arroyo La Cañada y Mi Hogar III.

"Posteriormente funcionarios del gobierno provincial indicaron que se trataba de documentos sin valor, ignorando o bien omitiendo señalar que ni siquiera el gobernador puede calificar su valor. Para eso se aprobó el decreto 1.659/97", indicó Montenegro.

Luego agregó que "la ilegal demolición de la Casa de Gobierno suma así nuevas violaciones a normas vigentes. La impunidad con que actúa el gobernador Juan Schiaretti parece no tener límites. No solo estamos perdiendo parte de la historia de Córdoba. También están siendo bastardeadas nuestras instituciones".

Finalmente calificó de "chiste institucional" las declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, quien declaró públicamente que las empresas responsables de haber arrojado escombros a La Cañada y Mi Hogar III deberán cumplir la ley "porque no tienen coronita". "El gobernador nos toma por tontos. Inició su proyecto de demolición sin tener previamente las autorizaciones y sin hacer audiencia pública, ordenó que se demoliera sin recuperar elementos valiosos para no demorar la destrucción, eludió el llamado a licitación y dejó sin control documentos oficiales en abierta violación al Decreto Provincial n° 1.659/97. Quien parece tener coronita es el gobernador Juan Schiaretti, una coronita que nadie le otorgó porque la ley vale para todos, inclusive para él".

Se transcriben dos artículos del Decreto Provincial n° 1.659/97:

Artículo 3°.- Los jefes de las distintas oficinas de Mesa de Entradas y Salidas y de Despacho de la Administración Pública Central y de las entidades autárquicas de la Provincia, como asimismo toda otra persona responsable de documentación mencionada en el Anexo, elevarán en forma conjunta al Ministro del área o titular de la entidad autárquica, antes del día 1° de noviembre de cada año, el listado de los documentos a su cargo cuyo plazo de retención se encuentre vencido, indicando en cada caso la identificación numérica, individualización del tema, fecha de archivo definitivo y el destino que corresponde.

Artículo 7°.- Los responsables de archivos mencionados en el artículo 3° asentarán el destino final de los documentos en los registros correspondientes, una vez firme la resolución que ordena su destrucción. La misma se llevará a cabo por el procedimiento de trituración o de despulpamiento, con la intervención de la Escribanía General de Gobierno, que labrará acta haciendo constar que el acto se ejecutó en cumplimiento de la resolución respectiva, la que se incorporará como parte integrante de aquella. La tarea de destrucción podrá ser contratada a terceros y podrá disponerse del material resultante del procedimiento, todo de conformidad con las leyes vigentes.


Para mayor información contactar a:

Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125 637
E-mail: raulmontenegro@flash.com.ar

Dr. Carlos Raúl Nayi
Teléfono fijo: 0351-4283480
Teléfono celular: 0351-156 507 740
E-mail: estudiojuridico_nayi@hotmail.com

Encargada de prensa:
Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860
E-mail: nay_azz@hotmail.com


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