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Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



martes, 12 de octubre de 2010

CAROLINA SCOTTO : ¿QUE EDUCACION NOS MERECEMOS?

Comunidad y organizaciones sociales
La participación de la comunidad educativa y organizaciones sociales en el debate es necesaria para que la ley alcance plena legitimidad social. Carolina Scotto.
Carolina Scotto (Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba - UNC)1|



La Universidad Nacional de Córdoba ha integrado el Consejo Provincial de Políticas Educativas, en el que se debatió el anteproyecto de una ley general de educación, que modificaría los contenidos de la ley 8.113/91.

Ese Consejo estuvo constituido por 20 representantes de organismos gubernamentales, institucionales y gremios, con intereses sectoriales en el campo de las políticas educativas. Nuestra Universidad participó de esa instancia bajo la convicción de que es imprescindible involucrarnos de manera activa en los espacios de discusión de las políticas públicas, sin compromisos partidarios y con una mirada constructiva, reconociendo la legitimidad de los espacios controversiales en los que se defienden intereses y perspectivas en el marco de la democracia.

El anteproyecto representa un avance en relación con la legislación vigente, rescatando principios de la ley nacional, tales como “la educación como bien público y derecho personal y social, garantizado por el Estado” y, en general, el compromiso estatal para asegurar no sólo la igualdad de oportunidades sino de posibilidades, garantizando la oferta educativa, los recursos materiales, organizacionales y pedagógicos para la inclusión efectiva de los sujetos en todos los tramos de la escolarización obligatoria.

Sin embargo, como se manifestó al cierre de las deliberaciones del Consejo, debía realizarse una amplia consulta, con los tiempos necesarios, que garantizara espacios de participación y un profundo debate público a lo largo del todo el proceso de análisis y sanción de la norma.

La participación de la comunidad educativa y organizaciones sociales en el debate es necesaria para que la ley alcance plena legitimidad social. Creemos que deberían hacerse los esfuerzos conducentes a completar esa tarea inconclusa.

Aspectos controvertidos. Algunos de los aspectos más controvertidos son los siguientes:

Educación religiosa. Entendemos que en el marco de la educación pública, la enseñanza laica debe estar garantizada. Creemos que la propuesta de otorgar a la enseñanza religiosa un carácter opcional representa un retroceso respecto de la tradición laicista de la educación pública argentina.

Mercantilización de la educación. Sostenemos que la legislación debe garantizar el financiamiento público estatal, evitando en su articulado ambigüedades o resquicios que posibiliten formas de mercantilización de la educación. De igual modo, debe asegurarse que la experiencia laboral educativa fuera de la institución escolar, valiosa para la formación de los estudiantes, no se desvirtúe con prácticas orientadas por los intereses sectoriales.

La preocupación y los reclamos que vienen expresando los estudiantes secundarios y universitarios en estos días evidencian la necesidad de profundizar el debate con análisis reflexivos e informados sobre el contenido del anteproyecto, apuntando a fortalecer la confianza en que el nuevo instrumento legal será realmente un paso en favor de la educación pública.

De este modo, los legisladores podrán sancionar una ley con mayor legitimidad social, superando las desconfianzas generadas por algunos procesos parlamentarios recientes.

En esa instancia, es necesario que el contenido final del proyecto no contradiga o diluya sus propios principios y fines generales y que puedan modificarse o incluirse algunas cuestiones sustantivas que quedaron fuera del articulado, para dar más plena expresión a una educación laica, gratuita e integral.

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El coordinador.
Cordoba
Argentina