MIL CAUSAS en ESPERA.

Mil causas en espera
El colapso es un caso federal
La falta de unificación de causas por delitos cometidos en el mismo centro clandestino es la razón principal que demora las investigaciones y los juicios.
Martina Noailles

El cuello de botella de la Justicia en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos no sólo se refleja en las pocas causas que fueron elevadas a juicio oral. Como contracara de los 21 expedientes que están en manos de tribunales orales, otros mil casos recién se encuentran en etapa de instrucción. Los motivos del lento andar son disímiles a lo largo y a lo ancho del país, pero uno de los puntos principales es la fragmentación de las investigaciones. Según los datos actualizados que maneja la Unidad Fiscal a cargo del seguimiento de las causas desde la Procuración General de la Nación, hoy existen 534 personas procesadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 378 se encuentran detenidas, algunas en cárceles comunes, muchas otras en sus casas. Los prófugos son 54. Y los condenados sólo 36.Pero más allá de este número total de procesados –que en 2008 tuvo un aumento considerable con respecto al año anterior–, al poner la lupa sobre los detalles de cada jurisdicción los problemas se hacen aún más evidentes. Los obstáculos son muchos y se verifican en distintos momentos procesales: desde que se abre la causa hasta que se indaga a los imputados; desde que se los procesa hasta que el fiscal requiere la elevación a juicio y desde que finalmente el juez cierra la instrucción y deja en manos de un tribunal oral la fecha en la que sentará en el banquillo a los acusados. En el medio, las cámaras de apelaciones y la Cámara Nacional de Casación Penal se toman su tiempo para resolver los innumerables recursos presentados por las partes.Uno de los problemas que se verifica en la mayoría de las provincias es la atomización de las causas. Este año, por ejemplo, en Tucumán se realizó el primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos de la provincia, con sólo dos imputados, los jerarcas Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y una víctima, Guillermo Vargas Aignasse. En esa tierra, donde funcionaron los primeros centros clandestinos del país antes del golpe de 1976, se tramitan unos 600 expedientes, casi todos instruidos por un único juez federal, Daniel Bejas, y un solo fiscal, Emilio Ferrer. En el último año, los pedidos del ministerio público lograron que algunas de estas causas que se refieren a una única víctima se acumularan jurídicamente según el lugar en el que estuvieron detenidos.En Córdoba, el intento por unificar las causas aún no tuvo éxito y hoy se tramitan 19 causas por los delitos cometidos en el mismo lugar: el centro clandestino La Perla. En muchos de estos expedientes ni siquiera se han tomado declaraciones indagatorias. En el norte el panorama no es más alentador. Aunque en Jujuy existen unas veinte causas abiertas y el requerimiento de indagatorias del fiscal Domingo Batule data de agosto de 2006, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor sólo tomó declaración a tres represores. También hace ya varios meses que el fiscal solicitó la unificación de las causas, pero aún no obtuvo respuesta. "Está claro que el juez no hace lo necesario para que las causas avancen. No tiene por acreditados los testimonios realizados en el hábeas data local ni en las mismas causas con anterioridad a su reapertura, lo que lleva a una pérdida enorme de tiempo en testimonios que no haría falta repetir y la postergación interminable de la citación a indagatoria de los responsables", relató Pablo Pelazzo, abogado querellante.Mendoza es otra de las provincias que ve avanzar la Justicia a paso lento. La gota que rebasó la paciencia fue la decisión de la Cámara Federal provincial de liberar a todos los represores procesados. "Pedimos el juicio político contra los tres camaristas por mal desempeño ya que las libertades concedidas son escandalosas. Además se les negó ser querella a distintos familiares, por ejemplo al hijo de Paco Urondo", indicó Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y uno de los que realizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En Mendoza sólo una causa espera fecha de juicio oral. Con el millar de causas en espera, los juicios orales en 2009 no superarán la media docena. --