TEORIAS ESQUIZOFRENICAS

El rebrote de la subversión apátridaEnviado por Gisela Carpineta el Dom, 19/09/2010 - 04:10. in Lesa humanidad
Fecha de publicación:
Año 3. Edición número 122. Domingo 19 de septiembre de 2010
Por Ricardo Ragendorfer rragendorfer@miradasalsur.com
En los años de plomo, Videla y Menéndez mantenían una sorda interna. Ahora comparten el banquillo de los acusados. (TELAM)Otras notasVidela en el banquilloTuvieron que pasar 24 años desde aquel juicio a los comandantes en la primavera democrática, para que Jorge Rafael Videla volviera a sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio donde se investigan delitos de lesa humanidad. Pasaron 24 años desde aquella histórica condena. El más sanguinario de todos los dictadores de los doscientos años de vida argentina, junto con otros 30 imputados, comenzó a escuchar este viernes la acusación en la causa por el asesinato de 31 personas entre abril y octubre de 1976.
Un oscuro día de justiciaEl protagonista de esta historia era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES); su nombre: Ricardo Miguel Chomicki. El 2 de diciembre de 1976 fue secuestrado en Rosario junto a su pareja, Nilda Folch, por un grupo de tareas que respondía al ya fallecido comisario Agustín Feced. Ambos fueron llevados a las mazmorras de la Sección de Informaciones de la policía local. Allí, tras ser objeto de feroces torturas, empezaron a colaborar con los represores en interrogatorios a sus compañeros de infortunio, entre otros menesteres. Pero sin revertir su condición de cautivos.
Enjuician a represores por el crimen de un estudiante en 1976El martes comenzará el primer juicio por un delito de lesa humanidad en Santiago del Estero, por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976. En la causa será juzgado el ex subsecretario de Informaciones Musa Azar. Será acompañado por otros policias, entre ellos, Miguel Garbi y Ramiro López Velloso. El juicio se iniciará sin la presencia de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, porque el Tribunal Oral Federal resolvió suspender esas audiencias debido a que tienen otros juicios en otras provincias.
Los juicios a los verdugos y sus cómplicesA siete años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, decenas de juicios orales en distintos lugares del país están en curso. Días atrás el fiscal Félix Crous se mostró indignado por la indolencia y la complicidad de actores judiciales que impidieron el juzgamiento del fallecido Acdel Vilas (ver pág. 21). Ese ha sido uno de los motivos de las demoras que tuvo su mayor expresión en la Cámara Nacional de Casación Penal y en jueces federales mendocinos.
El militar con perpetua que defiende a represoresBernardo José Menéndez fue condenado en diciembre pasado junto a Jorge Olivera Róvere, segundo jefe del primer Cuerpo de Ejército en tiempos en que esa área militar era comandada por Guillermo Suárez Mason, por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo por estos días permanece en la sala de audiencias donde el TOF 1 lleva adelante el juicio a seis responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti. Toma notas, revisa papeles, observa a los jueces, al público y a la media docena de testigos que hasta ahora pasaron por el estrado.
La dieta de los represores de Marcos PazAl final del documento –que no es más que un panfleto reaccionario escrito desde el penal de Marcos Paz– se lee un comentario: “La guerra continúa. Ahora, campos de exterminio. ¿No es un pingüino Hdp?”. Bajo el titulo “Abandonados” y con fecha 1º de septiembre, el texto que le antecede es algo que dice ser un “petitorio”. Denuncian disconformidad con el juicio, con los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y piden “asistencia espiritual”.
Videla y Menéndez vaticinan una nueva oleada revolucionaria. El papel de los medios. En la tarde del 17 de octubre de 1975, el elegante Hotel Casino Carrasco, situado a nueve kilómetros de Montevideo, parecía una fortaleza militar; en sus alrededores había un dispositivo que incluía carros de asalto, tanques y tropas armadas con fusiles automáticos. Ningún civil podía acercarse. En ello había una razón de peso: allí se desarrollaba la XI Conferencia de los Ejércitos Americanos, cuyo tema central era la lucha contra la “infiltración marxista en la región”. Los representantes de unos 17 ejércitos reunidos en un salón del segundo piso estallaron en una sonora ovación cuando el general uruguayo Luis Queirolo, que oficiaba como secretario del evento, le cedió la palabra al delegado argentino, el general Jorge Rafael Videla. Éste abrió su ponencia con una frase filosa y elocuente:
–Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país.
Sabía de lo que hablaba.
Ya en el otoño de 1976, la provincia de Córdoba se había convertido en uno de las sucursales más calientes del infierno prometido por Videla. Y La Perla era allí el principal centro clandestino de exterminio. Al fondo, entre la bruma, se recortaba una especie de mangrullo levantado junto a la ruta que conduce hacia Carlos Paz. Y el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, vestido con uniforme de combate empuñaba una pistola. Bajo unas cejas hirsutas, sus ojos parecían dos piedras de carbón. Dos prisioneros permanecían arrodillados de espaldas. El primero se desplomó al recibir un disparo en la cabeza; el otro se estremeció. En ese instante, Menéndez extendió el arma hacia otro uniformado que lucía jinetas de teniente. El tipo efectuó el segundo disparo. Fue su bautismo de fuego. Lo cierto es que el general cultivaba el hábito de iniciar así a sus oficiales en el oficio de matar.
A casi 35 años de ello, Videla y Menéndez dicen sentirse “intimidados”. Temen por su seguridad y la de sus familias. Y aseguran que las afirmaciones de ex integrantes de la organización Montoneros durante un acto en el que evocaron sus tiempos de militancia constituyen “una amenaza de restaurar la violencia para lograr así sus objetivos políticos”.
Semejante denuncia fue vertida en el marco del juicio que se les sigue a ambos ex generales, junto con otros represores, por las torturas y ejecuciones de militantes detenidos en la Unidad Penitenciaria 1, de Córdoba. Y fueron asentadas en la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk. Tal presentación también apunta sobre el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad cordobesa, Luis Baronetto, quien –además de ser testigo en el proceso contra los ex militares– había participado de esa celebración recordatoria.
Su amplificación mediática –con datos, dichos y circunstancias que fueron rotundamente desmentidos por sus protagonistas– corrió por cuenta del diario local La voz del interior. Y daría pie para que desde sectores opuestos a los juicios por delitos de lesa humanidad se intente reproducir el escenario supuestamente bélico de la década del ’70, pero de un modo fantasmagórico. En otras palabras, un oportuno regreso a la Doctrina de la Seguridad Nacional, pero en forma de farsa.
La teoría del rebrote. Cuando en 2008, Menéndez obtuvo su primera condena a perpetuidad, se plantó ante un micrófono para desgranar su versión de los hechos, y dijo: “La nuestra fue una guerra para evitar el asalto de la subversión marxista; ellos pretendían revolucionar nuestro estilo de vida”.
El Cachorro –como sus allegados aún llaman a ese hombre de 81 años–, asistido por una pequeña hoja manuscrita, concluyó entonces su descargo con las siguientes palabras: “Este es el único país del mundo que se atreve a condenar a sus soldados victoriosos”.
En resumidas cuentas, esa era la lógica que prevalecía entre los militares imputados en actos de terrorismo de Estado. Ello consistía en considerar su aplicación como método de un conflicto armado no convencional frente a un peligroso enemigo que incluía mujeres embarazadas, monjas y hasta bebés nacidos en cautiverio. Siempre según tal línea discursiva, en esa guerra ellos habían vencido en el plano bélico, pero no en el cultural, lo cual con el paso del tiempo derivó inevitablemente en los avatares judiciales que ahora ellos padecían. Era, a todas luces, la resurrección del pensamiento gramsciano, pero exactamente al revés. Ahora, en cambio, sus argumentos exculpatorios consisten en reconocer que dicha guerra aún no ha concluido, y que las células de la subversión, dormidas durante más de tres décadas, se han levantado de sus lechos para entrar nuevamente en acción.
En su edición del 12 de septiembre, el matutino La voz del interior -nada menos que el alfil cordobés del Grupo Clarín- eligió para su cobertura sobre la reunión de los ex militantes peronistas el siguiente título: Montoneros afirman que no enterraron las armas. En ese cónclave -al cual asistieron antiguos jefes de la organización, como Roberto Cirilo Perdía y Guillermo Martínez Agüero- hubo encendidos discursos para evocar el pasado. Al respecto, la interpretación del diario fue: “La convocatoria tuvo un perfil de crucial actualidad: desempolvar sus viejas estructuras orgánicas y reorganizarse políticamente, alejados del kirchnerismo y de otras vertientes del justicialismo nacional”. El autor de la crónica, además, resaltó con particular énfasis la presencia de Baronetto, en cuya boca puso palabras incendiarias. Con esos mismos detalles, el diario Clarín le daría a ese evento difusión nacional al día siguiente.
Lo cierto es que el propio Baronetto se encargó de poner en relieve el carácter -en el mejor de los casos- anómalo de dicha crónica, al señalar: “Nada de lo publicado en la nota periodística fue dicho en el mencionado acto, en el que tampoco habló uno de los reporteados. De ello pueden dar fe otros participantes del recordatorio, en cuyo desarrollo no estuvo presente quien firma la nota, ya que se retiró antes de su inicio”.
Ya se sabe que ese artículo desató la denuncia de los represores acerca del “rebrote subversivo”, haciendo hincapié justamente en la figura de Baronetto: Éste, tras haber sido objeto de una calumnia periodística pasó a ser descalificado por quienes son juzgados por sus crímenes. Una verdadera canallada, puesto que el funcionario fue testigo en ese juicio en su doble condición de víctima: estuvo preso en la Unidad 1 y su esposa, Marta Juana González, fue allí asesinada.
La estrategia del susto. Si bien hasta hace no mucho, la creencia de los mal llamados presos políticos -tal como se autodefinen quienes están tras las rejas por crímenes aberrantes- era que en realidad el país que ellos salvaron del marxismo les debía un desfile, ahora sus esperanzas parecen depositadas en que alguna hipótesis de guerra revolucionaria los rescate de sus celdas. Tanto es así que Videla y Menéndez no son los únicos genocidas empeñados en instalar semejante idea.
Prueba de ello es la carta abierta que el ex comisario Miguel Etchecolatz redactó durante la huelga de hambre que él y otros camaradas de armas acaban de abandonar en penal de Marcos Paz. Al respecto, el hombre de confianza del general Ramón Camps les advierte a los jueces: “¡Tengan cuidado! La conciencia de los argentinos se despertará, y más temprano que tarde el pueblo saldrá de su cómoda modorra. Porque cuando la Argentina despierte, cuando abra por fin sus ojos y distinga a lo que se enfrenta, un terrible estremecimiento recorrerá el cuerpo de la sociedad ante el monstruoso prevaricato que ustedes cometieron”.
No menos significativo es un manuscrito que el ex capitán Jorge Tigre Acosta envió al tribunal que juzga los crímenes de la Esma. Allí identifica a sus nuevos enemigos; entre ellos, la sobreviviente Graciela Daleo, quien -según la epístola- “no deja de mostrar sus deseos de venganza”; la diputada Victoria Donda, quien en alguna entrevista dijo que “la lucha no terminó”. Y por último, desenmascara al más peligroso de todos: Andrés Calamoco. Es que el músico reclamó en un recital ”la pena de muerte a todos los asesinos de la Esma”.
Ya se sabe que los sueños de la represión crean monstruos.