VIVA CRISTINA FERNANDEZ de KIRCHNER NOBEL de la PAZ 2013 ¡¡¡

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Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



jueves, 21 de abril de 2011

HABAL VICTOR MARTINEZ

¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡


DIALOGO CON VICTOR MARTINEZ, REGISTRADO A FINES DEL MES PASADO
“Traíamos información sobre detenidos”


Por Adrián Pérez
Con el semblante angustiado por sentirse víctima de una persecución en una causa iniciada por falso testimonio radicada en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, Víctor Martínez habló con este diario el 30 de marzo pasado, antes de su misteriosa de-saparición del lunes. “Traíamos información a Capital Federal sobre detenidos en el área de Villa Constitución y San Nicolás –recordó Martínez las circunstancias en que fue asesinado en 1977 el obispo Carlos Horacio Ponce de León–. Ibamos a entregarle esos documentos a Pío Laghi, pero después nos enteramos de que era íntimo amigo de (Emilio Eduardo) Massera”, agregó.
El diálogo ocurrió durante un acto organizado para homenajear a los desaparecidos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a fin del mes pasado. Martínez y un puñado de jóvenes se mostraron en el nuevo edificio de Económicas con remeras negras que llevaban la siguiente inscripción: “Juez Federal Villafuerte Ruzo. Destitución y juicio político”. En diálogo con Página/12, el testigo aseguró que los archivos que llevaban a Buenos Aires faltaron del coche después del “accidente” automovilístico que le costó la vida al obispo. Al día siguiente, Martínez fue secuestrado. “¿Soy víctima o testigo?”, se preguntó y recordó que la Iglesia “nunca reclamó esos documentos. Monseñor Justo Laguna, que hizo desaparecer esa información, se hizo cargo del obispado tras la muerte de Ponce de León”.
En 2007, Martínez fue procesado por falso testimonio, después de que la Cámara Federal determinara que había contradicciones entre su testimonio en la Conadep y lo que había declarado en la indagatoria ante Villafuerte Ruzo. “Debe quedar claro que soy víctima, porque estuve secuestrado y fui torturado –sostuvo Martínez–. No voy a dejar de decir que al obispo Ponce de León lo mató el coronel (Manuel Fernando) Saint Amant con todo su grupo de tareas”, agregó.
Martínez consideró que la suya era “una pelea en solitario”, porque se enfrentaba contra “dos grandes poderes: el aparato militar (católicos apostólicos romanos, muchos de ellos pertenecientes al Opus Dei) y los jueces corruptos (Villafuerte Ruzo y el secretario Cristian Lasalle). En su argumento, apuntó a la Iglesia Católica. “Ellos quieren que diga que lo que conté no fue así, que me equivoqué y me olvidé.” Y también incluyó a Saint Amant, quien, a pesar de “tener 16 pedidos de juicio por asesinatos y torturas”, fue querellante en la denuncia por falso testimonio en su contra. Según Martínez, Saint Amant vive cerca de la casa de Villafuerte Ruzo, en San Isidro.
Además de ser secretario privado de Ponce de León, se definió como su hijo político. “El pueblo argentino debe saber que una doctrina de la Iglesia determina que los miembros del Ejército son los soldados de Cristo. ¿Cómo pueden seguir sosteniendo esa doctrina si los mismos soldados de Cristo mataron a un obispo católico?”, se preguntó.
Fuente: Pagina 12
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REITERAMOS INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO SOBRE PROTECCION DE TESTIGOS








Date: Sat, 9 Apr 2011 07:45:37 -0300
Subject: Duro informe de la ONU sobre proteccion de testigos en Argentina + Tuc: Piden a Valera separar a Vicente Villagra del Programa Verdad y Justicia
From: agenciadenoticiasdh@gmail.com
To: agenciadenoticiasdh@gmail.com



Clarin.
Duro informe de la ONU sobre protección de testigos
08/04/11 - 
Dice que en Argentina hay leyes inadecuadas, falta presupuesto y el personal de seguridad está poco preparado. También habla de descoordinación y superposición de tareas, asistencia insuficiente e incapacidad para prevenir amenazas.
PorMaría Arce

 
ALARMA. La desaparición de Julio López alertó al ACNUDH que encargó un informe sobre los testigos en Argentina.

Más información
A puertas cerradas. Así se celebró el seminario "Protección de testigos de graves violaciones a los derechos humanos" en Buenos Aires. Organizado por Naciones Unidas, allí se presentó un informe que puso bajo la lupa el trabajo del Gobierno a la hora de proteger a los testigos en juicios por crímenes de lesa humanidad. El reporte, que llegó desde Ginebra y al que Clarín.com acaba de tener acceso, puso a la defensiva a las autoridades nacionales que inauguraron el seminario. El secretario de Justicia, Alejandro Julián Álvarez reaccionó mal cuando se presentaron las conclusiones, según pudo reconstruir este diario.
El informe de 73 páginas fue presentado en marzo y destaca una serie de puntos positivos, pero también es lapidario en otras cuestiones: leyes inadecuadas, falta de normas específicas y de presupuesto, personal de seguridad poco preparado, descoordinación entre las agencias nacionales que brindan protección a los testigos, asistencia insuficiente e incapacidad de investigar y prevenir las amenzas son sus principales observaciones.
Durante dos días y por invitación, unas 40 personas debatieron los avances y deudas del Estado argentino en materia de protección de testigos en juicios contra los represores de la última dictadura. Para los funcionarios nacionales escuchar que –al margen de la voluntad política del Gobierno destacada por la ONU- las cuatro agencias nacionales que brindan protección trabajan descoordinadas, duplican esfuerzos, malgastan sus escasos recursos y complican aún más la ya difícil tarea de resguardar a un testigo, fue un trago amargo.
La protección de los testigos es una responsabilidad del Estado nacional, recordó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Amerigo Incalcaterra. "Argentina es un modelo a seguir en cuanto a la voluntad que ha demostrado por esclarecer los crímenes de lesa humanidad y evitar la impunidad, pero enfrenta limitaciones, obstaculos y deficiencias", le dijo a Clarín.com. "El Estado que violó los derechos en el pasado es el mismo que ahora debe garantizarlos", explicó. De hecho, ese es uno de los puntos que critica el trabajo: los testigos temen que los policías que los cuidan "tengan vinculación directa o ideológica con los acusados". Esto se debe a que nunca se creó una unidad de protección independiente de las Fuerzas de Seguridad y a que el sistema se vale muchas veces de las mismas policías que en el pasado reprimieron y torturaron.
Alarmado por la desaparición de Julio López hace casi cinco años tras declarar en contra del represor Miguel Etchecolatz, el ACNUDH encargó el informe. "La investigación sobre su desaparición parece encontrarse en un callejón sin salida", dice el trabajo que reúne más de un año de entrevistas a casi 100 jueces, fiscales, abogados de derechos humanos, testigos, víctimas, funcionarios nacionales y provinciales.
Al momento de la desaparición de López "Argentina no estaba preparada", dice el informe para hacer frente a esa situación. Incalcaterra también cree que el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. "Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas", agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.
"La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente", añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso.
Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección "no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos", dice el informe. "Los testigos no reciben una protección adecuada en el marco del sistema actual. Varias personas dentro de las instituciones responsables para la protección de testigos lo reconocen", aseguró Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS al participar del seminario y pidió que se cree "una ventanilla única" que supla al enjambre de entidades.
Otro de los puntos que debatieron en el seminario fue la capacitación de los encargados de cuidar a los testigos, quienes "con renuencia, aceptan la protección policial que les asignan". Para el reporte se trata de "agentes sin preparación o experiencia en la proteccion de testigos". Y por eso, dicen las víctimas, se han sentido más vulnerables. Cuando "el Estado emplea las mismas estructuras que en su momento cometieron o ampararon violaciones a los derechos humanos, no sirve", explicó Incalcaterra.
Una excepción es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Creada en 2005 y sin vínculos con la dictadura, goza de un prestigio y una confianza que la ubica como la más idónea para resguardar a los testigos. Según el informe, esto se debe a que su entonces director, Marcelo Saín, fue el primer director del PNPT. Pero Saín dio un portazo después de quejarse públicamente de no haber recibido el apoyo ni los recursos suficientes. Pero la impronta y las directivas de Sain germinaron y la PSA ha demostrado "profesionalidad, competencia y un compromiso firme con los valores democráticos", subraya el informe de la ONU.
Otra de las falencias es el limitado alcance que tienen los programas de protección en el interior del país. Por ejemplo, el PNPT se instala en el interior luego de recibir una denuncia puntual. Mientras tanto, los testigos quedan a la buena de Dios.
Este programa "no tiene capacidad para desarrollar investigaciones y, por tanto, es incapaz de evaluar las amenazas en profundidad". De nuevo, los testigos están librados a su suerte. Para tratar de potegerlos se suele implementar medidas que van desde el cambio de domicilio hasta el de identidad. Medidas intrusivas que los devuelven a la clandestinidad como si estuvieran en la dictadura. En vez de trabajar en neutralizar la amenaza, los programas se encargan de esconder al testigo. Para el informe, los programas no tienen capacidad ni recursos para investigar ni hacer Inteligencia que los protega.
Otro de los puntos flacos es que, al momento de redactarse el informe, la ayuda económica que recibían los testigos –que muchas veces deben dejar de trabajar- se limita a un máximo de seis meses. Si la persona aún precisa asistencia tras ese lapso debe buscarla en otra parte.
Aunque para Incalcaterra es más importante la voluntad política que ha demostrado el Gobierno que los recursos que le da a los programas, el informe destaca: "Estos organismos no pueden realizar sus tareas con el presupuesto que se les ha asignado".
Si bien el reporte destaca la calidad del personal de los programas y dice que sus fallas no se deben a ellos, el Estado aún debe mejorar ese punto. Muchos jueces y fiscales no están capacitados para tratar a testigos amenazados. No saben a dónde deben remitirlos para que los protegan ni qué hacer con ellos. En una causa contra represores, un testigo fue notificado con todos sus datos personales en la misma cédula en la que figuraban los acusados. Por eso, durante el seminario, se planteó la necesidad de elaborar protocolos que orienten al sistema judicial.
Al margen del Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso también lleva una cuota de responsabilidad. "La Ley 25.764 sobre protección de testigos e imputados no es el marco adecuado para la protección de testigos en juicios por "terrorismo de estado" y por otras violaciones de derechos humanos. La ley, concebida para el crimen organizado, no toma en consideración la naturaleza del testigo", apunta el informe que reclama un nuevo marco legal. Desde el 2008, descansan varios proyectos de ley específicos sobre protección de testigos. "Esperamos que después del seminario resuciten y veamos una discusión parlamentaria en breve", se esperanzó Incalcaterra.
Las autoridades nacionales sabían que se iba apresentar este informe y, aunque desconocían su contenido, no son ajenos a la realidad. Por eso anunciaron un convenio para implementar el exitoso programa que puso en marcha el gobierno de Córdoba en 14 provincias. "Probablemente el mejor programa provincial de protección de testigos en casos de terrorismo de Estado", dice el informe. Pero llevar adelante ese convenio tomará su tiempo. Hasta entonces será una carta de buenas intenciones que, por ahora, deja afuera al resto de las provincias y sus testigos.


Cómo es el sistema de protección actual
08/04/11 - 14:15

PNPT, PVJ, PNAA, PCA, CAVTE. Sólo las siglas marean y confunden. Peor aún, cuando uno se sumerge en el mundo de mandatos y objetivos de los principales programas nacionales de protección de testigos.
El PNPT se creó en 2003 y opera bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Es el padre del sistema de protección. Sin embargo, sus hijos –el Programa Verdad y Justicia (PVJ) y el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado (PNAA) y el Centro de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado (CAVTE)- comforman una red que desorientan a jueces y testigos que no comprenden por qué sus misiones son tan parecidas. "Los testigos, los jueces, los fiscales han manifestado su confusión y frustración ante la falta de claridad en la división de tareas entre los distintos organismos y la consecuente ineficiencia en la presentación de los servicios tanto a los testigos como al sistema judicial", dice el informe de la ONU presentado en Buenos Aires.
"La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente", agrega. Las entidades "compiten por el mismo espacio, pese a los agotadores esfuerzos por diferenciar sus mandatos", asegura.
Cuatro años después de crear el PNPT, en 2007 nació el PVJ bajo la jefatura de Gabinete de Ministros. Al año siguiente pasó a la cartera de Justicia. Tenía una serie de misiones, la más importante: garantizar la asistencia y la protección de testigos, víctimas, abogados y funcionarios vinculados con procesos contra crímenes de lesa humanidad. En 2006, el PNAA había visto la luz con el objetivo madre de dar asistencia psicológica a los testigos. Era un invento de la Secretaría de Derechos Humanos, que debió cederlo por decreto al PVJ en agosto de 2009. Para no perder sus recursos, la secretaría creó el CAVTE con la misma misión del PNAA. Hacía dos años que tenía el PCA o Programa de Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en la Salud Mental.
Para el informe, esta superposición de organismos –con su personal y presupuestos, por más magros que sea- supone duplicar esfuerzos y "posiblemente malgastar los recursos estatales", además de "aumentar la confusión de las víctimas".


Muy bien 10 para Córdoba y Santa Fe
08/04/11 - 14:14
Los programas de protección de testigos implementados ene stas dos provincias se llevan todos los laureles.



No todas son malas noticias las que se desprenden del informe de la ONU. El trabajo valora profundamente el esfuerzo de los empleados de los programas de protección de testigos. "Las fallas no se deben a ellos", remarca. Incluso, tras analizar la situación en Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba estas dos provincias se llevan todos los laureles. Es que sus gobiernos implementaron sistemas integrales que han mostrado una eficacia muy importante.
"Córdoba creó el primer, y probablemente el mejor, programa provincial de protección de testigos en casos de "terrorismo de estado", dice el informe.
"El programa, al contrario de otros en Argentina, está totalmente integrado en la estructura de la policía provincial" y "está contribuyendo de manera positiva al cambio de la cultura institucional desde dentro. La selección de personal abierta y transparente y la formación continua en derechos humanos también han propiciado la creación de un clima de confianza entre los testigos", explican desde la ONU.
Es el único programa de protección de testigos de Argentina que lleva a cabo un diagnóstico completo de las amenazas que sufren los testigos y eso genera un "nivel de satisfacción muy alto". "Los jueces, fiscales y organizaciones de derechos humanos no tienen más que alabanzas para el programa", destaca el reporte.
La clave parece ser la coordinación: jueces, fiscales, testigos y abogados trabajan con los funcionarios para analizar cada caso y determinar cuales son las mejores medidas para cada persona. El personal que debe cuidarlos es capacitado para tratar con testigos tan vulnerables. El staff ingresa por concurso y sus candidaturas pueden ser vetadas por la sociedad. Hasta ahora, nunca ocurrió. Se trata de "un grupo de policías jóvenes y muy profesionales, plenamente comprometidos con su misión", dice el informe. La edad es fundamental: ninguno de ellos sirvió durante la dictadura.
Algo similar sucede en Santa Fe. Para el informe, el programa funciona exitosamente debido al "apoyo político firme y la creación de la partida presupuestaria adecuada, el valioso proceso de consultas para la creación del programa, al proceso de selección de personal abierto y transparente y la decisión de poner a un civil como coordinador". Así, el programa ha logrado –explica el reporte- "la confianza de los testigos, que lo ven como una institución competente y responsable".


Recomendaciones de Naciones Unidas
08/04/11 - 14:13


Luego de que los funcionarios nacionales se ofuscaran con el informe presentado por la ONU, su representante, Amerigo Incalcaterra les dijo: "Sigue siendo un informe válido. Queremos señalar lo que ha funcionado y lo que no, para seguir avanzando y mejorando. Los programas están avanzando a pesar de las dificultades y los golpes". El informe encargado por el ACNUDH incluye una serie de recomendaciones para que el caso argentino pueda convertirse en un verdadero ejemplo, sobre todo "para países que ni siquiera han comenzado un proceso de verdad y justicia", tal como dijo Incalcaterra. Las más importantes son:

Diseñar un sistema integral, racional de protección de testigos, articulado y coordinado dentro del Ministerio de Justicia.
Mejorar los presupuestos y los recursos para ese sistema.
Abrir oficinas regionales en todas las provincias.
Crear una unidad especial de protección cuyo staff ingrese por concurso y cuyas postulaciones puedan ser vetadas por la sociedad.
Brindar asistencia psicológica, médica, legal, administrativa y financiera a los testigos.
Establecer un sistema de apelación para las decisiones que afectan a los testigos.
Flexibilidad para que la agencia de protección ofrezca otras medidas que considere necesarias en cada caso.
Incluir a otras personas del entorno de los testigos en los programas de protección.
Crear un equipo multidisciplinario de diagnóstico y amenazas.
Formar y capacitar no sólo al staff de los programas sino también a jueces y fiscales.
Crear un número telefónico gratuito para testigos.

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San Miguel de Tucumán, 7 de abril de 2011

Sr. Coordinador del
Programa Verdad y Justicia
Dr. Juan Guillermo Valera
S__________ /_________D

Los organismos de Derechos Humanos de Tucumán nos diriginos a usted para poner en su conocimiento nuestra inapelable decisión de exigir el inmediato apartamiento de Vicente Daniel Villagra, nombrado por el Programa Verdad y Justicia que Ud. dirige, para el seguimiento de las causas que por crímenes de Lesa Humanidad se sustentan en nuestra provincia.
Consideramos una grave falta de respeto hacia los organismos de derechos humanos de Tucumán el no pedir previamente nuestra opinión respecto a su nombramiento, es inverosímil que se ignore de quien se trata Vicente Daniel Villagra a menos que, la distancia y el poco conocimiento sobre la realidad de la provincia, pretenda justificar que se recurra a personas carentes de las características idóneas para la función que les compete.
Ante la certeza de que su presencia como abogado designado por el Programa Verdad y Justicia, en razón de su cargo, implica que tenga que estar en contacto inmediato con los testigos  (en la mayoría de los casos, víctimas directas de las prácticas genocidas), afirmamos que será un gravísimo obstáculo en el desarrollo de los Juicios por delitos de lesa humanidad, pues generará una nueva causal de impunidad que no la vamos a permitir en la provincia. Es abogado de Leoni Susana Auad en el juicio en el que está imputada y procesada por delitos de lesa humanidad; particularmente destacamos que sucede en esta función a Exequiel Ávila Gallo (h.) (abogado, en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad en Tucumán, del represor Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz).
Nos sorprende notoriamente su designación puesto que, tanto desde su profesión de abogado como públicamente, expresó su posición claramente fascista y sostenedora de la teoría de los “dos demonios” en varias oportunidades. Injurió a familiares, a víctimas del genocidio, a organizaciones de derechos humanos, a abogados querellantes y al mismo Poder Judicial Federal, en la persona del Fiscal Federal Dr.  Emilio Ferrer y del Juez Federal, en su momento,  Dr. Parache.
Sumamos a lo anteriormente expresado que es de público conocimiento que se trata de alguien especulador, inescrupuloso, oportunista y contrario a los principios y políticas del gobierno nacional en materia de juzgamiento de los genocidas de la última dictadura militar y Operativo Independencia.
Teniendo la certeza que, en continuidad con un lineamiento político coherente en materia del juzgamiento a los genocidas de la dictadura militar y del Operativo Independencia, atenderá satisfactoriamente nuestro reclamo.
ANDHES - APDH Tucumán - Asociación Madres de Plaza de Mayo, Filial Tucumán - ATCI - Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán - FA.DE.TUC - H.I.J.O.S Tucumán - Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Tucumán - Familiares Querellantes en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad - Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos de Tucumán - Familiares y Amigos de El Empalme,  Ranchillos

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La Agencia de Noticias DH, es autonoma y es editada en la Capital Federal desde diciembre 2007









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