URUGUAY : La impunidad economica.

Ury - Los delitos económicos, de saqueo y corrupción cometidos por la
dictadura nunca se han investigado a pesar de estar exceptuados de la
ley de impunidad vigente.
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i) Programa especial sobre la impunidad de los delitos de corrupción
económica durante la dictadura uruguaya.

Ury - Programa especial sobre la impunidad de los delitos de
corrupción económica durante la dictadura. (Andrés Capelán para
Comcosur, Montevideo, Uruguay). Radio Nizkor, 08ene09.


¿Por qué nunca han prosperado las investigaciones sobre la corrupción
de la Dictadura civil-militar en Uruguay? La relectura del libro de
1987 "País Vaciado, dictadura y negociados", del economista Miguel
Carrió, ayuda a comenzar a develar el misterio.

Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama
más la atención puesto que este tipo de delitos está expresamente
excluídos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado,
esto es, quedan fuera del escudo protector de la impunidad que ampara
en cambio a otras violaciones de los derechos humanos cometidas
durante la dictadura.

En su libro, el investigador señala que "La dictadura no solamente
sirvió para llenar bolsillos militares, también los civiles que se
adaptaron al modelo económico aplicado pudieron utilizarla en su
beneficio". El autor explica al respecto que "Hacia 1972 comienza a
delinearse una nueva estrategia de política económica de
liberalización y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional
de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino
como director y con el Contador Alberto Bensión como subdirector."

En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino
como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge
Batlle haría lo propio con el contador Bensión...

Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la
dictadura fue la llamada "Operación Conserva", un contrato firmado en
1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y una
empresa llamada Inversur Trading Company, consistente básicamente en
la exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya para la
elaboración de Corned Beef en Argentina...

Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron los frigoríficos,
que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada, cuando el precio
internacional de la carne manufacturada era de tan sólo 700. Los
frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a
un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la
provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps.

En 1985, el Ministerio de Ganadería realizó una investigación
administrativa sobre este operativo, y concluyó, entre otras cosas,
que el estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el
negocio y que se violó la ley de contabilidad y administración
financiera... A pesar de ello, el ministro de Sanguinetti, Pedro
Bonino, ordenó el archivo de las investigaciones. El caso nunca llegó
a la justicia...

Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las andanzas del
vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya manejó durante
años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus
depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa
cuenta para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea,
temerosa de que su dinero terminara no siendo administrado por ella...
En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras
ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores...

En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro
de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al
descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas
personalidades de la política, las finanzas y la diplomacia
internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y
lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba
instalado en Uruguay desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del
Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto
cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD
representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas
del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli... Ortolani construyó
un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al
banco con el objetivo de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas....

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación
de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en
Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas
"Massera, Emilio Eduardo", el hombre de la logia en Argentina... amigo
y socio del vicealmirante Hugo Márquez...

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos
en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los
militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una
década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y
lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué
se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el
actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la
situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973
con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione
"con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron
prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus
bolsillos de oro" durante la dictadura? Nadie parece interesado en que
así sea. Las pruebas, empero: están.


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ii) Por qué no se investiga la dictadura uruguaya y su corrupción.

¿Qué pasa que nadie investiga?

"Cuando surjan las pruebas, se revisarán todos aquellos actos para
sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron
prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus
bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que morían
luchando contra la subversión o de la situación coyuntural del
presente proceso cualquiera sea el lugar que ocupe en la sociedad
uruguaya".
Teniente General Gregorio Álvarez, Orden 777 del 9 de agosto de 1977

¿Cual es el motivo por el que nunca han prosperado las investigaciones
sobre la corrupción de la Dictadura civil-militar en Uruguay? La
relectura del libro de 1987 "País Vaciado, dictadura y negociados",
del economista Miguel Carrió (en su momento miembro de la Comisón de
Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisión
de Economía de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a
comenzar a develar el misterio.

Esta falta de interés por los delitos económicos de la dictadura llama
más la atención puesto que ellos están expresamente excluídos de la
Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En efecto, en
el inciso b de su Artículo 2º, la ley que impide castigar a los
militares y policías que violaron los derechos humanos durante la
dictadura, aclara expresamente que no están comprendidos en esa
impunidad: "Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de
lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto económico". Es un
hecho comprobado que aquí también la corrupción acompañó a la
dictadura, a pesar de la hipócrita declaración de principios del
dictador Gregorio Álvarez con la que se abre esta nota ("La corrupción
acompañó al fascismo como dos caras de una misma moneda", sintetiza
Carrió).

En su libro, el investigador señala un punto clave para develar el
misterioso silencio que rodea a los actos de corrupción cometidos en
esos años: "La dictadura no solamente sirvió para llenar bolsillos
militares, también los civiles que se adaptaron al modelo económico
aplicado pudieron utilizarla en su beneficio". El autor explica al
respecto que "Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de
política económica de liberalización y apertura externa, que se plasma
en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador
Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensión como
subdirector."

En 1985 el presidente Julio María Sanguinetti designaría a Zerbino
como su ministro de Economía y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge
Batlle haría lo propio con el contador Bensión. Pero además, Carrió
hace notar que "Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto las desempeñó la SEPLACODI, cuyo director,
el general Pedro Aranco, tenía como segundo, pero manejando realmente
las riendas, al contador Ariel Davrieux". Vuelta la democracia,
Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y
la de Jorge Batlle (2000-2005).

Operación conserva

Una de las más escandalosas componendas cívico militares de la
dictadura, fue la llamada "Operación Conserva", un contrato firmado en
1982 entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la
dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha
operación se dividía en cuatro etapas:

1) La exportación a Argentina de carne vacuna uruguaya.
2) La elaboración de Corned Beef en Argentina.
3) La venta del Corned Beef
4) La prestación de una serie de "servicios especiales" por parte de
la empresa Inversur.

El representante de Inversur en las negociaciones era el señor José
María Alori, uno de los zares de la industria frigorífica uruguaya. En
la época, Alori integró los directorios de varios frigoríficos, entre
los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigoríficos del Cerro,
S.A.), donde compartía la mesa del directorio con el luego diputado
por el Partido Colorado Edison Rijo (además abogado de la empresa y su
representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori también fue
director del Frigorífico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el
luego vicepresidente de la República Enrique Tarigo (1985-1990) era
entonces abogado y director. Pero además, junto a todos ellos se
encontraba la señora Rosario Flores, la mismísima esposa del dictador
Gregorio Álvarez.

Para que la operación se realizara era necesaria la aprobación del
Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la
marina Armando Méndez, un fascista con justa fama de incorruptible.
Tras estudiar el acuerdo, Méndez concluyó que el operativo era
inconveniente, entre otras cosas porque "el precio final de
adquisición del corned beef por el Estado, es superior al que
actualmente se obtiene en la colocación". La solución que encontró el
dictador Álvarez para superar este inconveniente fue la inmediata
destitución del director del INAC. Lo mismo le volvería a suceder a
Méndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del
presidente Luis Lacalle (Partido Nacional 1990-1995), descubrió los
lazos entre el ex presidente Julio María Sanguinetti y la mafia del
contrabando.

Los beneficiados con esta Operación Conserva fueron obviamente los
frigoríficos, que cotizaron el ganado a 850 dólares la tonelada,
cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan
sólo 700. Los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación
pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía
de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. El convenio
obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a
comprar el producido. En su libro, Carrió explica que a consecuencia
del Operativo Conserva "el ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca quedó como feliz propietario de la partida de corned beef a un
costo promedio de 22 dólares la caja, un 25 % por encima del precio
internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de dólares
con el Bank of América (que había financiado la operación)."

"Finalmente –continúa el autor- una parte de la conserva fue
reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la
diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta".
Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campaña
electoral del último intendente municipal de la dictadura en el
departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y
el resto fue comprado por el frigorífico Lipena S.A, el que nunca las
pagó. Por otra parte, los "servicios especiales" a los que hacía
referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gestión ante el
Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3
millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera
de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de
dólares.

En el año 1985, el ministerio de Ganadería realizó una investigación
administrativa sobre este operativo, y concluyó que el estado uruguayo
perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la
ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de
Alori ganó casi 700 mil dólares más las comisiones que le pagó el
INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (presidente
Sanguinetti) ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones.
El caso nunca llegó a la justicia.

Frigoríficos y carniceros

Una de la primeras tareas encaradas por la dictadura fue la
eliminación del estatal Frigorífico Nacional, para poder proceder así
a la liberalización de la industria frigorífica sin la molesta
presencia de ese "ente testigo". Junto con los ya mencionados
políticos del Partido Colorado, al dictador Álvarez, al General Julio
César Vadora y al represor argentino Ramón Camps, en los abundantes
negociados realizados en el área participaron individuos de la calaña
de José Gavazzo, José Arab y Aníbal Gordon.

La historia comenzó en 1973, cuando el estado uruguayo decretó la
intervención administrativa del frigorífico Comargen y sus colaterales
debido a que se habían comprobado gruesas maniobras financieras,
desvíos contables, defraudación fiscal, y deudas impositivas
"monumentales". Comargen era propiedad del mafioso Jorge Angelópulos,
quien para evitar la prisión huyó hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trabó
relación con Anibal Gordon |1|, y entre ambos decidiron "mover sus
influencias" para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones,
Angelópolus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo
Rodolfo Schurmann Pacheco.

Dos años después, el "trabajo" ya estaba hecho y las empresas fueron
devueltas a Angelópolus, comprometiéndose el estado uruguayo a
desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los
embargos trabados contra él. Pero además, la dictadura devolvió a
Angelópolus "toda la documentación perteneciente a las sociedades
referenciadas, sus directores y accionistas, o demás personas
involucradas", es decir: devolvió al delincuente las pruebas de su
delito. Una vez que Angelópolus recuperó el frigorífico Comargen,
designó al entonces coronel José Gavazzo |2| como su Gerente de
Planta, cargo que desempeñó hasta 1985.

Por su parte, José Arab |3| ingresó al negocio de la carne hacia 1982,
año en el que fundó una distribuidora que comercializaba
principalmente la carne faenada por Comargen. Según relata Carrió, "el
turco Arab tenía métodos muy efectivos para 'convencer' a los
carniceros de que compraran sus productos", quien se negaba a hacerlo
recibía en forma inmediata una inspección del INAC que infaltablemente
encontraba irregularidades en el comercio. Anibal Gordon, que estuvo
"exilado" en Uruguay durante un período en el que estuvo peleado con
Ramón Camps por haber asesinado a dos de sus policías, figuraba hacia
1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne
del frigorífico Comargen para el departamento de Montevideo.

Fue precisamente el dictador Gregorio Álvarez quien solicitó al
comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ramón
Márquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una
publicación de la ciudad de Córdoba, en 1984 Gordon se jactaba así de
su amistad con Álvarez: "¿Usted sabe que el presidente de Uruguay es
padrino de confirmación de una de mis hijas? Bueno, Gregorio Álvarez
me llamó y me dijo que fuera para allá, que él me protegería". El
represor y delincuente poseía además un carnet que lo acreditaba como
oficial de la Armada uruguaya.

Pescados y peces gordos

El libro de Miguel Carrió dedica un capítulo entero a contar las
andanzas del vicealmirante Márquez, y revela que la Armada uruguaya
manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que
hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal
Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del
superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la
estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa
nave "nos surte con una apreciable reducción en el precio de los
fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas". Sin embargo,
el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy
superior al precio internacional. Resultó sí "un excelente negocio
para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los
combustibles", que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa
cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la
Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas
Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se
supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de
dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán
Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero
el asunto no pasó a mayores.

Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó
sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal
del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió
explica que luego de quitado ese escollo, "La pesca atrajo la atención
de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios-
y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para 'gestores'
nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado". Al
respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía
en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación
de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente
Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio
de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista
Marcial Bugallo.

Pero Carrió explica que "el político colorado de mayor trayectoria en
la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre,
único director de Pescatlántica S.A." La empresa contaba supuestamente
con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos
compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental
del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de
Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas
con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa
propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente,
Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras
incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender
esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador señala que "ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de
vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la
Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal
fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el
Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el
encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero
negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas
naves fue que ya eran "obsoletas". Sin embargo, el mes anterior a su
venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de
hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario
Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a
apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo
Paz Aguirre al Parlamento. "Así como apoyamos sin lugar a dudas la
candidatura del 'Lalo' Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo
deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla,
que inferirá en forma destacada en el sector," decía la carta, y
continuaba: "por las razones expuestas, desearíamos contar con tu
decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro
Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado,
mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda
recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el
punto de vista político."

Bancos a un peso

En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro
de la Logia Masónica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al
descubierto las conexiones entre dicha organización mafiosa y altas
personalidades de la política, las finanzas, y la diplomacia
internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y
lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba
instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris
del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente
modesto cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD
representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas
del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos
figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la
familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese año se
desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador
Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales
Luis Vicente Queirolo (quien tenía "negocios" con la logia P2") y
Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para
ese momento "desgraciada" organización mafiosa, lo que permitirá a
Álvarez hacerse con el poder.

Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación
de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en
Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas
"Massera, Emilio Eduardo", el hombre de la logia en Argentina,
represor, genocida, ladron de niños, amigo y socio del vicealmirante
Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el
tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en
la ciuda brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del
Banco Continental.

En abierta infracción a la legislación uruguaya y en forma "relámpago"
Ortolani contruyó un denso entramado de intereses industriales y
comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en
perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que
-presidida por el Contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversión
en la construcción en Punta del Este y Montevideo buena parte del
dinero negro argentino. Carrió explica que la forma de actuar de
Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que
podían ser de interés para el grupo mediante la auditoría de la
multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hacía
una oferta para su adquisición.

Pero en esa misma fecha, en medio de la "guerra sucesoria" por el
control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el
mafioso Carmelo D'Amore inició un juicio contra BAFISUD acusando a
Ortolani de malversación de fondos, uso indebido de depósitos y
falsificación de firmas. Lo denunciado por D'Amore era verdad, y ello
provocó una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura
vendiendo el BAFISUD al holandés NMB Bank por la suma de N$ 1.00, y
comprándole luego su cartera pesada por 94 millones de dólares. El
asesor de los holandeses en nuestro país era el luego diputado del
Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las
empresas Ambrois y Cía., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler,
Bakirgian, y Strauch. Este último, que estaba sindicado como
estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo
basado en el crédito bancario durante la dictadura. Su estrategia era
concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no
tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. Así lo hizo con el
BAFISUD, y así lo volvería a hacer con el Banco Pan de Azúcar tiempo
después. Esta última institución (que tras quebrar fue absorbida por
el Banco República) tenía iniciados más de 20 juicios contra este
grupo, pero nunca pudo recuperar un centésimo debido a la carencia
general de garantías de la que históricamente hacen gala los Strauch.

La misma operación de compraventa se repetiría con los bancos
Panamericano, del Litoral, y Banfed, que también fueron vendidos en un
nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco
Exterior de España, respectivamente. Luego de vender los bancos, el
estado uruguayo pagó a sus nuevos dueños una suma superior a 300
millones de dólares por el privilegio de quedarse con sus carteras
pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los
bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreció a cambio de
la venta de la suya un préstamo al gobierno central. De esta manera,
la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad
de sus carteras, y la dictadura obtenía nuevos préstamos externos para
seguirse financiando.

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos
en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los
militares que gobernaron el país a su antojo durante más de una
década, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de dólares y
lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investigó nunca en qué
se usó ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el
actual) puso algún reparo para pagarlo. Nadie comparó nunca la
situación patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973
con la de 1985. ¿Llegará algún día la hora en que al fin se sancione
"con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron
prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus
bolsillos de oro" durante la dictadura? Nadie parece interesado en que
así sea. Las pruebas, empero: están.

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Notas:

1. El teniente coronel (r) José Nino Gavazzo Pereira, fue jefe
operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Orletti.
Comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la
Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los
prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus
iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en
Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el
hijo Simón, de 20 días de edad. [Volver]

2. El mayor José Ricardo Arab Fernández. (Alias: "El Turco". "305".
"La Bruja"), nació el 7 de febrero de 1941 e ingresó al Ejército el 1º
de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en
la Escuela Militar. Asciende a capitán en 1970. En 1971 sirve en el
Batallón de Ingenieros N° 3 de Paso de los Toros. Con el grado de
mayor, actúa en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976.
Participa de las operaciones de represión en Automotores Orletti en
Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de
1978 fue dado de baja y degradado, por "degenerado". [Volver]

3. Aníbal Gordon fue un personaje impar de la represión en la
Argentina. Su primera aparición ante la llamada "opinión pública" fue
en el año 1971, cuando tenía un oficio más noble que el que luego
terminó ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras
triunfantes: era ladrón de bancos y robó uno en San Carlos de
Bariloche. La fuga fue de película yanqui, porque se escapó en
helicóptero. Un año después lo metieron preso y lo confinaron en
Devoto. Por esos "misterios" insondables de la corrupción en la
Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnistía
dispuesta en 1973 por el gobierno de Héctor J. Cámpora, porque tenía
acceso a la confección del listado de presos favorecidos por la
amnistía, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en
Bariloche, ya era miembro activo de la Secretaría de Inteligencia de
Estado (SIDE). Gordon participó en los secuestros, en las torturas y
en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detención de
Automotores Orletti, entre muchas otras cosas más. [Volver]

[Fuente: Por Andrés Capelán, Montevideo, Ury, 03ene09]

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