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Córdoba, Argentina



19 y 20 de diciembre de 2001.-



sábado, 29 de mayo de 2010

DIPUTADOS ARGENTINOS y JUICIOS

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El país|Domingo, 16 de mayo de 2010
UNANIMIDAD DE DIPUTADOS SOBRE LOS JUICIOS POR LA DICTADURA
Política de Estado
La Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios por los crímenes de lesa humanidad constituyen una política de Estado. Esta excepcional decisión, por encima de los enconos políticos, fue silenciada por La Nación, que aboga por la impunidad, y por Clarín, que tergiversa o denigra cualquier acto que sospeche merecedor de la simpatía oficial. La suspensión a Garzón por aplicar en España la misma ley que en Subamérica convierte al Reino en una republiqueta.
Por Horacio Verbitsky
Martín Acosta
La Cámara de Diputados declaró por unanimidad “política de Estado” los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El proyecto fue preparado por el Centro de Estudios Legales y Sociales en adhesión al Bicentenario. Primero en comisión y luego en el recinto se aprobó sin un solo voto en contra o abstención. Los considerandos del CELS tienen la amplitud que se extraña en los debates partidarios. Reconoce el trabajo de la Conadep y el juicio a las juntas promovido por el ex presidente Raúl Alfonsín, que consolidaron los derechos humanos como pilar político de la restitución del estado de derecho y sustento ético del entramado social; recuerda que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas por la justicia en 2001 en la causa Simón a solicitud de organizaciones de la sociedad, celebra la aceleración de esos procesos a partir de 2005 con el aval de los tres poderes del Estado y el impulso que dio a esas causas el ex presidente Néstor Kirchner.
Esa recapitulación valora los aportes que distintos sectores políticos y sociales hicieron para llegar al resultado actual, del que algunos políticos livianos proponen retroceder, como el ex senador Eduardo Duhalde, que busca captar el voto del sector reducido pero homogéneo que antes cubría el ex comisario Luis Patti, hoy detenido y procesado por sus crímenes, y el teniente coronel Aldo Rico, que parece cómodo con su horizonte municipal. Duhalde cree que ese porcentaje, de 5 a 10 por ciento del electorado, le permitiría sentarse a alguna mesa de negociación en caso de una eventual segunda vuelta entre dos candidatos fuertes en 2011. Sigue así la línea de los ex presidentes Alfonsín y Carlos Menem, quienes no se resignaron al natural paso del tiempo y las coyunturas y pretendieron conservar una vigencia que la sociedad les negaba.
En un Congreso dividido y enfrentado, una votación unánime es excepcional. Sin embargo ni La Nación ni Clarín se dieron por enterados, como si el hecho no hubiera ocurrido. Ese intento vano de reescribir la realidad tiene explicaciones diferentes. El diario orientado por Claudio Escribano reclamó durante mucho tiempo una amnistía para los responsables del terrorismo de Estado y desde que advirtió su imposibilidad, postula una insostenible equivalencia con los actos cometidos por miembros de las disueltas guerrillas de entonces. Clarín, por su parte, embarcado en una batalla de vida o muerte, tergiversa o denigra cualquier acto que sospeche merecedor de alguna simpatía oficial. El daño que esos medios están haciendo a su credibilidad al abandonar su razón informativa de ser y alinearse como alfiles de un combate político y económico será más duradero que este gobierno que, como todos, pasará.
Rémoras
Ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros 10 debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral. El caso paradigmático es Mendoza, donde los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano saben que de llegarse a esa instancia se ventilarán en esas audiencias sus propias responsabilidades. Ambos han sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura, que la semana próxima analizará citarlos para que hagan su descargo. Ambos fueron parte del dispositivo del Estado Terrorista por lo que también investiga su desempeño el fiscal Omar Palermo. Miret está descontrolado y luego de que la Universidad Nacional de Cuyo lo suspendiera como profesor, llegó furioso a su sede e increpó a los alumnos que lo denunciaron por haber encubierto las torturas y violaciones cometidas por la Inteligencia policial mendocina. A los gritos expuso la apetencia de orden que a su juicio tenía el país, como implícita justificación del golpe de 1976. Mucho más astuto, Romano ha permanecido en silencio, especulando con una argucia procesal. Uno de los jueces del Consejo de la Magistratura señaló que el desempeño cuestionado de Romano ocurrió cuando era fiscal, por lo cual no se lo podría destituir como juez. Tampoco se podría remitir el caso a la Procuración General, que se encarga de los fiscales, porque ahora es juez. De aceptarse este sofisma sólo el Padre Eterno podría revisar su conducta. Sin embargo, hace dos semanas el Consejo de la Magistratura resolvió de otro modo una situación idéntica. El dictamen 132/10 afirma que correspondía citar al juez del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba Carlos Otero Alvarez por actos cometidos cuando era secretario de un juzgado de primera instancia. Igual que Romano, Otero Alvarez no denunció los tormentos que le contaban haber padecido los detenidos. Otero Alvarez renunció, tal como hizo el año pasado por idéntico motivo el camarista mendocino Carlos Pereyra González. Entre los firmantes de ese dictamen figuran los jueces Miguel Gálvez y Luis Cabral, que no podrían cambiar de criterio sin escándalo en el caso de Romano.
El paralelismo de Mendoza con Córdoba va más allá. Quien denunció a Otero Alvarez fue el ex preso político Luis Miguel Baronetto, a cuya esposa Marta González se le aplicó la ley de fugas en la Unidad Penitenciaria 1. La apertura del debate oral de esa causa fue fijada para el 27 de mayo, pero el Tribunal Oral 1 decidió acumular una nueva causa, lo cual implicará una nueva postergación del debate. Según Baronetto, en ese expediente quedará en evidencia “la complicidad de los funcionarios judiciales que autorizaron el retiro de la cárcel de San Martín de los 29 presos políticos que fueron fusilados. Tal actitud de la familia judicial se entiende mejor si recordamos que fue este mismo Tribunal el que encubrió al ex Juez Otero Alvarez, hasta que las evidencias de su pasado obligaron el retiro”.
Complicidades
La defensa de la impunidad en Mendoza combina personal judicial con intereses políticos y económicos. El diario Uno, de la sociedad que integran Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila, publicó la semana pasada una nota escandalizada con el título “Magistrados en una conferencia. Omar Palermo, Héctor Cortés y Antonio González Macías, integrantes de los tribunales federales, presenciaron una charla de Horacio Verbitsky. Deben actuar en causas que se criticaron allí”. No es verdad que se hayan criticado las causas. Se denunció la complicidad de Miret y Romano con el terrorismo de Estado. El diario se pregunta si los jueces asistentes “están en condiciones de actuar de manera imparcial cuando deberán dar a conocer sus sentencias en casos en que se investigan los hechos sucedidos durante la dictadura”. Ese mismo inaudito argumento emplearon los defensores de varios compañeros de causa de Luciano Benjamín Menéndez para recusar a Cortés, quien integra el Tribunal Federal 2 que a partir del 1 de julio debe entender en el próximo juicio al ex Comandante del Cuerpo III de Ejército. Extendieron la recusación a sus dos colegas de tribunal por no declarar “la inconveniencia de haber asistido a dicha conferencia”. Palermo no estuvo presente, pero al nombrarlo ese diario militante busca deslegitimar lo que decida sobre la situación de Romano y Miret. Yo no soy parte en esas causas y ninguno de los jueces que me escucharon adelantó opinión alguna sobre ningún hecho. Ni en ese ni en ningún otro expediente se discute la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado Terrorista ni la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida. En el resto de la Argentina secuestrar, torturar y asesinar son delitos y las leyes y decretos de impunidad han sido nulificados por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo único que se analiza en cada juicio es la intervención que puedan haber tenido en los hechos las personas acusadas, determinar si cometieron o no los crímenes que se investigan. Cualquier otro enfoque encubre una vergonzante convalidación del terrorismo de Estado.
La intencionalidad del diario de Manzano, De Narváez y Vila es obvia. Romano es uno de los camaristas que suspendieron la aplicación en todo el país de la ley de servicios audiovisuales, por la impugnación de un diputado mendocino. En defensa de ese interés particular del Grupo el diario no vacila en defender la impunidad por los crímenes de la dictadura. Como de todos modos la situación de Romano y Miret se torna insostenible, arrecian las presiones para asegurarse los relevos. La semana pasada estuvo varios días en Buenos Aires el juez federal Walter Bento (acusado por los organismos defensores de los derechos humanos de atomizar las causas para dilatar su avance y tornar más difícil la visualización de las responsabilidades). Lo acompañó su secretario y candidato a juez federal Marcelo Garnica. Su postulación fue impugnada por la organización mendocina Xumek y por el CELS, por las deficiencias de su secretaría en la instrucción de los expedientes del terrorismo de Estado. Bento mantuvo varias entrevistas en respaldo de Garnica.
Sin agenda
Casi un año después de las elecciones generales, la iniciativa política y económica sigue en manos de la presidente CFK, mientras el Grupo Ahhh... se aísla de las cuestiones centrales que interesan a la sociedad. Las ganancias que ese conglomerado informe obtuvo en el Congreso dependen sólo en parte del resultado electoral y en buena medida de la deserción de tránsfugas del oficialismo, ya sea porque no obtuvieron las candidaturas que creían merecer o porque toman distancia para cotizar mejor su aporte en casos puntuales.
La derrota en la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los grandes distritos ha complicado la gestión oficial. Pero hasta ahora la única victoria nítida del Grupo Ahhh... fue la piñata de los cargos, desde los cuales obstruir los proyectos gubernamentales, lo cual terminó volviéndosele en contra. Puso en evidencia la inviabilidad del fantasioso propósito de gobernar desde el Congreso en contra de las políticas dispuestas por una mandataria electa en 2007 por votos tan legítimos como los de 2009 y devaluó la retórica republicana y consensual de quienes ejercieron su nuevo poder con mayor prepotencia y arbitrariedad que la que denunciaban. También aportó en ese sentido la visión apocalíptica de los principales medios de comunicación, que comienzan a padecer el sindrome Carrió: los anuncios de catástrofes inminentes y la hipérbole en los calificativos terminan por saturar y producen el efecto contrario. Sobre todo cuando las calamidades ocurren en otros lugares del mundo en los que se aplican las mismas recomendaciones que hasta comienzos de este siglo condujeron a la bancarrota argentina, mientras aquí se han preservado puestos de trabajo e ingresos populares gracias a una lista de prioridades distinta a todo lo conocido por lo menos desde 1975. Por ahora con timidez, muchas individualidades de la oposición comienzan a buscar la salida de la trampa en la que su propia conducción (o la falta de cualquier conducción) las encerró. Un ejemplo fue el diálogo con el gobierno que buscó y obtuvo el senador electo por la CCL Samuel Cabanchik. Otro, los intentos de Margarita Stolbizer y Pino Solanas por establecer proyectos diferenciados de los de la UCR, el duhaldismo y el PRO. Salvo el arrebato de los principales cargos en las comisiones legislativas, el Grupo Ahhh... no ha conseguido avanzar ninguno de los temas de su agenda. En algunos casos el gobierno no ha sido ni hábil ni respetuoso de las formas institucionales, y por ello ha debido empantanarse durante meses en la justicia y el Congreso. Pero la racionalidad de las decisiones adoptadas, como el empleo de una parte de las reservas del Banco Central para el pago de compromisos contemplados en la ley de presupuesto, terminaron por prevalecer. El Grupo Ahhh..., en cambio, actúa en forma errática y no ha logrado mostrar otro objetivo que fastidiar al gobierno.
El rol del Estado

La nota escandalizada del diario Uno, de la sociedad de Francisco De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Vila.
El contexto internacional favorece a CFK en la comparación: las medidas que están incendiando a Grecia y las que amenazan la carrera política de José Luis Rodríguez Zapatero son las mismas que en 2002 permitieron la más brutal transferencia de ingresos de toda la historia argentina, del conjunto de la sociedad a los grupos económicos del capital más concentrado, una fuga de treinta mil millones de dólares y los niveles de desocupación, indigencia y miseria más elevados desde que se llevan registros. La recuperación de parte apreciable de ese terreno perdido se debió al rol activo del Estado en la economía y la sociedad, a partir de la reconstrucción de la autoridad presidencial. Por primera vez en muchos años, el sistema político fijó las reglas a los actores económicos y no a la inversa. Enmendar las arbitrariedades que puedan haberse cometido en ese camino es deseable. Pero mellar ese instrumento disciplinador de los intereses económicos que no se resignan a las nuevas reglas del juego es suicida para una dirigencia política que debe revalidar sus títulos cada dos años ante una opinión pública consciente de la incidencia de las decisiones que toman los políticos sobre su vida cotidiana. La respuesta que la Presidenta dio hace 45 días en la reunión con el 70 por ciento de los gobernadores no fue suficiente para detener los proyectos legislativos que procuraban desfinanciar al Estado. Allí CFK analizó vetar una hipotética ley que modificara la distribución del producido del impuesto a las transacciones con cheques; replicar con la supresión de las transferencias que se envían a las provincias como parte del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y/o el Fondo Federal Solidario que incluye un tercio de las retenciones a la soja, y/o impulsar la derogación del impuesto al cheque en el presupuesto 2011. En vez de esperar la decisión legislativa se adelantó a reestructurar los pasivos provinciales con el Estado nacional, sin diferenciar entre gobernadores aliados o adversos. El Programa Federal de Desendeudamiento implica una progresiva licuación de esas deudas, por 65.522 millones de pesos, que se pagarán a veinte años y con dos de gracia, sin el ajuste por CER y a una tasa fija del 6 por ciento anual. Los argumentos en contra suenan patéticos: que se distribuye dinero de las provincias, que se lo hace en forma discrecional, que discrimina en contra de quienes no se endeudaron. Por ese camino, el Grupo Ahhh... será responsable de la recuperación de un gobierno al que en forma prematura había dado por muerto.
Los pueblos originarios
Esta semana llegarán a la Plaza de Mayo las columnas que partieron desde La Quiaca, Posadas y Villa Tulumaya, en Mendoza, en la Marcha de los Pueblos Originarios, representantes de treinta naciones y veinte lenguas anteriores a la colonización imperial, la represión religiosa, la vida republicana y la masacre militar. Hace dos años, el periodista británico Richard Gott publicó un esclarecedor artículo en el diario londinense The Guardian sobre la composición étnica de la Argentina. Gott entrevistó al genetista Daniel Corach (el primo bueno), cuyas investigaciones indican que el 56 por ciento de la población actual del país tiene sangre indígena. “No somos tan europeos como creemos”, explica Corach, quien durante más de una década examinó el ADN de 12 mil personas en once provincias. Según el investigador de la Universidad de Buenos Aires, 20 millones de argentinos son de origen indígena mientras apenas 16 pueden remontar sus ancestros a Europa. Con una percepción ausente en la prensa local, Gott vinculó estos datos con el proyecto del Bicentenario y con la decisión de CFK de acelerar la integración del país a un continente que rechaza las tradiciones de sus colonizadores blancos. Impulsada por Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, esa movilización anticipa debates que en el tercer siglo de vida independiente reclaman su lugar en la agenda pública de una Argentina que será plurinacional y pluricultural o no será.
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