Carlos Sardiña Galache: Entrevista a Andy Worthington

26-07-2009



Entrevista a Andy Worthington, autor del libro The Guantánamo Files
"La administración Obama no ha cuestionado la ´guerra contra el terrorismo´"


Carlos Sardiña Galache
P+DH




El periodista británico Andy Worthington es probablemente uno de los mayores especialistas del mundo en la prisión militar de Guantánamo, un tema sobre el que escribe regularmente en su blog y en publicaciones como The Guardian, Huffington Post o AlterNet. Desde 2006, no sólo ha investigado la vida de los 774 prisioneros retenidos en el limbo legal de la base estadounidense en Cuba, una exhaustiva investigación que recoge en su libro The Guantánamo Files, sino que también ha hecho un seguimiento casi diario de la “guerra contra el terrorismo” en sus vertientes legal y política, documentando rigurosamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en su nombre.

En esta entrevista en exclusiva para P+DH [periodismo + derechos humanos] nos habla de temas como el futuro de los prisioneros de Guantánamo, las similitudes y diferencias entre George Bush y Barack Obama en el trato de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo” o el marco legal en el que el gobierno de Estados Unidos sigue librando una guerra contra un enemigo desconocido y difuso en la que, a efectos prácticos, no existe la presunción de inocencia.

P: En su discurso de investidura, Obama dijo que consideraba “falsa la disyuntiva entre la seguridad y los ideales” de su nación, y una de sus promesas electorales más importantes fue comenzar una nueva época de respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. Sin embargo, su propuesta de “detención preventiva”, expuesta por primera vez en un discurso pronunciado en mayo, y la noticia de que la Casa Blanca está redactando una orden ejecutiva que “reafirmaría la autoridad presidencial para encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo” sugieren que Obama está dando marcha atrás en algunas de sus promesas. Con respecto al tratamiento de los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”, ¿cuáles son las principales diferencias entre la administración Bush y la de Obama?

R: Hay, por supuesto, numerosas diferencias entre la administración Bush y la de Obama. No me cabe la menor duda de que Obama está totalmente decidido a cerrar Guantánamo antes de enero de 2010 y a mantener la prohibición de la tortura que la administración Bush manipuló y dejó de lado de una manera tan indignante, y tengo bastante confianza en que la administración no va a tener muchas dificultades para decidir que debe repatriar a más de la mitad de los 229 prisioneros que quedan o encontrar nuevos países en los que puedan vivir.

Sin embargo lamento profundamente que la administración mantenga demasiadas opciones disponibles y se niegue a adoptar la única política aceptable: juzgar a los prisioneros en tribunales federales o ponerlos en libertad. Como he dicho, me horroriza el proyecto de aprobar una ley que justifique la “detención preventiva” (que es lo que, de hecho, ha estado ocurriendo en Guantánamo durante siete años y medio) y también lamento profundamente que el gobierno y el congreso parezcan estar decididos a reactivar las comisiones militares, como ya expliqué con detalle en un artículo.

A decir verdad, hay otras muchas decepciones, aunque creo que a menudo el gobierno se mueve en la dirección correcta, y no cabe duda de que Bush y Cheney le han dejado un descomunal quebradero de cabeza. Para no extenderme demasiado, me centraré especialmente en la negativa de la administración a aceptar el fallo de un juez que determinaba que el derecho de habeas corpus (el derecho a cuestionar ante un juez los motivos de una detención) es aplicable a los prisioneros extranjeros “entregados” desde otros países a la prisión estadounidense de la base aérea de Bagram, en Afganistán (sobre lo que he informado aquí y aquí), y la clara incapacidad del Departamento de Justicia para modificar sus postura sobre las peticiones de habeas corpus de los prisioneros (a raíz de un trascendental dictamen del Tribunal Supremo del pasado mes de junio) con respecto a la de la administración Bush. Como consecuencia de ello han llegado a los tribunales algunos casos evidentemente imposibles de ganar, como demostraron recientemente los casos de Alla Ali Bin Ali Ahmed, uno de los diecisiete prisioneros capturados en una residencia universitaria de Pakistán, y Abdul Rahim al-Ginco, un sirio al que torturó al-Qaeda acusándole de espionaje antes de que lo encarcelaran los talibán y al que el ejército estadounidense “liberó” y envió a Guantánamo.

También debo decir que, en conjunto, la administración Obama no ha puesto en duda los fundamentos de la “guerra contra el terrorismo” de la administración Bush, que se basaba en difuminar intencionadamente las diferencias entre los talibán (un gobierno, por muy despreciable que fuera) y al-Qaeda (un pequeño grupo terrorista). Básicamente, los terroristas deberían haber comparecido ante tribunales federales para ser juzgados como delincuentes y los soldados deberían haber sido retenidos en calidad de prisioneros de guerra, protegidos por las Convenciones de Ginebra, hasta el final de las hostilidades.

De haber sido así, ahora no estaríamos discutiendo si es legítimo continuar reteniendo a prisioneros relacionados con una operación militar determinada –derrocar a los talibán e instaurar un nuevo gobierno en Afganistán– cuyo objetivo se alcanzó hace años. Sin embargo, tal y como están las cosas, la administración Obama ha renunciado al uso de la expresión “combatientes enemigos” para referirse a los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”, pero no ha acabado con la lógica falsa de retener a prisioneros sin considerarlos sospechosos de un delito o prisioneros de guerra, y eso es precisamente lo que debe hacer, y también asegurarse de que no vuelva a suceder jamás.

P: Ahora que Obama va a cerrar Guantánamo, ¿qué futuro les espera a sus prisioneros? ¿Podrías explicar brevemente las diferentes opciones que el gobierno estadounidense ha planeado para ellos?

R: En un importante discurso sobre seguridad nacional pronunciado el 21 de mayo, el presidente Obama demostró una desconcertante habilidad para mantener demasiadas opciones sobre la mesa al presentar cinco posibles procedimientos para los prisioneros de Guantánamo: excarcelación o traslado, juicios en tribunales federales, juicios en una versión remozada de las comisiones militares (los “juicios a terroristas” que puso en marcha Dick Cheney en noviembre de 2001) y detención indefinida. Tras el discurso de Obama y el anuncio, hecho al mismo tiempo, de que uno de los “detenidos de alto valor”, Ahmed Khalfan Ghailani, presunto cómplice de los terroristas que perpetraron el atentado contra las embajadas africanas, sería juzgado en un tribunal federal de Nueva York, expliqué que “el establecimiento de un sistema de dos niveles –de tribunales federales por un lado y de comisiones militares por el otro– tiene todo el aspecto de ser una receta para el desastre”. Pero me preocupaba todavía más la posibilidad de la detención indefinida y entonces escribí que “pediría a cualquier ciudadano que crea que, en los países que blanden con orgullo el estandarte de la civilización, los seres humanos tienen el derecho fundamental a vivir como hombres y mujeres libres, a menos que sean arrestados, acusados, juzgados y condenados por un delito, que se oponga a la idea de que cualquier tipo de ‘detención preventiva’ sea nada más que la traición más radical a nuestros valores fundamentales”.

P: Obama encargó al secretario de Defensa Robert Gates que revisara las condiciones en que viven los presos de Guantánamo para garantizar que el centro cumple las prescripciones de la Convención de Ginebra. El Pentágono entregó un informe en el que concluía que la prisión cumple las demandas de la Convención. Sin embargo, periodistas como Jeremy Scahill han mostrado que algunas de las prácticas más brutales empleadas en el centro no han cambiado desde que Obama hizo su promesa de convertirlo en un lugar más humano. ¿Qué ha cambiado en Guantánamo desde que Obama accedió a la presidencia?

R: Ha habido algunos cambios positivos. Tal y como expliqué en un artículo escrito en febrero, después de que el Pentágono publicara su informe, “Gitanjali Gutierrez, una abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, señaló que las autoridades de Guantánamo ‘han incrementado recientemente las posibilidades de recreo e interacción social de los presos’ y Candace Gorman, abogada de dos de los prisioneros, corroboró estas afirmaciones al describir en su página web, The Guantánamo Blog, una visita a su cliente, Abdul Hamid al-Ghizzawi, el 4 de febrero”.

Gorman escribió: “En el campo 6 han puesto en marcha ‘veladas de cine’. Imaginad mi sorpresa cuando el señor al-Ghizzawi mencionó una película que había visto una semana antes de mi visita. En realidad, le interrumpí en medio de la frase y le dije: ‘Disculpa, ¿velada de cine? ¿Cuándo ha empezado eso?’. Entonces él me explicó que les ponían una película por la noche a la semana desde hacía un par de semanas.

”Naturalmente, le pregunté si había alguna otra novedad y me dijo que habían desmantelado las cuatro jaulas que componían la zona de recreo del campo 6 y ahora había una gran jaula y otra pequeña. Ahora pueden salir ocho hombres juntos a la jaula grande y la pequeña está reservada para los presos castigados. Es muy triste que eso suponga una mejora importante, pero lo es. Brinda a los hombres una oportunidad de hacer vida social, una oportunidad de formar parte de la humanidad, en lugar de verse atrapados en un aislamiento total.

”El último cambio del que me habló fue la inauguración de una zona de recreo nueva, totalmente fuera del campo 6, en la que pueden ver las montañas a lo lejos, los árboles, el cielo, el sol (durante cuatro horas cada cuatro o cinco días). La zona de recreo del campo 6 se limita al patio, por lo que está rodeada por los muros de hormigón de la instalación, que tienen una altura de varias plantas. Todo lo que podían ver en esa zona al aire libre era el suelo cubierto de arena y el edificio de hormigón.”

Sin embargo, como también señalé en su día, esos cambios “no abordan en absoluto otros enormes problemas relacionados con el trato de los prisioneros y que no se pueden eliminar con un breve respiro del aislamiento prologando que ha hecho que muchos de ellos padezcan graves problemas psiquiátricos”. En concreto, esos problemas tienen que ver con el aislamiento habitual al que la mayoría de los prisioneros están confinados durante la mayor parte del día y que las autoridades no consideran “incomunicación carcelaria”, y a la cruel alimentación forzosa de los prisioneros en huelga de hambre (de la que informé recientemente aquí), así como a la violencia que ha denunciado Jeremy Scahill.

P: Obama suspendió provisionalmente, a fin de revisarlas, las comisiones militares creadas por la anterior administración para juzgar a algunos presuntos terroristas, pero finalmente decidió mantenerlas, aunque con algunas modificaciones, a pesar de que había prometido cerrarlas durante la campaña electoral. ¿Por qué crees que decidió seguir adelante con ellas? ¿Cuáles son las diferencias entre las comisiones durante la administración Obama y la de Bush?

R: Creo que ya he respondido a esta pregunta anteriormente, pero me gustaría recalcar que los cambios propuestos son meramente cosméticos, porque siguen dando cabida a algunas declaraciones obtenidas bajo coacción y a rumores, y porque todo el sistema de comisiones está irremediablemente deslegitimado y no es adecuado para el propósito con el que fue creado. Obama está actuando de una manera cobarde al no cerrar las comisiones y al no confiar en los tribunales federales para que hagan un trabajo que han hecho muy bien durante los últimos quince años, cuando se han ocupado de más de un centenar de juicios relacionados con el terrorismo.

P: Algunas fuentes del Pentágono declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo “regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de reincidencia?

R: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El 28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.

En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su último informe (PDF), que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta facilidad.

P: En España cobra una especial relevancia el tema de los presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?

R: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es sorprendente que lo anularan . En cualquier caso, lo más preocupante de la postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces le falta coraje cuando es más necesario.

En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo, sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800 hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el terrorismo internacional.

P: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial estadounidense?

R: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo debería poder pedir, en algún momento, una compensación por lo que le ha ocurrido.

P: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y especialmente de España, con respecto a ellos?

R: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas, de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó, coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de algunos de sus errores.

P: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno estadounidense a cambio?

R: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones entre bastidores…

P: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder algo así?

R: No soy un experto en la materia, pero tengo entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los últimos días (véase mi artículo al respecto).

Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es aceptable.

NOTA: Pocos días después de la realización de esta entrevista el periodista Sami Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico Moazzam Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán en un tribunal europeo.

Fuente original:

http://www.pmasdh.com/2009/07/la-detencion-preventiva-es-una-traicion-radical-a-nuestros-valores-mas-fundamentales y http://www.pmasdh.com/2009/07/los-presos-liberados-de-guantanamo-deberian-poder-pedir-una-compensacion