15-02-2012
El Salvador
Excombatientes exigen su lugar en la sociedad
Edgardo Ayala
IPS
Ataviado con chaqueta verde oliva y boina calada, el
veterano de guerra Carlos Hernández ora ante la tumba del asesinado arzobispo
Oscar Arnulfo Romero, en la Catedral Metropolitana de El Salvador, que una
veintena de excombatientes mantienen tomada en reivindicación de sus
exigencias.
"Aquí estamos hasta el tope, no nos vamos de la
catedral hasta que cumplan nuestras demandas", dijo Hernández a IPS,
después que la protesta se radicalizó cuando los ocupantes se declararon en
huelga de hambre el sábado 11, un mes después de comenzar su acción.
El 10 de enero él y sus compañeros ocuparon la iglesia para
exigir el aumento de las pensiones para los lisiados de guerra, la inclusión de
los padres de los combatientes muertos en acción en el fondo de pensiones y
otras de tipo político, como el cese de despidos de sindicalistas de
instituciones estatales.
Las demandas de mejores prestaciones socioeconómicas para
salir de la pobreza en la que se encuentran los excombatientes del ejército y
de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), han sido recurrentes desde que, en 1992, se firmó la paz que puso fin a
12 años de guerra, que dejó 70.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
Un censo gubernamental estableció en enero que 87 por ciento
de los 25.000 veteranos del FMLN vive en condiciones de pobreza y su tasa de
analfabetismo es de 36 por ciento.
Un censo similar de los veteranos del ejército está aún
pendiente. Pero el 9 de enero, ellos establecieron una mesa de negociación con
el gobierno para que escuchara sus exigencias, tal como se hizo con los
veteranos de la exguerrilla desde mayo del 2010.
Los exmilitares piden que se les incluya en programas como
el Plan de Agricultura Familiar, que impulsa el gobierno, y por medio del cual
otorga herramientas e insumos agrícolas para trabajar la tierra. También
solicitan el aumento de sus pensiones.
El presidente Mauricio Funes anunció durante la celebración
del 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero, la
inversión de unos 25 millones de dólares en programas sociales para los
excombatientes guerrilleros, como acceso a cobertura médica.
Además, se incluirá a 3.400 padres y madres de combatientes
muertos en acción en el sistema del Fondo de Protección de Lisiados, lo cual
les hace beneficiarios de una pensión mensual.
Esos progenitores habían recibido, por un decreto de 1997,
una indemnización única, pero quedaron fuera de los beneficios de una pensión
permanente y de asistencia de salud integral.
"Las madres y padres fueron injustamente excluidos (…)
Les dieron ínfimas indemnizaciones que solo les han permitido vivir en una situación
de precariedad", dijo Funes durante el 20 aniversario de los acuerdos. El
presidente llegó al poder en 2009 respaldado por el ahora partido FMLN y ello
puso fin a dos décadas de gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista, de
derecha extrema.
Funes también anunció la entrega de una pensión de 50
dólares a más de 2.700 excombatientes con más de 70 años.
"¿Quién puede sobrevivir en estos días con 50 dólares?
Ese ofrecimiento es una burla, además, debería ser para todos, no solo para los
mayores de 70", planteó a IPS otro de los ocupantes de la catedral, Luis
Ortega.
La canasta básica alimentaria de este país de 6,7 millones
de habitantes ronda los 180 dólares.
En los Acuerdos de Paz se estableció que los guerrilleros
desmovilizados recibirían parcelas de tierra para que las cultivaran, como un
mecanismo para su reinserción en la vida civil. Pero el sector agropecuario, al
igual que el resto de la economía, se encuentra sumido en una aguda crisis que
dificulta la sobrevivencia de los excombatientes.
Otros obtuvieron becas y cursos de capacitación en áreas
como informática, con la idea de que pudieran dedicarse a la programación o
reparación de computadoras. Pero dos décadas después pocos han logrado hacerse
un hueco en el sector, debido a la competencia de los egresados de las
universidades.
También se creó el estatal Fondo de Protección de Lisiados y
Discapacitados a Consecuencia del Conflicto, destinado a otorgar una pensión
mensual a los lisiados de guerra, cuyo monto varía según la gravedad de la
lesión y que actualmente oscila entre 98 y 233 dólares.
Ortega afirmó que se han incumplido los Acuerdos de Paz en
materia de atención a los veteranos de guerra, pues las medidas para que
pudiesen reinsertarse en la sociedad "han fracasado".
El gobierno también se comprometió a pagar una deuda de unos
40 millones de dólares con unos 36.000 lisiados por pensiones sin cancelar
desde 1993.
Al finalizar la guerra, el FMLN se convirtió en partido
político y, tras una serie de derrotas electorales, finalmente alcanzó la
Presidencia con el periodista Funes. El partido se ha desligado de la toma del
templo y duda de que los ocupantes sean realmente veteranos de guerra del
Frente.
Olga Serrano, directora ejecutiva de la Asociación de
Lisiados de Guerra de El Salvador Héroes de Noviembre del 89 (Alges), que
aglutina a los discapacitados de la exguerrilla, también se desmarcó de la toma
de la catedral.
Pero sí coincidió en que a dos décadas de la firma de los
Acuerdos de Paz, todavía hay mucho por hacer para que los veteranos de guerra
puedan realmente reinsertarse productivamente en la sociedad.
"Queremos que nos den oportunidades, programas reales
de apoyo que permitan que el lisiado de guerra sea productivo al país",
dijo a IPS.
Serrano agregó que actualmente en el Congreso legislativo
están estancadas dos reformas de ley que permitirían duplicar el monto de las
pensiones y tener acceso a la salud integral.
El derecho a la salud integral es un reclamo que los
lisiados de guerra han venido sosteniendo por años, porque tienen acceso médica
gratuita limitada a las dolencias estrictamente vinculadas a las afecciones
producto de la guerra.
En 2001, Alges y otras organizaciones de veteranos lograron
que el parlamento modificara la legislación para permitir la incorporación de
muchos lisiados de guerra que por distintas razones habían quedado fuera del
sistema de pensiones para veteranos, entre otros beneficios.
Juan Pablo Bonilla, vicepresidente de la Asociación de
Lisiados de Guerra de la Fuerza Armada de El Salvador, dijo a IPS que en 2008
lograron una reforma legal que impide la suspensión o reducción abrupta de las
pensiones, una práctica aplicada hasta entonces por parte del personal del
Fondo de Protección de Lisiados.
Resultaba muy frecuente que los funcionarios dictaminasen
que la dolencia había desaparecido y tomasen medidas inconsultas con esa base.
Actualmente, varias organizaciones de excombatientes
preparan el texto de una Ley de Apoyo Integral a los Veteranos de Guerra, que
pretenden presentar pronto al Congreso para su discusión y que incluirá temas
por los cuales han venido luchando, como el aumento de las pensiones y la salud
integral.
Mientras, Hernández sigue recluido y en huelga en la
catedral y busca reconforte ante la tumba del arzobispo católico Romero,
símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la guerra, y asesinado
mientras celebraba misa en el lugar, en 1980, un día después de pedir a los
militares que dejasen de matar y volviesen a los cuarteles.
Daniel Hernández, presidente de una de las 14 organizaciones
de veteranos, aseguró que la toma, a la que se han sumado algunos
sindicalistas, así como la huelga de hambre, se mantendrán mientras el gobierno
"no acepte hacer una negociación seria. Dejamos las reuniones porque han
jugado con nosotros".
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100148
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