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martes, 26 de julio de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
¿QUIENES COLABORARON CON LA TIRANIA FASCISTA ?
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Prensa Archivo
15,6,2011
Listado de personal de Inteligencia de la dictadura fue publicada en la página web del ANM http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html y de inmediato fue remitida al Fiscal Federal Jorge Felipe Di Lello, de la Fiscalía N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que por delegación instruye la causa del Batallón 601.
Marcelo Duhalde
Director
Archivo Nacional de la Memoria
Av. Del Libertardor 8151-C.A.B.A
(011)4702-1155
BUCHONES de la TIRANIA
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
¿QUIENES COLABORARON CON LA DICTADURA GENOCIDA?
Prensa Archivo Nacional de la Memoria
15 de julio de 2011 22:53
Listado de personal de Inteligencia de la dictadura cívico militar
Comunicado de Prensa
Listado de personal de Inteligencia de la dictadura cívico militar
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El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) pone en conocimiento público que en enero de 2010, en el marco de la investigación que se lleva adelante en la causa "Batallón de Inteligencia 601 Ejército Argentino y otros s/ privación ilegal de libertad", el presidente de la institución, Ramón Torres Molina, presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Federal Ariel Lijo, un listado de personas que habían pertenecido a la nómina del personal de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983.
Esta lista obraba en fotocopia simple como resultado de las investigaciones llevadas adelante por el ANM y en virtud de la desclasificación efectuada por el decreto 4/10 sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Con posterioridad, el ANM solicitó al Ministerio de Defensa una nueva lista y que contuviese el número de documento del personal de lnteligencia, la que, al ser remitida, incorpora 915 personas que no figuraban en el listado anterior. Esta lista se terminó de confeccionar en mayo de 2011 y fue publicada en la página web del ANM http://www.derhuman.jus.gov.ar/anm/inicio.html y de inmediato fue remitida al Fiscal Federal Jorge Felipe Di Lello, de la Fiscalía N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que por delegación instruye la causa del Batallón 601.
Los listados recibidos por el ANM no incluyen documentación complementaria que pueda identificar a las personas más allá de su nombre, apellido y número de documento de identidad, no habiendo referencia a ningún tipo de actividad o profesión de las mismas.
Desde ya, agradecemos su colaboración en la difusión.
Saluda atte.
Marcelo Duhalde
Director
Prensa y Comunicación
Archivo Nacional de la Memoria
Av. Del Libertardor 8151-C.A.B.A
(011)4702-1155
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sábado, 16 de julio de 2011
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
“Desde Abuelas reclamamos cautela en el tratamiento de esta información porque hay tres familias (una de las dudosas coincide entre Marcela y Felipe) que aún tienen posibilidad de tener vínculo biológico con los jóvenes, o de no tener ninguno, que es algo que también a veces sucede. Hay familias que tienen marcadores genéticos comunes, por lo que pueden presentarse este tipo de situaciones, en este o cualquier otro caso, donde es necesario completar los datos genéticos. Extremaremos los esfuerzos para que puedan estar disponibles cuanto antes y así despejar la situación de incertidumbre”, le explicó Iud a Página/12. “Para evitar este tipo de situaciones es que Abuelas viene trabajando con la Cámara Federal en la realización de exhumaciones para completar el BNDG”, añadió.
Los peritos de Marcela y Felipe, los de las querellas y las Abuelas trabajaron a lo largo de toda esta semana en el BNDG, siempre en presencia de la jueza o de su secretario, en la comparación del ADN. El lunes último quedó descartado el vínculo con las familias querellantes Lanoscou-Miranda y Gualdero-García, ya que todas las comparaciones dieron negativas. Pero no fue lo mismo lo que sucedió cuando comenzó el cotejo con las familias de mujeres secuestradas, se cree que embarazadas, entre 1975 y 1976. Ese rango de fechas fue tomado como estimativo de acuerdo a la fecha de supuesta entrega en guarda de los chicos a Herrera de Noble. La Cámara de Casación, por ejemplo, cuando intentó poner un límite para el estudio comparativo señaló como fecha tope de referencia para Marcela el 13 de mayo de 1976 y para Felipe el 7 de julio de ese año.
Los peritos hicieron el cotejo en forma manual. El informe firmado ayer, que fue notificado a las partes oficialmente por la jueza Arroyo Salgado, dice sobre Marcela que “no se puede excluir o no excluir” el vínculo “con un grupo familiar cuya denuncia se encuentra en trámite ante el Poder Judicial de la Nación por contar solamente con dos familiares femeninos en la rama paterna. Así como tampoco se puede excluir o no excluir con dos grupos familiares cuya denuncia radica ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad por la muy escasa información genética aportada a este BNDG”. En la comparación con las otras 52 familias el resultado fue negativo. Acerca de Felipe, se descartó la relación biológica con 56 familias, pero en un caso “no se puede excluir o no excluir” por falta de datos genéticos.
Después de diez años de artilugios legales, apelaciones, entrega de muestras genéticas contaminadas y toda clase de obstáculos para conocer la verdad, recién un mes atrás Marcela y Felipe tuvieron un sorprendente cambio de actitud y anunciaron que entregarían pequeñas muestras de sangre y saliva, y que no apelarían el fallo de Casación que decía que ese material –de lo contrario– sería obtenido con o sin su consentimiento. Luego tuvieron que asumir que la ley establece que el ADN debía ser contrastado con todo el BNDG y que las muestras quedarían reservadas allí para comparaciones futuras, con nuevos grupos familiares que puedan ir apareciendo.
La perseverancia de Abuelas, las familias querellantes, la fiscal Rita Molina y la jueza Arroyo Salgado permitió avanzar hasta el punto actual y la perspectiva es que se termine todo el entrecruzamiento. En realidad, las cosas se hubieran podido lograr ya en 2002, ante la primera disposición judicial para que los jóvenes dieran muestras de ADN, pero hubo un sistemática negativa a la extracción y para la comparación con todas las familias cuyas hijas fueron secuestradas, asesinadas.
Los Noble Herrera apelaron todas las resoluciones judiciales, pese a que la propia Herrera de Noble hizo públicas sus dudas en una carta firmada por ella misma el 23 de diciembre de 2002 en la que decía: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hubieran sido víctimas de la represión ilegal”. Las maniobras llegaron al extremo de que hubo una entrega de muestras en el Cuerpo Médico Forense, no habilitado para hacer el cotejo y que, además, no tenía las muestras de las familias que buscan sus nietos.
Tras arduas idas y venidas, finalmente la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos para obtener muestras a partir de la ropa y elementos de higiene de Marcela y Felipe. También en ese caso se encontró con obstáculos asombrosos: la ropa estaba contaminada con perfiles genéticos de varias personas. En un allanamiento anterior, Marcela adujo que no llevaba ropa interior y en el concretado por Arroyo Salgado, Felipe no tenía puesto calzoncillo. Pero, además, según el informe realizado por la titular del BNDG, resultaba llamativo que de prendas como pantalones o medias no se pudieran conseguir perfiles genéticos por las extrañas mezclas que aparecieron. Los Noble Herrera negaron que se hubieran cambiado en los minutos que mediaron entre la intercepción del auto en el que viajaban sus abogados y la llegada de la policía a su domicilio.
Las Abuelas nunca dijeron tener la certeza de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos, pero hicieron notar una gran cantidad de factores que hacían presumir que podían serlo (más allá de los propios dichos de la dueña de Clarín), entre ellos la gran cantidad de irregularidades comprobadas en el trámite de adopción, con testigos falsos, declaraciones truchas, el relato de que a uno de los niños lo encontró en una cajita y que al otro se lo dio en adopción una mujer cuyo nombre resultó inexistente y su DNI de un varón. Además, el juzgado que tramitó la adopción, el de la fallecida jueza Ofelia Hejt, tiene el antecedente de haber intervenido en la entrega de un hijo de desaparecidos.
Estela de Carlotto suele sostener que “no hay ningún caso en el que hayan ocurrido las cosas que ocurren en el de Felipe y Marcela. Nunca hubo tantos obstáculos y se tardó tanto tiempo para hacer el cotejo. Hace más de 20 años que hablamos por primera vez con la señora Noble Herrera y transcurrieron más de diez desde que se inició la causa. No nos ocurrió jamás”.
16 de julio de 2011
Por ahora no hay resultados concluyentes en el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera
Terminó el segundo cruce de los ADN
El ADN de la joven fue cruzado con el de 55 familias sin resultados positivos, pero en tres casos la información resultó “insuficiente” para excluir o confirmar. Con Felipe ocurrió lo mismo en un caso. Falta comparar con las familias posteriores al ’76.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
El ADN de Marcela y Felipe fueron cruzados con las familias de desaparecidos entre 1975 y 1976.
Un tramo fundamental del cotejo de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera con los de familiares de de-saparecidos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) terminó ayer por la tarde, pero los resultados no son todavía concluyentes. La comparación se hizo con grupos familiares que saben o tienen indicios de que sus hijas, hermanas o madres estaban embarazadas al momento de su secuestro entre 1975 y 1976. Aunque para la mayoría de ellos el vínculo quedó descartado, aparecieron casos dudosos. El ADN de Marcela fue entrecruzado con el de 55 familias, pero en tres de ellas la información genética disponible resultó “insuficiente” para excluir o confirmarlo, según dice el informe que firmaron la titular del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, y el resto de los peritos al final del día. En el caso de Felipe el análisis se hizo con 57 familias y también resultó que faltaban datos de una de las familias. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso retomar los estudios recién después de la feria judicial, en dos semanas.
En este escenario, es prácticamente imposible que se sepa el resultado definitivo en un corto plazo. Según explicó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, la única forma de completar la información genética faltante para tener una conclusión sin fisuras es que los parientes de las desaparecidas que hasta ahora no hayan dado muestras en el BNDG lo hagan o –si fallecieron– que se exhumen cuerpos para obtener más ADN. A esto se suma que todavía falta realizar el entrecruzamiento del mapa genético de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín con el resto de las familias de personas desaparecidas con posterioridad a 1976 que también dieron muestras en el banco. En total, en el banco, hay muestras de 246 grupos familiares.“Desde Abuelas reclamamos cautela en el tratamiento de esta información porque hay tres familias (una de las dudosas coincide entre Marcela y Felipe) que aún tienen posibilidad de tener vínculo biológico con los jóvenes, o de no tener ninguno, que es algo que también a veces sucede. Hay familias que tienen marcadores genéticos comunes, por lo que pueden presentarse este tipo de situaciones, en este o cualquier otro caso, donde es necesario completar los datos genéticos. Extremaremos los esfuerzos para que puedan estar disponibles cuanto antes y así despejar la situación de incertidumbre”, le explicó Iud a Página/12. “Para evitar este tipo de situaciones es que Abuelas viene trabajando con la Cámara Federal en la realización de exhumaciones para completar el BNDG”, añadió.
Los peritos de Marcela y Felipe, los de las querellas y las Abuelas trabajaron a lo largo de toda esta semana en el BNDG, siempre en presencia de la jueza o de su secretario, en la comparación del ADN. El lunes último quedó descartado el vínculo con las familias querellantes Lanoscou-Miranda y Gualdero-García, ya que todas las comparaciones dieron negativas. Pero no fue lo mismo lo que sucedió cuando comenzó el cotejo con las familias de mujeres secuestradas, se cree que embarazadas, entre 1975 y 1976. Ese rango de fechas fue tomado como estimativo de acuerdo a la fecha de supuesta entrega en guarda de los chicos a Herrera de Noble. La Cámara de Casación, por ejemplo, cuando intentó poner un límite para el estudio comparativo señaló como fecha tope de referencia para Marcela el 13 de mayo de 1976 y para Felipe el 7 de julio de ese año.
Los peritos hicieron el cotejo en forma manual. El informe firmado ayer, que fue notificado a las partes oficialmente por la jueza Arroyo Salgado, dice sobre Marcela que “no se puede excluir o no excluir” el vínculo “con un grupo familiar cuya denuncia se encuentra en trámite ante el Poder Judicial de la Nación por contar solamente con dos familiares femeninos en la rama paterna. Así como tampoco se puede excluir o no excluir con dos grupos familiares cuya denuncia radica ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad por la muy escasa información genética aportada a este BNDG”. En la comparación con las otras 52 familias el resultado fue negativo. Acerca de Felipe, se descartó la relación biológica con 56 familias, pero en un caso “no se puede excluir o no excluir” por falta de datos genéticos.
Después de diez años de artilugios legales, apelaciones, entrega de muestras genéticas contaminadas y toda clase de obstáculos para conocer la verdad, recién un mes atrás Marcela y Felipe tuvieron un sorprendente cambio de actitud y anunciaron que entregarían pequeñas muestras de sangre y saliva, y que no apelarían el fallo de Casación que decía que ese material –de lo contrario– sería obtenido con o sin su consentimiento. Luego tuvieron que asumir que la ley establece que el ADN debía ser contrastado con todo el BNDG y que las muestras quedarían reservadas allí para comparaciones futuras, con nuevos grupos familiares que puedan ir apareciendo.
La perseverancia de Abuelas, las familias querellantes, la fiscal Rita Molina y la jueza Arroyo Salgado permitió avanzar hasta el punto actual y la perspectiva es que se termine todo el entrecruzamiento. En realidad, las cosas se hubieran podido lograr ya en 2002, ante la primera disposición judicial para que los jóvenes dieran muestras de ADN, pero hubo un sistemática negativa a la extracción y para la comparación con todas las familias cuyas hijas fueron secuestradas, asesinadas.
Los Noble Herrera apelaron todas las resoluciones judiciales, pese a que la propia Herrera de Noble hizo públicas sus dudas en una carta firmada por ella misma el 23 de diciembre de 2002 en la que decía: “Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hubieran sido víctimas de la represión ilegal”. Las maniobras llegaron al extremo de que hubo una entrega de muestras en el Cuerpo Médico Forense, no habilitado para hacer el cotejo y que, además, no tenía las muestras de las familias que buscan sus nietos.
Tras arduas idas y venidas, finalmente la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos para obtener muestras a partir de la ropa y elementos de higiene de Marcela y Felipe. También en ese caso se encontró con obstáculos asombrosos: la ropa estaba contaminada con perfiles genéticos de varias personas. En un allanamiento anterior, Marcela adujo que no llevaba ropa interior y en el concretado por Arroyo Salgado, Felipe no tenía puesto calzoncillo. Pero, además, según el informe realizado por la titular del BNDG, resultaba llamativo que de prendas como pantalones o medias no se pudieran conseguir perfiles genéticos por las extrañas mezclas que aparecieron. Los Noble Herrera negaron que se hubieran cambiado en los minutos que mediaron entre la intercepción del auto en el que viajaban sus abogados y la llegada de la policía a su domicilio.
Las Abuelas nunca dijeron tener la certeza de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos, pero hicieron notar una gran cantidad de factores que hacían presumir que podían serlo (más allá de los propios dichos de la dueña de Clarín), entre ellos la gran cantidad de irregularidades comprobadas en el trámite de adopción, con testigos falsos, declaraciones truchas, el relato de que a uno de los niños lo encontró en una cajita y que al otro se lo dio en adopción una mujer cuyo nombre resultó inexistente y su DNI de un varón. Además, el juzgado que tramitó la adopción, el de la fallecida jueza Ofelia Hejt, tiene el antecedente de haber intervenido en la entrega de un hijo de desaparecidos.
Estela de Carlotto suele sostener que “no hay ningún caso en el que hayan ocurrido las cosas que ocurren en el de Felipe y Marcela. Nunca hubo tantos obstáculos y se tardó tanto tiempo para hacer el cotejo. Hace más de 20 años que hablamos por primera vez con la señora Noble Herrera y transcurrieron más de diez desde que se inició la causa. No nos ocurrió jamás”.
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viernes, 15 de julio de 2011
GENOCIDAS CONDENADOS
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
La mayoría de los condenados siguieron la lectura del fallo sin inmutarse, apenas una subida de cejas o un rascarse la cara demostraban que no eran estatuas. Un par, más movedizo, sacó una birome del bolsillo del saco para tomar nota cuando le llegó el turno. El tribunal cuidó que todas las víctimas fueran mencionadas. Así, se escucharon los nombres del dibujante Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer, la joven alemana Elizabeth Kasseman, el niño Pablo Miguez (tenía 14 años) y la enfermera Generosa Fratassi, que fue secuestrada por ayudar a la familia de una desaparecida que dio a luz en el Hospital de Quilmes. Y de Laura Feldman, Ana María Di Salvo, Luis Gemetro, Diego Guagnini, Elena Alfaro, Susana Reyes, Rosa Taranto, Teresa Trotta, Roberto Castelli, Jorge Watts, Elías Semán y otro centenar de personas. En total, en el juicio se juzgaron 156 hechos de secuestros y tormentos cometidos entre abril de 1976 y septiembre de 1978 (75 personas siguen desaparecidas) y 22 homicidios, entre los que están las víctimas de un fusilamiento ocurrido en Monte Grande en mayo de 1977. Se estima que por El Vesubio pasaron más de 1500 detenidos desaparecidos, en su mayoría militantes de Montoneros y Vanguardia Comunista. Al menos 16 secuestradas estaban embarazadas.
El Vesubio, donde también fue visto el escritor Haroldo Conti, funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri. Se sospecha que empezó a ser demolido a fines de 1978, a causa de la visita que haría poco después al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estaba bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, de Palermo, que estaba subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que encabezaba Carlos Guillermo Suárez Mason.
El jefe máximo del centro clandestino fue el represor Pedro Alberto Durán Sáenz. Apodado “Delta”, el coronel murió el 6 de junio pasado, mientras se realizaba el juicio. Su fallecimiento fue lamentado ayer por varios familiares de las víctimas que hubiesen deseado que pasara al menos algunos días preso, ya que gozaba del beneficio de esperar la sentencia en libertad. Durán Sáenz participó personalmente de los tormentos a los detenidos y especialmente de las violaciones. Elena Alfaro declaró que lo sufrió en carne propia, cuando estaba embarazada de cuatro meses y medio. “Que se lo coman los gusanos”, dijo María, de HIJOS, en el escenario montado sobre la avenida Comodoro Py para festejar las condenas. Desde allí, Jorge Watts recordó otra muerte, en los antípodas, que también se produjo durante el transcurso del juicio: la de la sobreviviente de El Vesubio Ana María Di Salvo.
El fiscal Félix Crous y el abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Rodrigo Borda salieron satisfechos de la sala. Coincidieron en resaltar la condena a perpetua de Pascarelli, que fue jefe de área, el hecho de que el tribunal ordenara que se investigue a los guardias del Servicio Penitenciario por los homicidios por los que fueron condenados los militares y que también dispusiera la apertura de una pesquisa por las violaciones y otros delitos de índole sexual que fueron denunciados durante las audiencias, pero por los que no habían sido específicamente acusados estos siete represores. Además, como los familiares de las víctimas y sobrevivientes presentes en la sala y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, destacaron el hecho de que se dispusiera la “inmediata detención” de Gamen y Pascarelli, que a pesar de que eran los que más graves acusaciones cargaban, estaban libres. “Fueron 35 años de espera. Hubo épocas en las que no se podía hablar. Nosotros esperamos, soñamos y sobre todo recordamos, tratamos de no olvidarnos ningún detalle, porque sabíamos que el juicio iba a llegar. Hoy están presentes todos nuestros compañeros. Eso es lo que le da sentido a la justicia”, dijo Susana Reyes, otra sobreviviente y testigo.
Durante la audiencia, en el primer piso, junto con los periodistas, se ubicaron los familiares de los acusados. Un grupo bastante homogéneo de “gente bien”, como salido de un cacerolazo recoleto a favor de “el campo”. Luego de que terminara la lectura del fallo, mientras en la planta baja había abrazos y caras de satisfacción, se escuchó desde la bandeja superior un “viva la patria”, con voz marcial. Abajo se entonó el “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y se gritó “30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes”. Y hubo aplausos. Después, sobre el escenario, Verónica Castelli, cuyos padres desaparecidos fueron vistos en El Vesubio, le contestó a aquel vozarrón. “Hablo con el corazón en la mano y a carne viva. Es difícil decir que uno está contento. Pero estamos conformes y de pie para seguir. Nos les regalemos la palabra. Hoy mi madre cumpliría 61 años, sólo la dejaron vivir 27. Ella, mi papá y sus compañeros dejaron todo para construir una patria para todos, una patria por la que tenemos que seguir luchando. Esa es la patria.”
15 de julio de 2011
SIETE CONDENAS POR CRIMENES EN EL VESUBIO
El general y el coronel, de la casa a la cárcel
Hubo dos prisiones perpetuas y penas de entre 18 y 22 años y medio. Se ordenó investigar las violaciones y los delitos de índole sexual. El principal acusado murió en junio.
Por Victoria Ginzberg
Los siete represores condenados –dos militares y cinco penitenciarios– por los crímenes cometidos en el centro El Vesubio.
El general Héctor Humberto Gamen y el coronel Hugo Idelbrando Pascarelli llegaron al tribunal desde sus casas, caminando como cualquier vecino. Estaban acusados de más de veinte homicidios y cerca de un centenar de secuestros y torturas. Se sentaron en dos sillas de la sala de audiencias y vieron entrar a los cinco ex miembros del Servicio Penitenciario que también estaban siendo juzgados por los crímenes cometidos en el centro clandestino El Vesubio. Ellos fueron traídos esposados desde la cárcel de Villa Devoto, donde están presos. Al finalizar la audiencia, la situación se emparejó, todos fueron condenados y todos quedaron detenidos. Los dos militares recibieron perpetua. Los otros cinco represores, penas de entre 18 y 22 años y seis meses.
Los siete represores fueron condenados por unanimidad por el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Leopoldo Bruglia, José Gorini y Pablo Bertuzzi. Durante un año y medio los magistrados escucharon a los testigos relatar cómo los mantuvieron encapuchados y esposados, cómo los ataban a una camilla y les aplicaban picana en todo el cuerpo, cómo el resto de los secuestrados escuchaba las quejas de los que estaban siendo torturados, cómo violaban a las mujeres, cómo se llevaban a las embarazadas y se quedaban con sus hijos. “Creo que durante todo este tiempo los jueces se fueron convenciendo, se fueron conectando con lo que había pasado, quedó claro que esto no es un discurso político”, dijo Alejandra Naftal, sobreviviente de El Vesubio, cuando terminó la audiencia.La mayoría de los condenados siguieron la lectura del fallo sin inmutarse, apenas una subida de cejas o un rascarse la cara demostraban que no eran estatuas. Un par, más movedizo, sacó una birome del bolsillo del saco para tomar nota cuando le llegó el turno. El tribunal cuidó que todas las víctimas fueran mencionadas. Así, se escucharon los nombres del dibujante Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer, la joven alemana Elizabeth Kasseman, el niño Pablo Miguez (tenía 14 años) y la enfermera Generosa Fratassi, que fue secuestrada por ayudar a la familia de una desaparecida que dio a luz en el Hospital de Quilmes. Y de Laura Feldman, Ana María Di Salvo, Luis Gemetro, Diego Guagnini, Elena Alfaro, Susana Reyes, Rosa Taranto, Teresa Trotta, Roberto Castelli, Jorge Watts, Elías Semán y otro centenar de personas. En total, en el juicio se juzgaron 156 hechos de secuestros y tormentos cometidos entre abril de 1976 y septiembre de 1978 (75 personas siguen desaparecidas) y 22 homicidios, entre los que están las víctimas de un fusilamiento ocurrido en Monte Grande en mayo de 1977. Se estima que por El Vesubio pasaron más de 1500 detenidos desaparecidos, en su mayoría militantes de Montoneros y Vanguardia Comunista. Al menos 16 secuestradas estaban embarazadas.
El Vesubio, donde también fue visto el escritor Haroldo Conti, funcionó en un predio del Servicio Penitenciario Federal en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri. Se sospecha que empezó a ser demolido a fines de 1978, a causa de la visita que haría poco después al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estaba bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, de Palermo, que estaba subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que encabezaba Carlos Guillermo Suárez Mason.
El jefe máximo del centro clandestino fue el represor Pedro Alberto Durán Sáenz. Apodado “Delta”, el coronel murió el 6 de junio pasado, mientras se realizaba el juicio. Su fallecimiento fue lamentado ayer por varios familiares de las víctimas que hubiesen deseado que pasara al menos algunos días preso, ya que gozaba del beneficio de esperar la sentencia en libertad. Durán Sáenz participó personalmente de los tormentos a los detenidos y especialmente de las violaciones. Elena Alfaro declaró que lo sufrió en carne propia, cuando estaba embarazada de cuatro meses y medio. “Que se lo coman los gusanos”, dijo María, de HIJOS, en el escenario montado sobre la avenida Comodoro Py para festejar las condenas. Desde allí, Jorge Watts recordó otra muerte, en los antípodas, que también se produjo durante el transcurso del juicio: la de la sobreviviente de El Vesubio Ana María Di Salvo.
El fiscal Félix Crous y el abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Rodrigo Borda salieron satisfechos de la sala. Coincidieron en resaltar la condena a perpetua de Pascarelli, que fue jefe de área, el hecho de que el tribunal ordenara que se investigue a los guardias del Servicio Penitenciario por los homicidios por los que fueron condenados los militares y que también dispusiera la apertura de una pesquisa por las violaciones y otros delitos de índole sexual que fueron denunciados durante las audiencias, pero por los que no habían sido específicamente acusados estos siete represores. Además, como los familiares de las víctimas y sobrevivientes presentes en la sala y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, destacaron el hecho de que se dispusiera la “inmediata detención” de Gamen y Pascarelli, que a pesar de que eran los que más graves acusaciones cargaban, estaban libres. “Fueron 35 años de espera. Hubo épocas en las que no se podía hablar. Nosotros esperamos, soñamos y sobre todo recordamos, tratamos de no olvidarnos ningún detalle, porque sabíamos que el juicio iba a llegar. Hoy están presentes todos nuestros compañeros. Eso es lo que le da sentido a la justicia”, dijo Susana Reyes, otra sobreviviente y testigo.
Durante la audiencia, en el primer piso, junto con los periodistas, se ubicaron los familiares de los acusados. Un grupo bastante homogéneo de “gente bien”, como salido de un cacerolazo recoleto a favor de “el campo”. Luego de que terminara la lectura del fallo, mientras en la planta baja había abrazos y caras de satisfacción, se escuchó desde la bandeja superior un “viva la patria”, con voz marcial. Abajo se entonó el “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y se gritó “30 mil compañeros detenidos desaparecidos presentes”. Y hubo aplausos. Después, sobre el escenario, Verónica Castelli, cuyos padres desaparecidos fueron vistos en El Vesubio, le contestó a aquel vozarrón. “Hablo con el corazón en la mano y a carne viva. Es difícil decir que uno está contento. Pero estamos conformes y de pie para seguir. Nos les regalemos la palabra. Hoy mi madre cumpliría 61 años, sólo la dejaron vivir 27. Ella, mi papá y sus compañeros dejaron todo para construir una patria para todos, una patria por la que tenemos que seguir luchando. Esa es la patria.”
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martes, 12 de julio de 2011
BUSCAMOS A LOS NIÑOS ROBADOS
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Alejandro dijo en la audiencia que no cree en las casualidades. Que por alguna razón siempre le tuvo bronca a quien durante muchos años supuso como tío biológico, un hombre del Batallón 601, hermano de Rei, que estuvo en La Perla, el centro clandestino en el que está convencido que terminó desapareciendo su padre. Pero hay algo más de esas casualidades con las que enlazó distintos momentos. El bar donde paró durante la secundaria era el lugar donde se conocieron sus padres y donde imagina que se dieron el primer beso. El destino de Rei en la provincia de Formosa estaba justo frente a la sede del club Atlético, el centro clandestino donde estuvieron sus padres. Y está convencido de que a eso de los 8 o 9 años conoció a quienes hoy son Francisco Madariaga y Martín Amarilla jugando en Campo de Mayo: “No creo en la casualidad –dijo Alejandro–: creo en la causalidad”.
¿Cuándo toma conciencia usted de que su identidad es la que acaba de manifestar y que no era hijo de Víctor Rei?, arrancó el fiscal Martín Niklison. “Al enterarme de quienes son mis padres, en 2006”, dijo él. “En realidad, me enteré a principios de 2004 que yo era adoptado e hijo de desaparecidos, pero cuando me entero no entendía”, explicó sobre esa especie de “vacío” que le provocaba la palabra “desaparecidos”, porque podía entender qué era ser adoptado, explicó, pero nunca había oído hablar de los desaparecidos.
Alejandro manejaba una camioneta en la ruta de San Miguel a Hurlinghan con Rei cuando su apropiador le dijo que pare: “Se larga a llorar, me dice que me estacione, yo hago lo normal, empecé a consolarlo, y él que me pedía disculpas, cuando se pone a llorar, le digo que trate de calmarse y me dice que soy adoptado e hijo de desaparecidos, pero más que nada yo me imaginaba que se había muerto un familiar o había pasado algo; en ese momento me quedo bloqueado, arranco la camioneta, sigo el trayecto, llegamos a la casa, me bajo, veo a la mujer de él que lloraba, yo le dije: ‘Está bien, no es nada’, hice mi vida normal y cotidiana”.
El ya no vivía con sus apropiadores. Un mes después leyó en un diario el nombre de Rei y entendió que había una causa y que Rei estaba detenido en Campo de Mayo. Alejandro contó durante estos últimos años varias veces cómo es que desde Campo de Mayo los represores inventaron modos para retener los controles. Ayer volvió a esa escena que parece el sombreado de los hermanos Marcela y Felipe Noble: Rei lo llamó desde Campo de Mayo un día para avisarle que “se veía un allanamiento en 48 horas”. “¿Bueno, qué hay que hacer?”, preguntó Alejandro. El otro le dio los detalles: iban a pedirle una remera, toalla, cepillo de dientes y un peine. Se los dio. “Pero ya que está todo alterado, alteremos todo”, le dijo Alejandro y entre risas se pusieron a pasarle el cepillo de dientes a un perro que su apropiador tenía en Campo de Mayo. Pasaron el peine por el pelo y hasta la toalla.
“Dicho y hecho –siguió Alejandro–: a las 48 horas llegaron a casa. Los hago pasar, les doy los objetos, lo único que me preocupó es que querían además una sábana, pero me quedé tranquilo porque no agarraron la de la cama, se llevaron una del placard; nos sentamos en la mesa, les hice un café, yo me tomé unos mates y a los quince o veinte minutos agarraron las cosas y se fueron.”
Tres o cuatro meses después el allanamiento se repitió. Volvió la misma comisión, pero con testigos, llegaron a las cuatro de la mañana, y tiempo después lo llamaron del despacho de la jueza María Romilda Servini porque estaban los resultados de ADN y le preguntaron si quería conocer a su familia.
“En el encuentro ya comprendía más lo que pasaba, pero no sabía qué era lo que me iba a encontrar del otro lado, porque las personas que te crían, o sea los apropiadores, te impulsaban a verlos, pero te entraban dudas porque me decían: ‘Andá a conocerlos porque ellos no son tu familia’: hasta el día de hoy no entiendo esa lógica, en ese momento me pregunté si ellos sabían entonces quién era mi familia.”
Por ese estado de confusión, de mentiras, le agarró “un ataque de locura” y pidió un nuevo examen genético en ese juicio en el que todavía estaba entre una y otra historia. Aquel resultado confirmó nuevamente los datos: “Fue ahí cuando pude cerrar ese manto de dudas para saber si era o no, un manto de dudas que esta persona generó en todos nosotros”.
Liliana y Pedro habían nacido en Entre Ríos, pero se conocieron en Buenos Aires. Los dos militaban en el Frente Revolucionario 17 de Octubre como Edgardo. Pedro además era futbolista, había estado en Atlanta y en las inferiores de Boca. “Como se hace amigo de Gustavo Rearte, los entrenadores le dijeron: ‘Bueno, Sandoval, o el fútbol o la militancia, y obvio que eligió la militancia”, dijo Alejandro. Pedro viajó a Cuba. Pronunció un discurso después de Rearte y de John William Cooke que quedó reproducido en un diario. Lo secuestraron el 10 de julio de 1977. Liliana estaba embarazada. Estuvieron en el Atlético. Un sobreviviente escuchó decir a Julio Simón, alias el Turco Julián, que “El Negro Sandoval era patito al agua”. Otro escuchó cuando dijo que “la rubita había tenido un varón”.
Alejandro miró a los abogados de los represores al final de la audiencia. “Me gustaría decirles a ustedes, los abogados defensores, ya que tienen vínculos porque son sus defendidos, si les podrían pedir que junten fuerza para decir el origen nuestro, estaría bueno que ustedes los obliguen a decir dónde están todos y por qué lo hicieron”.
El testimonio de Alejandro Sandoval, nieto recuperado, en la causa por el robo de bebés
Un ruego para que digan dónde están
En 2006 el hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval recuperó su identidad. Su apropiador, el gendarme Víctor Rei, fue detenido. Alejandro le pidió a los abogados de los represores que los convenzan para que cuenten qué hicieron con los chicos.
Por Alejandra Dandan
Alejandro Sandoval detalló ayer su historia ante el tribunal que juzga el robo de bebés.
Alejandro Sandoval recordó en medio de la audiencia un diálogo con su apropiadora. El momento en el que ella le habló de cómo llegaron a él, como si fuese parte de una ficción armada por los militares para organizar el procedimiento de robo y apropiación de menores. Primero los convocaron al “Maldonadito”, el modo con el que hablaban del Regimiento Patricios. Los sometieron a un informe ambiental. Les exigieron algunos requisitos: que pertenezcan a la Fuerza o sean “amigos” de la Fuerza; que tuvieran casa propia, estén casados y sean católicos. En la entrega intervino un cura. Cuando todo terminó, Víctor Rei y su mujer recibieron a dos niños directo de Campo de Mayo. Uno era Alejandro, de tres o cuatro meses de edad; la otra era una niña con el cordón umbilical prendido en el cuerpo. La mujer de Rei optó sólo por Alejandro porque no le gustaban los recién nacidos. “Ellos decían que habían hecho una adopción –explicó Alejandro en la audiencia–, pero en realidad era cómo nos robaron a nosotros.”
Alejandro declaró por primera vez hace dos años en el juicio contra su apropiador, el gendarme Víctor Rei, cuando aún se presentó con ese apellido. Ayer declaró en la audiencia por el plan sistemático de robo de bebés como hijo de Liliana Fontana y de Pedro Sandoval. El diálogo entre él y su apropiadora Alicia Arteach fue un eje de la declaración de un juicio en el que fiscalía y querellas intentan probar la sistematicidad de los robos. Una escena en la que Alejandro situó al cura Speche y al gendarme Correa como los encargados del trámite.Alejandro dijo en la audiencia que no cree en las casualidades. Que por alguna razón siempre le tuvo bronca a quien durante muchos años supuso como tío biológico, un hombre del Batallón 601, hermano de Rei, que estuvo en La Perla, el centro clandestino en el que está convencido que terminó desapareciendo su padre. Pero hay algo más de esas casualidades con las que enlazó distintos momentos. El bar donde paró durante la secundaria era el lugar donde se conocieron sus padres y donde imagina que se dieron el primer beso. El destino de Rei en la provincia de Formosa estaba justo frente a la sede del club Atlético, el centro clandestino donde estuvieron sus padres. Y está convencido de que a eso de los 8 o 9 años conoció a quienes hoy son Francisco Madariaga y Martín Amarilla jugando en Campo de Mayo: “No creo en la casualidad –dijo Alejandro–: creo en la causalidad”.
LA IDENTIDAD
La presidenta del Tribunal Oral Federal 6 le preguntó sus datos, como manda el protocolo. El dijo que era Alejandro Sandoval Fontana y que nació el 28 de diciembre de 1977, cuatro meses antes de la fecha que siempre figuró en su documento y la razón por la que los apropiadores le mostraban fotos y le decían que había sido un bebé grande, cuando en realidad había nacido antes.¿Cuándo toma conciencia usted de que su identidad es la que acaba de manifestar y que no era hijo de Víctor Rei?, arrancó el fiscal Martín Niklison. “Al enterarme de quienes son mis padres, en 2006”, dijo él. “En realidad, me enteré a principios de 2004 que yo era adoptado e hijo de desaparecidos, pero cuando me entero no entendía”, explicó sobre esa especie de “vacío” que le provocaba la palabra “desaparecidos”, porque podía entender qué era ser adoptado, explicó, pero nunca había oído hablar de los desaparecidos.
Alejandro manejaba una camioneta en la ruta de San Miguel a Hurlinghan con Rei cuando su apropiador le dijo que pare: “Se larga a llorar, me dice que me estacione, yo hago lo normal, empecé a consolarlo, y él que me pedía disculpas, cuando se pone a llorar, le digo que trate de calmarse y me dice que soy adoptado e hijo de desaparecidos, pero más que nada yo me imaginaba que se había muerto un familiar o había pasado algo; en ese momento me quedo bloqueado, arranco la camioneta, sigo el trayecto, llegamos a la casa, me bajo, veo a la mujer de él que lloraba, yo le dije: ‘Está bien, no es nada’, hice mi vida normal y cotidiana”.
El ya no vivía con sus apropiadores. Un mes después leyó en un diario el nombre de Rei y entendió que había una causa y que Rei estaba detenido en Campo de Mayo. Alejandro contó durante estos últimos años varias veces cómo es que desde Campo de Mayo los represores inventaron modos para retener los controles. Ayer volvió a esa escena que parece el sombreado de los hermanos Marcela y Felipe Noble: Rei lo llamó desde Campo de Mayo un día para avisarle que “se veía un allanamiento en 48 horas”. “¿Bueno, qué hay que hacer?”, preguntó Alejandro. El otro le dio los detalles: iban a pedirle una remera, toalla, cepillo de dientes y un peine. Se los dio. “Pero ya que está todo alterado, alteremos todo”, le dijo Alejandro y entre risas se pusieron a pasarle el cepillo de dientes a un perro que su apropiador tenía en Campo de Mayo. Pasaron el peine por el pelo y hasta la toalla.
“Dicho y hecho –siguió Alejandro–: a las 48 horas llegaron a casa. Los hago pasar, les doy los objetos, lo único que me preocupó es que querían además una sábana, pero me quedé tranquilo porque no agarraron la de la cama, se llevaron una del placard; nos sentamos en la mesa, les hice un café, yo me tomé unos mates y a los quince o veinte minutos agarraron las cosas y se fueron.”
Tres o cuatro meses después el allanamiento se repitió. Volvió la misma comisión, pero con testigos, llegaron a las cuatro de la mañana, y tiempo después lo llamaron del despacho de la jueza María Romilda Servini porque estaban los resultados de ADN y le preguntaron si quería conocer a su familia.
“En el encuentro ya comprendía más lo que pasaba, pero no sabía qué era lo que me iba a encontrar del otro lado, porque las personas que te crían, o sea los apropiadores, te impulsaban a verlos, pero te entraban dudas porque me decían: ‘Andá a conocerlos porque ellos no son tu familia’: hasta el día de hoy no entiendo esa lógica, en ese momento me pregunté si ellos sabían entonces quién era mi familia.”
Por ese estado de confusión, de mentiras, le agarró “un ataque de locura” y pidió un nuevo examen genético en ese juicio en el que todavía estaba entre una y otra historia. Aquel resultado confirmó nuevamente los datos: “Fue ahí cuando pude cerrar ese manto de dudas para saber si era o no, un manto de dudas que esta persona generó en todos nosotros”.
LOS PADRES
Edgardo Ruben Fontana declaró después. Era el hermano de la madre de Alejandro. Y la primera persona que le habló de las casualidades. Ayer uno y otro volvieron a ese tema, Alejandro en busca de algunas señales y su tío convencido de que por alguna razón Rei estuvo en Formosa para la misma época en la que él mismo y su cuñado hicieron trabajos políticos en un lugar del que después de un tiempo desapareció un compañero y detrás otros hasta su hermana y su cuñado.Liliana y Pedro habían nacido en Entre Ríos, pero se conocieron en Buenos Aires. Los dos militaban en el Frente Revolucionario 17 de Octubre como Edgardo. Pedro además era futbolista, había estado en Atlanta y en las inferiores de Boca. “Como se hace amigo de Gustavo Rearte, los entrenadores le dijeron: ‘Bueno, Sandoval, o el fútbol o la militancia, y obvio que eligió la militancia”, dijo Alejandro. Pedro viajó a Cuba. Pronunció un discurso después de Rearte y de John William Cooke que quedó reproducido en un diario. Lo secuestraron el 10 de julio de 1977. Liliana estaba embarazada. Estuvieron en el Atlético. Un sobreviviente escuchó decir a Julio Simón, alias el Turco Julián, que “El Negro Sandoval era patito al agua”. Otro escuchó cuando dijo que “la rubita había tenido un varón”.
Alejandro miró a los abogados de los represores al final de la audiencia. “Me gustaría decirles a ustedes, los abogados defensores, ya que tienen vínculos porque son sus defendidos, si les podrían pedir que junten fuerza para decir el origen nuestro, estaría bueno que ustedes los obliguen a decir dónde están todos y por qué lo hicieron”.
jueves, 7 de julio de 2011
IRREGULARIDADES EN ROSARIO
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Ramón Genaro Díaz Bessone es el único de los seis imputados que cumple prisión domiciliaria. "Desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las querellas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad. En tres oportunidades el Tribunal Oral Federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia estableció los cánones a tener en cuenta en estos casos", indicó la abogada querellante Gabriela Durruty.
"El pedido fue también realizado por los distintos testigos que valientemente aportaron su relato en las audiencias, casi como un requerimiento desesperado. A pesar de los años de democracia, de la nulidad de las leyes de impunidad y del desarrollo de los juicios, siguen cruzándose por las calles con sus verdugos", afirmaron por su parte en un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos.
Segun Durruty, "la fragilidad del control quedó expuesta cuando José Scortecchini se ausentó de su domicilio durante los controles que se realizan para comprobar su comparecencia y con la excusa de un presunto corte de luz, de no escuchar el timbre, y otros pretextos por el estilo, lejos de perder el injusto beneficio, fue premiado por el tribunal con dos horas más para ausentarse de su domicilio".
Por su parte según denunciaron Familiares, la Liga y APDH, "al comienzo de la feria judicial la situación se agravó. El tribunal suspendió prácticamente todas las medidas de sujeción ordenadas. Ya no deben permanecer en sus casas sin ausentarse más de dos horas, ni estar de lunes a miércoles a disposición del tribunal, sino simplemente registrar sus firmas en el patronato de liberados los días lunes y viernes. Sólo eso".
Los denunciantes especificaron que "después de un nuevo rechazo al recurso interpuesto por la fiscalía, después de ignorar por completo a las querellas, que no fueron notificadas", el Tribunal Federal Oral decidió hacer aún más leves los mecanismos de control. La indignación de los organismos de derechos humanos se debe, además, al ninguneo hacia las querellas, "a pesar de que en un escrito conjunto, todas manifestaron con claridad al tribunal su legitimación para intervenir en estas decisiones de trascendencia para sus representados".
El caso de Scortecchini es quizás el más grotesco: el ex policía enjuiciado por terrorismo de estado en la causa Díaz Bessone, argumentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 los primeros días de marzo que no estaba en su domicilio de Saavedra al 2600 porque estaba desempeñándose como instructor en la escuela de aviación Flying Time Srl.
Scortecchini no había podido ser hallado en su vivienda de Saavedra y Callao en la mañana del jueves 3 de marzo porque "estaba en el patio con albañiles y al no haber energía eléctrica, no funcionó el timbre", y no escuchó los llamados a viva voz que le realizaron los empleados civiles del Patronato de Liberados que lo chequea dos veces por semana entre jueves y domingo.
Según el Tribunal que le otorgó ese beneficio Scortecchini no podía ausentarse por más de dos horas de esa dirección "salvo por razones urgentes de salud, y además deberá informarse si está realizando alguna actividad laboral y en este caso indicar el lugar y horario que lo hace". El imputado comunicó que los jueves, viernes y sábado, de 14 a 19, presta servicios como instructor. Ahora el TOF le amplió en dos horas el permiso.
Estupor y repudio de los organismos de derechos humanos
Vacaciones para los represores
El Tribunal Federal Oral flexibilizó las medidas de control a los cinco imputados de la causa Díaz Bessone que permanecen en libertad. Lofiego, Marcote, Scortecchini, Vergara y Chomicki sólo deberán firmar lunes y viernes durante la feria judicial.
Por José Maggi
Pese a los insistentes pedidos de la fiscalía y la querella, los represores están libres.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 flexibilizó los requisitos de control sobre los cinco imputados de la Causa Díaz Bessone. Sin haber notificado a las querellas, el tribunal le permitió a José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki -que mantienen su libertad en el curso del juicio por delitos de lesa humanidad- que sólo se presenten a firmar ante el Patronato de Liberados los días lunes y viernes. En tres oportunidades la fiscalía federal pidió la detención de los imputados, y se la negaron, en tanto la querella hizo lo propio al principio del juicio, pero no obtuvieron respuesta alguna. El TOF ni siquiera les contestó.
La agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la COAD (gremio que nuclea a los docentes universitarios), junto a otras organizaciones, denunciaron "con mucho pesar e indignación", una vez más, "las infamantes condiciones en que los imputados del juicio oral de la causa Díaz Bessone transitan por las audiencias" y pusieron el grito en el cielo por la flexibilización de los requisitos de control.Ramón Genaro Díaz Bessone es el único de los seis imputados que cumple prisión domiciliaria. "Desde el primer día del debate, allá por julio de 2010, las querellas y el ministerio público fiscal solicitaron la detención de los juzgados, que gozaban inexplicablemente de libertad. En tres oportunidades el Tribunal Oral Federal 2 negó la solicitud, aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia estableció los cánones a tener en cuenta en estos casos", indicó la abogada querellante Gabriela Durruty.
"El pedido fue también realizado por los distintos testigos que valientemente aportaron su relato en las audiencias, casi como un requerimiento desesperado. A pesar de los años de democracia, de la nulidad de las leyes de impunidad y del desarrollo de los juicios, siguen cruzándose por las calles con sus verdugos", afirmaron por su parte en un comunicado de prensa los organismos de derechos humanos.
Segun Durruty, "la fragilidad del control quedó expuesta cuando José Scortecchini se ausentó de su domicilio durante los controles que se realizan para comprobar su comparecencia y con la excusa de un presunto corte de luz, de no escuchar el timbre, y otros pretextos por el estilo, lejos de perder el injusto beneficio, fue premiado por el tribunal con dos horas más para ausentarse de su domicilio".
Por su parte según denunciaron Familiares, la Liga y APDH, "al comienzo de la feria judicial la situación se agravó. El tribunal suspendió prácticamente todas las medidas de sujeción ordenadas. Ya no deben permanecer en sus casas sin ausentarse más de dos horas, ni estar de lunes a miércoles a disposición del tribunal, sino simplemente registrar sus firmas en el patronato de liberados los días lunes y viernes. Sólo eso".
Los denunciantes especificaron que "después de un nuevo rechazo al recurso interpuesto por la fiscalía, después de ignorar por completo a las querellas, que no fueron notificadas", el Tribunal Federal Oral decidió hacer aún más leves los mecanismos de control. La indignación de los organismos de derechos humanos se debe, además, al ninguneo hacia las querellas, "a pesar de que en un escrito conjunto, todas manifestaron con claridad al tribunal su legitimación para intervenir en estas decisiones de trascendencia para sus representados".
El caso de Scortecchini es quizás el más grotesco: el ex policía enjuiciado por terrorismo de estado en la causa Díaz Bessone, argumentó ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 los primeros días de marzo que no estaba en su domicilio de Saavedra al 2600 porque estaba desempeñándose como instructor en la escuela de aviación Flying Time Srl.
Scortecchini no había podido ser hallado en su vivienda de Saavedra y Callao en la mañana del jueves 3 de marzo porque "estaba en el patio con albañiles y al no haber energía eléctrica, no funcionó el timbre", y no escuchó los llamados a viva voz que le realizaron los empleados civiles del Patronato de Liberados que lo chequea dos veces por semana entre jueves y domingo.
Según el Tribunal que le otorgó ese beneficio Scortecchini no podía ausentarse por más de dos horas de esa dirección "salvo por razones urgentes de salud, y además deberá informarse si está realizando alguna actividad laboral y en este caso indicar el lugar y horario que lo hace". El imputado comunicó que los jueves, viernes y sábado, de 14 a 19, presta servicios como instructor. Ahora el TOF le amplió en dos horas el permiso.
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miércoles, 6 de julio de 2011
ESPAÑA y los DDHH
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Por la ubicación y la cantidad de restos humanos encontrados, los investigadores manejan la hipótesis de que se trataría de La Legua, la fosa con los cuerpos de un grupo de trabajadores sindicalizados del ferrocarril asesinados a comienzos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Los trabajos en esta fosa, situada cerca de la población de Gumiel de Izán, incluyen la identificación de los cuerpos y la búsqueda de familiares.
Para la ARMH, las víctimas en esta región fueron más de 700 personas. El investigador José Ignacio Casado también habla de 700 muertos no identificados en Burgos en 1936. El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista. Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para asesinar de forma masiva y organizada a cientos de civiles desde el verano de 1936, afirmó José María Rojas, autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que colabora en los trabajos de exhumación de la fosa en las proximidades del monte.
La cercanía de este espacio natural con la cárcel de Aranda de Duero facilitó las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.
Pero algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera burgalesa recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las fosas comunes. “Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella”, explicó Rojas. “Un vecino me indicó el punto exacto y comenzamos la investigación”, recuerda. Rojas participó en varios de los trabajos de exhumación que, desde 2003, recuperaron centenares de cuerpos en la provincia de Burgos. “Sabemos que asesinaron en la zona a un grupo el 18 de agosto de 1936, tras una detención masiva de trabajadores del gremio”, dijo Rojas.
La fosa tiene 40 metros de largo y se encuentra junto a la antigua Ruta Nacional. Los ferroviarios eran en su mayoría militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de España. El próximo paso será buscar señales que brinden pistas para identificar a los restos, tales como uniformes u objetos relacionados a la profesión de los fusilados. En otras fosas encontradas en los alrededores de Aranda de Duero se descubrieron cuerpos uniformados con insignias y distintivos de ferroviarios pero no en número tan masivo, informó la ARMH. Luego, la tarea de localizar a las familias es el paso más difícil, ya que en su mayoría no eran vecinos de Aranda, sino trabajadores trasladados a ese pueblo por razones laborales. Muchas de esas familias abandonaron la zona cuando terminó la guerra.
A 500 metros de la fosa abierta ayer, en 2003 fueron exhumados los restos de 83 civiles fusilados hace 75 años. “Esta fue una zona de excesos”, explicó Rojas. Desde entonces, el equipo de la ARMH ha localizado a 429 cuerpos en una veintena de entierros clandestinos y exhumado a más de 800 en toda la provincia de Burgos.
La ARMH, formada por familiares de víctimas y voluntarios, comenzó hace 10 años la apertura de fosas comunes en toda España para buscar e identificar a desaparecidos de la Guerra Civil, principalmente del bando perdedor, y desde entonces ha abierto unas 150 y exhumado más de 1500 cadáveres con muy poca ayuda pública y del Estado.
El Parlamento español aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas, pero la ARMH y otras asociaciones reclaman al gobierno una participación más activa para la búsqueda de los desaparecidos, 114.000 personas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo según datos de una investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.
El gobierno español publicó en mayo un mapa con más fosas comunes que contabilizaron con víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior, de las cuales sólo se han abierto 329. Ese mapa identifica 2246 fosas comunes en toda España, donde podrían hallarse los restos de unas 100 mil personas. La mayoría se ubica en las regiones de Aragón y Andalucía, aunque también en Asturias, Castillas y León, Cataluña, Galicia y Madrid, entre otras. En el sitio de Internet del gobierno español, Memoria Histórica, pueden distinguirse según una clave entre distintos colores las fosas exhumadas, las exhumadas de manera parcial, las que desaparecieron bajo alguna infraestructura o las que aún no fueron halladas. Para la ARMH estos cuerpos de Gumién de Izán –que se suman a los 84 hallados en 2003 en el cercano monte de Costaján– desmienten las cifras reveladas por historiadores franquistas, que indicaban que en la provincia de Burgos se habían producido 761 asesinatos. Con la exhumación de ayer, ya se superaron los 800 cuerpos encontrados en la provincia.
6 de julio de 2011
Sería de los ferroviarios republicanos asesinados en La Legua
Hallan una fosa en España
Con el descubrimiento en Burgos se puso en evidencia a los historiadores franquistas, quienes informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron, dijo la ONG que condujo la búsqueda.
El hallazgo de las fosas en Burgos permite avanzar sobre los crímenes del franquismo.
Sesenta cuerpos de un grupo de trabajadores fusilados durante la Guerra Civil Española fueron exhumados ayer de una fosa en la ciudad de Burgos.
El hallazgo en la localidad norteña es muy significativo, destacó ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Con el descubrimiento se puso en evidencia a los historiadores franquistas, que informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron, señaló la ARMH en un comunicado. Entre lunes y martes, los arqueólogos y forenses de la Sociedad de Ciencias de Aranzadí dieron con los cerca de sesenta cuerpos durante los trabajos para intentar encontrar la llamada fosa de los ferroviarios, agregó el comunicado.Por la ubicación y la cantidad de restos humanos encontrados, los investigadores manejan la hipótesis de que se trataría de La Legua, la fosa con los cuerpos de un grupo de trabajadores sindicalizados del ferrocarril asesinados a comienzos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Los trabajos en esta fosa, situada cerca de la población de Gumiel de Izán, incluyen la identificación de los cuerpos y la búsqueda de familiares.
Para la ARMH, las víctimas en esta región fueron más de 700 personas. El investigador José Ignacio Casado también habla de 700 muertos no identificados en Burgos en 1936. El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista. Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para asesinar de forma masiva y organizada a cientos de civiles desde el verano de 1936, afirmó José María Rojas, autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que colabora en los trabajos de exhumación de la fosa en las proximidades del monte.
La cercanía de este espacio natural con la cárcel de Aranda de Duero facilitó las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.
Pero algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera burgalesa recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las fosas comunes. “Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella”, explicó Rojas. “Un vecino me indicó el punto exacto y comenzamos la investigación”, recuerda. Rojas participó en varios de los trabajos de exhumación que, desde 2003, recuperaron centenares de cuerpos en la provincia de Burgos. “Sabemos que asesinaron en la zona a un grupo el 18 de agosto de 1936, tras una detención masiva de trabajadores del gremio”, dijo Rojas.
La fosa tiene 40 metros de largo y se encuentra junto a la antigua Ruta Nacional. Los ferroviarios eran en su mayoría militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de España. El próximo paso será buscar señales que brinden pistas para identificar a los restos, tales como uniformes u objetos relacionados a la profesión de los fusilados. En otras fosas encontradas en los alrededores de Aranda de Duero se descubrieron cuerpos uniformados con insignias y distintivos de ferroviarios pero no en número tan masivo, informó la ARMH. Luego, la tarea de localizar a las familias es el paso más difícil, ya que en su mayoría no eran vecinos de Aranda, sino trabajadores trasladados a ese pueblo por razones laborales. Muchas de esas familias abandonaron la zona cuando terminó la guerra.
A 500 metros de la fosa abierta ayer, en 2003 fueron exhumados los restos de 83 civiles fusilados hace 75 años. “Esta fue una zona de excesos”, explicó Rojas. Desde entonces, el equipo de la ARMH ha localizado a 429 cuerpos en una veintena de entierros clandestinos y exhumado a más de 800 en toda la provincia de Burgos.
La ARMH, formada por familiares de víctimas y voluntarios, comenzó hace 10 años la apertura de fosas comunes en toda España para buscar e identificar a desaparecidos de la Guerra Civil, principalmente del bando perdedor, y desde entonces ha abierto unas 150 y exhumado más de 1500 cadáveres con muy poca ayuda pública y del Estado.
El Parlamento español aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas, pero la ARMH y otras asociaciones reclaman al gobierno una participación más activa para la búsqueda de los desaparecidos, 114.000 personas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo según datos de una investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.
El gobierno español publicó en mayo un mapa con más fosas comunes que contabilizaron con víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior, de las cuales sólo se han abierto 329. Ese mapa identifica 2246 fosas comunes en toda España, donde podrían hallarse los restos de unas 100 mil personas. La mayoría se ubica en las regiones de Aragón y Andalucía, aunque también en Asturias, Castillas y León, Cataluña, Galicia y Madrid, entre otras. En el sitio de Internet del gobierno español, Memoria Histórica, pueden distinguirse según una clave entre distintos colores las fosas exhumadas, las exhumadas de manera parcial, las que desaparecieron bajo alguna infraestructura o las que aún no fueron halladas. Para la ARMH estos cuerpos de Gumién de Izán –que se suman a los 84 hallados en 2003 en el cercano monte de Costaján– desmienten las cifras reveladas por historiadores franquistas, que indicaban que en la provincia de Burgos se habían producido 761 asesinatos. Con la exhumación de ayer, ya se superaron los 800 cuerpos encontrados en la provincia.
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miércoles, 29 de junio de 2011
DDHH en URUGUAY
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
La promulgación del texto está anunciada para el jueves, para dar lugar a quienes quieran manifestar una voluntad discorde con la decisión del mandatario. Militares acusados de violar los derechos humanos buscarán impugnar el decreto, anunció hoy Emilio Micolick, abogado de alguno de los procesados por estos delitos. “Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad”, precisó el letrado. El también defensor de militares Miguel Langón consideró que “una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes” en la legislación sobre esta materia.
Sin embargo, la fiscal Mirtha Guianza, que entiende en causas de violaciones a los derechos humanos, consideró difícil que estos reclamos prosperen. “No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad; a lo sumo podrán recurrir ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional”, explicó. Guianza precisó “no hay cosa juzgada en materia administrativa, ya que los actos administrativos se pueden anular”.
29 de junio de 2011
Investigan los crímenes de la dictadura en Uruguay
Mujica pide la apertura de archivos
El gobierno de Uruguay les pidió al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos con las fichas clínicas y judiciales que las dos dependencias conservan de la dictadura militar (1973-1985). La medida apunta a habilitar el acceso a esas fuentes a los integrantes del equipo de investigación de la Comisión de Seguimiento adscripta al Ejecutivo, informó el sitio de Internet de la Presidencia. Esa comisión de especialistas, en convenio con la Universidad de la República, realiza investigaciones históricas sobre detenidos–desaparecidos durante el régimen dictatorial.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó que el Ejecutivo quiere completar el banco de datos genéticos para su comparación ante eventuales hallazgos de restos de desaparecidos, ya que continúan las excavaciones en el Batallón 14 del área metropolitana. El presidente de Uruguay, José Mujica, aprobó ayer un decreto para anular actos administrativos bajo el manto de la llamada Ley de Caducidad, que posibilitará la reapertura de más de 80 casos de violación de derechos humanos durante el gobierno de facto.La promulgación del texto está anunciada para el jueves, para dar lugar a quienes quieran manifestar una voluntad discorde con la decisión del mandatario. Militares acusados de violar los derechos humanos buscarán impugnar el decreto, anunció hoy Emilio Micolick, abogado de alguno de los procesados por estos delitos. “Intentaremos por todos los medios jurídicos, con todo lo que esté a nuestro alcance, de rebatir lo que digan, incluso solicitar la inconstitucionalidad”, precisó el letrado. El también defensor de militares Miguel Langón consideró que “una vez más se ve la inseguridad jurídica, la cantidad de cambios permanentes” en la legislación sobre esta materia.
Sin embargo, la fiscal Mirtha Guianza, que entiende en causas de violaciones a los derechos humanos, consideró difícil que estos reclamos prosperen. “No me parece que se pueda pedir la inconstitucionalidad; a lo sumo podrán recurrir ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el decreto no es un acto judicial ni una ley que pueda ser catalogada de inconstitucional”, explicó. Guianza precisó “no hay cosa juzgada en materia administrativa, ya que los actos administrativos se pueden anular”.
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TESTIMONIO
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
No es que no gritó, intentó explicar la obstetra. Y miró a la presidenta del Tribunal: “Usted es mujer y sabe que la mujer hace un grito, pero esta mujer, nada, nada”. Como las vendas no le dejaban verle los ojos, ese lugar del cuerpo capaz de transmitir algunas señales de la edad, Balaris nunca supo cuántos años tenía. Imaginó que poco más de cuarenta, pero le extrañaron la cantidad de canas en el pelo.
¿Cuándo fue?, le preguntó el fiscal Martín Niklison. Pero ella no se acordó: pudo ser a fines del ’76 o comienzos del ’77, pero “es muy difícil” recordar. Tampoco sabe si el bebé fue varón o mujer; sí que todo estuvo normal, que el parto se hizo en la Maternidad y que a la madre la llevaron enseguida a Epidemiología. O mejor, el lugar que todo el Hospital conocía cuando se decía “se la llevaron al Fondo”.
Epidemiología funcionó como área restringida después del golpe de Estado. Se supone que allí permanecieron las embarazadas de ese o de otros centros de exterminio hasta el momento de dar a luz. La obstetra entró seis o siete veces entre 1976, 1977 y algunos meses de 1978, siempre acompañada de algún guardia. Ahí estaban aquellos que el rumor hospitalario identificaba como “subversivos”, “sediciosos” o “NN”. Nunca pudo hablar con ninguna de las mujeres. Siempre las vio con los ojos vendados y custodiadas en el ingreso por algún uniformado. “Lo que nosotros hacíamos era ir a controlar los latidos”, explicó. “¿No tenían ningún diálogo con ellas?”, preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta. “Yo iba, auscultaba, tomaba la presión arterial y los latidos fetales, pero era cuestión de minutos, no nos quedábamos ahí, ni palpándolas, ni nada.”
Balaris está convencida de que pese a que la orden era ingresar sin las credenciales para que las parturientas no pudiesen, eventualmente, saber dónde estaban, ella siempre entró con las credenciales puestas. Que detrás de ella siempre estaba Julio César Caserotto, el jefe militar de Ginecología, el hombre que la amenazó años más tarde, y la misma persona que en el invierno de 1977 o 1978 la obligó a ir atender el segundo parto. “Una mañana viene y me dice que vaya a la Cárcel de Encausados y yo me niego. Entonces Caserotto me amenaza, me dice que el que dio la orden era el director del hospital y no me quedó alternativa: fui; me acompañaron una enfermera y un médico militar que, creo, era de traumatología”.
La cárcel estaba dentro de Campo de Mayo, a unos quince minutos del Hospital. A Balaris la subieron a la parte de atrás de una ambulancia, desde donde vio el recorrido. “Entraron la ambulancia –dijo–; había muchos militares, me llevaron a la enfermería de la cárcel, por lo menos eso parecía, tenía un botiquín, era una habitación con una cama, con una señora acostada con los ojos vendados.”
La mujer había empezado el trabajo de parto. “Entonces, imagínense –explicó–: yo, con muchísimos años menos, la examino y me doy cuenta de que el parto era inminente, que no se la puede trasladar. Les digo eso: que está en cuarto plano, que el chico está por nacer.”
La partera dice que ese fue el momento más traumático de su estadía. Empezó con el trabajo de parto rodeada por cuatro, cinco o seis militares. Era invierno. Para la época sabían que para atender un nacimiento en una cama tenía que atravesar a la mujer en el colchón. Tenía que buscar un modo de hacer palanca con algún espacio de su cuerpo. “Hacía mucho frío”, dijo. La cruzó. “Yo les avisé a los militares que iba a poner al bebé en la panza de la madre para que lo abrigara; se lo puse y le corté el cordón umbilical y creo que ella me miraba, porque la venda la tenía corrida, son cosas que a uno se le quedan en la mente.”
La chica era rubia. No era el primer hijo que tenía. La enfermera enseguida envolvió al niño con una manta y se lo llevó. Balaris terminó de sacarle la placenta, suturó. “Estuve en estado de estrés y cuando volví tuve un enfrentamiento con Caserotto muy severo, que me costó que me trasladaran a la guardia de los domingos.” En el hospital el enfrentamiento fue más que eso. No lo dijo en la audiencia. Pero en la desesperación, la partera agarró de los brazos a su jefe y lo rasguñó.
“Lo inentendible de todo eso –explicó– es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos ponían a nosotros en estas situaciones si había obstetras militares?”
29 de junio de 2011
Nélida Elena Balaris, ex partera del Hospital Militar, en el juicio por robo de bebés
“Yo misma he asistido dos partos”
Balaris relató ante el tribunal cómo la obligaron a asistir a mujeres tabicadas mientras se desempeñaba en el hospital dependiente del Ejército. Ya había declarado ante la Conadep lo que había vivido junto a un grupo de compañeras.
Por Alejandra Dandan
Señalización del Equipo de Antropología Forense donde funcionó una maternidad clandestina en el Campito.
A poco de arrancar la audiencia, le preguntaron si había visto a embarazadas o supo de partos de personas detenidas. Nélida Elena Balaris dijo rápidamente que sí. “Yo misma he asistido dos partos de esas pacientes; uno en el mismo hospital, o sea, le voy a relatar auténticamente cómo fueron mis registros, que están escritos en el Nunca más, porque voluntariamente fui a declarar a la Conadep, porque cuando nos enteramos de las cosas que habían ocurrido ninguno se sintió responsable de semejante situación.”
Pasaron más de treinta años de la declaración ante la Conadep. Balaris pasó de ser una de las obstetras civiles del Hospital Militar de Campo de Mayo, a irse con un retiro voluntario en democracia apuntalada por el jefe militar de Ginecología, que llegó a advertirle que si hablaba iba a terminar mirando las margaritas desde abajo. La obstetra ahora es licenciada, dirige una escuela de enfermeras y se cree lejos de ese infierno al que cada tanto sin embargo vuelve, en el marco de las causas judiciales que aún siguen buscando datos. “¡Ay... Dios!”, se la escuchó resoplar en un momento, pegada al micrófono, durante la audiencia de robo de bebés. Las querellas le pasaban copias del Libro de Partos que ella leía y releía, buscando cualquier pista, una firma, un dato que sirva aún en el presente.Los partos
“El primer parto no fue tan terrible”, arrancó. “Era una mujer mayor, estaba con la doctora Petrillo, con un militar adentro de la sala de partos. Me llaman a mí, era un parto expulsivo, la mujer estaba con los ojos vendados, pero la situación más llamativa es que no manifestó ni dolor, ni angustia, ni nada: como si su cabeza estuviera en un lado y su cuerpo en otro.”No es que no gritó, intentó explicar la obstetra. Y miró a la presidenta del Tribunal: “Usted es mujer y sabe que la mujer hace un grito, pero esta mujer, nada, nada”. Como las vendas no le dejaban verle los ojos, ese lugar del cuerpo capaz de transmitir algunas señales de la edad, Balaris nunca supo cuántos años tenía. Imaginó que poco más de cuarenta, pero le extrañaron la cantidad de canas en el pelo.
¿Cuándo fue?, le preguntó el fiscal Martín Niklison. Pero ella no se acordó: pudo ser a fines del ’76 o comienzos del ’77, pero “es muy difícil” recordar. Tampoco sabe si el bebé fue varón o mujer; sí que todo estuvo normal, que el parto se hizo en la Maternidad y que a la madre la llevaron enseguida a Epidemiología. O mejor, el lugar que todo el Hospital conocía cuando se decía “se la llevaron al Fondo”.
Epidemiología funcionó como área restringida después del golpe de Estado. Se supone que allí permanecieron las embarazadas de ese o de otros centros de exterminio hasta el momento de dar a luz. La obstetra entró seis o siete veces entre 1976, 1977 y algunos meses de 1978, siempre acompañada de algún guardia. Ahí estaban aquellos que el rumor hospitalario identificaba como “subversivos”, “sediciosos” o “NN”. Nunca pudo hablar con ninguna de las mujeres. Siempre las vio con los ojos vendados y custodiadas en el ingreso por algún uniformado. “Lo que nosotros hacíamos era ir a controlar los latidos”, explicó. “¿No tenían ningún diálogo con ellas?”, preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta. “Yo iba, auscultaba, tomaba la presión arterial y los latidos fetales, pero era cuestión de minutos, no nos quedábamos ahí, ni palpándolas, ni nada.”
Balaris está convencida de que pese a que la orden era ingresar sin las credenciales para que las parturientas no pudiesen, eventualmente, saber dónde estaban, ella siempre entró con las credenciales puestas. Que detrás de ella siempre estaba Julio César Caserotto, el jefe militar de Ginecología, el hombre que la amenazó años más tarde, y la misma persona que en el invierno de 1977 o 1978 la obligó a ir atender el segundo parto. “Una mañana viene y me dice que vaya a la Cárcel de Encausados y yo me niego. Entonces Caserotto me amenaza, me dice que el que dio la orden era el director del hospital y no me quedó alternativa: fui; me acompañaron una enfermera y un médico militar que, creo, era de traumatología”.
La cárcel estaba dentro de Campo de Mayo, a unos quince minutos del Hospital. A Balaris la subieron a la parte de atrás de una ambulancia, desde donde vio el recorrido. “Entraron la ambulancia –dijo–; había muchos militares, me llevaron a la enfermería de la cárcel, por lo menos eso parecía, tenía un botiquín, era una habitación con una cama, con una señora acostada con los ojos vendados.”
La mujer había empezado el trabajo de parto. “Entonces, imagínense –explicó–: yo, con muchísimos años menos, la examino y me doy cuenta de que el parto era inminente, que no se la puede trasladar. Les digo eso: que está en cuarto plano, que el chico está por nacer.”
La partera dice que ese fue el momento más traumático de su estadía. Empezó con el trabajo de parto rodeada por cuatro, cinco o seis militares. Era invierno. Para la época sabían que para atender un nacimiento en una cama tenía que atravesar a la mujer en el colchón. Tenía que buscar un modo de hacer palanca con algún espacio de su cuerpo. “Hacía mucho frío”, dijo. La cruzó. “Yo les avisé a los militares que iba a poner al bebé en la panza de la madre para que lo abrigara; se lo puse y le corté el cordón umbilical y creo que ella me miraba, porque la venda la tenía corrida, son cosas que a uno se le quedan en la mente.”
La chica era rubia. No era el primer hijo que tenía. La enfermera enseguida envolvió al niño con una manta y se lo llevó. Balaris terminó de sacarle la placenta, suturó. “Estuve en estado de estrés y cuando volví tuve un enfrentamiento con Caserotto muy severo, que me costó que me trasladaran a la guardia de los domingos.” En el hospital el enfrentamiento fue más que eso. No lo dijo en la audiencia. Pero en la desesperación, la partera agarró de los brazos a su jefe y lo rasguñó.
“Lo inentendible de todo eso –explicó– es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos ponían a nosotros en estas situaciones si había obstetras militares?”
La Conadep
Balaris estaba en el Hospital Militar desde 1974, y siempre supo que iba a atender a militares y civiles autorizados. Con la apertura democrática, alguna parte del personal del Hospital recibió citaciones para presentarse en la Conadep. Ella fue con otras tres compañeras: Lorena Tasca, Margarita Allende y Silvia Cecilia Bonsignore de Petrillo. Antes de ir, le avisaron a Caserotto: “Nos dijeron que no, que no deberíamos ir y nos citaron del Comando Militar a un Tribunal parecido a este y ahí dijimos los motivos por los que queríamos declarar”. Ante el Tribunal, ella preguntó si no era cierto que Raúl Alfonsín era en ese momento el jefe de las Fuerzas Armadas. Le dijeron que sí. Y en esa lógica ellas encontraron la razón para convencer al Tribunal Militar de que tenían que ir a dar los datos.© 2000-2011 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
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martes, 28 de junio de 2011
URUGUAY y los DDHH
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Ayer al mediodía, representantes de Hijos le hicieron llegar al presidente un petitorio. Valentín Enseñat, de esa agrupación, sostuvo en diálogo con Página/12 que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman es “el argumento perfecto” para que el Estado uruguayo derogue esos actos administrativos. “Lo planteamos como un paso jurídico, una medida que el presidente puede aplicar, pero no es una solución. A partir de la condena de la CIDH en el caso Gelman, el Ejecutivo había manifestado su voluntad de revocar los actos administrativos. La sentencia es ilustrativa, es un argumento perfecto para que el Estado no delegue su responsabilidad”, dijo Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977.
El 24 de marzo pasado, el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos estableció que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman, e instó al Estado a “tomar las medidas necesarias” para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de las causas.
La decisión del Ejecutivo se sustenta en la condena del organismo internacional. Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia. El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como determina la sentencia.
La revocatoria de los actos administrativos en 88 causas permitirá la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso o si corresponde o no desarchivar los expedientes, explicó Breccia. El funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes “debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos”.
El pedido de Hijos no se limita a lo administrativo. Enseñat afirmó que reclaman el acceso a los archivos de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. “Suponemos que hay una información valiosa sobre la verdad.” El joven subrayó que de ningún modo se eliminan los efectos de la Caducidad con el decreto. “Esta medida actúa sobre 88 causas que no son todas las que deberían ser. Hablamos de 200 casos de desaparecidos, sin entrar a especificar la tortura, la prisión prolongada, los homicidios. La mayoría de los familiares nunca presentaron una denuncia penal porque la Caducidad ha actuado como desestímulo.”
Enseñat señaló sus próximos pasos: “Tenemos pensado presentar a la Corte Suprema un petitorio para que declare que la norma es inconstitucional en forma general”. El máximo tribunal falló de inconstitucional la ley en octubre de 2009 para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Una semana después, una mayoría de uruguayos votaba por la continuidad de la amnistía. Una mayoría votaba por un nuevo gobierno del Frente Amplio.
La alianza gobernante intentó en mayo pasado anular los efectos de la Caducidad mediante una “ley interpretativa” que pudo ser aprobada en el Senado, pero fracasó en Diputados. Generó una crisis en la coalición oficialista que aún persiste.
mercelopez@pagina12.com.ar
28 de junio de 2011
El presidente habilitará la reapertura de ochenta y ocho casos de violaciones a los derechos humanos
Mujica da un paso por la justicia en Uruguay
El decreto anulará los actos administrativos que impedían investigar decenas de casos amparados en la Ley de Caducidad. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman dio sustento a la medida.
Por Mercedes López San Miguel
La agrupación Hijos le presentó un petitorio a Mujica en el que le reclama que derogue los actos administrativos de 88 casos.
José Mujica eligió una fecha simbólica para dar un paso en materia de derechos humanos: el 27 de junio de hace 38 años comenzó el capítulo más oprobioso en la historia de Uruguay. Ayer, 27 de junio, el mandatario anunció que firmará un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones a los derechos humanos. Es una medida concreta entre otras que le reclaman agrupaciones como Hijos, que ayer le entregó un petitorio al presidente. Esta decisión llega un mes después de que la coalición gobernante Frente Amplio fracasara en el intento de anular la Ley de Caducidad, una norma que permite la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
El decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar 88 casos de violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad. La norma, aprobada en 1986 y ratificada en dos referéndum, en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso se archiva o no. Mujica y su antecesor inmediato, Tabaré Vázquez, reabrieron varios procesos.Ayer al mediodía, representantes de Hijos le hicieron llegar al presidente un petitorio. Valentín Enseñat, de esa agrupación, sostuvo en diálogo con Página/12 que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman es “el argumento perfecto” para que el Estado uruguayo derogue esos actos administrativos. “Lo planteamos como un paso jurídico, una medida que el presidente puede aplicar, pero no es una solución. A partir de la condena de la CIDH en el caso Gelman, el Ejecutivo había manifestado su voluntad de revocar los actos administrativos. La sentencia es ilustrativa, es un argumento perfecto para que el Estado no delegue su responsabilidad”, dijo Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977.
El 24 de marzo pasado, el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos estableció que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman, e instó al Estado a “tomar las medidas necesarias” para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de las causas.
La decisión del Ejecutivo se sustenta en la condena del organismo internacional. Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia. El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como determina la sentencia.
La revocatoria de los actos administrativos en 88 causas permitirá la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso o si corresponde o no desarchivar los expedientes, explicó Breccia. El funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes “debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos”.
El pedido de Hijos no se limita a lo administrativo. Enseñat afirmó que reclaman el acceso a los archivos de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. “Suponemos que hay una información valiosa sobre la verdad.” El joven subrayó que de ningún modo se eliminan los efectos de la Caducidad con el decreto. “Esta medida actúa sobre 88 causas que no son todas las que deberían ser. Hablamos de 200 casos de desaparecidos, sin entrar a especificar la tortura, la prisión prolongada, los homicidios. La mayoría de los familiares nunca presentaron una denuncia penal porque la Caducidad ha actuado como desestímulo.”
Enseñat señaló sus próximos pasos: “Tenemos pensado presentar a la Corte Suprema un petitorio para que declare que la norma es inconstitucional en forma general”. El máximo tribunal falló de inconstitucional la ley en octubre de 2009 para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Una semana después, una mayoría de uruguayos votaba por la continuidad de la amnistía. Una mayoría votaba por un nuevo gobierno del Frente Amplio.
La alianza gobernante intentó en mayo pasado anular los efectos de la Caducidad mediante una “ley interpretativa” que pudo ser aprobada en el Senado, pero fracasó en Diputados. Generó una crisis en la coalición oficialista que aún persiste.
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IDENTIFICAN A COMPAÑEROS DESAPARECIDOS
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
28 de junio de 2011
Identifican a desaparecidos
Como parte de la investigación que lleva adelante para determinar el destino de los desaparecidos durante la dictadura, la Cámara Federal oficializó en una resolución la identificación de seis personas que se encontraban en esa condición y ordenó la entrega de los restos a sus familiares. Se trata de Marta Angélica Taboada de Dillon, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral y Marcelo Eduardo Pag, asesinados en febrero de 1977, cuyos restos óseos habían sido recuperados del Cementerio de General San Martín. También fueron individualizados los restos de Víctor Hugo González y Ruperto Méndez, exhumados del Cementerio de Moreno, a quienes habrían matado el 29 de marzo de 1976. En todos los casos tuvo intervención el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los estudios genéticos fueron realizados por los laboratorios The Bode Technology Group Inc. (EE.UU.) y L.I.D.M.O, de Córdoba. Las actuaciones para determinar qué pasó con los desaparecidos están a cargo del camarista federal Horacio Cattani. Hasta ahora se lograron 206 identificaciones, y la entrega de restos a los familiares en 176 casos.
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jueves, 23 de junio de 2011
Los curas y los DDHH en Rosario
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
--¿Quién era Pedro Pablo Delgado, dónde militaba, cuál era su historia?
--Me dijo la última vez que lo vi en Buenos Aires que pertenecía a la organización Montoneros.
--¿En qué circunstancias desapareció?
--Desde 1966 yo no vivía más en Rosario, por lo que no fui testigo directo de nada, pero por referencias de la familia lo encontraron en la casa de una persona amiga de la familia y parece que fue el 5 de setiembre de 1977 que lo fueron a buscar. Esto nos enteramos bastante después cuando esta persona se lo manifestó a la familia.
--¿Usted era sacerdote entonces?
--Sí.
--¿Trató de hacer alguna gestión?
--Todas las que pude.
--¿Con quién habló?
--Con todos los que pude. Hice trámites legales, jurídicos, he manifestado todo esto hoy (por ayer en el juicio).
--¿Alguien le dijo cuál había sido el destino de su hermano?
--Informalmente supimos que estaba muerto. Esto lo supimos por un amigo de mi padre que falleció poco después. No sabemos cómo se enteró. También una presunción que acabo de dejar en el juzgado es que fui al Comando (del Segundo Cuerpo de Ejército) y les dije: "Tengo un hermano que hace tiempo que no está". Conté además que ya habíamos tenido allanamientos en la casa por este motivo, y dije que quería saber qué información tenían. Y escuetamente me contestaron: "Para nosotros es un caso cerrado". Le dije entonces que era de suponer que había tenido cristiana sepultura, pero no me dijo nada. Fue muy tensa esa reunión y me sentí muy mal, no digo maltratado, pero si con gestos que no...
--¿Era algún jefe militar, recuerda quién era el que lo recibió?
--No, no sabía con quién estaba hablando. No era el soldadito de guardia. Era una persona mayor que yo en aquella época. Entonces tenemos hoy tres evidencias: una cuando fue llevado por gente no uniformada, otra por el dato de este amigo de la familia y la tercera, por esto que cuento, cuando me dijeron "es asunto cerrado, es un tema cerrado" por lo que yo entendí que, en ese contexto, solo quedará una vía judicial cuando se reestableciera la democracia, que es lo que hicimos.
--¿Se sintió acompañado en aquel momento por la jerarquía eclesiástica?
--Totalmente, pero al mismo tiempo la Iglesia tenía fuertes dificultades para comunicarse dentro de ella. Teníamos una censura fuerte desde afuera, basta ver la dificultad de poder transmitir lo que decían los obispos, lo que decía la Conferencia Episcopal Argentina. Solo un diario se animaba a decirlo, el Buenos Aires Herald, quizás porque estaba en inglés y no sabían inglés. Yo tuve dificultades en eso años también.
--¿Qué tipo de dificultades tuvo?
--Vivía en Paraguay y no conseguía el permiso de residencia, hasta que fui haciendo gestiones con jefes, hasta que un día me plantaron frente al Ministro del Interior, y me dijeron: "No sé quién es usted, si es guerrillero o si es hermano de un guerrillero, así que no le podemos dar la residencia en el Paraguay".
--¿Cuál es su opinión acerca de lo vivido en la última dictadura?
--Tengo 69 años y he estado en diferentes países y he vivido momentos fáciles y difíciles, momentos de libertad, momentos de nada o de poca libertad. Cada vez me convenzo más de que la única forma de vivir es en libertad y en plena democracia, y que los derechos humanos son para todos, y no para reclamarlos sino para vivirlos.
--¿Y este sentido cuál es su valoración de las investigaciones sobre el terrorismo de estado?
--Espero que se esclarezca toda la verdad, aunque puede molestar a alguien...
--¿A quién puede molestar?
-- No sé, la verdad es que si se descubre que alguien ha hecho las cosas mal, quizás no le guste que se sepa.
--¿Cuál entiende que fue el rol de las fuerzas armadas en esa época?
--El que todos conocemos.
--¿Ya había relatado antes la desaparición de su hermano?
--Sí, nunca lo oculté, todo el mundo sabe que tengo un hermano desaparecido, pero tampoco llevo un cartel que lo diga. Está en la lista de Conadep, y apenas se pudo hacer el trámite pedimos la declaración de desaparición con presunción de fallecimiento. Toda la familia acompañó ese trámite.
--¿Se va a convertir en querellante de esta causa?
--No sé, tengo que estudiarlo.
--¿Lo afectó en su carrera eclesiástica tener un hermano desaparecido?
--No, más bien he encontrado mucha comprensión y he compartido el dolor. Tengo amigos míos, sacerdotes también con familiares desaparecidos y tengo conocidos y amigos que han muerto por un atentado, por una desaparición forzosa, o por lo que sea.
El arzobispo que declaró en una causa por desaparición de su hermano
Un dolor que no cura
El obispo de San Juan, el rosarino Alfonso Delgado, volvió ayer a la ciudad para declarar en una causa judicial que investiga la desaparición de Pedro, su hermano, en el 77. "Para toda la familia ha sido un dolor muy grande", dijo.
Por José Maggi
Delgado habló en exclusiva con Rosario/12.
El obispo de San Juan, Alfonso Delgado, declaró ayer como testigo en la causa en la que se investiga la desaparición de su hermano Pedro Daniel, o "Peter" como era conocido entonces, un militante montonero secuestrado en setiembre de 1977 en Rosario. Su compañera Graciela Busaniche, quien estaba embarazada, también está desaparecida. El testimonio de Delgado sirvió para confirmar el rol del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Allí le confirmaron que el de su hermano era "un caso cerrado". "Espero que le hayan dado cristiana sepultura", le respondió el obispo, quien habló en exclusiva con Rosario/12.
-Soy hermano de una víctima desaparecida en el 77, algo por lo cual la familia ha sufrido mucho, ha sido un dolor muy grande, pensando en la seguridad de la familia, también de mi padre (fallecido), a mis hermanos y a mi nos ha pesado mucho. Muchas veces nos hemos esperanzado de que pueda encontrarse la verdad, y otras tantas nos hemos desilusionado. Este trámite alienta nuevas esperanzas, creo que la verdad sea como sea no ofende a nadie.--¿Quién era Pedro Pablo Delgado, dónde militaba, cuál era su historia?
--Me dijo la última vez que lo vi en Buenos Aires que pertenecía a la organización Montoneros.
--¿En qué circunstancias desapareció?
--Desde 1966 yo no vivía más en Rosario, por lo que no fui testigo directo de nada, pero por referencias de la familia lo encontraron en la casa de una persona amiga de la familia y parece que fue el 5 de setiembre de 1977 que lo fueron a buscar. Esto nos enteramos bastante después cuando esta persona se lo manifestó a la familia.
--¿Usted era sacerdote entonces?
--Sí.
--¿Trató de hacer alguna gestión?
--Todas las que pude.
--¿Con quién habló?
--Con todos los que pude. Hice trámites legales, jurídicos, he manifestado todo esto hoy (por ayer en el juicio).
--¿Alguien le dijo cuál había sido el destino de su hermano?
--Informalmente supimos que estaba muerto. Esto lo supimos por un amigo de mi padre que falleció poco después. No sabemos cómo se enteró. También una presunción que acabo de dejar en el juzgado es que fui al Comando (del Segundo Cuerpo de Ejército) y les dije: "Tengo un hermano que hace tiempo que no está". Conté además que ya habíamos tenido allanamientos en la casa por este motivo, y dije que quería saber qué información tenían. Y escuetamente me contestaron: "Para nosotros es un caso cerrado". Le dije entonces que era de suponer que había tenido cristiana sepultura, pero no me dijo nada. Fue muy tensa esa reunión y me sentí muy mal, no digo maltratado, pero si con gestos que no...
--¿Era algún jefe militar, recuerda quién era el que lo recibió?
--No, no sabía con quién estaba hablando. No era el soldadito de guardia. Era una persona mayor que yo en aquella época. Entonces tenemos hoy tres evidencias: una cuando fue llevado por gente no uniformada, otra por el dato de este amigo de la familia y la tercera, por esto que cuento, cuando me dijeron "es asunto cerrado, es un tema cerrado" por lo que yo entendí que, en ese contexto, solo quedará una vía judicial cuando se reestableciera la democracia, que es lo que hicimos.
--¿Se sintió acompañado en aquel momento por la jerarquía eclesiástica?
--Totalmente, pero al mismo tiempo la Iglesia tenía fuertes dificultades para comunicarse dentro de ella. Teníamos una censura fuerte desde afuera, basta ver la dificultad de poder transmitir lo que decían los obispos, lo que decía la Conferencia Episcopal Argentina. Solo un diario se animaba a decirlo, el Buenos Aires Herald, quizás porque estaba en inglés y no sabían inglés. Yo tuve dificultades en eso años también.
--¿Qué tipo de dificultades tuvo?
--Vivía en Paraguay y no conseguía el permiso de residencia, hasta que fui haciendo gestiones con jefes, hasta que un día me plantaron frente al Ministro del Interior, y me dijeron: "No sé quién es usted, si es guerrillero o si es hermano de un guerrillero, así que no le podemos dar la residencia en el Paraguay".
--¿Cuál es su opinión acerca de lo vivido en la última dictadura?
--Tengo 69 años y he estado en diferentes países y he vivido momentos fáciles y difíciles, momentos de libertad, momentos de nada o de poca libertad. Cada vez me convenzo más de que la única forma de vivir es en libertad y en plena democracia, y que los derechos humanos son para todos, y no para reclamarlos sino para vivirlos.
--¿Y este sentido cuál es su valoración de las investigaciones sobre el terrorismo de estado?
--Espero que se esclarezca toda la verdad, aunque puede molestar a alguien...
--¿A quién puede molestar?
-- No sé, la verdad es que si se descubre que alguien ha hecho las cosas mal, quizás no le guste que se sepa.
--¿Cuál entiende que fue el rol de las fuerzas armadas en esa época?
--El que todos conocemos.
--¿Ya había relatado antes la desaparición de su hermano?
--Sí, nunca lo oculté, todo el mundo sabe que tengo un hermano desaparecido, pero tampoco llevo un cartel que lo diga. Está en la lista de Conadep, y apenas se pudo hacer el trámite pedimos la declaración de desaparición con presunción de fallecimiento. Toda la familia acompañó ese trámite.
--¿Se va a convertir en querellante de esta causa?
--No sé, tengo que estudiarlo.
--¿Lo afectó en su carrera eclesiástica tener un hermano desaparecido?
--No, más bien he encontrado mucha comprensión y he compartido el dolor. Tengo amigos míos, sacerdotes también con familiares desaparecidos y tengo conocidos y amigos que han muerto por un atentado, por una desaparición forzosa, o por lo que sea.
© 2000-2011 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
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Los curas Y los DDHH
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
Beatriz estuvo a cargo de esa voz que aún no reconoce. Un alias apodado “Cacho”, quien se presentó como su custodio y a quien le preguntó: “¿Y ahora nos van a matar?”. “No, no, no, no –le advirtió Cacho–, acá no se mata a nadie.”
Después, empezó a reconocer botas, uniformes de fajina verdes y borceguíes. Con los días, después del miedo, habló con otros detenidos. Reconoció a las embarazadas. Norma Tato, a quien no conocía pero sabía que era la segunda mujer de Jorge Carlos Casariego. A Mercedes Barreiro, también embarazada. Y en otro pabellón, a Silvia Quintella, a Casariego y a Beatriz García Recchia, también embarazada.
Las embarazadas eran tratadas como el resto de los detenidos. Beatriz tenía una cama, pero las otras prisioneras dormían en colchones sobre el piso: “Era todo muy arbitrario”, dijo Beatriz. “Cuando me tomaron declaración, me amenazaron diciéndome que no importaba, que si yo no quería decir nada, que no diga nada: me decían mentirosa y ‘nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, así que después que tengas a tu pibe, te vamos a reventar’”.
Y dijo: “A mí no me cerraba esa parte, pero recuerdo como si fuera hoy que Tina me dice: ‘¡Noooo, los milicos con los pibes no joden!’. Me lo acuerdo y lo digo porque era como impensable otra cosa. Te tienen hasta tener el nene o la nena, después nos llevan a matar porque era ésa la amenaza ¿y después nuestro hijo va a aparecer? No era lógico: ¿se entiende lo que estoy diciendo?”.
Beatriz estuvo parte del tiempo destabicada, por eso puede dar cuenta de lo que ahora puede dar cuenta. El 2 de mayo llenó un papel con su nombre; datos sobre la militancia. Ese día pidió hablar con el encargado de inteligencia, el modo de llamar adentro a los torturadores. Le preguntó con la voz quebrada dónde y bajo qué condiciones iba a tener a su hijo. El torturador le preguntó por la fecha de parto. Ella dijo el 25 de mayo. Bueno, piba, le dijo el otro: “Anda, pronto vas a tener noticias mías”.
Al otro día le ordenaron bañarse. Cacho le dijo que iba a recibir el mejor regalo de su vida. Volvieron a juntarla con su marido. “Yo me caí de los nervios –explicó– y nos dijeron: ‘En el nombre del Ejército Argentino les pedimos perdón, con ustedes nos equivocamos’, y nosotros les agradecimos.”
Beatriz no tenía modo de conectarse con familiares de los prisioneros. Y no supo que muchos de-saparecieron hasta el momento de la Conadep. Cuando terminó de declarar dijo: “Lo único que quiero agregar es sobre la importancia de la Justicia en lo personal y como ciudadana –explicó–: cómo me parece fundamental llegar al fondo de esta historia y me parece no ya importante, sino fundamental, que se lleve a cabo, como trabajadora de la salud mental puedo dar testimonio de esto”. Y agregó: “Quiero agradecer a las Abuelas porque yo podría haber estado muerta y las Abuelas buscando a mi hijo”.
23 de junio de 2011
Una sobreviviente de Campo de Mayo declaró por el plan sistemático de robo de bebés
Las fichas de la vicaría castrense
Beatriz Susana Castiglione contó que el vicario Victorio Bonamín tenía durante la dictadura fichas con personas desaparecidas e información de los represores. Habló de las embarazadas que vio en el centro clandestino.
Por Alejandra Dandan
Beatriz Susana Castiglione fue secuestrada cuando estaba embarazada de ocho meses.
Beatriz Susana Castiglione estuvo en Campo de Mayo secuestrada durante casi dos semanas, embarazada de ocho meses. Es una de las pocas sobrevivientes del campo de exterminio y, entonces, testigo en innumerables causas. Es psicóloga, especialista en salud mental. Cuando salió del campo clandestino, un pariente ya había concertado una cita con el vicario castrense Victorio Bonamín y decidió de todos modos ir a verlo. Ante aquel hombre que hablaba de la presencia de dios en los soldados, explicó dónde había estado Beatriz, y que de todos modos ella ya estaba liberada. Bonamín se apartó un momento para buscar algo en unas fichas y ante el descrédito del pariente que como católico no podía creer lo que veía, el vicario preguntó: “¿Usted dice que su parienta salió?”. Y luego: “Porque estaba para salir más adelante”.
Beatriz fue convocada como testigo del juicio de robo de bebés para declarar sobre la presencia de dos embarazadas, parte de los expedientes que se ventilan en la causa: una de ellas, Silvia Quintella, madre de Francisco Madariaga Quintella, y la otra, Norma Tato, madre de Hernán, apropiado por Norberto Atilio Bianco, represor, médico del Ejército en Campo de Mayo y cuyo pedido de extradición todavía está pendiente en Paraguay.La declaración
Beatriz militó en la JP hasta la muerte de José Ignacio Rucci en 1974. La secuestraron el 17 de abril de 1977 en un departamento en el centro de Buenos Aires. Tenía un hijo de dos años al que la patota dejó con un vecino. Se llevaron a ella, embarazada, y a su marido, Eduardo Cova Rías. “Cómo era el lugar a donde nos llevaron no puedo decirlo porque estaba encapuchada”, advirtió en un juego entre pasado y presente. “Sé que llegamos después de un viaje largo, el auto se paró, nos bajaron, nos recibe una voz y nos dicen ‘éste es un lugar clandestino: ustedes están ilegales, a partir de ahora tienen un numero (a mí me dieron el 229, a mi marido el 230), no pueden decir su nombre, de acá ni Videla los va a sacar y de ahora en adelante se tienen que nombrar con el número’”.Beatriz estuvo a cargo de esa voz que aún no reconoce. Un alias apodado “Cacho”, quien se presentó como su custodio y a quien le preguntó: “¿Y ahora nos van a matar?”. “No, no, no, no –le advirtió Cacho–, acá no se mata a nadie.”
Después, empezó a reconocer botas, uniformes de fajina verdes y borceguíes. Con los días, después del miedo, habló con otros detenidos. Reconoció a las embarazadas. Norma Tato, a quien no conocía pero sabía que era la segunda mujer de Jorge Carlos Casariego. A Mercedes Barreiro, también embarazada. Y en otro pabellón, a Silvia Quintella, a Casariego y a Beatriz García Recchia, también embarazada.
Las embarazadas eran tratadas como el resto de los detenidos. Beatriz tenía una cama, pero las otras prisioneras dormían en colchones sobre el piso: “Era todo muy arbitrario”, dijo Beatriz. “Cuando me tomaron declaración, me amenazaron diciéndome que no importaba, que si yo no quería decir nada, que no diga nada: me decían mentirosa y ‘nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, así que después que tengas a tu pibe, te vamos a reventar’”.
La sospecha
Una vez, le preguntó a Cacho por un detalle. “¿Cómo es que va a llevar la ropita a mis padres? ¿Cómo es que van a llevar a mi hijo?” Estaba segura de que era una cosa complicada: “Era incomprensible –dijo–, porque si te dicen que estás ilegal, que tenés un número, que estás clandestino y te sacan a un hijo y mi hijo aparece y se lo dan a mis padres, quiere decir que yo estoy en algún lugar”. El custodio le dijo que no se preocupe, que era así, que se lo iban a entregar a los familiares. Pero Beatriz no le creyó. Empezó a decirlo entre sus compañeras. “No es lógico”, decía. “Sigamos este razonamiento: ¿cómo van a hacer aparecer la criatura ante nuestros familiares?”.Y dijo: “A mí no me cerraba esa parte, pero recuerdo como si fuera hoy que Tina me dice: ‘¡Noooo, los milicos con los pibes no joden!’. Me lo acuerdo y lo digo porque era como impensable otra cosa. Te tienen hasta tener el nene o la nena, después nos llevan a matar porque era ésa la amenaza ¿y después nuestro hijo va a aparecer? No era lógico: ¿se entiende lo que estoy diciendo?”.
Beatriz estuvo parte del tiempo destabicada, por eso puede dar cuenta de lo que ahora puede dar cuenta. El 2 de mayo llenó un papel con su nombre; datos sobre la militancia. Ese día pidió hablar con el encargado de inteligencia, el modo de llamar adentro a los torturadores. Le preguntó con la voz quebrada dónde y bajo qué condiciones iba a tener a su hijo. El torturador le preguntó por la fecha de parto. Ella dijo el 25 de mayo. Bueno, piba, le dijo el otro: “Anda, pronto vas a tener noticias mías”.
Al otro día le ordenaron bañarse. Cacho le dijo que iba a recibir el mejor regalo de su vida. Volvieron a juntarla con su marido. “Yo me caí de los nervios –explicó– y nos dijeron: ‘En el nombre del Ejército Argentino les pedimos perdón, con ustedes nos equivocamos’, y nosotros les agradecimos.”
Beatriz no tenía modo de conectarse con familiares de los prisioneros. Y no supo que muchos de-saparecieron hasta el momento de la Conadep. Cuando terminó de declarar dijo: “Lo único que quiero agregar es sobre la importancia de la Justicia en lo personal y como ciudadana –explicó–: cómo me parece fundamental llegar al fondo de esta historia y me parece no ya importante, sino fundamental, que se lleve a cabo, como trabajadora de la salud mental puedo dar testimonio de esto”. Y agregó: “Quiero agradecer a las Abuelas porque yo podría haber estado muerta y las Abuelas buscando a mi hijo”.
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lunes, 20 de junio de 2011
CONTRA EL OLVIDO y LA IMPUNIDAD
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
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domingo, 19 de junio de 2011
EL PLAN CONDOR EN BRASIL
¡¡¡ POR la REELECCION de CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER 2011 ¡¡
En 2010, militares en retiro bramaron ante el “riesgo” que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.
José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.
Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.
Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.
Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.
Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que “en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto” cegado a la requisa pública.
No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.
Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.
Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. “No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente”, responde Buarque.
“Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas”, reseñó Janaina Teles.
Cientos de documentos rotulados como “secretos”, “confidenciales” y “reservados”, que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.
El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.
El segundo papel, rotulado como “secreto”, demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.
El tercero, también clasificado como “secreto”, fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la “Embajada de Brasil”.
“El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)”, explica Janaina Teles.
“Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura.”
Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.
El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.
“Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia”, pondera Teles.
Para ella y las organizaciones de derechos humanos “Dilma simboliza una esperanza”, tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia.
19 de junio de 2011
LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA BRASILEÑA OCULTAN LA EXTENSION DE SU PARTICIPACION EN EL PLAN CONDOR
Crímenes, secretos y estocadas a Dilma
Los documentos reservados aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos. Sarney y Collor hicieron crujir a la alianza gobernante.
Dilma Rousseff en una ceremonia por el Día del Ejército en Brasilia el 19 de abril.
Ataquen a Dilma. Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, la última de ellas la semana pasada.
Declaraciones de un senador y una militante de derechos humanos así como documentos secretos a los que tuvo acceso Página/12 indican que detrás de toda la alharaca desplegada para impedir la apertura de los archivos de la dictadura hay un objetivo inconfesable: ocultar la participación brasileña en el Plan Cóndor, más prolongada y comprometedora de lo que se sospecha.En 2010, militares en retiro bramaron ante el “riesgo” que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.
José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.
Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues “abrirá heridas” del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.
Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.
Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.
Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que “en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto” cegado a la requisa pública.
No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.
Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.
Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. “No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente”, responde Buarque.
“Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas”, reseñó Janaina Teles.
Cientos de documentos rotulados como “secretos”, “confidenciales” y “reservados”, que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.
El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.
El segundo papel, rotulado como “secreto”, demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.
El tercero, también clasificado como “secreto”, fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la “Embajada de Brasil”.
“El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)”, explica Janaina Teles.
“Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura.”
Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.
El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.
“Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia”, pondera Teles.
Para ella y las organizaciones de derechos humanos “Dilma simboliza una esperanza”, tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia.
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CONTRA LA IMPUNIDAD y LA MENTIRA SISTEMATICA
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19 de junio de 2011
Que los perdone Dios
Por Horacio Verbitsky
En distintos lugares del país la resistencia al avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar se intensifica cuando involucra a personal eclesiástico o judicial. Esto incluye presiones sobre los magistrados que no se pliegan a esta estrategia. En Córdoba, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y ex presa política María Teresa Sánchez se quejó ante el presidente de la Sala B de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres, por la lentitud y demora del juzgado federal 3 en la realización de pruebas que pueden perderse por el paso del tiempo. Mencionó la muerte de una monja de Cosquín, que “podría haber brindado información vital” de estas causas. La religiosa era pariente de la ex titular de ese juzgado, Cristina Garzón de Lascano. La abogada también reprochó la dilación en otra causa por apropiación de un bebé, que podría ser el nieto de Estela Carlotto. Sánchez Torres le preguntó al titular interino de ese juzgado, Alejandro Sánchez Freytes, cuántas causas llevaba por menores sustraídos y en qué estado se encontraban. Sánchez Freytes le respondió que no estaba al tanto y le indicó que hablara con la secretaria y la prosecretaria de derechos humanos del tribunal, Mirta Rubín y Soledad Mancini. Cuando lo hizo, escribieron que el camarista se había “interesado” en una causa. Sánchez Freytes ordenó incorporar copia de ese informe a cada expediente por derechos humanos, de modo que las partes ejercieran “los derechos que estimen oportunos”. De inmediato lo hizo la defensora de los ex generales Jorge Videla y Luciano Menéndez, Mercedes Crespi. Novia de un íntimo amigo de Sánchez Freytes, el fiscal general provincial Darío Vezzaro, Crespi recusó a Sánchez Torres. Los dos jueces Sánchez disintieron sobre la responsabilidad de la sagrada familia judicial. Sánchez Freytes sostuvo en la causa “Ceballos” que los magistrados no habían sido partícipes en crímenes de lesa humanidad. En la revisión de Cámara, Sánchez Torres opinó lo contrario. Ambos se cruzaron denuncias ante la comisión de disciplina y acusación del Consejo de la Magistratura.
En noviembre de 2010, al declarar ante el TOF 5 sobre el secuestro de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, el ex provincial de la Compañía de Jesús y actual presidente del Episcopado Católico, Jorge Bergoglio manifestó que supo de la existencia de chicos apropiados después de terminada la dictadura. Pero el mes pasado, el Tribunal Oral Federal 6, que juzga el plan sistemático de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos, recibió documentos que indican que ya en 1979, Bergoglio estaba bien al tanto e intervino en un caso a solicitud del superior general, Pedro Arrupe. Los documentos fueron presentados por Estela de la Cuadra, cuya hermana Elena fue secuestrada en 1977, cuando atravesaba el quinto mes de embarazo. La familia tenía una antigua relación con Arrupe, quien ordenó a Bergoglio que se ocupara. Luego de escuchar el relato de los familiares, Bergoglio les entregó una carta para el obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, pidiéndole que intercediera ante el gobierno militar. Picchi averiguó que Elena había dado a luz una nena, que fue regalada a otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no hay vuelta atrás”, informó a la familia. La presidente del TOF 6, María Roqueta, aceptó que Bergoglio respondiera sobre esta contradicción por escrito, lo cual dificulta llegar a la verdad. Ésa es una prerrogativa que el Código de Procedimientos concede a los dignatarios eclesiásticos, pero que los jueces pueden reemplazar por una declaración en la residencia oficial del obispo, como había hecho el TOF 5. El mismo privilegio escritural invocó el ex obispo de San Isidro, Oscar Laguna, en la causa por el asesinato del ex obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León. Aún con esa ventaja, Laguna incurrió en inexactitudes por las cuales el fiscal Juan Patricio Murray lo acusó por falso testimonio. Laguna dijo que había administrado la diócesis de San Nicolás entre julio y diciembre de 1978. Esto le permitió eludir preguntas sobre hechos ocurridos cuando el nuncio Pío Laghi lo envió para ocupar en forma interina la diócesis vacante , en julio de 1977, a pocos días de la muerte de su titular. El juez Carlos Villafuerte Ruzo lo indagó por falso testimonio pero entendió que se trató de un inocente error material y lo sobreseyó. La Cámara Federal de Rosario revocó el sobreseimiento y el fiscal recibió testimonios de media docena de sacerdotes y laicos sobre el conocimiento que Laguna tuvo de las amenazas sufridas por Ponce de León y de la represión en San Nicolás, que en su declaración había dicho ignorar. También agregó documentos categóricos que probaban que Laguna estuvo presente en la Asamblea Plenaria del Episcopado de mayo de 1976 en la que Ponce informó sobre las amenazas que sufría y la situación represiva en su diócesis y que había hablado con el jefe militar de la zona sobre la tensa relación que mantenía con el obispo asesinado. El juez no tuvo más remedio que ampliar la indagatoria de Laguna, quien volvió a mentir: esta vez dijo que había sido miembro fundador del CELS, para presentarse como defensor de los derechos humanos, y que fue pocas veces a San Nicolás por ser el único administrador apostólico al que no se le había relevado de sus obligaciones como Obispo Auxiliar de otra diócesis. Cuando tanto el CELS como la Secretaría de Culto lo desmintieron, Murray volvió a pedir que lo procesaran y Villafuerte volvió a negarse. La fiscalía apeló y el 11 de agosto de 2010 la Cámara Federal de Rosario escuchó los argumentos de las partes en audiencia oral. El Código Procesal otorga al tribunal un máximo de cinco días para resolver. Casi un año después, ni la Cámara resolvió ni el Fiscal General Claudio Palacin se lo reclamó.© 2000-2011 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
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