JUICIOS A LOS GENOCIDAS: MÁS CONDENAS A CUENTAGOTAS
Por Reenvio | HIJOS
La Plata - Wednesday, Mar. 14, 2012 at 1:18 AM
Presentamos a continuación un informe sobre los procesos
contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde la
anulación de las leyes de impunidad en 2003 hasta marzo de 2012. Destacamos
sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena
de un tribunal federal del país, porque dan una idea más acabada del número de
condenas a que se ha llegado en estos años.
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Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en
base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de
DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar) y del Poder
Judicial (http://www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del
Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su
ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su
respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra
sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática,
relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan
al tema.
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el
estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus
contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad
completarlo cuanto antes.
Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con
argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la
significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos
inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión
de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de
efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que
supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de
condena que se viene dando desde 2003.
La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de
abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a
los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10
diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción
de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su
propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara
con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer
textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo
espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato
que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado
más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se
registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le
pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que
prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar
esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de
nuestra historia”.
Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable.
Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó
al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que
participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante
al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución
voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea
que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores
no deciden morirse antes?
En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la
dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y
civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los
procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del
CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político
general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por
ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa
histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores
libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia
y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.
En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes
de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo
efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 63 juicios
estuvieron procesados 298 imputados (algunos represores en varias causas),
donde hubo 274 condenas, 23 absoluciones y un muerto impune mientras duraba el
proceso, por un universo de 1337 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor
del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la
mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena.
Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es
interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes
que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de
celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que
son 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados.
Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que
murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del
Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el
“Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la
SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”,
reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en
actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran
Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el
primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que
actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la
justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como
fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como
muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de
comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la
represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como
jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue
condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de
2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena
domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos
pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante
la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó
al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación
de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la
represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de
la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias
causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral
Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya
que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro
Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e
imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla
en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo
Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace
más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas
se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las
investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado
con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de
una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y
Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se
transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados
en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los
cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo
pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en
“Memoria, Verdad y Justicia”.
En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las
fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de
juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la
perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas
represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías
provinciales se han hecho:
- 23 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo
con 94 condenas.
- 15 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo
con 50 condenas.
- 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo
del Ejército con 80 condenas.
Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones
porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser
las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si
revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de
Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento
fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo
Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos
represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a
toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y
militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de
Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.
En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró
condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg
en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán,
a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a
17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los
integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes,
Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del
Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei,
en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.
Si revisamos las características de los juicios en cuanto al
número de imputados que incluyeron veremos que de los 63 procesos realizados,
más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la
mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre
1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las
responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que
funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas
represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en
cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.
Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo
el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión
perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y
el restante 38 % menos de 25 años.
Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos
el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición
de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el
del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de
Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del
torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio
parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral
Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº
1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos
de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13
casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial
por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en
2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre
la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares
sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las
“dudas” absolutorias.
Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos
que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios
con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo
85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de
448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la
tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de
procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de
2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta
junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y
que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén,
Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están
realizando desde 2011 sumarían sólo 19.
Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que,
salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a
menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y
centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa
Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las
Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y
apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina
Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los
mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el
juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que
sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan
la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400
niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún
cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los
apropiadores.
Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si
bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300
víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad
Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la
de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de
instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15
casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los
genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco
representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de
víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por
Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales
como el CNU.
Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas
15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más
que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios.
Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de
los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como
mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo
y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está
planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación
Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para
“fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una
facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a
sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca
usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100
recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso
de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y
Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en
2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo
43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y
preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos
víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios
para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de
las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los
jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo
Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de
las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas
imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales,
se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden
innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas
las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia
preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo
más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación
para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia
testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por
conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte
audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal
debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho
a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos
personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para
notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y
las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos.
En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras
Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar
los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para
romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y
fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años
de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes
que efectivamente condenados.
A 35 años del golpe genocida seguimos luchando por:
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO
REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y
DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA
POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS
BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS
LUCHADORES POPULARES.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!!!
¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!
HIJOS LA PLATA
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