17 de junio de 2012
La
justicia quiere los papeles del arzobispado sobre la dictadura.
Sin
secretos de confesión
El
pedido lo formalizó el juez federal Marcelo Bailaque a pedido de la abogada
Gabriela Durruty. Uno de los objetivos es profundizar la investigación de la
responsabilidad que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli.
Por
José Maggi
Organismos
de Derechos Humanos reclaman, a fines de los `90, al entonces arzobispo
Mirás.El juez federal Marcelo Bailaque le ordenó al Arzobispado de Rosario que
entregue toda la documentación que date de la última dictadura militar. A
pedido de la abogada Gabriela Durruty que formalizó este pedido en nombre de su
patrocinada Elida Luna, el magistrado federal le indicó a la máxima autoridad
de la Iglesia local que "remita toda la documentación que podría
encontrarse en los registros o archivos de esa institución, o de otras sedes
eclesiásticas que correspondan a ésta, vinculada a datos o informes relativos a
hechos ocurridos durante el último gobierno de facto en el marco de las graves
violaciones a los derechos humanos". Uno de los objetivos finales es
impulsar la profundización de la investigación en relación a la responsabilidad
que le cabe al ex capellán policial durante la última dictadura Eugenio
Zitelli.
El
29 de mayo Gabriela Durruty, apoderada de Elida del Carmen Luna, en su doble
carácter de presidenta de Familiares Rosario, y querellante en la causa Feced,
interpuso un escrito por ante el juzgado federal 4, donde le solicitó a
Bailaque que, "acorde el contexto histórico que ubica claramente el rol de
las jerarquías eclesiásticas junto a los usurpadores del poder estatal en
Argentina, y considerando que se encuentra probada la existencia de archivos en
poder de la iglesia católica, dado que en Rosario la investigación judicial de
esta responsabilidad se encuentra en sus albores, es que solicitamos que oficie
al Arzobispado rosarino a fin de que se acompañe toda la documentación que
tengan sobre la represión ilegal en Rosario durante la última dictadura
militar".
En
ese mismo escrito Durruty explicó las razones del pedido:
"Integramos
Familiares Rosario desde su fundación en 1977. En tal carácter recepcionamos
declaraciones de sobrevivientes de centros clandestinos de detención de nuestra
región y sus familiares, confeccionando los legajos que luego se convirtieron
en prueba de la causa, incorporados desde sus inicios por enero de 1984"
indicó la letrada.
"Ese
amplio conocimiento de la mecánica del genocidio en nuestra región, dado a
partir de años de colección de testimonios, sumado a la prueba producida en la
reciente audiencia oral Díaz Bessone, donde también se incorporaron las
declaraciones que mencionamos, nos permitieron afirmar desde siempre que la
Iglesia argentina brindó a las cúpulas genocidas un apoyo como institución,
garantizado por sus jerarquías, que no dudaron en mirar para un costado ante el
dolor de los familiares que se acercaban. Es la misma Iglesia -agregó Durruty-
que colaboró activamente con la represión a través de sus capellanías, tanto
castrenses como policiales, y que brindó su apoyo asimismo mediante las
declaraciones públicas de sus dirigentes y sus documentos oficiales".
En
la misma línea de razonamiento, el escrito presentado ante Bailaque recuerda
que "el 24 de marzo se produjo el golpe de estado. La noche previa Jorge
Rafael Videla y el almirante Emilio Massera se reunieron con las cabezas del
Episcopado en la sede del mismo, Paraguay 1867 de la Capital Federal. El mismo
24 de marzo los tres integrantes de la junta militar mantuvieron una larga
sesión con el vicario castrense, según informa el diario La Nación del día
siguiente. Al salir de esa entrevista Tortolo expresó que si bien 'la Iglesia
tiene su misión específica...hay circunstancias en las cuales no puede dejar de
participar aun cuando se trate de problemas que hacen el orden específico del
Estado'. Instó a 'cooperar positivamente' con el nuevo gobierno. Vale decir, la
participación de la iglesia en el estado terrorista está confesa"
argumenta la presentación de la letrada patrocinante de Pety Luna.
Segun
manifestaron Durruty y Luna "siempre supimos que la iglesia, como es
usanza de la institución desde hace dos milenios, guardaba archivos de lo
ocurrido, específicamente del desarrollo del plan sistemático de represión
ilegal y clandestina de personas llevado a cabo por la dictadura".
Otra
prueba de esta afirmación aparece en la nota de Horacio Verbitsky publicada en
el diario Página/12 del domingo 6 de mayo de 2012 donde pueden verse parte de
los archivos eclesiásticos, donde se refleja claramente el conocimiento que las
autoridades de la iglesia tenían de la existencia de los desaparecidos, de boca
de los desaparecedores. "Este documento fue reconocido por las actuales
autoridades de la iglesia. La nota refiere a Jorge Rafael Videla, (procesado en
autos), debiendo recordarse que el capellán de Feced se encuentra también
procesado en estos actuados por los delitos de privación ilegítima de la
libertad y por pertenecer a una asociación ilícita" argumentó.
Según
Durruty "el objetivo final es impulsar la profundización de la
investigación en relación a la responsabilidad que le cabe al procesado Eugenio
Zitelli. Recordemos que en su oportunidad, remitimos al Arzobispado rosarino
una nota solicitando explicaciones dado que el párroco de la catedral se había
solidarizado con la situación del encartado desde el púlpito mismo, las
autoridades eclesiásticas nos respondieron manifestando 'En cuanto a la
situación procesal del sacerdote monseñor Zitelli, este arzobispado respondió
en varias ocasiones a los requerimientos de la justicia y está a su disposición
en lo que corresponda. Asimismo atento los preceptos constitucionales que rigen
un procedimiento penal, elevan una oración a Dios, fuente de toda razón y
justicia para que brille la verdad'".
Cabe
recordar además que durante el juicio Diaz Bessone, se sucedieron numerosos
testimonios que dan cuenta del rol que cumplió la iglesia durante la dictadura,
como es el caso de Francisco y María Inés Oyarzábal, hermanos de José
Oyarzábal, y Marcelo Márquez, hermano de Cristina, masacrados en Los Surgentes,
quienes dieron cuenta del rol que el Padre García cumplió en la época de los
hechos, por ejemplo al indicarles a las familia que "agregaran un plato
para la Navidad porque sus familiares se presentarían a cenar".
Quien
está convencida que la Iglesia tiene mucha documental para mostrar es Elida
Luna: "Seguro registró datos del desarrollo del plan sistemático de
represión ilegal, estos datos eran elevados por los vicariatos a cada obispado
según jurisdicción, y desde cada obispo a la conferencia episcopal, quienes
resguardan una copia, y otra se envió siempre a la sede del Vaticano a una
oficina específicamente creada. El Vaticano guarda detalles del destino de
nuestros familiares durante la dictadura eclesiástica?cívico?militar".
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