Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales
en Cuba
Camila Piñeiro Harnecker
Profesora, investigadora y consultora de empresas. Centro
de Estudios de la Economía Cubana (CEEC).
La forma que tome el nuevo modelo cubano dependerá de la
influencia relativa de maneras diferentes de entender el socialismo y
visualizar el futuro de Cuba. Aunque estas posiciones o corrientes de
pensamiento, por lo general, coinciden en que el principal objetivo a largo
plazo debe ser una sociedad más justa y liberada de las dificultades económicas
que hoy enfrentamos, difieren notablemente en su manera de entender la justicia
y la libertad, y, por lo tanto, el socialismo. Comparten en gran medida el
diagnóstico sintomático de la situación actual, pero identifican distintas
causas de fondo y soluciones para esos problemas. Asimismo, tienden a
establecer disímiles metas a corto y mediano plazo, y, más importante aún, a
proponer diversos medios para alcanzar esos objetivos, por lo que —aunque no
siempre se reconoce— nos conducen hacia diferentes estadios.
Este trabajo identifica las tres principales posiciones o
visiones del socialismo en Cuba que están influyendo en los cambios actuales:
la estatista, la economicista y la autogestionaria. Estas no son más que
herramientas de análisis para caracterizar a grandes rasgos los enfoques
existentes en la Isla sobre lo que es necesario para salvar el proyecto
socialista cubano.1 El único propósito de su uso es señalar las ideas que más
los identifican, pues en realidad aun las personas que pueden caracterizarse
más claramente por una de las posiciones, comparten algunos puntos con las
otras. Los contrastes de las tres corrientes de pensamiento pueden observarse
cuando se analizan los objetivos que persiguen sus visiones de socialismo. Ello
se refleja en los problemas fundamentales que identifican en la sociedad cubana
de hoy y en las soluciones que proponen, al evidenciar sus disímiles
estrategias para la construcción socialista.2
Las observaciones expuestas aquí se basan en el análisis
desprejuiciado del discurso público —declaraciones oficiales, debates formales
e informales, afirmaciones en medios de comunicación— y publicaciones
—académicas, periodísticas— de cubanos en los últimos años. El objetivo de este
trabajo es contribuir al debate esclareciendo las posiciones más importantes,
para así facilitar consensos sobre cuestiones tan centrales como cuáles son los
objetivos de los cambios que se están experimentando y qué medios son más
efectivos para lograrlos.
Visiones que emergen de varias corrientes de pensamiento
Estatistas: Perfeccionemos el socialismo de Estado
El principal objetivo del socialismo para los estatistas es
un Estado representativo bien administrado, que controle la sociedad. Su
énfasis está en lograr un Estado fuerte; no uno más grande, sino uno que
funcione correctamente y asegure que los subordinados cumplan con las tareas
asignadas. Los representantes de esta corriente hacen hincapié en que el cubano
es un Estado distinto del de los países capitalistas: que es «socialista»
porque responde a los intereses de los trabajadores y no a los de los
capitalistas.
Según los estatistas, la forma más adecuada para
proporcionar los bienes y servicios que todos los ciudadanos necesitan para
satisfacer sus necesidades básicas es un Estado centralizado a través de una
estructura vertical. Para ellos, la coordinación horizontal de actores
autónomos, individuales o colectivos, no es posible y genera caos. Aunque, ante
las deficiencias de la planificación autoritaria, algunos han aceptado cierta
presencia de las relaciones de mercado como algo inevitable. Las organizaciones
autónomas —sobre todo las gestionadas democráticamente— generan conflictos y
promueven la desintegración social. Según esta vertiente del socialismo, los
ciudadanos no están preparados para administrar sus propios asuntos, y si se
les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones únicamente tendrán
en cuenta sus intereses individuales estrechos y cortoplacistas, lo que
resultaría en ineficiencia económica y desintegración social.
Al centro de los cambios propuestos por los estatistas está
llevar el control y la disciplina a la sociedad cubana y en particular a la
economía. La reducción del déficit fiscal y comercial parece ser la prioridad
número uno. Esto se ha traducido en la tendencia a imponer impuestos demasiado
altos, tanto para las empresas estatales como no estatales, y a reducir gastos
mediante el recorte de servicios sociales o el cierre de empresas sin
considerar si las comunidades afectadas y los colectivos de trabajadores pueden
asumir su gestión y, por lo tanto, disminuir su necesidad de subvenciones.3
Esta corriente de pensamiento no considera necesario hacer
cambios profundos: con mayor control y exigencia por los directivos y el
Partido,4 junto con cierta descentralización y consulta con las masas, las
instituciones actuales pueden funcionar adecuadamente; sobre todo si el Estado
se descarga de la gestión de pequeñas y medianas empresas y los gobiernos
locales tienen sus propios recursos para resolver problemas en sus territorios.
En su opinión, si los salarios estatales pudieran satisfacer las necesidades
básicas, la mayoría de los problemas estarían resueltos.5 Repiten el llamado
del presidente Raúl Castro de «cambiar los métodos de trabajo», pero no
incluyen en ello permitir a las instituciones ser más autónomas y democráticas,
y ni siquiera establecer niveles mínimos de transparencia que posibiliten hacer
público el presupuesto de los gobiernos locales y las empresas estatales.6
Según los estatistas, los principales problemas de la
sociedad cubana son la indisciplina y la falta de exigencia por los
administradores, funcionarios de ministerios y miembros del Partido. Ello ha
resultado en bajos niveles de productividad y calidad, descontrol y
desorganización, lo que ha permitido que el desvío de recursos del Estado se
haya hecho natural y que se haya expandido la corrupción. Ciertamente, el
control, la disciplina y, más aún, la sistematicidad son realmente necesarios
para que cualquier proyecto tenga éxito, y estas prácticas no han sido comunes
en los trabajadores y administradores cubanos durante décadas.
Sin embargo, aunque las tres posiciones coinciden en lo
dañino que es el descontrol en las instituciones estatales, difieren en cuáles
son sus causas de fondo, así como en el tipo de métodos de control que consideran
eficaz y justo y, por lo tanto, que debería ser implementado. Los estatistas
insisten en el carácter cultural del problema, que podría ser resuelto con
educación por medios tradicionales directos o indirectos. Un «cambio de
mentalidad» es presentado como la solución de fondo sin precisar cómo se va a
llevar a cabo. Mientras que los economicistas señalan como causa del problema
los bajos salarios y proponen instaurar incentivos materiales adecuados; para
los autogestionarios se trata de la forma en que las instituciones cubanas
están organizadas, y proponen establecer modelos de gestión con relaciones
sociales menos alienantes que permitan el sentido de petenencia y liberen las
capacidades creativas de las personas.7
Es decir, la solución para los estatistas es un mayor
control y supervisión en la estructura vertical, y algo —tan poco como sea
posible— de autonomía para los administradores.8 Se piensa solo en órganos de
control externo al grupo que debe ser supervisado, como los directivos sobre
los trabajadores, o la recién creada Contraloría General de la República sobre
los directivos. Parece no reconocerse los límites de la supervisión externa y
vertical, ni las ventajas del control interno o autosupervisión por parte de
los colectivos —de trabajadores o comunidades— que realmente se ven como
dueños, y del control social de las personas sobre sus superiores mediante una
real rendición de cuentas —transparente, directa y permanente— en las
instituciones públicas.
Sería un error suponer que la mayoría de los funcionarios
del aparato estatal se identifica con la posición estatista. En todos los
niveles del Estado cubano hay quienes están realmente interesados en reducir la
intervención de este en la vida de las personas;9 se acercan más a las
tendencias economicista o autogestionaria, en dependencia de su experiencia de
vida y su exposición a ideas alternativas. Sin embargo, el estatismo tiene una
buena representación en los administradores y funcionarios estatales de nivel
medio que temen perder sus puestos de trabajo y por tanto su vida profesional
(estatus, reconocimiento social) y/o su capacidad de beneficiarse del Estado a
través de la corrupción.
Esta posición es además respaldada por muchos cubanos que,
cansados de burócratas incompetentes, quieren que regrese el orden. También por
aquellos preocupados por el descontrol social de las últimas décadas que se
manifiesta en comportamientos antisociales dañinos económica y culturalmente.
Algunos cubanos rechazan cambios más sustanciales por temor a perder los logros
sociales de la Revolución. Además, hay unos cuantos intelectuales educados en
el marxismo de tipo soviético que se oponen a cualquier tipo de
descentralización y a la apertura a organizaciones que no estén directa y
estrechamente controladas por el Estado, tanto privadas como colectivas. Aunque
se podría pensar que los oficiales de las Fuerzas Armadas están más cerca del
estatismo, algunos —en especial, gerentes de empresas militares— consideran la
posición economicista como más pragmática, mientras que otros entienden las
ventajas de la participación y los riesgos de promover lo privado y el mercado
para la cohesión social.
Economicistas: el socialismo de mercado es el único camino
factible
De acuerdo con los economicistas, el objetivo principal del
socialismo debe ser el desarrollo de las fuerzas productivas, entendidas como
la capacidad tecnológica para crear más riqueza material, es decir, crecimiento
económico.10 El socialismo es entendido como redistribución de la riqueza; por
lo tanto, los representantes de la corriente economicista sostienen que la
construcción de este no es posible hasta que las fuerzas de producción se hayan
desarrollado lo suficiente: si no hay riqueza no hay nada que distribuir.11 De
ahí que los actuales cambios en Cuba deban buscar, sobre todo, un mejor
desempeño de la economía cubana con el fin de poner al país en una senda de
desarrollo capaz de satisfacer las necesidades materiales crecientes de la
población. Además, argumentan que, con una redistribución efectiva de la
riqueza, todas las instituciones y modelos de gestión eficientes y productivos
son útiles para la construcción del socialismo: «no importa el color del gato
mientras que cace ratones».12
Según los economistas, la privatización y mercantilización
son esenciales e imprescindibles para el desarrollo económico de cualquier
sociedad, socialista o no; mientras que para los estatistas las empresas
privadas y las relaciones de mercado son males riesgosos pero necesarios, que
pueden ser domesticados por el Estado, y para los autogestionarios estos pueden
ser superados gradualmente con la expansión de organizaciones alternativas que
fusionen objetivos económicos y sociales.
Los economicistas identifican las principales causas del
bajo rendimiento de la economía cubana en la centralización, el monopolio
estatal del comercio y la producción de bienes y servicios, las restricciones
blandas de presupuesto y la ausencia de incentivos materiales resultantes de la
iniciativa privada y las relaciones de mercado. Aunque no siempre es reconocido
públicamente, consideran que el modelo de gestión privada capitalista (empresa
autónoma, autoritaria, guiada por intereses privados) es la forma más efectiva
de dirigir una empresa, y que los mercados son la más eficaz de coordinar las
actividades económicas. Asimismo, subrayan la importancia de la eficiencia y
argumentan, con razón, que la ineficiencia del sector empresarial estatal, al
hacer insostenible las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución, afecta
a todos los cubanos.
Según esta postura, para que los agentes económicos se
comporten de manera óptima —es decir, para que los gerentes tomen las
decisiones correctas y los trabajadores aumenten la productividad— son
ineludibles, y en gran medida suficientes, los incentivos materiales y la
«disciplina del mercado».13 Los productores y los consumidores deben sufrir las
consecuencias de sus acciones en la forma de mayores/menores ingresos, incluso
si no tienen control sobre sus propias opciones. Los economicistas están en
contra de las relaciones paternalistas entre los cubanos y las instituciones
del Estado, que han provocado que muchos esperen que sus problemas se los
resuelvan otros. Pero los representantes de esta tendencia parecen olvidar que
el papel del Estado —aun en una sociedad capitalista— es proteger a sus
ciudadanos; no satisfacer directamente sus necesidades, sino asegurar que
cuenten con las condiciones y capacidades para hacerlo, si fuera posible, por
sí mismos.
Esta posición resta importancia a las preocupaciones de que
la privatización y mercantilización resultarán en aumentos en la desigualdad,
la marginación de grupos sociales, la explotación de los trabajadores asalariados,
y el deterioro del medio ambiente. Tales inquietudes sociales, se nos dice,
deben dejarse para más adelante, y no interferir en el avance de los cambios.
Las consecuencias colaterales de las reformas son naturales, y se pueden tomar
algunas medidas para reducirlas, arguyen los economicistas. Además, hacen un
llamado a aceptar el hecho de que habrá «ganadores» y «perdedores» en función
de sus capacidades de lidiar con las nuevas reglas del mercado.14 La justicia
social parece ser una expresión incómoda. Para los economicistas, los objetivos
sociales son demasiado abstractos, y será suficiente con un sistema de
impuestos que controle la brecha de ingresos junto con legislaciones que
proteja a los clientes, los trabajadores asalariados y el medio ambiente.
Buscando la manera de lograr un crecimiento económico
acelerado, defienden la necesidad de insertar a Cuba en el mercado
internacional y atraer la inversión extranjera. Insisten en el hecho innegable
de que Cuba no puede prescindir de financiación externa, y apuntan hacia el
éxito de China y Viet Nam en promover el crecimiento mediante la atracción de
inversión extranjera directa. Pero no mencionan los efectos negativos de las
reformas en esos países: la creciente desigualdad, el abuso de empresarios y gobiernos
locales, el descontento social, la degradación ambiental y el vacío espiritual.
Influenciados por el pensamiento económico hegemónico
neoclásico, los economicistas han aceptado muchos de sus reduccionismos y
supuestos, así como su inclinación a ignorar las condiciones y demandas
sociales, y a pasar por alto las ventajas de la asociación y la cooperación
sobre la privatización y la competencia de mercado. Al rechazar el argumento
marxista central de que el trabajo asalariado es una relación donde hay
explotación, evitan llamar como lo que son a los cuentapropistas que contratan
mano de obra: empresas privadas, porque ello les permite ignorar también los
efectos sociales de este tipo de empresas.15 No teniendo en cuenta que las
fallas de mercado no se deben a la falta de competencia, sino que son
inherentes incluso a los mercados competitivos, esperan que una mayor
competencia y una menor regulación solucionen el comportamiento cortoplacista,
cuasi-cartel y antisocial que muchos cuentapropistas ya manifiestan.16
Esta tendencia tiende a desestimar los argumentos que
apuntan a la complejidad del comportamiento humano y los componentes sociales
de la individualidad que explican la eficacia y la viabilidad de las empresas
gestionadas democráticamente. La democracia es buena, pero es un extra; no es
realmente esencial para una sociedad mejor: los expertos deben ser los que
tomen las decisiones. Las llamadas a utilizar otros instrumentos de realización
humana además de los bienes materiales, como las relaciones armónicas con los
demás, el desarrollo profesional o el reconocimiento social, y las advertencias
sobre los peligros del consumo irresponsable y compulsivo, les parecen
retrógradas, opresivas a la libertad individual y, por tanto, limitadoras del
avance de la economía cubana.
Al igual que con los estatistas, sería un error identificar
como suscriptores de esta posición a todos los académicos o profesionales
graduados de Economía o que ejercen ocupaciones afines. Hay economistas que no
subvaloran las metas sociales porque reconocen la necesidad de mirar
integralmente todo el sistema social y ver las actividades económicas como
interdependientes y, por tanto, responsables de sus efectos sobre él.17 Por
otra parte, el economicismo tiene un terreno fértil en los tecnócratas
estatales y burócratas a cargo de diseñar nuevas políticas, pues es más fácil
para ellos asumir que los agentes privados se van a auto-regular a través del
funcionamiento de las leyes del mercado, y, por lo tanto, pueden pasar por alto
las preocupaciones sociales. Los economicistas más fervientes seguramente son
aquellos administradores de las empresas estatales que esperan que se les
transfiera su gestión —saben que la propiedad legal, al menos inicialmente,
seguirá en manos del Estado—18 para finalmente poder administrarlas según sus
intereses, así como evitar todos los obstáculos y el sin sentido que el sistema
de «planificación» actual significa para ellos. Más autonomía y menos control,
menos seguridad laboral y solo participación formal de los trabajadores, les
parece una situación casi perfecta.
Sin embargo, el economicismo no solo está presente entre
los economistas, tecnócratas y directivos estatales. Muchos cubanos, expuestos
a la idea de que los objetivos sociales son irreconciliables con la eficiencia
y la sostenibilidad económica, así como a que el crecimiento económico de China
y Viet Nam se basa en su amplia privatización y mercantilización, ven las
propuestas economicistas como las únicas soluciones posibles a las deficiencias
actuales de la economía cubana.
Autogestionarios: solo un socialismo democrático es
verdadero y sustentable
Al igual que los estatistas —y a diferencia de los
economicistas más puros— los autogestionarios defienden la necesidad de un
orden social más justo y sustentable19 que el capitalismo. Sin embargo, prevén
un camino diferente del «socialismo estatista» que ha marcado fuertemente la
versión cubana y que los estatistas intentan renovar, y del «socialismo de
mercado» que los economicistas presentan como el único factible. Los
autogestionarios argumentan que no puede haber socialismo verdadero, sin
solidaridad, sin igualdad —no igualitarismo—, sin participación sustantiva de
las personas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de organización social
—política, económica, cultural, etc. Para ellos, la esencia del socialismo es
la autogestión o autogobierno por las personas en sus lugares de trabajo y sus
comunidades y hasta el nivel nacional; y eventualmente hasta abarcar toda la
familia humana. Es decir, socialismo es control social, de la sociedad, sobre
el Estado, la economía, el sistema político y todas las instituciones
sociales.20
Inspirados en las conceptualizaciones del socialismo del
siglo XXI, y reafirmando los ideales humanistas, emancipadores e igualitarios
que han marcado la revolución cubana desde sus inicios,21 los autogestionarios
sostienen que el objetivo del socialismo debe ser el desarrollo humano integral
de todas las personas.22 Esta suprema felicidad, autorrealización, libertad
plena puede lograrse, básicamente, permitiéndole a cada persona desarrollar
todas sus capacidades mediante la participación activa en las actividades
sociales cotidianas, sobre todo en la toma de decisiones que les afectan.23
Construir el socialismo es, por tanto, democratizar o socializar los poderes;
es liberar a los individuos de toda forma de opresión, subordinación,
discriminación y exclusión que interfiera en la satisfacción de sus necesidades
materiales y espirituales. Los autogestionarios buscan la emancipación tanto de
un Estado opresivo, como de instituciones económicas no democráticas que no
satisfacen las necesidades de las mayorías; como las empresas privadas y
estatales convencionales, y los mercados o mecanismos de distribución
verticales.24
Para ellos, el objetivo del socialismo cubano no debe ser
cubrir las necesidades materiales crecientes de sus ciudadanos, sino también
establecer las condiciones que les permitan desarrollar plenamente sus
capacidades como seres humanos y así satisfacer sus necesidades materiales y
espirituales; y asumen que las primeras van a cambiar cuando la vida cotidiana
sea más liberadora. Aunque las relaciones de trabajo asalariado y de mercado
son también formas de opresión, la mayoría de los autogestionarios concuerda en
que no deben ser prohibidas, y que la sociedad puede avanzar hacia su gradual
superación o eliminación —no absoluta— haciendo que las empresas gestionadas
democráticamente y las relaciones horizontales socializadas (o «mercados
socializados»25) sean más efectivas y atractivas.26
El principal problema del socialismo cubano no es que la
política haya superado a la economía, como plantean los economicistas, sino
cómo esa «política» ha sido definida. Los autogestionarios argumentan que las
decisiones, a nivel central del Estado e incluso en los gobiernos locales y las
empresas, han sido tomadas muy a menudo sin una verdadera participación del
pueblo, y que por ello los beneficios de la participación han sido perdidos.27
Las condiciones para el éxito de la actividad económica —o las «leyes
económicas» que siempre nos recuerdan los economicistas— habrían sido tenidas
en cuenta si la toma de decisiones hubiera permitido la participación de todos
los grupos sociales afectados por estas y los criterios de los expertos
hubieran sido escuchados. Es la escasa o nula participación democrática en las
instituciones políticas y económicas, el insuficiente control democrático de
los órganos ejecutivos y de dirección, lo que —además de los bajos ingresos—
resulta en la poca motivación hacia el trabajo, las decisiones gerenciales
equivocadas y la corrupción en todos los niveles del Estado.28
Aunque los autogestionarios concuerdan con los estatistas
en la necesidad de ejercer un mayor control y con los economicistas en la de
establecer un sistema coherente de incentivos en las instituciones cubanas,
identifican diferentes causas de fondo de los problemas y proponen soluciones
diferentes. El magro desempeño de las instituciones del Estado es
principalmente consecuencia del poco sentido de pertenencia de los trabajadores
e incluso de los directivos. A diferencia de las otras dos tendencias, esta
considera que los problemas en la realización del sentido de propiedad de las
instituciones estatales se derivan, en esencia, de la naturaleza del proceso de
toma de decisiones y de las relaciones sociales que se establecen dentro de
ellos; y no fundamentalmente por la falta de educación29 o la necesidad de
incentivos privados estrechos.30 Sin una verdadera propiedad —que no se equipara
a la propiedad legal— de los trabajadores, no habrá motivación para asegurar
que los recursos se utilicen correctamente.31
La posición autogestionaria subraya la necesidad no solo de
redistribuir la riqueza, sino sobre todo de cambiar cómo ella se produce, de
que las instituciones estén organizadas de modo que permitan el ejercicio de
verdaderas relaciones socialistas. Esto desarrollaría la productividad y
creatividad de las personas, y la riqueza se generaría desde el comienzo de
manera más equitativa y justa.32 Para los autogestionarios, «democratizar» o
«socializar» es establecer las relaciones sociales de trabajo [libre] asociado
y asociación en general, es decir, la propiedad social que Marx identificó como
la base sobre la que descansa una sociedad que se propone trascender el orden
capitalista.33 Además, señalan que dichas relaciones, y no solo salarios más
altos o mayor autonomía para los gerentes, son una fuente importante de
incentivos para la productividad y la eficiencia, y que al mismo tiempo
promueven el desarrollo de los hombres y mujeres «nuevos» sin los que la
construcción socialista es impensable. Los autogestionarios enfatizan la
necesidad de promover una conciencia socialista, solidaria y el compromiso
revolucionario con los históricamente marginalizados, y agregan que ello solo
se puede lograr como resultado de la práctica cotidiana bajo relaciones de
asociación y cooperación.34
Según los estatistas y economicistas la democracia en el
lugar de trabajo es en esencia una utopía incómoda que desafía la superioridad
de sus cuadros, expertos o empresarios y resultaría en un caos que conduciría a
la ineficiencia. Sin embargo, para los autogestionarios los niveles deseables
de eficiencia y productividad (aunque no aquellos logrados mediante la
sobrexplotación de los hombres y la naturaleza) se alcanzan precisamente
democratizando la gestión de las empresas. Están convencidos de que la
participación —aunque no es fácil de lograr— constituye un medio indispensable
para alcanzar mayores niveles de desarrollo de las capacidades tanto de los
trabajadores (manuales, intelectuales, espirituales) como de las fuerzas
productivas en general, ya que el control social asegura el uso efectivo de los
recursos y ofrece incentivos positivos para la productividad no disponibles de
otro modo. Rechazan la falsa dicotomía propuesta por economicistas: hay que
elegir entre la eficiencia con inevitable desigualdad y la justicia social con
carencias materiales.35
Los que se identifican con esta posición advierten sobre
los riesgos de la descentralización de los gobiernos locales y las empresas
estatales sin democratización, es decir, que les permita a las nuevas
autoridades utilizar recursos según sus criterios y sin el control de los
supuestos beneficiarios.36 Del mismo modo, llaman la atención sobre la
liberalización de las muy necesarias relaciones horizontales entre agentes
económicos, y sobre la necesidad de no reducir la coordinación a un conjunto de
normas.37 Algunos defienden la necesidad de establecer, además de un marco
regulatorio bien diseñado, espacios de coordinación democrática entre
productores, consumidores y otros grupos sociales (ecologistas, feministas,
minorías, etc.) para que la economía local pueda ser orientada hacia intereses
sociales en lugar de hacia la maximización de ganancias.38 Mientras que otros
reducen la coordinación macroeconómica a un mercado regulado y no explican cómo
evitar el surgimiento de intereses grupales ajenos a los sociales.
Pero los autogestionarios son percibidos como voluntaristas
cuando no tienen en cuenta que no todos los cubanos están interesados en asumir
la responsabilidad de participar en la gestión de sus empresas y gobiernos
locales. No han argumentado claramente por qué la democratización es factible y
cómo puede resultar en mayor eficiencia y productividad. No obstante, ello no
niega la posibilidad de establecer políticas públicas que permitan un
incremento gradual de la participación sustantiva en la toma de decisiones en
esas organizaciones, y de educación sobre las ventajas de participar en la toma
de esas decisiones que nos afectan.
Es difícil definir qué sectores de la sociedad cubana se
identifican con esta tendencia. De hecho, ante los constantes mensajes en
defensa de la privatización y la mercantilización a través de diversos medios
nacionales y extranjeros, no es sorprendente que muchos cubanos vean la
propuesta autogestionaria como utópica. En Cuba ha habido pocas experiencias de
empresas y gobiernos locales gestionados democráticamente, antes y después de
1959. Además, la idea de la participación democrática puede haber perdido su
significado entre los cubanos porque las autoridades han repetido que el
sistema político cubano y las empresas estatales son lo más participativos
posible, y también porque la autonomía de gestión e incluso de operación de las
«cooperativas» agropecuarias han estado seriamente limitadas. De ahí que es
comprensible que los defensores más convencidos de esta postura sean
intelectuales y profesionales que han leído acerca de la forma «alternativa» de
pensar y construir el socialismo, o que han estado expuestos a los discursos
sobre el socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, la preferencia por la gestión democrática de
organizaciones sociales es intuitiva (resulta de la intuición o instinto
humano) para todos los cubanos que perciben que la mejor manera de resolver
algunos de sus problemas más apremiantes es mediante el trabajo colectivo, o
cooperando con aquellos que sufren las consecuencias del autoritarismo en sus
empleos y sus comunidades, o los que comienzan a sufrir las consecuencias
negativas de la privatización y mercantilización —incremento de precios,
evasión de impuestos, relación de subordinación de los trabajadores
contratados, etc.39 Además, los trabajadores estatales, ante la vinculación de
los salarios al desempeño de sus empresas, están cada vez más interesados en
tener control sobre ellas, e incluso han planteado poder elegir a sus
directivos.40 Algunos incluso están llamando a crear cooperativas en las
empresas estatales no estratégicas.41 En determinadas localidades (Cárdenas, en
Matanzas, y Santos Suárez, en La Habana), los ciudadanos han intentado resolver
de forma autónoma ciertos problemas de la comunidad.
Consideraciones finales
En Cuba se define actualmente un nuevo camino para la
nación. Se tratará de un socialismo estatista mejor organizado, uno de mercado,
uno realmente democrático, o —más probablemente— una combinación de los tres.
Predecir qué visión va a prevalecer en los cambios actuales es un mero ejercicio
de especulación. Sin embargo, algunas evidencias permiten evaluar el peso que
hoy tiene cada postura, y las posibilidades de la fluctuación de su influencia.
Sin dudas, el economicismo es lo que predomina tanto en el
Estado como entre la mayoría de los cubanos. Al presentar la empresa privada y
el mercado como los más eficientes, ante el fracaso de las empresas estatales
convencionales y la planificación autoritaria, y ante el desconocimiento de la
factibilidad de otras formas de socialización de la economía, muchos no creen
que existan mejores alternativas. Sin embargo, muchos cubanos no ven el
funcionamiento de la empresa privada y los mercados como algo natural, y desean
poder evitarse sus irracionalidades —precios diferenciados y variables, más beneficios
para el comercio que la producción, explotación, etc.— y efectos negativos
—desigualdades, contaminación, discriminación, etc.
El estatismo es abiertamente reconocido como la corriente
de pensamiento que nos ha conducido a la situación actual, y por tanto de la
que tenemos que alejarnos. No obstante, sobre todo debido a un instinto de
conservación, esta todavía goza de importante apoyo dentro del Estado y entre
aquellos que temen perder los logros sociales de la Revolución. De hecho, la
versión final de los Lineamientos de la política económica y social del Partido
y la Revolución es menos economicista y más estatista que la inicial.42 Otra
evidencia de la pérdida de influencia de la tendencia economicista es la
moratoria en el plan que pretendía reubicar o despedir 10% de la fuerza laboral
cubana.43
De la visión autogestionaria hay muy poco en los
Lineamientos... y los cambios actuales. Estos no reflejan ni los objetivos
—satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de las personas, es
decir, las relativas al desarrollo humano—, ni los medios —democracia
participativa, control democrático de la sociedad, en particular, de la
política y la economía— propuestos por los autogestionarios.44 Aunque el
presidente Raúl Castro y otros altos funcionarios del Estado han mencionado
varias veces la importancia de la «participación», el documento partidista solo
lo hace tres veces, y realmente en el sentido de consulta o implementación de
decisiones tomadas por otros.45 El único acercamiento a la posición
autogestionaria está en el reconocimiento de las cooperativas como una forma
socialista de empresa, aunque no se declara una intención de darles prioridad
sobre las empresas privadas. La decisión de otorgar una mayor autonomía a las
empresas estatales y gobiernos municipales es un paso positivo, pero aún no se
reconoce el imperativo de democratizarlos. Tal ausencia refleja el hecho de que
los autogestionarios están en minoría —al menos en los actuales espacios de
poder—, lo cual en gran medida es resultado de la cultura verticalista,
autoritaria y patriarcal que ha caracterizado la sociedad cubana antes y
después del triunfo revolucionario.
Sin embargo, el imaginario de justicia social y
emancipación sigue presente en la identidad de muchos cubanos. Aunque los
nietos de la «generación histórica» están menos familiarizados con los ideales
socialistas y revolucionarios, un gran número también valora la dignidad y la
justicia, e incluso rechaza posiciones de subordinación. La cultura de la
solidaridad cultivada por la Revolución aún perdura, por lo que las diferencias
sociales resultan incómodas e injustas para muchos. Algunas personas han advertido
que sin participación y control social de empresas y sin gobiernos locales
autónomos, Cuba está allanando el camino hacia el capitalismo.46 Recientemente
han surgido ciertas señales sobre la creciente presencia de la posición
autogestionaria, en artículos que defienden la necesidad de los trabajadores de
participar realmente en las decisiones de gestión para poder asumir el papel de
verdaderos dueños.47
Las tres posiciones analizadas no pueden reducirse a
opciones «buenas» o «malas». Todas plantean preocupaciones legítimas que deben
ser consideradas en cualquier decisión estratégica. No obstante, la
conveniencia de la democracia —no la representativa liberal, sino una «real» o
«participativa»— es ampliamente aceptada en el mundo de hoy. De ahí que, desde
una perspectiva normativa, la visión que busca mayores niveles de democracia
debe ser más deseable. Parece más justo que la sociedad decida democráticamente
su destino, en lugar de colocar este poder en funcionarios estatales que se
comprometan a representar los intereses de la sociedad, o —peor aún— en actores
económicos bien dotados para dirigir desde las sombras «una mano invisible» que
nos afecte a todos.
En el actual proceso de definición del tipo de socialismo
que los cubanos estaremos construyendo por las próximas décadas, debemos saber
que hay opciones entre el socialismo de Estado y el de mercado. Si nuestro
objetivo continúa siendo alcanzar una sociedad lo más justa posible, debería
abrirse más espacio a las ideas autogestionarias en los medios de comunicación;
y los líderes deberían retomar el énfasis en el valor de la igualdad, la
justicia y la solidaridad. También habría que tener en cuenta la importancia
que otros procesos revolucionarios actuales en América Latina le han otorgado a
la democracia participativa en todas las esferas de la sociedad. Así como las
empresas privadas han sido autorizadas, debería suceder con las cooperativas,
de manera que más cubanos puedan experimentar con la autogestión. Ahora que los
gobiernos locales y empresas estatales tendrán más autonomía, al menos se deben
experimentar métodos más democráticos, como el presupuesto y la planificación
participativos. Es necesario ser pragmáticos, pero desde una noción menos
simplista de nuestra sociedad y una visión menos condescendiente de nosotros
mismos. Los cubanos dispuestos a experimentar con la autogestión deberían poder
hacerlo, para así decidir, a partir de su experiencia, si es un camino
preferible o no.
Una estrategia centrada solo en sostener un crecimiento
económico y en mejorar el desempeño del Estado cubano puede mejorar las
condiciones de vida de una parte de la población y podría ayudar a mantener el
apoyo al proyecto socialista cubano. Sin embargo, en la medida en que el
crecimiento económico venga fundamentalmente de la privatización y la
mercantilización —en lugar de la democratización o socialización de la
economía—, los intereses de los nuevos empresarios inevitablemente se van a
alejar de los sociales, y van a encontrar el modo de contribuir con menos impuestos,
cobrar precios más altos, externalizar los costos a la sociedad tanto como sea
posible. No demasiado tarde, como ocurre en los países capitalistas y con
economías de mercado, ellos buscarán que el Estado responda a sus intereses
privados. Del mismo modo, en la medida en que los administradores de los
gobiernos locales y empresas estatales tengan más autonomía sin
democratización, se harán comunes los abusos de poder y los trabajadores más
capaces y revolucionarios se van a mover desilusionados hacia el sector privado
u otros países. Por lo tanto, si los cambios se concentran solo en
«perfeccionar la economía», no solo no se logrará el objetivo de mejorar las
condiciones materiales de la población cubana, sino que la cohesión social que
ha sostenido a la Revolución se verá afectada. Sus principales defensores
estarán menos inclinados a apoyar un proyecto que no tiene en cuenta sus
necesidades y expectativas de justicia y dignidad.
Notas
1. Estos nombres no han sido utilizados por personas o
grupos para identificarse como tales. Por ejemplo, Oscar Fernández («El modelo
de funcionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. Seis ejes
articuladores», Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana, n.
154, Málaga, agosto de 2011, disponible en www.ecumed.net) identifica dos
formas «alternativas» de lidiar con el proceso de cambio actual en Cuba: el
dogmatismo y el pragmatismo, que coinciden en gran medida con lo que llamo
estatismo y economicismo. Fernández también sugiere la existencia de una
tercera posición cuyos objetivos y propuestas parecen estar en consonancia con
la tendencia autogestionaria.
2. El término «construcción del socialismo» se entiende de
manera diferente por las posiciones existentes debido a que sus
conceptualizaciones de «socialismo» o «sociedad socialista» son distintas. Se
destaca que el avance hacia ese orden social es un proceso inevitablemente
gradual y no lineal. Algunos consideran el «comunismo» (el concepto propuesto
por Carlos Marx, no el asociado a países gobernados por partidos comunistas)
como la etapa más avanzada del socialismo; mientras que otros lo ven como un
horizonte al que nunca se puede llegar, pero sirve para indicar la dirección
del proceso de transformación poscapitalista.
3. Véanse Gabino Margulla, «Peligra el verano en el CSO
“Marcelo Salado”», Trabajadores, La Habana, 6 de junio de 2011, disponible en
www.trabajadores.cu; y D. Matías Luna, «Yaguajay: aprovechar lo que tenemos con
disciplina, organización y control» (carta a la dirección), Granma, La Habana,
30 de septiembre de 2011, disponible en
www.granma.cubaweb.cu/secciones/cartas-direccion. En lo adelante, todas las
cartas a la dirección de Granma serán citadas de esta página web y se indicará
solo la fecha.
4. Véase la carta de J. P. García Brigos, «Propiedad y
socialismo: un binomio inseparable» (8 de noviembre de 2011), donde sostiene
que lo que hizo una panadería mejor que otras en su municipio fue que los
delegados del gobierno local y otros funcionarios «controlaron y exigieron» fuertemente
a los trabajadores un buen producto. Similarmente, E. Broche Vidal («Falta de
sistematicidad y control: el factor común», 16 de septiembre de 2011) dice que
«si los directores son mejores, entonces sus subordinados serán mejores». Véase
también la carta de Borges Mujica (8 de enero de 2010).
5. Véanse las cartas de López Pagola y Berger Díaz (4 y 12
de febrero de 2010).
6. Véanse Anneris Ivette Leyva, «El Derecho al estilo de
información», Granma, La Habana, La Habana, 7 de agosto de 2011; y la carta de
E. González (15 de julio de 2011).
7. Pedro Campos, «Cooperativa, cooperativismo y autogestión
socialista», Kaos en la red, disponible en
www.kaosenlared.net/noticia/cooperativa-cooperativismo-autogestion-socialista,
21 de julio de 2008; y la carta de Rodríguez de Pérez (7 de mayo de 2010).
8. La carta de Fleites Rivero (5 de septiembre de 2011)
culpa a los administradores de no controlar y plantea que tienen que estar
motivados por sus ingresos. Véase también la de Osorio Fernández (30 de abril de
2010). Por su parte, Joaquín Ortega (Tribuna de La Habana, La Habana, 24 de
julio de 2011, disponible en www.tribuna.co.cu) afirma que es posible «resolver
esta situación desde la raíz, con control, exigencia, rectitud y combatividad».
9. Raúl Castro, en el discurso de clausura del Sexto
Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, expresó que «el Estado no se
tiene que meter en nada que sea pretender regular las relaciones entre dos
individuos». Disponible en
www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2010/12/18/raul-castro-discurso-en-la-asamblea-nacional.
10. Véase Omar Everleny Pérez Villanueva, «Notas recientes
sobre la economía cubana», Espacio Laical, n. 3, La Habana, 2010, p. 81.
11 . Julio A. Díaz Vázquez («Un balance crítico sobre la
economía cubana. Notas sobre dirección y gestión», Temas, n. 66, La Habana,
abril-junio de 2011, pp. 124) afirma que fue utópico intentar construir el
«comunismo», entendiendo este último como la redistribución de acuerdo con las
necesidades. Él sostiene que China y Viet Nam, con su «puesta en práctica
orgánica del mercado parecen confirmar que» no es posible construir el
socialismo sin pasar por un «período mercantil». Véase también la carta de
Labrada Fernández (23 de julio de 2010); y Orlando Márquez, «Sin miedo a la
riqueza», Palabra Nueva, La Habana, n. 203, a. XIX, La Habana, enero de 2011,
pp. 6-7.
12. Véase la carta de Cruz Vento (19 de febrero de 2010).
13. Pavel Vidal Alejandro sugiere emular a Viet Nam, donde
la expansión del sector privado y las relaciones de mercado han sido las dos
medidas más importantes («Desarticular el monopolio de la centralización
estatal», Espacio Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 48 y 52).
14. Félix López, periodista de Granma, sugiere que la
justicia social puede ser «enemigo de la libertad y la eficacia» («Burócratas
vs. cambios», Granma, La Habana, 30 de septiembre de 2011) y desestima la
advertencia de que, aunque la apertura a la pequeña empresa privada ha sido una
decisión correcta, sin medidas para socializarlas ello implica riesgos
importantes sobre los cuales no se está actuando aún («Paisaje urbano y
desafíos futuros», Granma, La Habana, 23 de septiembre de 2011). Omar Everleny
Pérez Villanueva afirma que no debe haber «miedo a las distorsiones que
necesariamente van a aparecer en la primera etapa de los cambios» (ob. cit., p.
81). Véase también Orlando Márquez, ob. cit., p. 6.
15. Incluso algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social no han reconocido que los trabajadores contratados se
encuentran en una posición de subordinación ante los que les contratan, aunque
ellos también trabajen, situación que va a agudizarse según disminuya la oferta
de empleo estatal. (J. A. Rodríguez, «Casi se duplican los trabajadores por
cuenta propia», Juventud Rebelde, La Habana, 4 de abril de 2011) Negar la
relación desigual y en gran medida antagónica entre los propietarios de
negocios y los trabajadores contratados, permite a los tecnócratas ignorar la
necesidad de proteger a los últimos con un código del trabajo o algunas normas
que garanticen sus derechos mínimos.
16. Iliana Hautrive y Francisco Rodríguez Cruz parecen
confiar en que la competencia, más que las regulaciones, le enseñará a las
empresas privadas a ser «más responsables». Véase «Seriedad define éxito en
empleo no estatal», Trabajadores, La Habana, 12 de junio de 2011.
17. Véase Oscar Fernández, ob. cit.
18. Algunos gerentes de pequeñas unidades empresariales
estatales están limitando su desempeño a propósito con la esperanza de que las
unidades les serán arrendadas a ellos en condiciones análogas a lo que ha
sucedido con las unidades de peluquería y barbería.
19. Mientras que «sostenible» implica que puede sostenerse
a lo largo de cierto tiempo, el concepto de «sustentable» se refiere a la
capacidad de tener en cuenta los intereses de las generaciones presentes y
futuras.
20. Ricardo Ronquillo afirma que el socialismo «solo es
posible donde prevalezca un transparente, democrático y real control obrero»
(«Decido, luego existo», Juventud Rebelde, La Habana, 24 de septiembre de
2011). Fernando Martínez Heredia hace hincapié en que el socialismo es el
proyecto de liberación humana que requiere la acción consciente del pueblo
(«Socialismo», en Julio César Guanche, coord., Autocríticas. Un diálogo al
interior de la tradición socialista, Ruth Casa Editorial, La Habana, 2009, p.
37). Alina Perera y Marianela Martín coinciden con Martínez Heredia en que el
socialismo no resulta automáticamente del desarrollo de las fuerzas
productivas, y que la participación real es una de las «condiciones» para la
aparición de la esperada «conciencia social» («La fuerza invisible que modela
el mundo», Juventud Rebelde, La Habana, 25 de septiembre de 2011). Véase
también Julio César Guanche, «Todo lo que existe merece perecer (o una pregunta
distinta sobre la democracia)», en Autocríticas…, ob. cit., pp. 227-236, y
Pedro Campos, «Democracia para controlar la burocracia», Kaos en la Red, 6 de
julio de 2011, disponible en www.kaosenlared.net.
21. Baste considerar el pensamiento humanista de José
Martí, así como las obras de Raúl Roa y Fernando Martínez Heredia que subrayan
la esencia emancipadora de socialismo.
22. Véase Julio Antonio Fernández y Julio César Guanche,
«Un socialismo de ley. En busca de un diálogo sobre el constitucionalismo
socialista cubano en el 2010», Caminos, n. 57, La Habana, 2010, pp. 4, 10-11.
23. La idea de Marx sobre el desarrollo humano a través de
la práctica revolucionaria ha sido destacada por Michael A. Lebowitz (El
socialismo no cae del cielo. Un nuevo comienzo, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 2009) y se evidencia en el análisis de cubanos como Pedro Campos
(«¿Qué es el socialismo?», 29 de septiembre de 2006, disponible en
www.oocities.org/es/amigos_pedroc/Socialismo-1.htm).
24. La carta de Álvarez López (4 de agosto de 2011)
advierte que «la ley de la oferta y la demanda ha sido cuestionada en los
debates que ha participado» y se pregunta «¿qué es la demanda?, ¿lo que se
necesita o lo que se puede adquirir en realidad?», y señala que los ricos
siempre van a ser capaces de comprar, mientras que los que tienen mucho menos,
no. Chávez Domínguez y Lugo Domínguez se quejan en sus cartas (20 de mayo y 11
de septiembre de 2011) de que los cuentapropistas compran en las tiendas
estatales y acaparan para luego vender a precios más altos.
25. Los «mercados socializados» son aquellos espacios de
intercambio horizontal controlados por representantes de intereses sociales;
promueven que los participantes autónomos (vendedores y compradores)
internalicen esos intereses. Existen varios modelos de planificación
democrática o participativa que permiten institucionalizarlos.
26. Véase Camila Piñeiro Harnecker, «Empresas no estatales
en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?», Temas, n. 67, La Habana,
julio-septiembre de 2011, pp. 70-6.
27. Véase Mayra Espina, «Mirar a Cuba hoy: cuatro supuestos
para la observación y seis problemas-nudos», Temas, n. 56, La Habana,
octubre-diciembre de 2008, p. 137; y Carlos Alzugaray, en dossier «Cuba: ¿hacia
un nuevo pacto social?», Espacio Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 20-1.
28. Pedro Campos, ob. cit.
29. Para Fidel Vascós González, la conciencia socialista es
resultado no de las relaciones sociales en que viven, sino sobre todo de la
educación (Socialismo y mercado, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2009, p. 104).
30. Según José R. Fabelo (citado en «Trabajo. Llave
maestra», Bohemia, La Habana, 13 de octubre de 2010): «Si no tengo posibilidad
de decidir sobre lo que produzco, ni sobre su destino, ni intervengo en la
gestión, en la planificación y muchas veces tampoco gano en dependencia de lo
que hago, ¿qué sentimiento de propietario voy a tener...?». Fabelo propone
armonizar incentivos morales y materiales y señala que los mecanismos
económicos por sí solos no son adecuados.
31. Véase Rafael Hernández, Espacio Laical, n. 1, La
Habana, 2011, p. 19; José Antonio Fraga Castro, director de la empresa estatal
Labiofam, «llamó a establecer mecanismos y métodos que motiven a los
trabajadores a que sientan que sus empresas son realmente suyas y participen de
manera sustantiva en el proceso de gestión» como la mejor manera de resolver
los problemas actuales («Orden, disciplina y exigencia», Tribuna de La Habana,
La Habana, 12 de julio de 2011). La carta de Manso de Borges (23 de julio de
2010) advierte que la privatización no es la solución, y defiende socializar la
propiedad con 1) la verdadera participación en la gestión de los trabajadores,
2) la educación económica y política, y 3) el desarrollo de sus capacidades
guiados por los intereses colectivos y los individuales.
32. Véase Alina Perera y Marianela Martín, ob. cit.;
Fernando Martínez Heredia, ob. cit., p. 33-4; Rafael Hernández, ob. cit., p. 4;
Mayra Espina, ob. cit., pp. 134-5.
33. Véase Pedro Campos, «¿Qué es el socialismo?», ob. cit.
34. Véase Carlos Tablada, «El socialismo del Che», en
Autocríticas..., ob. cit., pp. 141-5, 148-9; Mayra Espina, ob. cit., pp. 135-7.
La carta de Aledo Roller (4 de septiembre de 2011) plantea que «es la forma en
que organizamos nuestra vida económica y material lo que, en última instancia,
determina la conciencia social», propone a las cooperativas, y explica que en
el socialismo no debe haber trabajo asalariado y que la competencia de mercado
y la anarquía no deben «gobernar nuestras vidas».
35. Julio César Guanche, «Es rentable ser libres», Espacio
Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 50-5; Armando Chaguaceda y Ramón Centeno,
«Cuba: Una mirada socialista de las reformas», Espacio Laical, n. 1, La Habana,
2011, pp. 50-3.
36. Véase Ovidio D’Angelo, «¿Qué conferencia y lineamientos
necesitamos? Conferencia del pueblo para la nueva sociedad», Compendio de la
Red Protagónica Observatorio Crítico, 12 de julio de 2011, disponible en
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com; y la carta de Martín (22 de
octubre de 2010) que alerta que la incapacidad de los trabajadores de
participar realmente en el proceso de disponibilidad podría dar lugar a que los
jefes abusen de su poder.
37. Arturo López-Levy alerta sobre las limitaciones
objetivas inherentes a los mercados reales (no los descritos en los libros de
texto). Se pronuncia en contra de «las concepciones economicistas» y que el
objetivo no debe ser el crecimiento económico, sino un desarrollo sostenible
con objetivos sociales y ambientales (en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto
social?», ob. cit., p. 30).
38. La carta de Sandoval López (30 de septiembre de 2011)
se queja de que los nuevos taxis privados no se preocupan por la gente, y
sugirió que «incentivar la solidaridad» disminuyendo los impuestos para
aquellos que cobren precios más asequibles y permitan la supervisión social de
las personas. Véase también Camila Piñeiro Harnecker, ob. cit.
39. Véanse Fariñas Carmona, Granma, La Habana, 23 de
septiembre de 2011; Pastor Batista Valdés, «Prestos para el disfrute,
escurridizos en el aporte», Granma, La Habana, 4 de octubre de 2011; Lenier
González, en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?», ob. cit., pp. 22-3.
40. Véanse las cartas a Granma de González Cruz (7 de enero
de 2011) y de Marichal Castillo (14 de mayo de 2011).
41. Véanse las cartas a Granma de Rodríguez Vega (23 de
septiembre de 2011), Paéz del Amo (9 de septiembre de 2011) y Arteaga Pérez (20
de mayo de 2011).
42. De combinar la planificación y el mercado, se pasó a
mantener la planificación como herramienta central y «teniendo en cuenta el
mercado» (Lineamiento n. 1). De que las empresas del Estado pudieran fijar los
precios libremente, se cambió a «revisar integralmente el Sistema de Precios»
(Lineamiento n. 67), aunque sin decir cómo se va a hacer. Véase Partido
Comunista de Cuba, Lineamientos de la política económica y social del Partido y
la Revolución (Resolución aprobada en el VI Congreso del PCC, junio de 2011,
disponible en www.congresopcc.cip.cu).
43. De los quinientos mil trabajadores estatales que iban a
ser declarados «disponibles» solo lo han sido menos de ciento cincuenta mil
(Reuters, 10 de mayo de 2011).
44. Rafael Hernández, ob. cit., p. 29.
45. Lineamientos…, pp. 21-2 y 38.
46. La carta de Regalado García (12 de marzo de 2010)
alerta sobre el riesgo de «volver al pasado».
47. Muchas de las cartas a la dirección de Granma ya
citadas que proponen la creación de cooperativas defienden que es la mejor
manera de lograr el sentido de pertenencia. Isabel Castañeda y Gonzalo Rubio
(«Una opinión: mirar adelante con sentido crítico y con ciencia», Granma, La
Habana, 2 de septiembre de 2011) proponen la «co-propiedad» o cogestión en las
empresas estatales.
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