14-10-2012
La desaparición forzada en América Latina
Annalisa Melandri
Contralínea- México
En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje
a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de
los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en
Colombia.
A Francisco Paredes Ruiz, a cinco años de su desaparición
forzada ocurrida el 26 de septiembre de 2007, en Morelia, Michoacán
Todo te recuerda
Tu presencia la sentimos, y no estás.
¿Cómo describir tu presencia ausente?
Así, sencillamente así
como te sentimos, como nos animas,
como te miramos.
Francisco, resiste
como has resistido siempre,
sigue dándonos tu fuerza;
así nos ayudas a encontrarte.
¿Cuántos millones de personas han pasado por la historia?
¿Cuántos han dejado huella?
Hay millones y millones de desaparecidos anónimos
Pero no ustedes los detenidos desaparecidos.
Ustedes no han desaparecido;
sus nombres los tenemos con nosotros,
sus biografías son la historia.
Son parte de la lucha por la democracia
y las libertades fundamentales,
por ser más humanos.
Los desaparecidos son constructores de democracia
Francisco Michoacán,
Francisco Zirahuem,
Francisco Pueblo,
Francisco con nosotros.
En Michoacán eres tú,
Sin ti pero tú,
Todos te buscamos.
Te encontramos en Yanahui;
te vemos en la fuerte Cristina.
Francisco, ahora eres rostro de mujeres
que buscan con sonrisa viva y tierra.
Lucha y vida.
Francisco, miramos tu rostro,
apareces con nosotros;
fuiste a buscar a los demás,
y con ellos te encuentras.
Te acompañamos y te buscamos,
a ti y a todos hasta encontrarlos.
Adrián Ramírez López, Poemas disonantes
En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de
las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje
a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de
los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en
Colombia.
La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un
crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o
amnistía.
Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y
en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de
la Guerra Sucia y de las dictaduras.
Esa práctica era usada como instrumento de represión
política en la llamada “guerra contrainsurgente” por la eliminación física de
militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos
eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y
estudiantes.
A los militares latinoamericanos, cómplices de las
dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen
perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin
culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.
En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e
ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres
humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de
las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa,
frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.
En este escenario reinaba la impunidad: no existía el
verdugo porque no había una víctima.
Recordamos la Argentina de los generales. Desde 1976 hasta
1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos,
hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los
generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el
momento del parto y luego desaparecidas en los llamados “vuelos de la muerte”
sobre el Río de la Plata.
El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una
cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la
dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil
personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención
de la comunidad internacional.
En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las
décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del
gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar
la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas
rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más
de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero,
donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.
Y así en el resto de toda América central: El Salvador,
Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980
para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América
Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de
Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.
Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las
Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007,
ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones
internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones
de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios
de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra
la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que
deben atenerse los Estados.
La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos
humanos: “el derecho de cada persona a no ser desaparecido y el derecho a la
verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas” (Gabriella Citroni,
delegada para Italia ante las Naciones Unidas).
La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010,
después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del
3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado.
¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste
recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos
Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en
París en 2007, recordaba cómo, “solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos
casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta
del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de
Trabajo”.
A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de
septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la
dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de
Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976–1979).
En México, la desaparición forzada es una práctica que
sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con
características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez,
presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona
los “más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis
años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que
si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera
política de Estado”. Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los
gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como
por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de
armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están
vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de
niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa
impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas
Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega:
“Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale”.
Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un
año, Christian Salazar, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los
Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto
armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han
desaparecido forzosamente por “agentes del Estado y por las fuerzas
paramilitares que colaboran con él”.
También pueden considerarse como desapariciones forzadas
los más de 3 mil casos de “falsos positivos”, cuando ciudadanos luego aparecen
asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente
asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de
varios tipos.
La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un
estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las
desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos
más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus
familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen,
disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.
Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:
Perú
El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la
responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del
estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993. Tenía 25
años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao.
Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un
centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se
conoce su paradero.
Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha
condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al
reconocimiento de su personalidad jurídica: “la desaparición deja a la víctima
en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o
anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva
sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de
las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos”.
República Dominicana
El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Estado
dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en
el país se conoce como el “Narcizaso”.
Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994.
Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una
investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH
que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo
custodia de agentes policiales.
Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité
Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso
de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.
Uruguay
En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición
forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro
de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta,
respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen
noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años.
Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.
México
Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por
la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en
el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de
noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.
Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas
en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre
pasado cumplió cinco años desaparecido. Francisco Paredes, luchador social y
militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y
política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición
forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de
persecución contra los defensores de derechos humanos.
Annalisa Melandri. Integrante del Área de Cooperación
Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
(artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital
L’Indro)
Fuente: Contralínea 305 / octubre de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIA POR SU COMENTARIO...
Atentamente:
El coordinador.
Cordoba
Argentina